A partir de este año, los colegios en Colombia deberán garantizar clases virtuales a estudiantes que, por razones de salud, ubicación o vulnerabilidad social, no puedan asistir presencialmente. La norma, que ya estaba contemplada en decretos anteriores, adquiere un nuevo peso legal y obliga a las instituciones a adaptar sus métodos pedagógicos para asegurar el derecho a la educación sin barreras físicas.
Aunque parezca una novedad, esta posibilidad ya estaba contemplada desde 1994, cuando el Decreto 1860 estableció que todos los colombianos tienen derecho a cursar al menos un año de preescolar y nueve de educación básica. Pero es el Decreto 1075 de 2015 el que regula con mayor claridad cuándo es obligatorio ofrecer modalidades virtuales: cuando el estudiante no pueda asistir físicamente al colegio por motivos excepcionales.
Las condiciones que permiten acceder a este derecho no son arbitrarias. La norma contempla cuatro escenarios: vivir en zonas rurales de difícil acceso, presentar enfermedades que impidan asistir regularmente al aula, tener alguna discapacidad (física, visual, cognitiva o auditiva), o pertenecer a comunidades con barreras sociales como pueblos indígenas o población desplazada.
En otras palabras, si un niño no puede asistir al colegio por razones justificadas, no puede quedar por fuera del sistema educativo. Y más importante aún: el colegio no puede negarse a brindarle clases virtuales. No se trata de una opción, sino de una obligación.
Esto implica un reto enorme para muchas instituciones, especialmente en zonas donde la infraestructura digital es limitada. Implementar clases virtuales no significa simplemente enviar tareas por correo o WhatsApp; requiere plataformas funcionales, formación docente en el uso de herramientas TIC, y un rediseño de los métodos pedagógicos para asegurar que el aprendizaje sea significativo.
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La pandemia del COVID-19 dejó lecciones importantes en este sentido. Aunque muchas instituciones improvisaron con soluciones remotas, no todas lograron mantener la calidad educativa. Hoy, con esta normativa reforzada, el Estado tiene la responsabilidad de acompañar a los colegios para que puedan ofrecer una educación virtual estructurada y digna.
Según la UNESCO, más de 244 millones de niños y jóvenes en el mundo están fuera del sistema escolar. En Colombia, el Ministerio de Educación estima que alrededor de medio millón de menores entre los 5 y 17 años no están estudiando. La ley que ahora obliga a ofrecer educación virtual podría ser una herramienta poderosa para reducir esa cifra, si se implementa correctamente.
Un estudio reciente de Devlyn Peck, publicado en 2025, reveló que el 49% de las personas que han estudiado en el mundo han completado al menos un curso virtual. Esto demuestra que el aprendizaje en línea ya no es una tendencia emergente, sino una realidad consolidada que debe integrarse plenamente al sistema educativo colombiano.
Este cambio también plantea preguntas profundas sobre el futuro de la educación, ¿cómo se debe formar a los docentes para enseñar virtualmente? ¿Qué tecnologías deben adoptar los colegios? ¿Qué criterios garantizan que la educación virtual sea igual de efectiva que la presencial?
Lo cierto es que, con esta norma, el país da un paso hacia una educación más inclusiva. Ya no se trata solo de construir aulas físicas, sino de abrir aulas digitales para quienes no pueden llegar a ellas. Y eso obliga a repensar todo el sistema: desde la infraestructura hasta el currículo, desde la evaluación hasta el acompañamiento emocional.
En resumen, la ley colombiana ahora protege —con mayor claridad— a quienes no pueden estudiar de forma presencial. No es un favor, es un derecho. Y garantizarlo es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas y la sociedad.
Imagen: Archivo ENTER.CO
