Colombia ya cuenta con un nuevo marco legal para enfrentar los riesgos que trae consigo la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Con la aprobación de la Ley 2502 del 28 de julio de 2025, se modificó el artículo 296 del Código Penal y se incluyó como agravante la utilización de herramientas tecnológicas, en especial los deepfakes, dentro del delito de falsedad personal.
La decisión reconoce que la manipulación digital tiene un alcance mayor que las formas tradicionales de suplantación. A partir de julio de 2026, quienes usen inteligencia artificial para atribuirse identidades o crear contenidos falsos podrán recibir multas más altas y penas de prisión que se extienden hasta seis años, dependiendo de la gravedad del caso.
El deepfake se ha convertido en el ejemplo más preocupante de esta amenaza. Mediante algoritmos avanzados, se pueden producir audios y videos que replican de manera convincente la voz o la apariencia de una persona, aunque nunca haya dicho o hecho lo que se muestra. Estas prácticas han sido usadas en fraudes, extorsiones y campañas de desinformación en distintos países.
En el texto de la nueva ley se especifica que, cuando la falsedad personal se realice con el uso de inteligencia artificial, la sanción aumentará hasta en una tercera parte. Esto significa que la justicia ahora considera que el daño provocado por estas tecnologías merece un castigo proporcional a su capacidad de impacto.
El tema no es exclusivo de Colombia. En el Reino Unido, por ejemplo, se aprobó recientemente una reforma que penaliza la creación y distribución de deepfakes sexuales sin consentimiento, con hasta dos años de prisión para los responsables. La experiencia internacional muestra que la regulación es una respuesta necesaria frente a un problema que no deja de crecer.
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Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, asegura que esta norma llega en un momento decisivo. Para él, la suplantación digital no puede seguir tratándose como un simple engaño tecnológico. Al contrario, exige medidas jurídicas claras y sanciones que reflejen la magnitud del riesgo. También advierte que los deepfakes no son hechos aislados sino un fenómeno global que exige preparación y capacidad de respuesta.
Más allá de las sanciones, la Ley 2502 abre la puerta a una política pública sobre el uso de la inteligencia artificial en fraudes y suplantaciones. Esta deberá ser diseñada por entidades como la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio TIC. Se espera que incluya estrategias de educación, cooperación internacional y desarrollo de herramientas de detección.
La protección de la dignidad y la integridad personal es uno de los pilares de esta regulación. Manipular la voz o la imagen de alguien puede convertirse en un acto de acoso, extorsión o humillación. También está en juego la validez de las pruebas digitales en procesos judiciales y el impacto que estas falsificaciones pueden tener en la opinión pública o en la estabilidad política de un país.
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El análisis deja ver que la ley busca un balance. No pretende frenar la innovación tecnológica, sino establecer límites que eviten que la inteligencia artificial sea usada de manera abusiva. Al mismo tiempo, la norma envía un mensaje a los ciudadanos sobre la importancia de mantenerse informados y denunciar cuando su identidad digital sea vulnerada.
La identidad en internet hoy pesa tanto como la identidad física. Una imagen alterada o un audio manipulado pueden arruinar la reputación de una persona, desviar procesos democráticos o poner en riesgo la confianza en la información. Con esta reforma, Colombia se suma al grupo de países que empiezan a trazar una ruta de defensa frente a un fenómeno que apenas está comenzando.
Imagen: Archivo ENTER.CO
