El Gobierno no reguló el problema real de Uber [opinión]

Si la categoría de taxis de lujo hubiera existido cuando Uber llegó a Colombia, quizás el problema que tenemos hoy sería un poco menos grave. La aplicación no solo mostró que había demanda para un servicio de transporte que no se ofrecía en el país. También nos dejó claro que no estábamos condenados a la tiranía del servicio de taxis.

Ese es un servicio que está haciendo agua hace rato. No solo porque el mal comportamiento de algunos taxistas ha llevado a una crisis de reputación a un sector lleno de gente honrada y decente, que solo quiere ganarse el pan en un entorno difícil. También, porque sus regulaciones no parecen tener ningún sentido.

Mientras la demanda por viajes crece a la par de la población de las ciudades y del poder adquisitivo de la gente, la oferta de taxis se mantiene constante. La mayoría de los conductores trabajan en condiciones de lacayos; conducen por horas en medio del tráfico y, a pesar de la demanda, apenas hacen lo suficiente para su propio sustento: la cuota del dueño del carro, la gasolina y los gastos no se hacen esperar.

¿Por qué pasa eso? Porque un taxi solo puede trabajar con un cupo, y ese cupo vale dos o tres veces más que el carro: es un bien escaso y preciado. La barrera de entrada es muy alta, y eso hace que la mayoría de taxistas sean empleados. Eso los convierte en la parte más débil de un negocio informal y rapaz; en los reclutas de una guerra del centavo que se libra a bordo de carros de mala calidad, con conductores que aceptan esas condiciones precarias porque las alternativas probablemente son aun peores, y en el que los pasajeros eran rehenes porque no tenían opción.

Los taxistas son reclutas en la guerra del centavo

Uber X soluciona el último de esos tres problemas. Quizás de forma oportunista y sin pensar en el bien de los taxistas –no es que tenga que hacerlo–, pero lo soluciona. En cambio, el decreto de taxis de lujo no solo no hace nada para remediar la situación de los taxistas, sino que también deja a Uber X en el limbo.

No es nada claro que los taxis de lujo vayan a mejorar las condiciones de los taxistas. Los cupos siguen siendo escasos: para que entre un vehículo negro, tiene que salir un amarillo. Y en el decreto –según Uber, nosotros no tenemos el texto completo– no se menciona a Uber X, ni a otros servicios. En el resumen que está en la página de Presidencia tampoco se habla de otras categorías.

De hecho, tampoco es claro que el decreto vaya a solucionar el dilema de Uber Black: la empresa no ha dicho expresamente que se acogerá a la nueva categoría, y parecería que le tiene un poco de desconfianza: su director en Colombia, Mike Shoemaker, se limitó a decir que «estudiará» la oportunidad. Le convendría acogerse, si es que quiere seguir teniendo interlocución con las autoridades. Algo muy importante cuando está a punto de radicar un proyecto de Ley.

El Gobierno ha dicho varias veces que Uber X es ilegal, pero Uber ha sido muy hábil. La Policía no puede regularlo porque no puede parar todos los autos particulares de la ciudad. Tampoco puede aceptar el apoyo de ciertos taxistas y sus ejércitos de la cruceta, porque eso equivaldría a legitimar un concierto para delinquir.
Además, el apoyo de sus decenas de miles de usuarios, que lo adoran con buena razón, es una poderosa fuerza de influencia y relaciones públicas.

La verdad es que las autoridades tienen las manos atadas: Uber X quizás es ilegal, pero sigue creciendo todos los meses a un ritmo que desborda la capacidad de cualquier policía. Y eso es así porque la reglamentación de los taxis está rota.

Así que, si el Gobierno realmente quiere recuperar el control de la situación, si de verdad quiere mantener tranquilos a los taxistas y a los ciudadanos, debe concentrarse en solucionar lo que pueda solucionar. Y eso significa: darles a los taxistas amarillos, a los que no son de lujo, la oportunidad de ser competitivos contra Uber X.

Imagen: ENTER.CO