El debate de la Ley Lleras puso sobre la mesa el debate sobre si compartir o incluso piratear contenidos en la Red es un derecho. Foto: .GUACHE. (vía Flickr).

Hay que recordar que la pasada ley planteaba que los dueños de los derechos se comunicaran directamente con los ISP para que bloquearan el acceso a los contenidos supuestamente ilegales. Una de las objeciones planteadas a este proceso era que esa solicitud de bloqueo no requería la intervención de un juez para hacerse efectiva. Según los críticos, señalar que un usuario de Internet supuestamente cometió un delito, sin que medie una orden judicial, podría abrir la puerta a que se vulneren sus derechos.

En este sentido, RedPaTodos expresó en un ‘post’ su preocupación porque la ley del TLC delega “funciones judiciales, como lo es la entrega de información personal, a una autoridad administrativa”. Según este colectivo, “en el Estado Social de Derecho son los jueces los únicos que tienen potestades de restringir derechos y libertades fundamentales y por tanto los únicos que pueden entregar información personal”.

El grupo ahondó en esta preocupación en un mensaje enviado a ENTER.CO. El hecho de que las autoridades administrativas (alcaldes, gobernadores, etc.) puedan obtener información de supuestos infractores es, dicen, “el equivalente a permitir la existencia de un poderoso –y a la vez nocivo– instrumento que puede llegar a ser utilizado en perjuicio de la sociedad”.

Para la industria, tener que pasar por los jueces para bloquear contenidos no es efectivo para luchar contra la piratería en Internet. Foto: Will Lion (vía Flickr).

Hay quien defiende la ley.

Algunos representantes de la industria piensan distinto. Para ellos, si solo los jueces tuvieran las potestades de solucionar las infracciones, el proceso sería muy ineficiente. Andrés Williamson, director legal de Microsoft, le dijo a ENTER.CO que ”si todas las solicitudes de bajar contenidos se tuvieran que tramitar a través de unas autoridades judiciales en cualquier país, colapsaría cualquier tipo de sistema judicial“.

A juicio de esta empresa, exigir un proceso legal para dar de baja un contenido no es útil para luchar contra la piratería en Internet, pues esta “es tan fácil de cometer, que tan pronto cae una página se suben diez más con el mismo contenido”.

Williamson asegura que no es cierto que esta clase de procedimientos amenacenlos derechos de los ciudadanos. Según nos dijo, al notificar a un internauta sobre si su contenido es o no ilegal no se le está culpando de “incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, simplemente se le da una oportunidad en un marco privado para saber si había tenido o no derecho para publicarlo”.

Además, según el vocero de Microsoft, esta clase de procedimientos ya funcionan en el país para dar de baja fotos o videos de pornografía infantil. En esos casos, dice Williamson, “no se requiere que yo vaya a un juez para que ordene bajar un contenido (…) Inmediatamente yo se lo comunique al ISP, ese proveedor lo va a bajar”, dice.

El intento de aprobar la ‘Ley Lleras’ fracasó porque el Congreso fue sensible a la presión ciudadana contra la iniciativa. El senador ponente del proyecto, Roy Barreras, pidió que el proyecto se archivara porque –según dijo– ponía en riesgo la libertad de expresión de los ciudadanos. Con el afán del Gobierno por aprobar esta nueva iniciativa, ¿tendrá tiempo el Congreso para evaluar si tiene o no los mismos problemas de su antecesora?