En las últimas semanas, miles de usuarios de EPS como Famisanar y Sura se han visto afectados por demoras e incumplimientos en la entrega de medicamentos. El foco de la controversia recae sobre el gestor farmacéutico Colsubsidio, que enfrenta cuestionamientos directos de la Superintendencia Nacional de Salud por no suministrar tratamientos esenciales, a pesar de contar con inventario disponible.
Durante una visita de inspección a San Andrés, el superintendente Giovanny Rubiano criticó con dureza la actuación de los gestores farmacéuticos. “Así no es, señores gestores farmacéuticos”, dijo al referirse a la excusa de que las deudas con laboratorios y EPS impiden la entrega de medicamentos. Colsubsidio, en concreto, argumentó que Famisanar le debe más de 700.000 millones de pesos.
Sin embargo, una auditoría simultánea realizada por Supersalud el 14 de julio reveló hechos preocupantes; en las bodegas de Colsubsidio se encontraron más de 11.800 unidades de medicamentos que figuraban como “pendientes de entrega”. Es decir, las medicinas estaban almacenadas, mientras los pacientes las esperaban.
“No entrego oportunamente, ni de manera completa porque tengo deudas del pasado. Así no es señores gestores farmacéuticos. El gestor Colsubsidio dice: nos deben más de 700 mil millones y mi pregunta es, quiénes son los dueños de Famisanar, Cafam y Colsubsidio”. @giovannyrubiano pic.twitter.com/5n0hLRgY3i
— Supersalud (@Supersalud) July 17, 2025
Los medicamentos identificados no eran menores. La lista incluía tratamientos contra el cáncer, artritis, diabetes, epilepsia y enfermedades autoinmunes. En algunos casos, se trataba de patologías graves que requieren continuidad terapéutica, y la no entrega ponía en riesgo la vida y bienestar de los usuarios.
Ante esta situación, Supersalud impuso una medida cautelar a Colsubsidio, exigiéndole entregar los medicamentos en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Además, le ordenó mantener operativos sus establecimientos farmacéuticos hasta el 1 de septiembre, cuando culmina el proceso de transición contractual con Famisanar.
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El trasfondo del problema es financiero. Colsubsidio sostiene que la deuda de Famisanar asciende a 781.201 millones de pesos, de los cuales más de 208.000 millones corresponden exclusivamente a la entrega de medicamentos. Asegura que el incumplimiento en los pagos ha limitado su capacidad para abastecer inventarios, una justificación que no fue bien recibida por Supersalud.
El superintendente fue enfático: “La salud es un derecho fundamental y prevalece sobre cualquier razón de índole comercial, administrativa o contractual”. De este modo, la entidad dejó claro que las disputas económicas entre EPS y gestores no pueden ser excusa para suspender tratamientos médicos.
Como parte del proceso de inspección, también se evidenció que el sistema de información de Colsubsidio no coincidía con la disponibilidad real de los medicamentos. En el 37 % de los casos auditados, simplemente no había unidades disponibles en el centro de distribución de Funza, lo que indica posibles fallas en la planeación logística o en el control de inventario.
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Mientras tanto, Colsubsidio anunció la terminación del contrato con Famisanar desde el próximo 1º de agosto, aunque asegura que el proceso de entrega continuará hasta septiembre para evitar mayores afectaciones. El panorama, sin embargo, deja en el limbo a miles de pacientes que aún dependen de esta red para acceder a sus tratamientos.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural del sistema de salud: la intermediación entre EPS, gestores farmacéuticos y laboratorios, que termina afectando al usuario final. El llamado desde Supersalud es claro: urge una negociación directa, transparente y sin excusas que garantice la entrega oportuna y completa de los medicamentos, sin poner en juego la vida de los pacientes.
