Colombia entra en cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales de 2026 con una preocupación que no se despeja: la confianza en las urnas. La discusión no es menor, sobre todo después de que el propio Gobierno abriera la puerta a la posibilidad de un fraude. Esa declaración encendió un debate que lleva meses creciendo y que toca el corazón mismo de la democracia.
La duda sobre la transparencia no es exclusiva del país. En Bolivia, las elecciones de 2019 terminaron bajo la lupa de la OEA, que habló de irregularidades en la custodia de actas y manipulación de datos. Venezuela volvió a estar en el centro de la polémica en 2024, cuando diferentes organismos internacionales coincidieron en señalar un proceso opaco. Y en Rusia, investigaciones periodísticas independientes denunciaron que entre 22 y 36 millones de votos en las últimas presidenciales fueron adulterados.
Los ejemplos confirman que los fraudes electorales no entienden de fronteras. Son un problema que golpea la legitimidad de los gobiernos y alimenta la desconfianza ciudadana. En América Latina esa sensación está creciendo. Un estudio de Democracy in Latin America asegura que más del 35 por ciento de los votantes desconfía de los resultados, incluso sin pruebas contundentes de fraude. La percepción sola basta para debilitar la credibilidad de las instituciones.
Biometría, inteligencia artificial y blockchain
Para David Rojas, director ejecutivo de Intexus, empresa especializada en soluciones de identidad digital, el desafío es enorme pero no imposible. Señala que la biometría y la inteligencia artificial pueden reforzar la seguridad en las urnas. “La autenticación en tiempo real con huella, rostro o iris reduce el riesgo de suplantación y da más garantías al votante”, explica.
El siguiente paso, dice, está en combinar esas herramientas con blockchain. En un sistema de este tipo, cada voto se cifra, se almacena en una cadena de bloques y queda registrado de manera inmutable. La IA se encarga de auditar la información, identificar anomalías y asegurar que el conteo sea inmediato. El resultado es un proceso menos dependiente de la manipulación humana y más abierto al escrutinio público.
La apuesta no es lejana. Perú aprobó una ley que permitirá a los militares y a los ciudadanos en el exterior participar en las elecciones de 2026 mediante blockchain. La promesa es sencilla pero ambiciosa: trazabilidad, inmutabilidad y conteo en tiempo real. Un paso que para muchos países de la región representa un laboratorio de lo que podría ser el futuro del voto digital.
Colombia todavía discute si debe avanzar en esa dirección. La tecnología, bien implementada, podría ser la llave para recuperar la confianza en las elecciones y ampliar la participación ciudadana, incluso de quienes viven fuera del país. Pero también abre dudas legítimas: ¿cómo garantizar la privacidad de los datos biométricos?, ¿qué mecanismos de auditoría pública se aplicarían?, ¿qué pasa si el sistema sufre un ataque cibernético?
Lo cierto es que la corrupción electoral sigue siendo una amenaza real. La diferencia es que ahora existen herramientas para enfrentarla con más fuerza. El reto para Colombia es decidir si se queda en el modelo actual o si se arriesga a redefinir su democracia en un terreno donde la tecnología y la política deben convivir.
Imagen: Verona
