Los documentos fueron radicados ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos por su empresa TAS Rights Management. A diferencia de otros registros asociados a su nombre o productos, estas solicitudes incluyen dos fragmentos de audio y una imagen específica. La particularidad está en que buscan proteger elementos que hasta ahora no eran habituales dentro de este tipo de trámites: la voz hablada y su representación visual en un contexto muy definido.

Los clips de audio corresponden a mensajes promocionales en los que Swift anuncia el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl en plataformas como Amazon Music y Spotify. En paralelo, la imagen que intenta registrar muestra a la artista en el escenario con una guitarra rosa y un vestuario brillante, una estética asociada a su gira The Eras Tour.

Un vacío legal que la IA dejó en evidencia

El interés por registrar estos elementos no surge de una estrategia comercial tradicional, sino de una limitación jurídica. Las leyes de derechos de autor protegen grabaciones o composiciones existentes, pero no siempre cubren imitaciones creadas desde cero con inteligencia artificial. Hoy, cualquier usuario puede generar una canción o un video que “suene” o “parezca” de un artista sin utilizar material original.

Ahí aparece el uso de las marcas registradas como alternativa. Según el abogado Josh Gerben, este tipo de solicitudes busca abrir una vía distinta: en lugar de proteger una obra, se protege un rasgo identificable que podría generar confusión sobre su origen.

Si estas solicitudes prosperan, Swift tendría herramientas para cuestionar contenidos en los que su voz —o una muy similar— sea utilizada sin autorización, incluso si el material fue generado desde cero. El argumento no sería la copia, sino la posible asociación indebida con su identidad artística.

¿Cómo funciona el registro y por qué importa?

El proceso ante la autoridad estadounidense implica demostrar que el sonido o la imagen cumplen una función distintiva dentro de una actividad comercial. Luego de la revisión inicial, la solicitud pasa por etapas de evaluación y posibles oposiciones antes de ser aprobada o rechazada.

No se trata de un trámite automático ni de alcance universal. Registrar una voz como marca es poco común y su aplicación en tribunales todavía no está del todo definida. Sin embargo, el hecho de que figuras públicas empiecen a utilizar este mecanismo sugiere un cambio en la manera de proteger su trabajo.

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El actor Matthew McConaughey ha impulsado solicitudes similares en meses recientes, lo que refuerza la idea de que la industria busca respuestas fuera de los marcos tradicionales.

Para especialistas como Leticia Caminero, acumular registros no solo amplía la protección legal, también fortalece el control sobre el uso comercial de una marca personal. En un entorno donde la inteligencia artificial puede replicar identidades con facilidad, esa acumulación empieza a funcionar como una barrera preventiva.

El resultado de estas solicitudes podría sentar precedentes sobre cómo se protegerán las voces, los rostros y, en general, la identidad de los artistas en los próximos años. No es solo un caso individual: es una señal de cómo el derecho intenta alcanzar a la tecnología.

Imagen: Reuter

La propuesta es histórica por diversos motivos; el más relevante es que, hasta el momento, los derechos de autor se limitaban a proteger creaciones originales como canciones, libros o imágenes. Sin embargo, esta nueva normativa pretende establecer un marco en el que la apariencia personal esté protegida por las mismas leyes que impiden el uso no autorizado de marcas registradas o propiedades intelectuales como K-Pop Demon Hunters.

Aunque la ley fue presentada originalmente en junio de 2025, esta semana la propuesta se acercó a su aprobación final. Esto ha captado la atención internacional, ya que Dinamarca podría imponer la primera ley de identidad digital de este tipo en Europa. “Si no protegemos a los titulares de los derechos, y si cada ciudadano puede falsificar o copiar las artes y las obras de otras personas, le quitamos el sustento a la comunidad artística”, aseguró Jakob Engel-Schmidt, ministro de Cultura de Dinamarca.

Protección contra los deepfakes: ¿un paso obligatorio?

La norma propuesta por Dinamarca ofrecería mecanismos legales para que una persona pueda demandar si encuentra contenido que replique su apariencia o voz sin consentimiento. Además, prohibiría de forma tajante que los deepfakes creados sin autorización sean compartidos en plataformas digitales.

Existen puntos que generan dudas sobre la operatividad de la norma a largo plazo. La propuesta otorga libertad para exigir a plataformas como Instagram o TikTok la eliminación de contenido no autorizado, de forma similar a como Disney solicita retirar clips de sus películas. No obstante, queda pendiente resolver cómo interactúa este derecho con las aplicaciones de IA cuyos términos y condiciones solicitan acceso para usar dicha información. La normativa aclara que estos derechos no aplican en casos de parodia o sátira, protegiendo así la libertad de expresión al criticar a figuras públicas.

¿Necesitamos en Colombia una norma que nos proteja contra los deepfakes?

El principal problema legal que representan los deepfakes hoy radica en la vulneración de derechos fundamentales como el honor, la propia imagen y la intimidad. Esto es crítico en casos de contenido pornográfico no consentido y suplantación de identidad para fraudes financieros. Además, estas herramientas pueden manipular la opinión pública mediante desinformación política, poniendo en jaque la integridad de los procesos electorales.

Ante esta situación, diversos países han implementado medidas regulatorias con distintos enfoques. La Unión Europea, a través de su Reglamento de Inteligencia Artificial (en vigor pleno este 2026), exige que todo contenido generado por IA sea etiquetado claramente para garantizar la transparencia. Por su parte, Estados Unidos ha avanzado con leyes federales que otorgan herramientas para la eliminación rápida de imágenes no consentidas, protegiendo la voz y apariencia frente a réplicas digitales.

En otras regiones, el enfoque se centra en el control técnico y responsabilidad penal. China fue pionera al exigir marcas de agua digitales cifradas imposibles de eliminar, vinculando la identidad del usuario con el contenido. En países como España, se han reformado los códigos penales para tipificar la difusión de deepfakes sexuales como un delito contra la integridad moral. Este esfuerzo global refleja un cambio de paradigma: la ley busca proteger la identidad digital como un activo esencial del ser humano.

La llegada de la inteligencia artificial (IA) ha supuesto, no solo un avance en términos tecnológicos, sino una amenaza, principalmente a los creadores y artistas. De hecho, ya hemos visto cómo la IA ha interferido con los derechos de autor. Sin embargo, Microsoft está dispuesto a brindar defensa legal a aquellos que sean demandados por violación a la propiedad intelectual.

La compañía anunció su compromiso de garantizar defensa legal a las personas que sean demandadas por violación a la propiedad intelectual. Por supuesto que la defensa solo estará dirigida a los usuarios que utilicen la herramienta de IA de Microsoft: Copilot.

Entonces, si algún usuario ha sido demandado por violar la ‘propiedad intelectual’ luego de crear algún contenido con Copilot, Microsoft se encargará de representar legalmente al acusado. Esta nueva decisión llega como parte del Compromiso de Derechos de Autor que se está implementando en Copilot. Dicho compromiso le permite a los usuarios usar los servicios de la IA generativa sin preocupaciones por posibles problemas legales.

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El compromiso está dirigido a los clientes de GitHub Copilot, la herramienta que crea código con IA generativa, así como a Microsoft 365 Copilot, el asistente inteligente de la suite de Office. “Si un tercero demanda a un cliente comercial por infracción de derechos de autor por el uso de los Copilots de Microsoft, o el resultado que generan, defenderemos al cliente y pagaremos el monto de cualquier sentencia o acuerdo adverso que resulte de la demanda”, argumentó Brad Smith, presidente de Microsoft.

Eso sí, esto se trata de un compromiso de parte y parte, por lo que, para que el usuario pueda ser representado legalmente debe haber utlizado las barreras de seguridad y los filtros de contenido que están en cada uno de los programas.

Y es que las demandas a la IA por violación de propiedad intelectual han cobrado bastante fuerza en los últimos meses. Por ejemplo, en un principio se acusó a Midjourney y Stable Difussion por violación de derechos de autor y propiedad intelectual. Ahora Microsoft busca darle tranquilidad a sus clientes para que usen con confianza sus herramientas de IA.

Imagen: Microsoft

Aproximadamente hace un año, Square Enix lanzó una plataforma para promover los juegos de desarrolladores independientes, involucrándose en los procesos de desarrollo y producción. Los desarrolladores publicarían su ‘pitch’  para después recibir retroalimentación por más de un mes. Si la idea era llamativa, Square ayudaría en crear una campaña de crowdfunding y en la publicación del juego a cambio de una parte de las ganancias de venta. Como reporta VG247, la compañía decidió liberar las IP (propiedad intelectual) de algunos de los populares títulos de Eidos Interactive, una desarrolladora que fue adquirida por Square Enix en 2009.

En el anuncio oficial de Square Enix Collective, la compañía ofrece el uso de estas IP para que los desarrolladores puedan retomar franquicias populares y ver con qué salen. Dentro de la primera camada de IP se liberó ‘Gex’, ‘Fear Effect’ y ‘Anachronox’. Las limitaciones con el uso de estas IP, a diferencia de los juegos originales, es que Square tendrá que aprobar las ideas para que se logre un producto que mantenga el espíritu y el interés de la compañía. Dentro del anuncio mencionan que “no ‘significa’ que estemos buscando secuelas directamente. Nos encantaría ver distintas versiones de esos universos. ¿Cómo se vería ‘Gex’ en un side-scrolling o en un juego de estrategia por turnos?”

Al igual que con los juegos originales, si la campaña de crowdfunding es exitosa, Square recibirá el 5% de lo recaudado. Luego, se distribuirá el juego. Square recibirá el 10% de las ganancias por ventas, pero, adicionalmente, la compañía recibirá otro 10% por el uso de la propiedad intelectual (que pertenecen a los desarrolladores originales de las franquicias). Así que los desarrolladores independientes tendrán una ganancia del 80% sobre las ventas totales de los juegos.

No parece ser un mal negocio, ¿no?

Imagen: Portada ‘Gex Return of the Gecko’.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiere hacerles la vida más difíciles a los trolls de patentes. Para eso, la Casa Blanca presentó este martes un conjunto de propuestas, algunas para ser tomadas en consideración por el Congreso de ese país y otras que en forma de iniciativas ejecutivas –que no necesitan que el Legislativo intervenga para quedar vigentes–.

En el mundo tecnológico conocemos bien a los ‘trolls de patentes’: empresas cuya única actividad es comprar patentes –a menudo cuestionables– y demandar a otras compañías, acusándolas de usarlas sin permiso.

Entre las medidas propuestas, se busca que la Oficina de Patentes de Estados Unidos (PTO, por su sigla en inglés) publique no sólo quiénes fueron los inventores de la idea protegida por cada patente, sino también quién o quiénes son sus propietarios actuales. Además, también se busca atacar a las “patentes demasiado amplias“, prohibiendo que estas protejan todas las maneras de ejecutar un procedimiento y se concentren en una específica: que, por ejemplo, no se puedan patentar cosas como ‘pasar páginas en un ereader’ sino ‘este gesto y animación específicas para pasar páginas en un ereader’.

Además, la Casa Blanca busca proteger a los pequeños negocios de los trolls de patentes. “Los usuarios finales no deben estar expuestos a demandas por simplemente usar un producto de la manera en la que debe ser usado, y necesitan una forma más fácil de conocer sus derechos antes de entrar a costosos litigios o arreglos“, dice la sede presidencial.

Sobre este último punto, The New York Times cita ejemplos de compañías que amenazaron con demandar a 8.000 cafés, hoteles y tiendas porque tenían Wi-Fi disponible para sus clientes, o de otras que dijeron que todo aquel que tuviera un escáner al lado de un computador violaba una de sus patentes.

Obama ya tenía en la mira a los trolls de patentes. En un hangout de hace unos meses había dicho que estas empresas “solo intentan apalancarse y secuestrar las ideas de alguien mas, para ver si pueden extorsionar a alguien más“. Aunque pocas veces logran su cometido, sí congestionan innecesariamente los sistemas judiciales: un estudio de la Universidad de Santa Clara (California) concluyó que el 61% de los juicios de patentes en Estados Unidos son iniciados por este tipo de empresas.

En general, la iniciativa ha sido bien recibida por activistas de internet y medios de comunicación. La Electronic Frontier Foundation dice que “son buenas noticias“, pues las propuestas “atacan aspectos peligrosos del modelo de negocio de los trolls“. Gregory Ferenstein, de TechCrunch, la califica como “un paso en la dirección correcta“.

Vuelve y juega. Samsung y Apple siguen entrelazados en una dura pelea por la protección de propiedad intelectual y la violación de patentes. El más reciente episodio se registró en la corte de la Comisión Internacional de Comercio, la cual determinó que Samsung infringió una patente de Apple relacionada con la selección de texto en los dispositivos móviles, de acuerdo a Reuters. Sin embargo, la Comisión también encontró que los dispositivos de Samsung no violan la propiedad intelectual de Apple que protege una función que detecta una conexión en el puerto de audio de 3,5 milímetros.

Apple asegura que los Galaxy, Transform y el Nexus, entre otros, hacen parte de los productos infractores.

La compañía de Cupertino originalmente demandó a Samsung en julio de 2011 ante la Comisión Internacional de Comercio que encontró que la coreana infringió cuatro patentes de Apple. La corrección revelada el jueves descarta dos de las cuatro demandas y ofrece conclusiones sobre las otras dos.

La decisión del juez Thomas Pender se dio el 26 de marzo pero se mantuvo confidencial hasta ayer para que las compañías tuvieran tiempo para redactar y editar información confidencial, algo que no pasó en el juicio del año pasado. Según The Next Web, ahora la totalidad de la comisión tiene que determinar si la sentencia se mantiene. Se espera una decisión final en agosto.

De acuerdo a PC World, de mantenerse en pie la decisión, la Comisión podría prohibir la importación de los dispositivos a territorio estadounidense. Pero, como menciona la publicación, las compañías que han enfrentado una prohibición similar por parte de la Comisión simplemente han modificado el producto, en vez de enfrentar el retiro definitivo del espacio comercial.

La batalla entre estos dos gigantes de la tecnología se libra en varios países e instituciones del mundo. Además de la decisión de la Comisión, en Alemania un juez invalidó la patente de Apple para desbloquear el celular haciendo un movimiento sobre un ‘slider’. Apple había pedido impedir las ventas de Samsung y Motorola en Alemania por dicha infracción, pero la Bundespatentgericht, la oficina encargada de la propiedad intelectual en el país, dijo que no habían méritos tecnológicos para llevar a cabo la solicitud.

Para el ministro de las TIC, Diego Molano Vega, la llamada ‘ley del TLC‘ no fue ni redactada de afán, ni hace nada distinto de actualizar las leyes de derechos de autor de Colombia y ponerlas a tono con las estadounidenses. En charla con ENTER.CO, el ministro Molano defendió la iniciativa y dijo que era necesaria para que el país aproveche las oportunidades que traerá el tratado.

Usted dice que lo que propone esta ley es “esencial” para la reglamentación de derechos de autor en Internet. ¿Por qué lo dice?

Lo que hace esta ley es poner en vigencia el acuerdo que se hizo con Estados Unidos y actualizar tecnológicamente los derechos de autor. Es decir, si yo tenía una pieza músical, pues tenía el derecho a tenerlo en un acetato, o en un casete. Ahora también se incluyen los medios electrónicos, incluyendo Internet. No estamos haciendo nada, sino actualizando al mundo de hoy la propiedad intelectual. Eso fue lo que se negoció en el TLC con Estados Unidos, y básicamente quedamos al mismo nivel de derechos que Estados Unidos en ese aspecto.

Se ha dicho que esta ley fue enviada de afán al Congreso y que el Gobierno quiere que sea aprobada ya. Eso ha hecho, según estos críticos, que su redacción sea descuidada, que deje puntos por fuera y que otros puntos queden planteados de forma insuficiente. ¿A usted qué le parece esa apreciación?

Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado. Yo participé de los dos lados; tanto del lado colombiano, cuando era miembro de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, como del lado americano, pues trabajaba en una compañía multinacional. Me consta, porque yo llevo años de discusión de estos temas, esta en ningún momento ha sido una discusión ligera.

Hay países como Chile –cuyo caso usted mismo menciona– y Costa Rica, que firmaron el TLC aun sin tener estas leyes aprobadas. ¿Por qué es imperativa para Colombia la firma de esta ley?

Para Colombia es fundamental que la ley se apruebe porque el TLC tiene que entrar en vigor. Estamos hablando de muchas posibilidades de empleo. Para la industria TIC es una oportunidad gigante. Tenemos mucho potencial de talento para vender productos y para vender servicios a Estados Unidos. El TLC nos abre oportunidades. No hay que ver esto como una ficha suelta del rompecabezas, hay que ver todo el rompecabezas. Y todo el rompecabezas es el TLC. Un pedacito es esta ley.

Pero Ministro, la pregunta es si esta ley es un imperativo para que el TLC entre en vigencia…

Mire, eso es lo que yo entiendo porque eso es lo que nos ha expresado el Ministerio de Comercio. Y efectivamente hay un cronograma de las cosas que deben entrar en vigencia, y esta es la que debe entrar ahora. Para cumplir con toda la discusión sobre la responsabilidad de los ISP, que es el debate de la Ley Sopa, Ley Pipa y la mal llamada ‘Ley Lleras’, sí tenemos un año y medio.

¿Está planeando el Gobierno una mayor discusión sobre esta clase de iniciativas?

Lo primero que tenemos que hacer sobre estos temas es determinar el alcance del TLC en materia de responsabilidad de los ISP. Esa es una discusión que daremos abiertamente al país. Todas las reuniones que tendremos con Estados Unidos las explicaremos, y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia. Con base en eso, si es necesario, iremos al Congreso en un debate amplio con el país al respecto.

¿Cuál es su posición personal con respecto a Sopa y Pipa?

Creo que son leyes innecesarias, porque frenan un poco la innovación.

En lo que tiene que ver con su periodo como ministro y con este Gobierno, ¿vamos a tener en Colombia alguna intentona parecida a Sopa y Pipa?

Todo depende del alcance del acuerdo del Tratado de Libre Comercio.

Si se descubriera que el TLC tiene el alcance que nos podría obligar a adoptar algo parecido a Sopa o a Pipa, o al menos a discutirlo, ¿usted personalmente se opondría?

Obviamente, a Sopa y a Pipa, claro que sí me opondría totalmente.

¿Usted me podría garantizar que el Gobierno se opondría?

Si soy ministro en ese momento, para un alcance como Sopa y Pipa, sí; porque estoy seguro que el TLC nunca se llevó hasta ese punto porque esas leyes no existen en Estados Unidos en el marco legal.

¿En qué espacios se va a llevar a cabo esa discusión?

Vamos a ampliar esa discusión cuando hablemos con Estados Unidos y sepamos el alcance del TLC, y con base en esas discusiones le contaremos al país cuáles son esos alcances.

¿Podemos confiar en que nada de esto se va a aprobar sin que la gente al menos se pueda informar y pueda expresar su opinión?

Eso sí. Mire: la primera persona en este país que discutió borradores de normas en Internet fui yo, en 1996, siendo asesor del ministro de Comunicaciones de la época. Yo soy el primer partidario de la participación democrática. Por eso Colombia es el país número 9 en el mundo en participación electrónica.

Vea la respuesta del Ministro a las críticas al contenido de la ley en la siguiente página.

El grito de guerra de los más tenaces opositores de la ley del TLC es que se trata de la ‘Ley Lleras recargada’. El grupo ‘hacktivista’ Anonymous, que el pasado martes protestó haciendo que el sitio web del Senado de la República dejara de funcionar por varias horas, se refiere a la iniciativa en esos términos. Y basta hacer una búsqueda del hashtag #leyllerasrecargada en Twitter para ver el tono beligerante de algunas críticas al proyecto de ley.

El término surgió de una intervención del senador Camilo Romero en el primer debate de la iniciativa. “Esta no es la ‘Ley Lleras’. Es la Ley Lleras recargada”, dijo entonces, pues en ella “se pretende hacer pasar temas que por fortuna, por la presión de los usuarios de Internet, el Congreso logró tumbar con anterioridad”.

El gobierno salió muy pronto a desmentir la versión. En un comunicado, el Ministerio del Interior dice que el proyecto “busca poner a tono la legislación de Colombia con los compromisos y estándares internacionales existentes en derecho de autor, mientras que la mal llamada ‘ley Lleras’ buscaba retirar material infractor de derechos de autor de los sistemas informáticos y regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP)”.

Por su parte Germán Realpe, abogado informático y columnista de la revista ENTER.CO, afirma que “no se debe considerar como una ley Lleras recargada, ya que no tiene que ver con muchos puntos propuestos en ella”. Uno de ellos es “el tema de notificación o suspensión por parte de los ISP, por lo que los usuarios pueden estar tranquilos en ese aspecto”.

En efecto, este proyecto de ley deja a los ISP intactos, mientras que el punto crítico de la ‘Ley Lleras’ era precisamente la regulación del papel de estas en el bloqueo de contenidos en la Red. Sin embargo, los objetores de la ley del TLC no están muy convencidos con este argumento. 

El fantasma de la ‘Ley Lleras’.

No hay que olvidar lo obvio. Tanto la ‘Ley Lleras’ como el actual proyecto son requerimientos para que Colombia firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Además, ambos regulan temas de derechos de autor, un concepto que en sí mismo despierta críticas en muchos frentes. Por ejemplo, el senador Romero le dijo a ENTER.CO que desde su punto de vista, estas legislaciones “no hacen la balanza necesaria que hoy el mundo ha comprendido entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios y las usuarias de Internet”.

Por otra parte, el senador Romero precisó por qué cree que la ley del TLC sí tiene elementos de su infame antecesora:

El artículo 19 revive esa facultad que esa ‘Ley Lleras’ daba a las autoridades administrativas, para que, sin sentencia judicial, se acceda a los datos personales de supuestos infractores de derechos de autor, violando los derechos a la intimidad y a la protección de datos de cualquier ciudadano.

El grupo RedPaTodos, que aboga por los derechos de los usuarios de Internet, también resalta este punto. Según ellos, el actual texto se parece a la ‘Ley Lleras’ en el sentido de que ‘se salta’ la autoridad de los jueces a la hora de tomar decisiones que afectan a un potencial infractor de los derechos de autor.

¿No recuerda qué pasaba con la ‘Ley Lleras’? Vea la siguiente página.

Ya habíamos hablado de los elementos que hay que tener en cuenta con el proyecto de ley 212. Tanto las circunstancias en las que se está discutiendo, como sus alcances e implicaciones, son objeto de críticas y comentarios de parte de abogados, políticos, activistas y periodistas de tecnología. ENTER.CO conversó con varios de ellos para entender sus preocupaciones y objeciones a esta ley para hacer una nota contándolas y explicándolas. Sin embargo, son tantas las objeciones que nos tocó partir esa nota en varias entregas, y esta es la primera.

Está mal redactada y mal discutida.

“Algunos de los artículos de este proyecto son ambiguos y confusos”. Esa no es la impresión de un transeúnte cualquiera; ni siquiera la de un periodista despistado. Es lo que dice Germán Realpe, un abogado informático y columnista de la revista impresa ENTER.CO . “El problema de que esta clase de leyes sean ambiguas -dice Realpe- es que la tecnología va mucho más rápido que el derecho, por lo que la ley tiene que ser clara a la hora de regular y conocer la situación actual del Internet”. Este es el caso, por ejemplo, de lo señalado en el artículo 13 de está ley, que genera algunas dudas sobre la retransmisión de señales de TV por Internet, pues exige la autorización del titular.

Una ley que no sea clara -creemos- puede, o bien no impedir nada de lo que supone que debe impedir, o bien darle al Estado un poder excesivo que termine censurando libertades y usos legítimos de la tecnología.

Además, el afán con el que se ha tramitado la iniciativa también es problemático para las personas consultadas. Guillermo Santos, director de ENTER.CO, criticó en su columna semanal en El Tiempo la premura con la que se quiere aprobar esta iniciativa. “El ‘pupitrazo’ que se va a dar equivale a pisar de cierta forma el futuro de Internet en el país”, escribió.

Realpe, por su parte, dice que “no se hizo una discusión profunda sobre los límites y las expectativas de la ley”, lo que no solo hace que muchos de los textos no sean claros, sino también que tengan consecuencias nocivas que podrían pasar inadvertidas hasta cuando ya sea demasiado tarde.

En otros países que también han negociado TLC con Estados Unidos, ha sido posible aplazar la aprobación de esta clase de leyes hasta que se haga una mejor discusión sobre ellas. Carolina Botero, miembro de la Fundación Karisma, no cree que la proximidad de la firma del tratado no es una excusa para el afán. “¿Qué pasa si nos demoramos? Casi todos los países lo hacen. De hecho Costa Rica pidió plazo y se lo dieron“, afirma.

La protección a las restricciones anticopia es demasiado agresiva.

El proyecto castiga las vulneraciones a los ‘candados digitales’ con hasta 8 años de cárcel. Además, también decreta que quien lo haga podrá ser obligado a pagarles multas a los dueños de los derechos de autor de los contenidos vulnerados. Esta es una de las condiciones que debía cumplir la legislación colombiana para acomodarse al TLC con Estados Unidos.

Tal como está planteada, esta ley prohíbe romper una protección anticopia para uso privado. Si un usuario rompe un DRM para poder llevar en un reproductor digital la música de un CD original que él mismo adquirió, o si ‘crackea’ un juego original de su propiedad para poder correrlo con un CD copiado, estaría violando la ley. Según Botero, se trata de “usos permitidos” que “legalmente son posibles, pues la persona compró el libro y puede hacer la copia privada para uso sin ánimo de lucro”, por lo que prohibirlos “viola la ley nacional, ya que las excepciones del proyecto de ley no exoneran la infracción”.

De hecho, el texto no especifica explícitamente lo que un usuario privado pueda hacer con un contenido que haya adquirido legalmente. Lo que sí especifica son las excepciones en las cuales romper un ‘candado digital’  no es delito: cuando se lleva a cabo para hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, cuando se hace de buena fe para evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, cuando se utiliza para desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario y cuando la hacen los organismos del Estado en labores de “investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia”.

Sin embargo, otro aspecto de estas excepciones es bienvenido por algunos.  Realpe, por ejemplo, celebra que esta nueva ley “permite técnicas de ingeniería inversa que son útiles para el ‘hacking ético’ y para la seguridad de la información”, con las que se busca mejorar la seguridad de los sistemas y evitar que estos dañen al usuario.

En menos de una semana, Colombia quedó a un paso de tener una nueva ley de derechos de autor. El Gobierno Nacional radicó el 20 de marzo un proyecto de ley, el 201 de 2012 (PDF), en el que se cambia parte de la legislación nacional en este tema. ¿El objetivo? Lograr que nuestra regulación sobre ese tema sea compatible con la estadounidense.

Dos días después, las comisiones segundas de Senado y Cámara aprobaron masivamente el proyecto –solo hubo un voto en contra–, con lo cual solo le falta pasar su debate en plenarias para convertirse en ley de la República. Esta velocidad ha dejado poco tiempo para que los usuarios de Internet y los ciudadanos asimilemos la iniciativa, por lo que en ENTER.CO les contaremos los puntos que, creemos, es necesario tener en en la mira para saber qué es lo que se está decidiendo. Aquí están.

Es para el TLC. Y es para ya.

El Gobierno está de afán. Esta ley es, explícitamente, una condición previa para que nuestro país pueda firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El ministro de Comercio, Sergio Diaz-Granados, afirmó que su objetivo es “implementar el TLC con celeridad, para que el país pueda comenzar a sacarle todo el provecho que este involucra”.

De hecho, la fecha límite es el 14 de abril. Ese día comienza en Cartagena la Cumbre de las Américas. A ella asistirá el mandatario estadounidense, Barack Obama, y el presidente Juan Manuel Santos quiere aprovechar su presencia para firmar el tratado, buscado y trabajado durante años por el Gobierno.

El Congreso entendió el mensaje y tramita la iniciativa a una velocidad que mejores causas envidiarían. ¿Habrán tenido tiempo los ponentes y los legisladores para entender bien qué significa lo que aprobaron? Podría ocurrir que no: abogados especialistas en estos temas, consultados por ENTER.CO un día después de la aprobación del proyecto, confesaron que aun no habían podido estudiarlo a profundidad.

No es la ‘ley Lleras’, pero es más ambiciosa.

Se ha sugerido que este nuevo proyecto de ley es la resurrección de la ‘ley Lleras‘. Pero, en honor a la verdad, hay que decir que se trata de dos cosas diferentes. La ‘ley Lleras’ buscaba reglamentar los procedimientos para tratar los contenidos que infringen los derechos de autor, mientras que la llamada ‘Ley del TLC’ cambia todo el marco de la legislación sobre derechos de autor.

El Gobierno salió corriendo a aclarar el malentendido. En un comunicado, el Ministerio del Interior asegura que el actual proyecto “busca poner a tono la legislación de Colombia con los compromisos y estándares internacionales existentes en derecho de autor, mientras que la mal llamada ‘ley Lleras’ buscaba retirar material infractor de derechos de autor de los sistemas informáticos y regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP)”.

En esto están de acuerdo otras personas consultadas por ENTER.CO. La abogada Carolina Botero, miembro de la fundación Karisma, nos explicó que mientras la ‘ley Lleras’ “se ocupaba de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por las posibles infracciones de sus usuarios”, el nuevo proyecto “es una reforma al derecho de autor”.

Pero esta nueva iniciativa es más ambiciosa que la ‘ley Lleras’: toca muchos temas que esa propuesta dejaba intactos, que van desde los plazos de vencimiento de derechos hasta las penas de cárcel a los infractores. Del mismo modo, el nuevo proyecto no dice ni una palabra de las ISP, que eran el centro del debate la ocasión anterior.

Lea en la siguiente página qué nuevas conductas castiga el nuevo proyecto de ley.

Desde hace un par de semanas, una corte de la Florida lleva un caso contra Hotfile, un ‘cyberlocker’ demandado por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por su sigla en inglés). Según CNET, la MPAA –que agremia a seis de las más grandes productoras de ese país– afirma que el sitio no tiene derecho a existir, pues su popularidad “es un resultado directo del masivo robo digital que promueve”. En la demanda, el gremio dice que el servicio web “les paga a usuarios para que suban contenido ilegal” y “fomenta activamente la infracción masiva de derechos de autor que impulsa a su negocio”.

Google decidió enviarle a la corte un documento en el que expresa su opinión legal sobre el caso. En él, la empresa defiende activamente a Hotfile y afirma que está protegido por el Digital Millenium Copyright Act (DMCA), una ley aprobada por el Congreso estadounidense que regula las empresas y los contenidos de Internet. Esa ley establece que los servicios en línea no son responsables si los contenidos alojados en ellos por sus usuarios violan los derechos de autor. Esta doctrina es conocida como ‘puerto seguro’.

El DMCA establece que son los dueños de los derechos, y no los sitios, quienes deben encargarse de detectar y reportar los archivos ilegales. La única obligación de los servicios web es retirar los contenidos si los propietarios del ‘copyright’ lo piden.

Según los demandantes, Hotfile no tiene derecho a ser amparado por la doctrina del ‘puerto seguro’, pues “induce” a las infracciones de ‘copyright’. Google es enfático en asegurar que eso no es cierto y que Hotfile sí está protegido por esa ley. “La Corte no debe dejarse engañar. Debe resistir cualquier intento de (…) imponerle a Hotfile obligaciones de vigilancia de las que la DMCA lo exime específicamente”, dice en el documento.

El buscador afirma que la MPAA basa sus acusaciones en el hecho de que, al parecer, Hotfile solamente bloqueaba el acceso a los contenidos que eran denunciados por la industria pero no tomaba acción contra otros archivos, que no eran mencionados en la solicitud aunque tuvieran el mismo contenido infractor. En ese sentido, dice Google, no se puede acusar al servicio “de que supiera de (la existencia de) materiales supuestamente infractores, los cuales no eran específicamente identificados por esas notificaciones”.

El interés de Google por defender la DMCA consiste en que es una reglamentación vital para su negocio. “Los ‘puertos seguros’ han ayudado a facilitar el desarrollo de Internet como una plataforma robusta y revolucionaria para la libre expresión, la creatividad y la oportunidad económica”, dice en el texto. “Puntos de referencia del Internet moderno, como Facebook, Twitter y Wikipedia, también confían en los ‘puertos seguros’ del DMCA para sus operaciones cotidianas”, añade.

Según TorrentFreak, “muchos de los argumentos hechos por Google también son relevantes en la acusación contra Megaupload“. De hecho, en su primera entrevista tras su salida de prisión, el propio Kim Dotcom dijo algo similar a lo que escribió ‘la gran G’. “No podíamos ser responsabilizados por las acciones de terceros mientras diéramos de baja cosas que nos reportaran, lo que hemos hecho todos estos años, de acuerdo con la ley”, dijo en su momento.

Una petición de extradición contra Kim Dotcom y otras tres personas que ocupaban altas posiciones en Megaupload fue radicada este lunes en tribunales de Nueva Zelanda por autoridades estadounidenses, informó la prensa neozelandesa. 

La solicitud está dirigida hacia Dotcom (cuyo nombre de pila es Kim Schmitz), Finn Batato, Mathias Ortmann y Bram van der Kolk.  Según la BBC, las cuatro personas están acusadas de “asociación ilícita, infracciones de derechos de autor, lavado de dinero y fraude electrónico, entre otros cargos”, y afrontarían penas de hasta 20 años de cárcel si son encontrados culpables. Las autoridades estadounidenses afirman que los presuntos delitos que Megaupload habría cometido le causaron pérdidas de hasta 500 millones de dólares a la industria del entretenimiento.

Dotcom y los otros tres acusados están actualmente en libertad bajo fianza. Una de las condiciones para la liberación temporal del fundador del ‘cyberlocker’ consiste en que no puede usar Internet en su periodo fuera de la cárcel. Además, debe portar en todo momento un brazalete electrónico para minimizar su riesgo de fuga.

En su primera salida a medios tras su liberación condicional, Dotcom negó ser “el rey de la piratería” y afirmó que Megaupload ofrecía los mismos servicios que decenas de otras aplicaciones, pero que estaba en la mira por ser “un blanco fácil” dada su extravagancia.

En su primera salida a los medios tras su liberación bajo fianza, el cofundador de Megaupload, Kim Dotcom, se defendió de las acusaciones en su contra por piratería y dijo que son injustas y están basadas en mentiras y señalamientos falsos.

La entrevista, realizada en Nueva Zelanda por el canal TV3 de ese país, fue difundida el pasado primero de marzo y realizada en la mansión de Dotcom en la localidad de Coatesville. El pasado 20 de enero, Dotcom fue capturado allí junto con tres personas, en “la operación más grande de la historia de este país”, según dijo John Campbell, el periodista que entrevistó al acusado.

Según Dotcom, Megaupload prestaba los mismos servicios de otros ‘cyberlockers’, algunos de los cuales son operados por gigantes como Microsoft o Google. Pero, de acuerdo con su versión, la empresa y él mismo fueron perseguidos por otras razones: “Soy un blanco fácil. Mi extravagancia, mi historia como hacker, el hecho de que no soy americano y vivo en algún lugar del mundo, que tengo placas divertidas en mis carros (…) No soy Google, no tengo 50.000 millones de dólares en mis cuentas”.

Cuando Campbell le preguntó sobre el éxito de Megaupload y su riqueza, Dotcom respondió que su ‘cyberlocker’ “era popular porque le permitía a la gente saltarse barreras” y “solucionaba problemas”, y que su dinero se derivaba, precisamente, de la celebridad del sitio. Parte de la acusación del FBI hacia él consiste en que se lucró de alianzas con otros sitios para alojar contenidos protegidos por derechos de autor.

Sin embargo, Dotcom se defendió: “No soy el rey de la piratería”, enfatizó. Sobre la piratería, dijo que lejos de ser un problema causado por Megaupload, “nace en el modelo de negocio de Hollywood, en el que lanzan las películas en un solo país pero emiten ‘trailers’ alrededor del mundo para promocionar la cinta. (…) Si todo el mundo tuviera acceso al contenido al mismo tiempo, no existiría el problema”, afirmó.

El acusado también acusó al FBI y a las autoridades estadounidenses de proteger “un modelo de negocio desactualizado y monopólico, que ya no funciona en la era de Internet”.

No se lo esperaba.

Dotcom afirmó que la acción en contra de Megaupload fue totalmente inesperada. Según dijo, el sitio solo recibió una demanda en los siete años que estuvo en funcionamiento, y no vino de ninguna empresa de la industria del entretenimiento. “Todos nuestros consejeros legales nos decían que estábamos protegidos por la ley DMCA (Digital Millenium Copyright Act), que protege los servicios en Internet de responsabilidad por las acciones de sus usuarios”. 

El acusado comparó el caso de Megaupload con la demanda que Viacom (casa matriz de MTV y Paramount) interpuso contra YouTube en 2010 por la misma razón. “Nuestro caso era débil con respecto a lo que estaba ocurriendo allí”, dijo. Ese pleito fue ganado por el sitio de videos porque, según dijo Dotcom, YouTube argumentó que estaba protegido por la ley DMCA. Eso no ocurrió con Megaupload:  “No podíamos ser responsabilizados por las acciones de terceros mientras diéramos de baja cosas que nos reportaran, lo que hemos hecho todos estos años, de acuerdo con la ley”, dijo.

Además, según señaló el entrevistado, Megaupload no podía hacer nada distinto. La ley estadounidense “prohíbe hurgar activamente en las cuentas de los usuarios. Es como el correo, es privado, no podemos simplemente entrar en las cuentas de los usuarios”.

Dotcom negó finalmente que tuviera intenciones de fugarse, lo cual es un temor de la Fiscalía que lo acusa. “¿Por qué me iría después de que me quitaron todo?” “Lo único que tiene sentido es combatir contra esto, y eso es lo que haré. Tengo confianza en que ganaré”, remató.

Pese a que las numerosas protestas de los usuarios de Internet hicieron que el Tribunal Supremo español aceptara estudiar un recurso en contra de la medida, la Ley Sinde-Wert acaba de entrar en vigor tras más de dos años de trámites y altibajos. A partir de hoy entró a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violen los derechos de autor en España.

El músico español  Eme Navarro fue el encargado de hacer la primera denuncia una vez puesta en marcha la ley antidescargas española. Navarro presentó una notificación contra más de 200 sitios web que facilitan un enlace a una canción suya con derechos de autor, para mostrar de forma práctica la ineficacia de la ley. Utilizando los ideales de la iniciativa ‘La lista de Sinde’, el músico pretende demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas “no servirá de nada”. 

Sin embargo, los movimientos que han surgido y las miles de críticas y protestas de las que ha sido protagonista la Ley Sinde-Wert no fueron ningún obstáculo para que el gobierno pensara en otra alternativa de regulación en la Red, pues según la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, con la aprobación de la ley España entra “en el estándar internacional en la lucha contra la piratería”. 

La Ley Sinde, que cambió su nombre a Ley Sinde-Wert por ser impulsada entre la exministra Gónzalez-Sinde y el ministro Wert, es el nombre con el que se conoce popularmente un apartado de la Ley de Economía Sostenible llamado Disposición final segunda con el que se pretende combatir los sitios web infractores de derechos de autor con la ayuda de un órgano gubernamental denominado Comisión de Propiedad Intelectual.

Según ALT1040, un blog muy crítico de esta norma, “en la práctica estamos ante un peligroso nuevo sistema administrativo-judicial, gestionado por una Comisión de Propiedad Intelectual que a su vez está formada por personas dependientes del Ministerio de Cultura, con el que el Estado gana en poder para controlar lo que circula por la red al disminuir la capacidad de análisis y decisión de los jueces en este tipo de caso (hasta ahora en líneas generales la justicia española ha exculpado a las webs de enlaces)”.

Dicha comisión, que depende del Ministerio de Cultura, será la encargada de determinar si los sitios web que han sido objeto de denuncia están infringiendo los derechos de autor. Además, los autores que denuncien estas faltas, tendrán que acudir a este órgano y  pedirle que se inicie un procedimiento, que podrá tener una duración entre 20 días y tres meses. Si sale bien el proceso, se podrán retirar los contenidos señalados, o incluso si la falta es más grave, el servicio del sitio web podría ser interrumpido durante un año.

La Ley Sinde nació en noviembre de 2009, cuando el gobierno del PSOE presentó el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que incluía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual. Y aunque a partir de ese momento los internautas empezaran a demostrar su inconformidad a través de las redes sociales y protestas en las calles, hoy se han encontrado con que la reglamentación de la ley ha entrado en vigor.

Kim Dotcom, el polémico fundador de Megaupload, fue liberado este martes tras el pago de una fianza cuyo monto no fue revelado, informó la prensa de Nueva Zelanda. Dotcom, quien fue detenido por la policía neozelandesa y el FBI el pasado 20 de enero, “no estaba en riesgo de fugarse”, según el juez que tomó la decisión.

La única condición para que Dotcom mantenga su libertad es que no use Internet, según informa el New Zealand Times. La decisión se tomó pese a que los fiscales del caso sospechaban que el acusado tenía intenciones de salir del país con alguno de los tres pasaportes falsos que encontraron, junto a su cama, en el momento de su captura.

CNET informa que las autoridades estadounidenses están preparando una solicitud de extradición contra Dotcom, con miras a juzgarlo en ese país. La defensa asegura que este no es un caso criminal, por lo que las operaciones judiciales para capturar al acusado no estaban justificadas. Ira Rothken, abogado de Dotcom, le dijo a ese medio que “este, a lo sumo, es un caso civil, y debe ser juzgado en una corte civil, sin policías, operativos ni decomisos”.

Dotcom, de 38 años y ciudadano alemán, está acusado de causarles, a través del ‘cyberlocker’, 620 millones de dólares en pérdidas a los dueños de contenidos protegidos por derechos de autor. Fue detenido en su mansión, avaluada en 30 millones de dólares, y tras su captura se han revelado detalles sobre sus excentricidades y la forma en la que obtuvo su fortuna.

Previamente, el acceso a Megaupload había sido bloqueado por el FBI, que se apoderó de los servidores en los que funcionaba. Los dueños de muchos archivos legales perdieron acceso a ellos con el cierre del servicio, pues se anunció que serán borrados a la par de los ficheros ilegales. La operación prendió las alarmas en otros sitios de descargas, que han restringido el acceso o incluso cerrado desde entonces.

Sin embargo, el juicio en su contra continúa. El próximo 22 de febrero debe comparecer nuevamente ante el juez, quien debe decidir si es culpable o inocente. Las otras tres personas con las que fue capturado también fueron liberadas bajo fianza.

Era un paraíso para los lectores. Una biblioteca con más de 400.000 libros electrónicos de alta calidad, fáciles de descargar y de utilizar en un computador o en un e-reader. Miles de estudiantes, profesores y aficionados a la lectura eran felices hurgando en sus anaqueles virtuales, compartiendo y recomendando libros. Pero desde el pasado martes, ese paraíso se cerró.

Se llamaba Library.nu. Y su problema fue el mismo de siempre: el cielo de los usuarios es el infierno de la industria. Un grupo de 17 editoriales logró que un tribunal irlandés emitiera una orden de cese y desistimiento contra el sitio y contra iFile.it, un locker virtual en el que estaban montados los e-books. La relación entre Library.nu y iFile.it era similar a la que existía entre Cuevana y Megaupload. Un sitio alojaba los contenidos y el otro los organizaba en una interfaz amigable y útil para los usuarios.

Según la Asociación Estadounidense de Editoriales, se trataba de “uno de los negocios piratas basados en la Web más grandes del mundo”. El sitio fue acusado de generar ganancias por 10,6 millones de dólares (casi 19.000 millones de pesos) a partir de archivos protegidos, según informa The Guardian. Por su parte, The Huffington Post afirma que la investigación duró siete meses y fue coordinada desde Alemania y Estados Unidos. Una corte de Munich (Alemania) les hizo a sus administradores 17 requerimientos para dar de baja algunos contenidos, en los que se les advertía que poner un enlace a un contenido ilegal podría causarles multas de hasta 250.000 euros (cerca de 328.000 dólares, unos 585 millones de pesos) o penas de máximo seis meses de cárcel.

Cualquier usuario podía descargar archivos de Library.nu sin pagar. Sin embargo, era posible hacer una donación, a cambio de la que se accedía a privilegios como una búsqueda de e-books más refinada y acceso a la zona de moderadores de la comunidad. Esa opción fue el talón de Aquiles del sitio y proporcionó la prueba del vínculo entre iFile.it y Library.nu.

Según lo dicho por un vocero del ‘cyberlocker’ a The Huffington Post, su sitio “no tiene nada que ver” con la base de datos de libros. Sin embargo, una de las investigadoras le contó a ese medio que, cuando intentaron hacer una donación a Library.nu a través de PayPal, “se recibía un recibo real (…) en el que se declaraba el nombre real del dueño de la cuenta. Recibimos dos diferentes recibos con dos diferentes nombres”: Fidel Nunez e Irina Ivanova, precisamente los nombres de los responsables de iFile.it. Con esta prueba, los investigadores acudieron a los jueces y lograron que emitieran la orden de cierre.

Pero los usuarios no se quedan quietos. En Reddit se discuten formas alternativas de acceso a la base de datos del sitio. Y en Colombia, ENTER.CO habló con algunos de ellos, en su mayoría estudiantes y profesores universitarios que lo consultaban frecuentemente e incluso evalúan otras opciones para compartir sus bibliotecas, pues no consideran justo que las obras académicas sean tan costosas y de acceso tan restringido.

Este cierre ocurre pocos días después de una petición en línea para boicotear a la editorial Elsevier, especializada en revistas académicas, que –según reporta The New York Times– ha sido firmada por 5.700 académicos de varios países. Su promotor, el profesor Timothy Gowers de la U. de Cambridge, afirma que la protesta tiene como blanco “un sistema en el que las editoriales comerciales obtienen ganancias del trabajo gratuito” de los académicos.

Aunque los dos hechos no están directamente relacionados, en uno y otro caso lo que causa indignación a los usuarios es que el acceso al conocimiento sea restrictivo y dependa de circunstancias económicas, tecnológicas y hasta geográficas.

En el mundo de las contiendas por derechos de autor se han establecido varias prácticas que se han ido normalizando con el tiempo. Un ejemplo es la Ley de Albergue Seguro, aprobada con el DMCA (Ley de Derechos de Autor del Milenio, de Estados Unidos), por la cual un sitio no se hace responsable por el contenido pirata que enlacen o suban terceros.

Esta es la razón por las que sitios como YouTube y Facebook pueden albergar contenido ilegal sin ser responsables legalmente, aunque cada vez la presión es mayor y estos sitios actúan rápidamente para bloquear o ‘bajar’ esos contenidos a la mayor brevedad. En el caso de Grooveshark, sin embargo, las cosas se complican.

Fue en esos datos que los abogados de Universal encontraron indicaciones que el personal de la empresa, y específicamente los gerentes y presidentes, habían subido miles de canciones por las que la empresa no había adquirido derechos. Una vez se descubrió esa evidencia, Sony Music Group y Warner Music Group se unieron a la demanda.

Todo comenzó con una demanda por parte de Universal  Music Group el año pasado, en el estado de Nueva York. Gracias  la demanda y otra ley llamada la Ley del Descubrimiento (Discovery Law), una vez un sitio entra en litigio debe proveer a la corte con cientos de datos como correos del personal y registros de servidores.

Sin embargo, la ‘evidencia’ que acusan las disqueras se basa principalmente en dos comentarios anónimos publicados en el sitio Digital Music News, en los que los autores aseguraban que trabajaban en Grooveshark y eran testigos de ese tipo de comportamiento.

El modelo de negocios de Grooveshark funciona con una mezcla de publicidad y costos de suscripción. La empresa negociaba los derechos de distribución con las grandes disqueras (EMI, específicamente) y con artistas independientes, y no había problemas con la ley. Sin embargo, de confirmarse que la dirigencia de la empresa sí distribuía contenido sin permiso, la Ley de Albergue Seguro no aplicaría en el caso.

El colombiano Andrés Barreto, fundador de Grooveshark, habló hace algún tiempo con ENTER.CO y aseguró que el servicio es totalmente legal.

De perder la demanda, la empresa sería responsable por cientos de millones de dólares en compensación a las casas disqueras, un evento fatídico para un negocio que no tiene más de seis años.

Y es que los problemas de la empresa no son solo con las disqueras. Hace poco le tocó cortar sus servicios en Alemania, ya que no llegó a un acuerdo con GEMA, la organización que maneja los derechos de autor en el país teutón.

Para enfrentar mejor la presión de la industria musical y no tener que cerrar la operación como en Alemania, Grooveshark inició el cobro de sus servicios esta semana en algunos países de Europa Oriental, pero esto se podría extender a otras regiones como la latinoamericana.

El problema mayor es que la evidencia que están usando las grandes disqueras en contra de Grooveshark se basa en el mismo argumento que se usó para acabar con Megaupload: principalmente que los ejecutivos de la empresa estaban promoviendo el uso y la distribución de contenido ilegal. Una ofensa que al parecer, si se toma en cuenta el caso de Megaupload, no tiene vuelta atrás.

Ya conocemos la fogosa pluma de los creadores de The Pirate Bay. En una carta, publicada a finales del pasado enero, se fueron con todo contra Hollywood y la industria cinematográfica. Se refirieron a los inicios —según ellos— libres del cine, arremetieron contra los hoy difuntos proyectos de ley SOPA y PIPA y hasta señalaron a la industria como la culpable de “hacer que una niña de 11 años de edad se vuelva anoréxica”.

Peter Sunde, uno de ellos, volvió al ataque. En una carta publicada por Wired, fustigó nuevamente al negocio del entretenimiento. Afirmó que, al contrario del resto de la humanidad, las grandes compañías productoras no soportan la innovación. “En lugar de ver la evolución como algo inevitable, rechazar y/o demandar el cambio, por los medios que sean necesarios, se convirtió en el negocio de la industria”, escribe.

Para Sunde, el poder que están obteniendo estas empresas amenaza con minar los valores democráticos. “El problema aquí —plantea— es que le estamos permitiendo a esta industria moribunda que dicte los términos de nuestra democracia. Les permitimos que dicten nuevas leyes que prohíben la evolución”.

El cocreador de TPB, quien se ha convertido en un conferencista internacional y en un activista del derecho a compartir contenidos, les pidió a los internautas que no consuman contenidos producidos o vendidos por la industria, en sintonía con la propuesta de Anonymous de convocar a un Marzo Negro contra la industria del entretenimiento. “Les pido a todos que se aseguren de que la industria del entretenimiento no se lucre más. Dejen de ver sus películas. Dejen de escuchar su música. Asegúrense de encontrar formas alternativas de cultura”.

La carta se conoce tras la decisión del Tribunal Supremo de Suecia de no aceptar una apelación que buscaba bloquear una decisión, emitida en el 2009, contra Sunde, Fredjik Neij, Carl Lundström y Gottfrid Svartholm, los cofundadores de The Pirate Bay. El fallo los condena a penas de prisión entre 3 meses y un año, y a pagar multas que suman 6,8 millones de dólares. La acción del tribunal los envía a todos ellos a la cárcel.

Sunde aseguró que el caso legal en su contra fue impulsado, perseguido y juzgado por representantes de la industria. “Durante el juicio resultó que el juez era el jefe de la Sociedad Pro-Copyright de Suecia, un juez fue dueño de una compañía discográfica y otro fue director de un ‘lobby’ de compositores. Y podría seguir”.

El remate de la carta fue lapidario: “Internet está siendo controlado por una industria corrupta. Debemos pararla”. ¿Están de acuerdo con Sunde? ¿Qué formas alternativas de cultura utilizarían?

La Ley Sinde o Ley de Economía Sostenible, que se empezó a proponer en 2009 y entró en vigor el 6 de marzo de 2011 tras numerosas protestas de los usuarios de Internet, podría no celebrar su primer cumpleaños. La máxima autoridad judicial de España, el Tribunal Supremo, aceptó estudiar un recurso de la Asociación de Internautas de España contra la medida.

La Ley Sinde no fue reglamentada rápidamente y debió seguir un largo proceso después de que entraba en vigor, hasta que en enero pasado el Partido Popular le dio el impulso en el ente legislativo. Por ello, en marzo de 2012 entraría a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violaran los derechos de autor, y ya se ha filtrado la lista con los primeros 122 sitios que serían castigados.

Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo, esto podría cambiar. En 10 días se decidirá si la Ley Sinde es suspendida provisionalmente mientras se toma una medida de fondo, como pide la Asociación en la demanda. Ese podría ser el primer paso para su caída definitiva.

La impugnación afirma que la nueva regulación hace que la Comisión de Propiedad Intelectual lleve a cabo funciones que solo deberían ejercer los jueces (esta comisión es el organismo que determinaría si un sitio infringe los derechos de autor). Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, le dijo a El País de España que se trataría de una situación “inadmisible en democracia”.

Además, dice la asociación, la ley crea “una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos” a la “libertad de expresión y la libertad de información”. La demanda, según afirman, “ha recibido la adhesión de miles de internautas”.

Cabe recordar que en un evento llevado a cabo el año pasado en Campus Party Bogotá 2011, la abogada Carolina Botero afirmó que una de las principales razones por las cuales la Ley Lleras (el equivalente colombiano de la Ley Sinde) era inconveniente era, básicamente, esa misma: les daba a los proveedores de Internet funciones que deberían ser exclusivas de los jueces.

¿Qué sigue, entonces, para la Ley Sinde? Una vez aceptada la demanda, el abogado del Estado debe dar una opinión legal antes de 10 días sobre la petición de la Asociación de Internautas de frenar la aplicación de la ley, para que luego el Tribunal Supremo decida qué hacer. Así que, muy pronto, los internautas podrían obtener una nueva victoria, como la que lograron en Estados Unidos al lograr la retirada de la Ley SOPA.

Como lo dijimos en nuestros primeros contenidos relacionados con el proyecto de Ley que busca regular la responsabilidad por infracciones al derecho de autor en Internet, más conocido como ‘Ley Lleras’, la mejor alternativa para que creadores, la industria cultural tradicional y los usuarios de Internet salgan bien librados es realizar un debate abierto, en el que cada uno presente sus puntos de vista y a la vez intente entender los de su contraparte.

Obviamente, además del debate es necesario el interés y el compromiso de los congresistas encargados de tomar la decisión final, ya que esta no puede ser tomada a la ligera ni como respuesta a presiones externas, sino en busca del bien común.

Por ello, hemos publicado desde un acercamiento al proyecto de Ley con 18 preguntas frecuentes y respuestas, pasando por las posiciones críticas, como las declaraciones del colectivo Anonymous, el más vehemente contra el proyecto, las brillantes reflexiones de nuestro colaborador Juan David Correa acerca de la transformación de la industria cultural y para quién debe ser la legislación, y el análisis de Germán Realpe, de Acoditic, según el cual la protección de la propiedad intelectual no puede ir en contra del acceso a la información y de la privacidad de los usuarios.

Además, publicamos la visión de la industria de la propiedad intelectual, en concreto de la industria del software, con una entrevista a Katalina Rojas, de la BSA, en la que afirmó que la lucha contra la piratería sigue siendo una prioridad.

Ahora, compartimos el punto de vista de Graciela Melo Sarmiento, abogada especializada en derechos de autor y propiedad indistrial, y presidenta del Centro Colombiano de Derechos de Autor (Cecolda), y que si bien no es la voz oficial de la organización, sí refleja el punto de vista de muchos abogados especializados en el tema, que paradójicamente no han sido los más visibles en estos debates, aunque sean los más conocedores de la teoría detrás del tema.

Sus comentarios acerca del texto de Graciela Melo son bienvenidos, como siempre, así como sus preguntas hacia ella, que nos ayudarían a profundizar su visión sobre este proyecto de Ley

Proyecto de ‘Ley Lleras’: hablemos claro.

Por Graciela Melo Sarmiento.

En el foro público en el Senado, realizado el pasado 4 de mayo, varios creadores (como la productora de cine Paula Jaramillo, el escritor Jorge Franco, el compositor y productor musical Jose Gaviria y el actor Juan Sebastian Aragón) expusieron sus opiniones en favor del Proyecto de Ley 241 (por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet).

No se hicieron presentes creadores o emprendedores independientes, pero tanto los unos como los otros son directos beneficiarios de este proyecto, es útil y necesariauna ley de este tipo tanto para la industria cultural tradicional como para las corrientes que abogan por nuevos modelos de negocios en el entorno digital, y lo que sí no es, en todo caso, es un proyecto diseñado para atacar al usuario.

Conforme a las normas generales, junto con la Decisión Andina 351 de 1993 (Régimen de Derechos de Autor que rige en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) ya existen instrumentos legales en Colombia que pueden conducir a establecer responsabilidad solidaria del prestador de servicios de Internet (ISP) por las infracciones cometidas por sus usuarios-contratistas.

Con este mismo escenario, muy similar al que hoy existe en Argentina y con el que contaba Chile en 1999 (casi 10 años antes de expedir su ley de regulación de responsabilidad de ISP) se han expedido fallos judiciales en los que tal responsabilidad ha sido reconocida (casos Taringa! y Entel).

Situación parecida acontecía en otras legislaciones, lo que condujo a la adopción de mecanismos y procedimientos mediante los cuales se definen condiciones en las que el ISP, colaborando en un procedimiento privado tanto con el titular de derechos de autor como con el usuario, bloquea el acceso al contenido (descuelga el contenido) y eventualmente lo vuelve a subir a la Red, atendiendo en el primer caso la solicitud escrita del titular de derechos de autor y en el segundo, la del usuario.

El titular de derechos de autor está ya definido en la normatividad de derechos de autor como la persona natural o jurídica que es propietaria de los derechos de autor sobre una obra –canción, película, video, fotografía, libro, artículo de opinión, etc.–.

Entonces, el sujeto que se beneficia con el contenido del proyecto de Ley 241 es tanto la empresa nacional o extranjera editora, productora de discos, de cine, de software o videojuegos, como el autor creador independiente, que con el uso de los recursos tecnológicos a su alcance crea sus obras y las pone a disposición del público en la Red sin la intermediación de un agente editor o productor.

El propósito es lograr seguridad jurídica para quien arriesga en el emprendimiento de comunicar obras en la Red y, por tanto, estimular tal actividad. Claro está, el titular de derechos de autor es libre de decidir cómo quiere aprovechar sus obras y producciones, puede legítimamente decidir no remunerarse con ellas o autorizar a cualquiera su libre reproduccióny transformación. Ese es su legítimo derecho como dueño, pero no es ese un privilegio que le corresponda al usuario frente a esa obra, pues él no es dueño. Así, el uso del mecanismo del proyecto de Ley 241 es opcional para los autores.

El derecho moral de los autores, es decir, su legítimo derecho exclusivo al reconocimiento de la paternidad de su obra (su nombre como autor) y a la defensa de la integridad de la misma, para ser él quien decida y controle cómo o hasta donde la obra se puede transformar, está integrado al bloque de constitucionalidad en Colombia y ha sido reconocido en las declaraciones de derechos humanos del siglo XX.

Es un derecho humano que coexiste pacíficamente con la libertad de expresión, y que además es garantía de dicha libertad en la medida en que provee instrumentos jurídicos para la defensa del producto en el que se concreta la expresión humana: la obra protegida por el Derecho de Autor.

Argumentar entonces que el proyecto de Ley 241 viola la libertad de expresión por establecer un mecanismo privado mediante el cual el ISP bloquee el acceso a un contenido protegido por el derecho de autor (una obra) no resulta correcto.

El proyecto de Ley 241 es difícil de leer: los términos técnicos que contiene no son del manejo de todos, pero eso sucede también con otras normas, y eso no les quita legitimidad. Este podría mejorarse incluyendo definiciones técnicas, y aclarando la redacción del procedimiento para que quede completamente claro que puede acudir a él tanto el titular de derecho de autor como el usuario que había subido el contenido y que, de haber disputa, resolverla corresponderá a un juez.

Lo que se debe hacer, entonces, en lugar de rechazarlo o hacer que fracase su paso por el Congreso, es mejorarlo, darle trámite y convertirlo en Ley de la República en bien de los autores y las industrias culturales que proveen el 3,3% al PIB en Colombia, y en bien de toda la nación.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• ¿Para quién legislamos? (segundo debate inspirado por #LeyLleras).
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.

La pregunta que inspira este segundo debate alternativo motivado por la #LeyLleras (el primero, sobra la transformación de la industria cultural, se encuentra aquí) ha surgido en las mentes y discursos de un gran número de compatriotas, tras la discusión alrededor de este proyecto de Ley y el creciente influjo de la tecnología moderna.

¿Para quién (o quiénes) legisla el Congreso de la República de Colombia? Estamos hablando del órgano elegido por los colombianos como máximo representante del poder legislativo, y que en una lógica democrática, debe ser una expresión de la voluntad de nuestro pueblo. En el caso particular del proyecto de ley que genera el debate, la respuesta es sumamente clara, y conviene en este artículo desmitificar algunos de los argumentos que se han presentado en favor del proyecto, y que con un análisis básico  y cierto conocimiento de los contextos, es sencillo debatir.

La #LeyLleras: una obra derivada.

El proyecto de Ley “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” es una obra derivada de la Digital Millenium Copyright Act (en adelante DMCA). Esta afirmación, realizada casi instantáneamente por parte de los principales actores en el debate defensores del ala ‘copyleft‘, es también una afirmación directa de los promotores del proyecto en su exposición de motivos (o ala copyright).  Textualmente, en esta disertación se expresa: “(…) La mayoría de estas disposiciones están basadas (sic) en la ley Digital Millenium Copyright Act de los Estados Unidos, adoptada en 1998“.

Originalmente, dicha exposición de motivos fue compartida por los promotores de la ley en la publicación del blog que se destinó para su debate. Curiosamente, dicha exposición fue retirada del blog oficial poco tiempo después, pero por efecto de la velocidad y facilidad que tienen los internautas para realizar copias (y aclaro, copiar textos de proyectos de Ley es totalmente legal en Colombia: Ley 23 de 1982, Artículo 41) podemos contar con dicho texto como sustento de nuestras afirmaciones.

Los promotores de la DMCA y su poder exportador.

Tampoco es para nada difícil encontrar cientos (o quizás miles) de referencias en Internet que permiten establecer quiénes fueron los verdaderos promotores de la Digital Millenium Copyright Act en el Congreso de los Estados Unidos:  “Los defensores radicales del modelo ‘copyright’ (lease: grandes disqueras, grandes editoriales, grandes estudios de Hollywood, grandes casas de software, etc.)”, quienes a través de mecanismos de cabildeo, lograron sacar adelante esta legislación.

Dichas disposiciones legales se han exportado a otros países –o adaptado por ellos–, con nombres que por estos días ya son bastante comunes (Hadopi, Sinde, Tres Strikes…) mediante los mecanismos que proporcionan los tratados de libre comercio.

De aprobarse sin ningún miramiento el tan sonado proyecto de #LeyLleras, la asociación será muy simple y directa: en Colombia se legisla para proteger los intereses de grandes multinacionales de la industria ‘copyright’. Esperamos que nuestros padres de la patria dejen sin piso esta afirmación con su importante trabajo.

La #LeyLleras, inspirada en legislación antiquísima.

Otra parte del contexto de la ley inspiradora por el proyecto presentado por el Ministro del Interior es la que se refiere al momento histórico en el cual se aprobó  la DMCA en Estados Unidos: 1998. Para muchas personas, puede sonar que es una ley reciente y hasta moderna, pero este tipo de apreciaciones, dado precisamente el campo de lo que se pretende ‘reglar’ (Internet), es sumamente distante de la realidad.

Para Internet, 1998 puede entenderse como una era remota. Solo basta decir que para la época Google era una empresa de garaje, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) era un colegial, AOL era el sitio web más popular, los únicos que trinaban eran los pájaros, y el video y el audio en Internet eran aún una utopía.

Legislar con base en una ley de 1998 los destinos de la Internet actual sería como intentar legislar en materia penal siguiendo estrictamente el Código de Hamuurabi.

Desmitificando argumentos en pro de la #LeyLleras.

Vale la pena confrontar de manera directa algunos de los argumentos que ciertos defensores del articulado del proyecto en cuestión tienden a enarbolar.  En un mundo hiperconectado, hiperinformado e hiperveloz, algunas de las afirmaciones que en adelante se controvierten resultan muy endebles y faltas de sustento.  Nos vamos a dar licencia de hablar muy claro.

La #LeyLleras NO legisla para los artistas.

Nos podríamos explayar casi indefinidamente para sustentar esta afirmación, pero en este caso aplicaré la la vieja y útil técnica de que una imagen vale más que mil palabras. Extracto esta contundente imagen de El manual de uso para la creatividad sostenible en la era digital, en la que se muestra claramente cómo se reparte la torta de los ingresos, por concepto de regalías, de la industria ‘copyright’.  Los artistas (en este caso musicales) están muy lejos, con contadas pero muy sonadas excepciones, de beneficiarse realmente en medio de esta realidad.

Como conviene contrastar fuentes, para evitar sesgos, presento también la siguiente tabla, extractada de un muy detallado estudio sobre la industria musical realizado en Argentina y contratado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires.

Conviene preguntarse entonces si no es mucho más benéfico para los artistas colombianos promover una legislación que modere ciertos ingresos de algunos participantes en su cadena de valor. ¿No será más beneficioso para el artista construir leyes que promuevan el uso de la tecnología para abaratar, por ejemplo, los costos de distribución de sus obras?

La #LeyLleras NO legisla para combatir la piratería.

La lucha contra la piratería es otro de los argumentos que más se esgrimen para defender el proyecto de Ley.  En este punto simplemente haré dos afirmaciones: las cifras que se han utilizado durante años para caracterizar este flagelo resultan sumamente imprecisas, razón por la cual es perfectamente posible afirmar que el impacto de una norma como la #LeyLleras será virtualmente imposible de cuantificar en relación directa con el combate a esta práctica ilegal y, por lo tanto, cualquier afirmación al respecto será una muy vaga especulación.

Por otro lado, leyes que en otras latitudes han sido proferidas con el argumento de la lucha contra los filibusteros han demostrado no ser para nada efectivas (un ejemplo: el caso español).  No hay nada que nos lleve a pensar que este no será el caso colombiano, de pasar el tan sonado proyecto sin ajustes técnicos y consideraciones modernas.

La #LeyLleras NO legisla para promover la cultura.

Quienes afirman que esta colección de 19 artículos que nos propone el ministro Vargas Lleras será un arma efectiva para promover las expresiones culturales, desconocen de manera profunda las transformaciones que la industria cultural experimenta en nuestra era. Tuve la oportunidad de organizar y participar en un corto debate con el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy (uno de los promotores de la Ley) y una serie de gestores de empresas e instituciones culturales (bibliotecas, museos, centros de acceso a Internet, agencias de promoción digital, etc.).

La sensación que quedó en el ambiente es que definiciones como las establecidas en el proyecto de Ley ocasionarán muchos más tropiezos y confusiones que beneficios a un gran número de esfuerzos que contribuyen a la promoción de la cultura.

¿Y todo esto qué tiene que ver con la tecnología?

Por escribir en ENTER.CO, cuya temática principal es la tecnología, es una pregunta que no puedo dejar de plantearme para concluir el presente artículo.  Es necesario establecer que estamos en la era de la ‘tecnología en pro de la transparencia’. Los ciudadanos de la actualidad, por el solo hecho de contar con una conexión a Internet, tenemos una gran ventana a los debates que tienen injerencia directa en el contexto social de nuestro interés y que antaño eran verdaderas ‘cajas negras’ accesibles a los argumentos e ideas de unos cuantos individuos (poderosos por demás).

La tecnología actual nos permite analizar a profundidad argumentos y contraargumentos, decantar las verdades que son el fundamento de lo que pasa en nuestra sociedad, colaborar, proponer, alertar y socializar los contenidos que alimentan una democracia y que deberían propender por el bien común. Estamos ante una verdadera era de transformación de la democracia, temática que trataremos en el tercer y último artículo de esta serie.

Señores promotores de la #LeyLleras: por favor, hablen con claridad al pueblo que les dio las dignidades que actualmente ostentan. De no hacerlo con prontitud, los costos para nuestra sociedad pueden ser inmensos y muy seguramente la historia terminará dando veredictos categóricos sobre su gestión.

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