Simón Borrero, CEO de Rappi, rompió el silencio frente a uno de los debates más tensos del último año: la reforma laboral. En una entrevista exclusiva publicada por Bloomberg Línea, el empresario aseguró que esta propuesta “es buena para toda la industria”, al tiempo que destacó los acuerdos alcanzados con el Gobierno colombiano en relación con el trabajo por plataformas.
Lo que está en juego no es menor, pues la reforma busca establecer un marco legal para los repartidores de aplicaciones como Rappi, permitiendo pactar el tipo de contrato, ya sea bajo subordinación o como trabajadores independientes. Esto último representa un giro clave en la discusión: el reconocimiento de la flexibilidad como valor central del modelo.
Borrero elogió el proceso de diálogo con el Gobierno y aseguró que la industria logró ser entendida en su naturaleza. Según declaró en Bloomberg Línea, “el Gobierno entendió el enorme impacto que genera Rappi al crear oportunidades de ingreso para decenas de miles de personas”. Para él, esta comprensión institucional es el mayor avance del proceso.
Aunque la reforma aprobada en la Cámara de Representantes fue archivada por una comisión del Senado, el CEO insistió en que se llegó a una fórmula equilibrada. Por un lado, se reconocen derechos; por el otro, se preserva la autonomía. Esta reforma, según él, logra lo impensable: dar beneficios similares a los de los empleados formales, sin quitar libertad ni imponer cargas desmedidas.
El texto contempla que, en caso de contratos independientes, las empresas asuman el 60% de los aportes a salud y pensión; el trabajador pondría el resto. Además, la totalidad de la ARL quedaría a cargo de la plataforma. Es un paso hacia la formalización sin formalismo. Se toma como base el ingreso real y el tiempo trabajado, en vez de exigir jornadas fijas o contratos cerrados.
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Borrero contó que “lo innovador fue entender que este es un modelo distinto. Los rappitenderos no son empleados. No cumplen horarios. Se conectan y se desconectan cuando quieren.” Muchos, explicó, tienen otro empleo o estudian. La propuesta, por tanto, no encaja en los moldes tradicionales.
No obstante, el panorama político amenaza con enterrar estos avances. La negativa del Senado a convocar una consulta popular revivió una iniciativa del Partido Liberal, distinta a la concertada con las plataformas. En paralelo, el Gobierno intentó reactivar el proyecto, pero la Presidencia del Senado la declaró improcedente.
La lectura crítica es inevitable, ya que mientras el mercado laboral exige adaptaciones urgentes, el Congreso responde con dilaciones. La economía de plataformas no va a desaparecer por decreto; tampoco va a esperar por consensos eternos. El riesgo es doble: dejar a miles de trabajadores sin protección o imponer normas que asfixien la innovación.
El CEO de Rappi cree que este momento representa una oportunidad histórica. “Se puede tener una industria saludable y al mismo tiempo dar más beneficios”, afirmó en la entrevista. Lo que hace falta, insistió, es dejar de politizar el tema y avanzar con reglas claras. Seguridad jurídica, más que discursos, es lo que necesita el país.
El debate sigue abierto, pero el mensaje es contundente. Si no se legisla con visión y sensatez, los repartidores seguirán operando en la sombra. Y una industria que podría ser aliada del desarrollo, quedará atrapada en la incertidumbre.
