El mercado de los operadores móviles en Colombia atraviesa un momento crítico. Claro concentra hoy alrededor del 55 por ciento de los usuarios y cerca del 60 por ciento de los ingresos del sector. La posible integración de Tigo y Movistar crearía un segundo jugador con un 38 por ciento de participación, dejando a WOM con apenas un 8 por ciento.
Ese reacomodo abriría la puerta a un escenario de duopolio en el que dos compañías controlarían más del 90 por ciento del mercado. La competencia se reduciría a mínimos históricos y la innovación podría estancarse. Para entender este panorama, hablamos con Germán Bacca Medina, excomisionado de la CRC, y con Mauricio Toro, excongresista y expresidente del Icetex.
Ambos coinciden en que la concentración no es casualidad. La falta de decisiones regulatorias, el exceso de diagnósticos y el silencio del Gobierno han dejado que el sector llegue a este punto. El riesgo, advierten, es que los usuarios terminen pagando el precio con tarifas más altas y menor calidad de servicio.
Un mercado atrapado en diagnósticos
Germán Bacca recuerda que Colombia está entre los países más concentrados de América Latina en telecomunicaciones. “Claro tiene más del 50 por ciento en tráfico y casi el 60 por ciento en ingresos. Eso debería haber motivado medidas hace años, pero la CRC se ha demorado demasiado en tomar decisiones”, afirma.
El excomisionado explica que el regulador ha caído en un exceso de estudios que no se traducen en medidas concretas. “Hay un sobre-diagnóstico permanente. Los documentos son técnicos y muy completos, pero mientras tanto el mercado se mueve rápido y los operadores pequeños se debilitan”.
La situación se complica con la posible integración de Tigo y Movistar. De concretarse, el nuevo jugador se quedaría con un 38 por ciento del mercado, convirtiéndose en un competidor de peso frente a Claro, pero también cerrando la puerta a la competencia. WOM, con un 8 por ciento, quedaría relegado a un papel marginal.
Bacca advierte que el argumento de que en muchos países solo operan tres compañías no puede usarse como justificación. “Una cosa es tener tres operadores equilibrados, como en Perú donde Claro, Movistar y Entel tienen participaciones de 30, 28 y 25 por ciento. Otra es que dos manejen más del 90 por ciento, como pasaría aquí”.
Una CRC sin confianza y un Gobierno en silencio
Mauricio Toro fue protagonista de este debate en el Congreso. Recuerda que logró que la CRC declarara la dominancia de Claro, pero esa decisión nunca se tradujo en correctivos. “Después de años de pelear, se reconoció lo evidente, que Claro tenía más del 55 por ciento del mercado. Sin embargo, no se impusieron condiciones ni restricciones. Eso hizo que la confianza en la CRC se perdiera”.
Toro cree que la puerta giratoria afecta la independencia de los comisionados. Muchos terminan trabajando para Telcos o consultoras relacionadas, lo que alimenta sospechas de complacencia. “Si un comisionado está pensando en dónde trabajará al salir, no va a enfrentarse con firmeza a las compañías que debería regular”.
El excongresista también cuestiona el papel del Gobierno. “Petro se ha pronunciado con fuerza contra monopolios en la salud, en los pasaportes y en las aerolíneas. Pero en telecomunicaciones ha guardado silencio, cuando aquí hablamos de un sector donde están en juego los derechos digitales de 90 millones de líneas en el país”.
Toro recuerda que el Ministerio TIC ha estado en manos del Partido de La U durante este Gobierno y que ese manejo ha limitado la discusión pública. A su juicio, si Petro no se ha pronunciado es quizá porque no le han dicho la verdad completa o porque no alcanza a dimensionar la magnitud del problema.
Bacca coincide en que la discusión pública ha sido insuficiente. Señala que el Ministerio TIC sí presentó observaciones en el proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero esas posturas no trascendieron al debate nacional. “Cuando la SIC tome su decisión ya no habrá margen para discutir. Lo que se resuelva marcará el rumbo del sector durante décadas”.
Los usuarios, los grandes perdedores
La falta de competencia ya afecta a los ciudadanos. Colombia está entre los países con peor calidad de servicio en la región. Aunque se habla de 800 municipios con conectividad, en muchas zonas rurales la señal apenas llega en 2G o 3G.
Toro advierte que la situación puede empeorar. “Un duopolio significará tarifas más altas y peor calidad. Dos operadores podrían ponerse de acuerdo para no bajar precios ni invertir en regiones apartadas. Así dejarán que las redes envejezcan mientras los usuarios no tienen a dónde más acudir”.
La innovación también sufriría. En mercados competidos los operadores lanzan planes familiares, promociones o nuevas tecnologías para atraer clientes. En Colombia, en cambio, las tarifas han subido, los planes se han vuelto menos atractivos y la cobertura sigue siendo desigual.
Bacca considera que la fusión de Tigo y Movistar es una de las operaciones más riesgosas en veinte años. “Nunca había visto un nivel de concentración tan alto. Si la SIC aprueba sin condiciones estrictas, quedaremos atrapados en un mercado cerrado y poco atractivo para inversionistas. Eso encarecerá los servicios y frenará la innovación”.
La Superintendencia tiene tres opciones: objetar la fusión, aprobarla sin condiciones o con unos muy débiles; o hacerlo con unas medidas sólidas que fomenten una verdadera competencia para que el usuario tenga varias alternativas. Para los entrevistados, la segunda opción sería un error grave. “Lo mínimo es imponer condicionamientos firmes que eviten abusos. La SIC no puede delegar esta tarea en la CRC, porque esa entidad ya demostró que no actúa con contundencia”, insiste Toro.
En las próximas semanas se definirá el futuro de los operadores móviles en Colombia. Si se consolida el duopolio sin restricciones, dos compañías controlarán más del 90 por ciento del mercado y podrán imponer sus condiciones.
Si la SIC actúa con firmeza, todavía habrá margen para proteger la competencia, estimular la inversión y garantizar que la conectividad llegue con calidad a todas las regiones. Mientras tanto, el reloj corre y el silencio del Gobierno aumenta la incertidumbre.
El diagnóstico del sector es contundente: falta competencia, faltan decisiones y falta voluntad política. Lo que está en juego no es solo el precio de un plan de datos, sino el derecho de millones de colombianos a un servicio accesible, de calidad y verdaderamente libre.
Imagen: ENTER.CO
