Por: Por Mauricio Toro Orjuela, emprendedor digital y excongresista de la República de Colombia
¿Sabía que en Colombia hay más de 6 millones de usuarios de plataformas de criptomonedas y aún no existe una ley que las regule?
Mientras Europa ya cuenta con normas claras y para no ir lejos Brasil ya otorga licencias vigiladas aquí seguimos en el limbo. Mientras eso pasa, el vacío se ha vuelto un festín para los estafadores. Es solo mirar como la Fiscalía General de la Nación está llena de denuncias de estafas por medio de pirámides, supuestas “academias” de inversión y de negocios estructurados para tumbarle los ahorros a familias enteras.
Y así las víctimas pagan el precio y el sector que tiene un potencial enorme queda estigmatizado. Un negocio que es legítimo, valioso y que debe fomentarse en Colombia, bajo reglas claras dirigidas a proteger al usuario, evitar el lavado de activos y fomentar la innovación y la confianza, queda a la merced de los delincuentes.
Y es que no estamos hablando de cualquier mercado. Según Chainalysis, Colombia entre julio 2023 y junio 2024 movió cerca de US $25 mil millones en criptoactivos, lo que nos ubica de quintos en América Latina. Por encima están Argentina (US $91.100 millones), Brasil (US $90.300 millones), México (US $65 mil millones) y Venezuela (US $49 mil millones). Definitivamente un mercado multimillonario que existe aunque los gobiernos no quieran verlo. Regular, vigilar y fomentar debe ser el mantra pero no, nadie en lo público quiere enfrentar el debate.
¿Por qué no regulamos? Por una mezcla explosiva: la resistencia de la banca tradicional de perder terreno, el miedo del Banco de la República a convivir con este nuevo sistema, la inacción de los gobiernos que no se atreven a sentar a la DIAN, Hacienda, MinTic, MinComercio, UIAF, URF, en la misma mesa y la pasividad del Congreso para debatir un tema que ya pasó de moda en el resto del mundo.
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Intentos hemos tenido: circulares (algunas nocivas por cierto) de la super financiera, BanRep, el SanBox regulatorio que se logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo anterior que finalizó sin mucho éxito hasta el proyecto de ley 139 de 2021 que presenté y que fue construido con la industria, academia, algunas de las entidades técnicas y que buscaba definir ese marco legal, pero la banca se atravesó y la política lo dejó morir en el debate.
Mientras tanto, las empresas serias de intercambio de criptoactivos operan en el limbo. Sin reglas claras, sin poder asociarse con la banca, compitiendo en una cancha desequilibrada con plataformas que hacen lo que quieren. El resultado es de no creer y es que castigamos a los que quieren hacer las cosas bien y se premia a los avispados que trapean el suelo con la ley.
Otros países entendieron que el camino no es prohibir; sino regular para proteger al usuario, cerrar el paso al lavado de activos y al mismo tiempo atraer inversión, empleo e innovación. Y es que con reglas claras Colombia puede exportar tecnología, generar impuestos y bajar costos de transacción. En lugar de eso, lo que estamos viendo es cómo se escapan las oportunidades.
La regulación pasa por la pedagogía, con normas claras que permita a los usuarios información para saber a quien confiarle su dinero y a quien no. Hoy sin un marco legal, cualquiera puede salir a vender humo ofreciendo rentabilidades por los cielos y “cero riesgo”. Ya lo hemos visto una y otra vez, estafas disfrazadas de tecnología e innovación y mientras, el Estado mirando para otro lado.
Así que la pregunta no es si debemos regular, sino cuánto más vamos a esperar. Cada mes que pasa significa más víctimas, más atraso y más desconfianza. El barco zarpó, y nosotros en el muelle debatiendo si montarnos o no.
Colombia debe decidir si quiere ser parte de la economía digital o quedarse como espectador. Porque mientras seguimos debatiendo si las criptomonedas son buenas o malas, el mundo ya está escribiendo las reglas de un juego y nosotros afuera de la cancha.
Imagen: Generada con IA / ChatGPT
