La propuesta busca crear un marco legal flexible y funcional para el desarrollo de sistemas de IA en Colombia. Pero no se trata de copiar modelos extranjeros. Aquí el énfasis está en adaptar la tecnología al territorio, a las capacidades locales y a la diversidad social y cultural del país.

Una de las apuestas centrales es la creación de una Autoridad Nacional para la IA. Esta entidad estaría liderada por MinCiencias, y tendría a cargo la clasificación de riesgos, la emisión de lineamientos técnicos y la operación de entornos de prueba controlados.

La clasificación por niveles de riesgo es clave. Los sistemas se dividen en cuatro categorías: riesgo crítico, alto, limitado y bajo o nulo. Cada uno tendrá condiciones de uso distintas, proporcionales al impacto que puedan generar en los derechos o la vida de las personas.

Por ejemplo, una IA que tome decisiones médicas deberá cumplir con altos estándares de supervisión humana y trazabilidad. En cambio, una aplicación que simplemente recomiende recetas de cocina podría operar bajo un régimen más liviano.

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El proyecto no solo se enfoca en lo técnico. También habla de derechos, diversidad, equidad y formación. Propone integrar contenidos sobre IA, ciencia de datos y pensamiento computacional desde la escuela básica hasta la universidad.

Además, promueve la inclusión de mujeres, comunidades rurales, personas con discapacidad y poblaciones étnicas. La idea es que el desarrollo de esta tecnología no quede en manos de unos pocos, sino que sea realmente nacional.

En el campo laboral, la ley establece que la automatización no debe vulnerar la dignidad de los trabajadores. Toda decisión relevante que tome una IA en el trabajo debe ser revisada por una persona. También se fomentan programas de formación para reconversión laboral.

Otro elemento novedoso son los sandbox regulatorios: espacios controlados donde las empresas y organizaciones podrán probar soluciones de IA de alto riesgo con acompañamiento institucional. Así se promueve la innovación sin perder de vista la seguridad.

El texto también toca la propiedad intelectual y la trazabilidad ética de los datos. Busca proteger tanto a quienes desarrollan sistemas como a quienes proveen información, imágenes o contenidos utilizados para entrenarlos. El uso de licencias abiertas será promovido cuando sea viable.

En vez de crear nuevas entidades, la supervisión recaerá en instituciones que ya existen, como la Superintendencia de Industria y Comercio. Y antes que sancionar, se dará prioridad a la orientación técnica y a la corrección voluntaria de errores.

Aunque se contempla una actualización puntual del Código Penal, esta se limitaría a casos graves donde haya daño intencional. El objetivo es evitar el castigo a la experimentación y no frenar la evolución tecnológica.

El proyecto también promueve la participación de Colombia en escenarios internacionales de gobernanza y ética en IA, siempre desde un enfoque soberano. Es decir, cooperar sin renunciar a las particularidades del contexto colombiano.

A diferencia de otros marcos regulatorios, aquí la innovación no está en jaque. La ley no impone un “freno de mano”, sino que define rutas seguras para avanzar. Con normas que protegen, pero también habilitan.

Sectores como salud, educación, agricultura y logística podrían verse profundamente transformados si este marco se aplica con seriedad. Pero más allá de lo técnico, el proyecto busca que la IA esté al servicio de las personas.

Esta podría ser la primera ley en Latinoamérica que le apuesta a una IA con rostro humano, pensada desde el territorio y no desde el escritorio. El debate ya está abierto. Lo que está en juego es cómo queremos convivir con la tecnología que ya está aquí.

Imagen: MinCiencias

Miguel Uribe Turbay, senador y ponente de esta iniciativa, fue el encargado de anunciar la noticia. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Uribe Turbay argumentó que el proyecto fue aprobado por el Senado en último debate. “Nuestro proyecto de Ley que reactiva los días sin IVA acaba de ser aprobado en último debate en el Senado. Pasa a conciliación”, se lee en el post del senador. 

Ahora, el proyecto debe conciliarse con el documento aprobado en la Cámara, en cuanto esto suceda, estará listo para ir a sanción presidencial. En caso de que el presidente Gustavo Petro lo firme, los días sin IVA volverán al país. Ha pasado casi año y medio desde que las jornadas fueron eliminadas por el mismo Gobierno. 

¿Qué establece este nuevo proyecto de ley para los días sin IVA? 

Vale la pena recordar que los días sin IVA son jornadas en las que los colombianos pueden adquirir productos sin tener que pagar el impuesto al valor agregado del 19%. Sin embargo, algunos comercios han optado por agregar un porcentaje más alto de descuento en sus productos. 

Dicho así, el proyecto de ley 140 de 2023 propone que este, o cualquier otro presidente que llegue al gobierno, pueda establecer entre 1 y 3 días sin IVA por año. Eso sí, las jornadas deberán establecerse con un mínimo de tres meses de diferencia. “[Los presidentes podrán poner] 2 días más en las zonas de fronteral”, argumentó el senador. 

Así mismo, el documento sostiene que el Gobierno deberá establecer cuáles son los bienes que quedarán exentos del impuesto. A diferencia de las jornadas anteriores, este proyecto de ley busca que se le dé prioridad a los productos fabricados en Colombia o “que el 50% de su contenido haya sido producido en el país”, se lee en el texto. 

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Según el senador Miguel Uribe, este proyecto busca, no solo beneficiar a las familias colombianas, sino también a todos los comerciantes. “Esta es la oportunidad para estimular el comercio, la industria, sectores intensivos en mano de obra en un momento donde la economía se está contrayendo y está estancada”, comentó en un video en su cuenta de X. 

Aprobamos en último debate el proyecto que reactiva el día sin IVA. Esa es una buena noticia para el bolsillo de los colombianos y un incentivo para recuperar la industria y el comercio. pic.twitter.com/teFerAFVIr

— Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) May 29, 2024

¿Cómo surgieron y por qué se eliminaron estas jornadas de descuento?

Los ‘Días sin IVA’ fueron creados en medio de la pandemia del Covid-19, durante el mandato del ex presidente Iván Duque. Posteriormente, fueron eliminados por el Gobierno Petro antes de que se diera la última jornada de descuento del año 2022, la cual se esperaba para el 2 de diciembre. 

“En la medida que el día sin IVA no separa la venta de productos nacionales de importados, genera un fuerte daño a la economía. Si queremos mejorar la situación económica, hay que dejar de comprar productos importados si se producen en Colombia”, mencionó el presidente Petro en su momento. 

Ahora la incógnita que surge es: ¿El Proyecto de Ley es  realmente equitativo y beneficioso para el país para que sea aprobado por el presidente Gustavo Petro?

Imagen: Anna Dziubinska

En algunas ocasiones, algunos residentes de Colombia se han visto afectados por llamadas realizadas por entidades bancarias después de las 7 de la noche, incluso, antes de las 8 de la mañana. Ahora, gracias al proyecto liderado por Juan Carlos Wills, representante a la Cámara por el partidor Conservador, los colombianos podrán dormir sin interrupciones, (al menos por parte de las entidades financieras).

Cabe aclarar que el proyecto de ley ‘Dejen de fregar’ incluye, no solo a los bancos, sino que también regirá para las casas de cobranza, proveedoras de bienes y servicios a los deudores y entidades financieras en general.

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Si desde alguna de estas entidades desean llamar a los usuarios, solo podrán hacerlo de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Los sábados podrán realizar llamadas desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y, por supuesto, los domingos no tienen derecho a molestar al cliente vía telefónica. Así mismo, las empresas solo podrán realizar sus llamadas dos veces en la misma semana a cada usuario. Afortunadamente, la nueva normativa también limita el envío de mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de datos y similares.

“Así lograremos cerrar esta brecha de un maltrato a un derecho fundamental, una vulneración que hemos visto sistemáticamente del derecho fundamental a la intimidad”, señaló el autor del proyecto, Juan Carlos Wills. Añadió que “los colombianos tienen derecho a que no los estén molestando en el horario no hábil, cuando estén descansando, cuando estén con sus familias, no sean molestados por estas entidades”.

Finalmente, se busca proteger el derecho a la intimidad que, en muchas ocasiones, según el congresista: “ha sido vulnerado, no solo por los entes financieros, sino por los comerciales”. La propuesta beneficiará a unos 15 millones de colombianos que han adquirido productos con las entidades financieras.

Imagen: Yan Krukau via Pexels

¿De qué va la iniciativa?

El proyecto de ley que desde el día de ayer está siendo estudiado por el Congreso de Colombia busca ampliar las vacaciones de 15 días hábiles al año a 20 días de descanso. Tal y como afirma Juan Carlos Vaca, uno de los representantes de las curules de paz, si el proyecto es aprobado, Colombia entraría en el promedio de las vacaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Aunque no se revelaron mayores detalles del documento, se espera que, al igual que en el artículo 186, el trabajo remoto entre dentro del nuevo proyecto de ley.

¿Quiénes presentaron la propuesta?

Germán Gómez, representante a la cámara, es el promotor principal de la iniciativa. Con la presentación del proyecto, Gómez afirmó que esto no solo sería una ventaja para los empleados, sino para los jefes y dueños de las empresas. “Van a tener un trabajador que emocionalmente estará bien, concentrado en sus labores, propositivo y mucho más productivo”, aseguró el congresista.

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¿Qué tan viable es el proyecto?

La respuesta es bastante ambigua. Podemos centrarnos en que esta es la primera vez que el proyecto de ley se presenta, por lo que no tenemos un antecedente que nos indique si tendría posibilidades de ser aprobado. Sin embargo, ya hemos visto que el sector comercial no está muy de acuerdo con la propuesta.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que no se puede comparar a Colombia con otros países con niveles de desarrollo más altos. “Supondría muchos más costos, afecta la productividad y la competitividad. El argumento de que otros países de la OCDE lo hacen, es porque ellos tienen niveles de productividad y competitividad muy altos. Colombia todavía no lo tiene. Lo más nocivo es pretender reformar a retazos la legislación laboral vigente en Colombia”, dijo Cabal.

Imagen: Pexels

El pasado 16 de agosto, se radicó el proyecto de ley que busca actualizar la Ley 1335 de 2009 que pone ciertas restricciones a la venta y consumo de cigarrillos tradicionales. En ella se expide la norma de no vender los cigarrillos a menores de edad, además de impedir el consumo de ellos en espacios cerrados. Ahora, el proyecto de ley busca que estas normas se extiendan también a los aparatos electrónicos.

Dicho así, el Proyecto de ley pretende:

1. Prohibir la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores a menores de edad.
2. Establecer restricciones para el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores en espacios cerrados y públicos.
3. Incluir advertencias gráficas sobre los efectos a la salud en los empaques de estos aparatos electrónicos

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El Proyecto fue radicado por el representante a la cámara Julián Peinado junto con organizaciones sociales como RedPapaz, la Alianza por la Niñez Colombiana, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, Educar Consumidores, entre otros. Esta vez se espera tener resultados positivos, pues el proyecto ya cuenta con al menos 80 firmas por parte de congresistas.

“La Ley no busca perseguir a los consumidores, sino protegerlos contra los efectos del consumo del tabaco y la exposición al humo. La ciencia lo está demostrando: los vapeadores y cigarrillos electrónicos implican riesgos, así como los cigarrillos tradicionales. Hay que actuar ya para proteger a los ciudadanos, especialmente a los niños, niñas y adolescentes”, aclaró Julián Peinado.

Esta iniciativa se sumaría a las advertencias realizadas por el Ministerio de Salud en la resolución 032 del 2019. En ella se solicita a los entes locales fortalecer las pedagogías respecto a este tema teniendo en cuenta las recomendaciones que ha hecho la OMS en torno a vapeadores y cigarrillos electrónicos. Y es que, en Colombia el 15,4% de estudiantes entre los 12 y 15 años han tenido experiencia con estos dispositivos, según la Encuesta Nacional de Tabaquismo en jóvenes (2017).

Imagen: Unsplash

No obstante, aunque la reforma sea presentada por el gobierno de Petro, los proyectos de ley no son presentados por el presidente y su gabinete.  Aun así, cada proyecto que sea aprobado, sí afecta directamente a todos los colombianos o a un gremio o grupo social en específico. Dicho así, a todos nos compete estar enterados de los proyectos de ley que se adelantan en el país.

¿Dónde puedo ver los proyectos de ley que se adelantan en el país?

Para los proyectos de ley, desde hace unos años se implementó una página web  pública por parte del Senado, donde cualquier colombiano puede consultar cada uno de los proyectos. Allí podrás ver los proyectos demarcados por año. Ingresando al que es de tu interés podrás ver datos como: el nombre del proyecto, el estado, el autor, fecha de radicación, resumen, etc.

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¿Quién presenta y quién aprueba los proyectos de ley?

Los proyectos de ley son presentados por uno o más congresistas, en este caso, los  que fueron elegidos el pasado 13 de marzo serán los encargados de los proyectos que se presenten en 2022-2026. Una vez se presente el proyecto debe pasar por cuatro debates: uno en comisión, otro en plenaria de la corporación donde se radique el proyecto (el Senado o Cámara). Después pasará un tercer filtro en la otra corporación (Senado o Cámara) y finalmente es aprobado por el presidente de turno, en este caso, Gustavo Petro.

Imagen: Wiki Commons

Pensando en esta preocupación, Jordan Cunningham, miembro de la Asamblea estatal de California, Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley que pretende sancionar a las redes sociales por adicción de menores. Tal y como se lee en el proyecto de ley, la propuesta pretende que los padres puedan demandar a redes sociales hasta por $25.000 dólares por violación nombre de los niños.

El proyecto ya fue aprobado por la Asamblea estatal el día de ayer 23 de mayo, solo hace falta una última aprobación para que los padres puedan instaurar sus demandas por adicción de sus hijos.  Entre las aplicaciones que podrían ser demandadas se encuentan Twitter, TikTok, Facebook, Instagram y Snapchat.

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La propuesta define la “adicción” como niños menores de 18 años que sufren daños de carácter físico, mental, emocional, de desarrollo o material y que desean reducir la cantidad de tiempo que invierten en las redes sociales pero les es imposible por la obsesión que tienen con las aplicaciones.

Por su parte, los grupos empresariales han advertido que si el proyecto de ley es aprobado por la Asamblea, estas abandonarán. Es decir, una vez aprobado el proyecto, las redes sociales dejarán de operar en California, al menos para los menores de edad; esta alternativa es mejor que enfrentar problemas legales, según las empresas.

La medida propuesta se aplicaría exclusivamente a las redes sociales que tuvieron al menos 100 millones de dólares en ingresos netos el año pasado. Así mismo, se tendrá la excepción con servicios de transmisión como Netflix, Disney Plus, Hulu; además de servicios de correo electrónico y mensajes de texto.

Imagen: Pexels

¿Pero cómo nació el 4 x 1.000?

Hace 23 años, mientras Colombia sufría las consecuencias de una contracción en la producción nacional, varias cooperativas de ahorro se liquidaban, las tasas de interés crecían y los bancos nacionales veían amenazadas sus utilidades por cuenta del incremento del número de morosos, el gobierno de Andrés Pastrana declaró la Emergencia Económica. Entonces lanzó un paquete de medidas que incluía una que, al principio, solo duraría 13 meses. Se llamó el 2 x 1.000.

El impuesto, que entraría en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, contemplaba que a cualquiera de las 7 millones de personas que en ese momento contaban con una tarjeta débito o crédito, se les cobrara un impuesto de 2 pesos por cada 100 que movieran financieramente. Esto quiere decir que si alguien retiraba de un cajero $100.000 pesos, el banco automáticamente se quedaba con $200. Ese valor entraba directamente a las arcas del Estado, que entonces esperaba recaudar alrededor de $2 billones para apoyar al sector financiero.

El también llamado Gravamen de Movimientos Financieros, se extendió un año más pues el gobierno requirió recursos para atender un terremoto en el Eje Cafetero, en plena crisis financiera. Entonces llegó el año 2.000 cuando el impuesto se hizo permanente, y su monto comenzó a aumentar progresivamente al 3 x 1.000 y, luego, al 4 x 1.000.

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¿Qué contempla el nuevo proyecto de Ley?

El proyecto de Ley presentado por la congresista, plantea que se disminuya el valor del gravamen de forma gradual, de manera que, para el año 2023, los usuarios que realicen transacciones desde sus cuentas bancarias o con sus tarjetas de crédito, paguen únicamente un impuesto del 3 x 1.000. Este monto bajaría a 2 x 1.000 en 2024; a 1 x 1.000 en 2025, y en el 2026 dejaría de existir.

De hacerse realidad, para recuperar los $9 billones que el Estado dejaría de percibir por cuenta de esta medida, el proyecto contempla dos opciones: la primera es la eliminación de beneficios tributarios a las mega inversiones en el país; y la segunda, gravar los salarios de aquellos ciudadanos que reciban más de $25 millones al mes.

Imágenes: Eduardo Soares en Pexels

Rodrigo Rojas representante liberal y promotor de esta ley aseguró que «el derecho a la conectividad e información debe ser de acceso universal y en ese sentido al declararse como servicio público esencial. En este sentido se garantizan dos parámetros dentro de las políticas estatales para garantizar el derecho a la interconexión: la universalidad con tarifas asequibles y competitivas para que los niños de la ruralidad tengan acceso a internet». Por su parte, Karen Abudinen, ministra de las TIC, resaltó que “este un logro histórico que ayudará a cerrar la brecha de conectividad en las regiones del país y a mejorar la calidad de vida de los colombianos”. 

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El proyecto ordena que “todos los usuarios de los servicios de acceso a Internet móvil en la modalidad prepago y pospago de hasta uno coma cinco (1,5) Unidades de Valor Tributario (UVT) podrán navegar sin costo para el usuario al dominio, subdominio y páginas adyacentes del portal de educación que será dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional y el MinTIC. Este portal dispondrá de contenidos educativos en texto, animaciones e imágenes”.

Finalmente, el MinTIC aseguró que el proyecto incluye dentro de las funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) financiar el desarrollo de líneas de crédito para los operadores de Internet fijo residencial con menos de 30.000 usuarios, así como exceptuarlos del pago del pago de contribución anual a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el pago de contraprestación periódica al fondo.

Imagen: August de Richelieu en Pexels.

El proponente es el senador vallecaucano Carlos Abraham Jimenez, quien plantea un proyecto de ley para regular el uso de las monedas virtuales, o criptomonedas, y las formas de transacción con estas en Colombia.

De esta forma, se quiere comenzar a poner en debate cómo regular las transacciones entre personas y entre personas y empresas para la adquisición de bienes y servicios en Colombia. Además, el proyecto de ley también tiene como objeto definir las disposiciones de protección, vigilancia, inspección y control sobre dichas operaciones.

¿Un proyecto de ley para controlar las criptomonedas?

Adicionalmente, en el parágrafo del artículo 9º de dicho proyecto de ley se afirma que “el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, deberá expedir la autorización por escrito de trader para el trading de criptomonedas, a las personas naturales que presenten las solicitudes correspondientes, previo a la verificación de los requisitos establecidos para desarrollar dicho oficio”. De esta forma, también se busca regular las condiciones de quienes se conocerían como ‘trader’, que son los que comercian con este tipo de monedas.

Frente a la vigilancia del intercambio de criptomonedas, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, le comentó a El Tiempoque esta labor debe ser ejercida por la Superintendencia Financiera, y no el MinTIC, en especial si se llegaran a usar como medio de pago.

Por otra parte, el proyecto busca poner un impuesto del 5% a cualquier transacción que se realice con monedas virtuales a nivel nacional o desde Colombia hacia el exterior y viceversa. Además, se busca crear un fondo de reserva de fluctuación de criptomonedas adscrito al Ministerio de Hacienda que buscaría subsidiar a quienes adquieran estas monedas y, por alguna razón, las hayan perdido. Esto último, probablemente, necesitaría más explicación de cuáles serían las condiciones para aquello.

Algunos tienen sus reservas

Javier Trujillo, CEO de Blockchain Academy Colombia y profesor en Platzi afirma que el proyecto de ley en cuestión “no está dirigido a regular el uso de monedas digitales, sino que está dirigido a regular captadoras de criptomonedas (entidades a las que se les permitiría captar dinero de las personas para hacer ‘trading’ con ellas de manera legal)”. Por otra parte, pone una voz de alerta en cuanto a que de no ser clara, “la regulación podría facilitar el terreno a los sistemas ponzi (pirámides), impulsándolos para poder ser regulados y captar dinero”.

Por ahora, el proyecto tendrá que ser debatido en el Congreso.

Imagen: Denes Farkas (vía Flickr).

Tras la firma de un decreto de taxis de lujo que no solucionó la situación legal de Uber en Colombia, las esperanzas de la compañía están cifradas en un proyecto de Ley que presentó el año pasado ante el Congreso de la República. Ese proyecto crearía una nueva categoría de transporte que es compatible con la manera en la que Uber opera hoy en el país. Sin embargo, una consulta realizada por ENTER.CO a varias fuentes cercanas al proceso deja claro que el trámite de ese proyecto está bastante enredado.

Para convertirse en Ley, el proyecto debe pasar por cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado; y al menos uno de esos debates debe darse antes de que termine la actual legislatura, es decir, el 20 de junio. Hasta ahora, como informó la compañía, hay en la agenda una audiencia pública el próximo 9 de junio, pero no hay fecha definida para el primer debate.

Al proyecto le queda menos de un mes para pasar su primer debate, y no tiene fecha programada

Voceros de Uber en Colombia nos confirmaron que la compañía “tiene un equipo que sostiene conversaciones con las autoridades y los reguladores para explicar su modelo de negocio“, y que ese equipo tiene entre sus tareas hacerle ‘lobby’ a la iniciativa en el legislativo. A pesar de eso, no parece que haya ambiente en el Congreso para hacer avanzar el proyecto de Ley. El problema es que, para el Gobierno, el Decreto es la decisión definitiva sobre el tema, y “es difícil que los congresistas que escogió Uber para representarlos le vayan a llevar la contraria al ministerio“, según nos dijo una fuente cercana al trámite, que pidió reserva de su nombre.

Ese no es el único obstáculo que tiene el proyecto. Algunos congresistas temen meterse en problemas disciplinarios si ayudan a impulsar la iniciativa. Cuando fue radicada el año pasado, el senador Jorge Pedraza, de la Comisión Sexta, había dicho que en el proyecto de Ley “habría la defensa de un interés privado“, por lo que quien lo apoye podría “incurrir en una dificultad que podría acarrear pérdida de investidura“.

De hecho, ENTER.CO pudo conocer que la Procuraduría General de la Nación está estudiando una petición dirigida a que investigue a varios senadores que han apoyado el proyecto. Eso no quiere decir que hayan cometido algo irregular, o ni siquiera que vayan a ser investigados; pero la sola perspectiva de que los ojos de esa autoridad están puestos en un tema tan polémico podría disuadir a algunos parlamentarios de apoyarla.

Por todo eso, el mejor camino para Uber es impulsar su proyecto de Ley por medio de una recolección de firmas, como lo ha venido haciendo. Si lograra recoger el equivalente al 5% del censo electoral –poco más de 1.557.000 firmas– el trámite de la iniciativa tendría prioridad en el Congreso. La obtención de las firmas comenzó después de Semana Santa y la compañía espera terminarla antes del fin de la legislatura.

Con respecto al trámite del proyecto de Ley, Uber prefirió no pronunciarse.

Imagen: montaje ENTER.CO.

Si el proyecto de Ley 077 de 2015 se convierte en Ley de la República, ese sería un escenario perfectamente posible. Ese proyecto busca regular fuertemente a las empresas de streaming de video que funcionen en Colombia, convertirlos en un servicio público y llenarlos de obligaciones. Los obligaría a contribuir a un Fondo Audiovisual y de Contenidos que financie contenidos digitales públicos, a registrarse ante el Estado y a no prestar sus servicios sin autorización. Aquí pueden leer un resumen detallado.

Como siempre que el Congreso se mete con internet, esto es un desastre. Colombia sí debe empujar la producción de contenidos públicos digitales, como lo hacen los mejores medios públicos del mundo: la oportunidad es demasiado grande como para desaprovecharla. Pero encarecer el acceso de los colombianos a las plataformas que permiten difundir esos contenidos es patear la gallina de los huevos de oro. Si el Estado mismo quiere usarlas, no tiene sentido que se meta en la mitad.

Esto es lo de menos: más temprano que tarde algún impuesto nos harán pagar por Netflix. Lo de tener que registrarse ante el Estado para poder emitir videos en internet, en cambio, sí es una payasada peligrosa. ¿Para montar videos en mi blog voy a tener que tener permiso de alguna autoridad? Esto desanimaría a los emprendedores colombianos, que tendrían más trabas burocráticas para hacer productos digitales audiovisuales –como si emprender en nuestro país no fuera lo suficientemente difícil–.

Además, podría convertirse en una mordaza para quienes quieran usar video para expresarse, pero no están en condiciones de ir a donde papá Gobierno a pedir permiso. Bien sea porque no tienen tiempo o ganas, o porque tienen razones para creer que les van a decir que no.

Esa es la receta de la autocensura

Ese es el principal problema de la ‘Ley Netflix’. Si el Gobierno tiene poder para controlar todos los contenidos audiovisuales que se emiten en internet, y si puede cerrar un sitio o un servicio por no cumplir tales o cuales reglas, las posibilidades de que lo que se publica sea realmente libre dejan de existir. Si el miedo de que ‘caiga el hacha’ siempre está latente, quienes producen contenidos comienzan a evaluar con mucho cuidado el impacto de lo que dirán. Y esa es la receta de la autocensura.

Ese es el escenario más pesimista. Lo más probable es que, en una época en la que todos tenemos cámaras en el bolsillo y se puede publicar video en segundos, la ‘Ley Netflix’ termine siendo ignorada por todo el mundo, como tantas otras en Colombia. Además, ¿quién en el Gobierno se va a poner a ver las 300 horas de video que se publican cada minuto en YouTube? ¿Quién se va a poner a ver las decenas de miles de capítulos que están disponibles en Netflix o HBO Go? Eso no es viable.

¿Legislar sobre internet sin conocerlo? Lo de siempre

El representante Diego Patiño, quien radicó el proyecto en el Congreso, cree que la explosión del streaming pone en riesgo ese principio que dice que la televisión es un servicio público. Supone que, si la gente deja de preferir la televisión abierta sobre otras opciones, los contenidos dejarán de promover el pluralismo, el equilibrio informativo y la difusión de la cultura en Colombia.

Lo que ocurre en realidad es exactamente lo opuesto. Cualquiera que haya visto TV colombiana alguna vez sabe que buena parte de los contenidos más populares no son ni equilibrados, ni plurales, ni autóctonos. En cambio, internet sí da cabida a una diversidad y una libertad que los medios tradicionales ni se quieren ni se pueden permitir.

Ignorar eso es no conocer internet. Y no conocer internet e intentar legislarlo es, exactamente, la clase de negligencia que los colombianos hemos aprendido a esperar de nuestro Congreso.

Imagen: ENTER.CO.

Como muchos sabrán, el 1 de julio entra a regir la resolución número 4444 de 2014 “por la cual se prohíbe el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima en los servicios de comunicaciones móviles, y se dictan otras disposiciones”. En términos comunes, esto quiere decir que los operadores móviles no podrán ofrecerles a los usuarios contratos con cláusulas de permanencia.

¿Cómo empezó todo este rollo de las cláusulas de permanencia?

Los prestadores de servicio se vieron obligados a incluir estas obligaciones de permanencia para tener la capacidad de subsidiar los equipos. Cuando un usuario compra un paquete con un operador, normalmente adquiere una serie de servicios. En primer lugar están los minutos, después los mensajes de texto, el plan de datos y, finalmente, paga las cuotas del equipo.

Este último rubro es el más importante, porque es el único que necesita una garantía para recuperar la inversión. Un ejemplo demuestra esa necesidad. El operador Ficticio Móvil –por ejemplo– le compra un S5 a Samsung por 1’500.000 pesos, pero lo vende dentro de un paquete de 180.000 pesos mensuales por dos años. En esa cuota de $180.000 hay una parte que cubre el servicio celular (datos, mensajes, minutos) y otra que cubre el equipo.

El servicio celular se comporta como la factura del agua: el usuario paga lo que consume –y, a menudo, más– por lo que el operador no tiene necesidad de garantizar que va a haber consumos en el futuro. El usuario paga sus minutos en el día uno del mes, y a medida que los va consumiendo, va generando el costo dentro del operador.

Cuando un usuario compra un paquete con un operador, paga minutos, mensajes de texto, el plan de datos y, finalmente, paga las cuotas del equipo.

Sin embargo, con el equipo, ocurre algo totalmente opuesto. En nuestro caso hipotético, a Ficticio Móvil le toca pagar por anticipado el 1’500.000 que vale la terminal, y necesita garantizar que el usuario cumpla el contrato por 24 meses para recuperar la plata que invirtió. Esa es la razón fundamental por la cual existen las cláusulas de permanencia. En realidad, el operador le subsidia el equipo al usuario para que él pague menos al comienzo, y después le va cobrando esa plata más intereses, como en cualquier otro préstamo en el mercado.

¿Qué cambia con la nueva Ley?

Los operadores, bajo ninguna condición, podrán empaquetar teléfonos con planes de servicio celular. “A partir del 1 de julio de 2014, los proveedores de servicios de comunicaciones móviles que ofrezcan de manera individual o empaquetada dichos servicios, en ningún caso podrán ofrecer a los usuarios, ni incluir en los contratos, tanto de prestación de servicios de comunicaciones móviles como de compraventa de equipos terminales móviles, cláusulas de permanencia, ni siquiera con ocasión del financiamiento o subsidio del cargo por conexión ni por la inclusión de tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial”, dice expresamente la legislación.

“Para el efecto –continúa–, los contratos de prestación de servicios de comunicaciones móviles y los contratos de compraventa o cualquier acto de enajenación de equipos terminales móviles u otros equipos requeridos para la prestación del servicio, deberán pactarse de manera independiente con el usuario”.

Nadie sabe cómo van a proceder los operadores

En otras palabras, la Ley les permite a los operadores vender celulares, pero se tiene que hacer de manera independiente y tiene que “incluir las condiciones relativas a la forma de pago, cuando se establezcan entre las partes una obligación de pago diferido”. Esta última condición los pone a competir directamente con los bancos y los otros métodos de conseguir plata prestada en el mercado, pues entran en juego variables como los costos y los intereses, que el usuario podrá comparar.

Todavía no se sabe bien cómo van a proceder lo operadores. Algunas fuentes le han dicho a ENTER.CO que seguirán vendiendo celulares, mientras que otras aseguraron que los pedidos han disminuido considerablemente.

¿Qué implica para los operadores?

Todo esto realmente se traduce en que los operadores no podrán financiar los equipos, con lo que cambia totalmente su plan de negocios. Hasta ahora, la ‘única’ razón que tenía el operador para imponer una estadía mínima era para garantizar la recuperación de la totalidad del costo del equipo, incluida la ganancia de los intereses. Pongo ‘única’ entre comillas porque los operadores también quieren mantener a sus clientes, pero financieramente, el equipo era la razón principal para mantener al usuario atado a un contrato.

Antes, tenían el lujo de ser una especie de entidad bancaria, sin tener todos los controles que aquello implica. Obvio, solo podían prestar plata para un fin, pero no tenían que revelar qué interés cobraban. Ahora, tendrán que publicar las condiciones y el consumidor tendrá toda la información para escoger su forma de pago y medio de compra. Se podrá comprar equipos en el operador (en caso de que los siga vendiendo), en algún minorista (Éxito, Falabella, etc) o importarlo. También existirá la opción de financiarlos por medio de un banco, o con financiadores como Codensa, por ejemplo.

El plan de negocios de los operadores cambió totalmente

Fuera de los operadores, nadie sabe qué pasaba con eso. Es posible que los operadores tuvieran unos intereses bajos y solo usaran la financiación para conseguir y mantener clientes para su negocio principal. También es posible que los prestadores de servicio, como no tenían la vigilancia adecuada, estuvieran cobrando unos intereses altísimos.

¿Una oportunidad para los usuarios?

Para los usuarios que quieren comprar un celular, este puede ser un buen momento. Las fuentes que consultamos dijeron que los operadores buscan liberarse del inventario que tienen. Es posible que durante esta semana y todo el siguiente mes salgan excelentes promociones para conseguir celulares de primera gama a precios muy asequibles.

Lo claro es que la nueva ley cambiará el panorama móvil en Colombia. La venta de celulares dejará de ser un oligopolio de los tres grandes operadores, ya que entrarán más actores. Las grandes superficies (Éxito, Falabella, etc.) empezarán a vender celulares e inundarán el mercado de promociones y mercadeo. Además, los tres operadores tendrán que competir entre sí, ya que será posible comprar un equipo en Claro y usarlo sobre la red de Movistar: la incompatibilidad de las bandas de 4G de los distintos operadores está siendo superada rápidamente por los fabricantes.

Para los usuarios que quieren comprar un celular, este puede ser un buen momento

Cabe decir que hay algunas empresas de tecnología están mejor paradas para atender la nueva ley. Samsung, por ejemplo, ya tiene tiendas en diferentes puntos de las principales ciudades para que sus clientes puedan comprar sus teléfonos allí. Además, dentro de ellas hay centros de servicio especializados para atender al cliente.

Otro cambio importante tiene que ver con el servicio al cliente. Anteriormente, éste era responsabilidad de los operadores. Ahora, si usted compra un celular por otro medio, tendrá que ir al fabricante a pedir servicio al cliente, lo que le da ventaja a algunos que ya tienen puntos físicos donde atender a los usuarios.

Hay que aplaudir al Ministerio de las TIC y a la CRC por sacar adelante esta importante pieza de legislación. Ahora, los consumidores, tendrán más opciones para comprar su celular y podrán buscar diferentes formas de financiarse. También habrá más transparencia, lo que seguramente se traducirá en mejores condiciones para comprar un celular.

Imagen: John Biehler (vía Flickr).

El exceso de Photoshop ha dado mucho que decir en los últimos años, y quienes quisieran que su uso se redujera podrían obtener finalmente lo que buscan gracias al nuevo proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso de estados unidos.

Lo que este proyecto busca lograr es iniciar la discusión sobre la imagen del cuerpo y los efectos que tiene para la salud y el bienestar de los consumidores, y si la falsedad en los anuncios es peligrosa, cómo hacer para solucionarlos.

Imagen: por Tucia (vía Flickr)

El controvertido proyecto de ley CISPA pasó la votación en la Comisión de Seguridad Local de Estados Unidos con una contundente votación a puerta cerrada de 18 a 2. Aunque el texto final del proyecto aun no se conoce, según lo que reportó The Hill, varios puntos críticos de la ley fueron modificados.

Entre las modificaciones, hay una que permite al gobierno eliminar información que represente una ciberamenaza. También fue removida la estipulación del acta que permitiría al gobierno usar información de compañías privadas por propósitos de seguridad nacional. 

Como ya habíamos reportado, CISPA es una legislación controversial porque le daría mucha libertad al gobierno para revisar y utilizar la información privada. El gobierno estadounidense aun no se ha pronunciado sobre una petición que reunió unas 100.000  firmas para detener CISPA, pero el presidente Barack Obama si ha tomado medidas al respecto, haciendo una orden ejecutiva que permite al gobierno compartir información sobre riesgos y ciberataques a empresas privadas.

El proyecto de ley todavía está muy joven y lejos de convertirse en una ley, según lo que reportó el medio norteamericano. La próxima semana se llevaría a cabo la siguiente votación; de ser aprobada ahí, pasaría al senado (donde el proyecto cayó el año pasado) y de ahí llegará al presidente.