Uber ya tiene un largo historial de enfrentamientos y discrepancias con las autoridades de todo el mundo. Pero esta semana ha sido especialmente difícil para la aplicación. Por diferentes motivos fue prohibida en España y Nueva Dehli, mientras que las autoridades de San Francisco –su propia ciudad natal– y Los Ángeles, adelantan una investigación por diferentes prácticas supuestamente irregulares por parte de la empresa.
Prohibido UberPop en España
Este martes, un juzgado de Madrid prohibió la operación de UberPop, el servicio de ‘ridesharing’ de la app, en todo el territorio de España, según reportó el diario El País. Lo hizo por medio de una medida cautelar en medio de un proceso en el que se investiga a la aplicación por, presuntamente, violar la ley de competencia desleal de ese país. La causa fue interpuesta por la Asociación Madrileña del Taxi, un gremio de taxistas de esa ciudad.
El juez aseguró que la app realiza “una actividad que infringe las normas jurídicas de manera muy evidente”. Además, planteó que la app podría estar en posición de ponerse fácilmente “al margen de las leyes españolas y europeas”, pues “desarrolla su actividad desde el paraíso fiscal estadounidense de Delaware, y se presenta, según los notorios medios de comunicación, con una deliberada vocación de opacidad”.
Como es costumbre, Uber aseguró en un comunicado que «seguirá estando disponible para los usuarios en España«, y aseguró que la decisión es «incompatible» con el impulso que la Unión Europea ha dado a la llamada ‘economía colaborativa’.
Sin embargo, el juez deja claro el problema principal que enfrenta Uber con las autoridades. En la decisión, el funcionario admite que no se mete en el “debate entre la libertad y la economía cooperativa frente a las regulaciones e intervencionismo administrativo”.
Una violación dispara la prohibición en Nueva Dehli
Luego de que un conductor fue acusado de abusar de una pasajera a bordo de un vehículo de Uber en Nueva Delhi la semana pasada, las autoridades de la ciudad decidieron el lunes pasado prohibir la operación de la aplicación.
La empresa es acusada de no llevar a cabo verificaciones concienzudas de sus conductores y de otras infracciones de las leyes locales. El conductor acusado tenía dos condenas por violación y varios antecedentes por otros delitos. Sin embargo, según reporta Bloomberg, había logrado un certificado de buena conducta emitido por la ciudad, en el que constaba que no tenía pasado criminal.
Según ese medio, taxistas locales aseguraron que es bastante fácil obtener un certificado de este tipo. Con unas 8.000 rupias, cerca de 130 dólares, sería posible comprar el documento, necesario para manejar un taxi en la ciudad.
El tema es especialmente delicado para una app que, en algunas de las ciudades en las que opera, asegura que es una alternativa más segura para las usuarias mujeres. En Colombia, según cifras de la empresa, el 60% de los viajes de la aplicación son hechos por mujeres.
El presidente de la compañía, Travis Kalanick, aseguró en una entrada del blog de la compañía que Uber cooperará con las autoridades y con los grupos contra la violencia de género en India para solucionar el problema. Al menos el martes, la app siguió estando disponible en esa ciudad aunque se les pidió a los usuarios no utilizarla, según el Washington Post.
Problemas en casa
Ni en San Francisco, su ciudad natal, Uber ha podido salvarse del escrutinio de las autoridades. Pero los fiscales de distrito de esa ciudad y de Los Angeles radicaron una demanda conjunta contra la empresa por «prácticas ilegales de negocios«, reportó Re/Code.
La demanda cuestiona la efectividad de las verificaciones de antecedentes de sus conductores, cobros «fraudulentos» hacia y desde los aeropuertos de las ciudades y un esquema de tarifas que no habría sido consensuado con las autoridades, en aparente referencia al esquema que sube los precios cuando la demanda de viajes supera la oferta de los mismos.
Lyft, la empresa competidora de Uber, pasó por una situación similar y concilió con las autoridades por el pago de una multa de US$ 500.000, que se reducirían a la mitad si concilian con los aeropuertos por la tarifa y permiten una auditoría de los ‘taxímetros’ de sus carros, incorporados en las apps de los conductores.
Imagen: bfishadow (vía Flickr).
