La movida estaba cantada, pero necesitaba la bendición del regulador. La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) de Ecuador autorizó la compra de Otecel S. A., dueña de las marcas Movistar y Tuenti, por parte de Millicom Spain S. L., matriz de Tigo. La operación, valorada en 380 millones de dólares, representa la entrada de lleno de Tigo al mercado ecuatoriano, un territorio en el que hasta ahora no tenía presencia directa.
Con este aval, la multinacional de origen luxemburgués asume la responsabilidad de atender a más de 5 millones de usuarios que, hasta abril pasado, estaban suscritos a servicios de Movistar y Tuenti. El paquete incluye telefonía móvil, internet y datos, con un peso equivalente al 28 % de todas las líneas activas del país. En términos de mercado, se trata de heredar la segunda mayor base de clientes en Ecuador, lo que coloca a Tigo en un punto estratégico para disputar terreno frente a Claro, líder indiscutible en la región.
La SCE defendió su decisión afirmando que la concentración no altera la competencia. Según la entidad, no se observa una distorsión significativa ni un obstáculo que limite el ingreso o desempeño de otros jugadores en telecomunicaciones. La narrativa oficial habla de transparencia, libre competencia y continuidad del servicio. Sin embargo, el interrogante de fondo es otro: ¿se beneficiarán los usuarios de esta transición o simplemente cambiará el logo en sus facturas?
El antecedente de Tigo en otros países de la región muestra luces y sombras. Si bien la compañía ha invertido en infraestructura y expansión de servicios, también ha enfrentado críticas por incrementos de tarifas, políticas de servicio poco claras y dificultades en la atención al cliente. En Ecuador, la expectativa es que Tigo no repita los errores de Telefónica, que tras años de presencia redujo su apuesta en el país hasta dejar la puerta abierta para esta venta.
El precio del acuerdo, 380 millones de dólares, plantea otro debate. Para algunos analistas, se trata de una cifra baja frente al tamaño de la operación: se entrega a Tigo una de las carteras más grandes del país en un sector estratégico. Para otros, es el reflejo del desgaste de Telefónica en América Latina, una compañía que ha venido desinvirtiendo en varios mercados de la región para concentrar recursos en Europa.
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Más allá de la cifra, el verdadero reto está en la renovación del título habilitante de Otecel, requisito indispensable para que Tigo pueda operar sin tropiezos legales. Aunque la compra ya cuenta con autorización, la operadora deberá negociar con el Estado ecuatoriano los términos de esa renovación, lo que podría demorar la integración plena.
El panorama regional también pone presión sobre Colombia. Mientras Ecuador cierra este capítulo con la autorización del regulador, en Bogotá los ojos están puestos sobre la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí se estudia si dar luz verde a la fusión entre Tigo y Movistar Colombia, una movida que redefiniría el mapa de las telecomunicaciones en el país y que podría dejar el mercado en manos de dos gigantes: Claro y la eventual alianza Tigo-Movistar.
La experiencia ecuatoriana sugiere que la autorización regulatoria no basta para garantizar competencia ni beneficios reales para los usuarios. En Colombia, la discusión deberá ir más allá de números y promesas corporativas: se trata de definir si la concentración servirá para ampliar cobertura y mejorar servicios, o si terminará siendo un simple reacomodo empresarial que deja al consumidor con menos opciones y más incertidumbre.
