Entre las principales infracciones identificadas por la SIC, se destacan la vulneración del derecho de información, el incumplimiento de promociones ofrecidas, cobros por servicios no autorizados, la falta de continuidad y calidad en los servicios, así como la facturación de más de un período en una sola factura. Además, se detectaron problemas con el servicio pospago de Netflix, como la falta de información clara sobre sus características y condiciones, la activación del servicio sin la autorización del titular y la facturación por valores superiores a los pactados durante el proceso de fidelización.

La investigación evidenció que Claro no cumplió con diversas normativas legales y regulatorias, afectando a usuarios que confiaron en sus servicios. La empresa justificó algunas de sus acciones, como la desactivación de líneas móviles, argumentando que se trataba de medidas para prevenir fraudes, aunque la SIC consideró que tales prácticas violaban los derechos de los consumidores.

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Esta multa refuerza el compromiso de la SIC por proteger los derechos de los usuarios y garantizar que los servicios de telecomunicaciones se brinden con transparencia y calidad. Claro tiene la opción de interponer un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y otro de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.

Este no es el primer problema que enfrenta Claro con la SIC. En 2023, la empresa fue sancionada con una multa de $730.800.000 por publicidad engañosa relacionada con una promoción de tarjeta SIM prepago. Claro defendió su actuación, asegurando que toda la información estaba claramente disponible en los términos y condiciones de los servicios ofrecidos.

Además, la SIC ha abierto investigaciones similares contra Claro y otras operadoras, como Movistar, por presuntas prácticas irregulares en el proceso de portabilidad numérica, como el uso de productos como el “Bono de fidelización” y “Datos plus”, que habrían dificultado a los usuarios el cambio de proveedor. Estas acciones subrayan el compromiso de las autoridades por asegurar que las empresas de telecomunicaciones cumplan con la normativa vigente y garanticen un mercado competitivo y justo.

Imagen: archivo ENTER

Según el ente regulador, Claro ha sido multada con más de mil millones de pesos colombianos (1.003.549.640 pesos), mientras que Tigo enfrenta una sanción de aproximadamente trescientos millones de pesos (304.875.840 pesos). Estas multas se derivan de acciones que comprometen la privacidad y el manejo adecuado de la información personal de los consumidores.

La investigación contra Claro se originó a partir de la denuncia de un ciudadano, quien acusó a la empresa de acceder a su historial crediticio sin autorización previa ni necesidad de servicio por parte del usuario. La SIC descubrió que la empresa no respetaba el deber de utilizar la información personal solo para los fines autorizados por los titulares. 

Por otro lado, Tigo fue sancionada tras la queja de otro usuario, quien solicitó reiteradamente la eliminación de sus datos personales de las bases de la empresa entre mayo de 2019 y diciembre de 2020. Además de esto, solicitó el cese de los mensajes de texto con multas comerciales y peticiones. 

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Ambas empresas tienen la opción de presentar un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales o un recurso de apelación ante el Superintendente delegado para la Protección de Datos Personales. 

De hecho, desde Claro Colombia emitieron un comunicado donde aseguran que procederán legalmente. “Claro Colombia informa que, con respecto al acto administrativo emitido por la SIC, presentará los recursos procedentes frente a la decisión”, se lee en el comunicado. 

“Asimismo, resalta que es una compañía que siempre ha trabajado por el cumplimiento y respeto de la regulación existente en materia de Habeas Data y Protección de Datos Personales en pro de los derechos de los usuarios. Para eso, ha implementado políticas de tratamiento de datos personales que aseguran el correcto tratamiento de los datos de sus clientes.”, concluye Claro en su documento.  

Lo cierto es que estas sanciones se suman a otras acciones recientes de la SIC contra Claro, que también fue multada por irregularidades en la atención al cliente en uno de sus centros de servicio.

Imagen: montaje ENTER

El lunes 14 de agosto el Tribunal Federal de Australia firmó el documento que obliga a la unidad local, Dell Tecnologies Inc a pagar 10 millones de dólares australianos (6,46 millones de dólares [USD]). Las multas se realizaron luego de determinar que la compañía había publicado monitores de computadora con descuentos falsos.

En concreto, la compañía infló los precios de sus monitores y ordenadores, haciéndole creer a los usuarios que estaban comprando esos productos con descuentos de hasta un 60 %. Y es que la compañía de tecnología vendió más de 5300 monitores entre agosto del 2019 y el 16 de diciembre del 2021, tiempo en el que realizaron los engaños mediante los descuentos.

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Un portavoz de la compañía dio sus declaraciones a Reuters, explicó que Dell empezará a trabajar “con los clientes afectados para proporcionar reembolsos apropiados más interesas. Estamos tomando medidas para mejorar nuestros procesos de fijación de precios para garantizar que este tipo de errores no vuelvan a ocurrir”.

“Este resultado envía a las empresas el firme mensaje de que hacer declaraciones falsas sobre los precios o inflar los descuentos constituye una grave infracción de la legislación sobre consumidores y dará lugar a importantes sanciones”, declaró Liza Carver, comisaria de la Comisión Australiana de la Competencia y los Consumidores.

La inflación de precios se presentan principalmente en temporadas de descuentos como Black Friday, Prime Day o Cyberlunes en Colombia. Las compañías exageran el precio de los productos y luego lo dejan en el precio inicial para hacerle creer al consumidor que tiene un gran descuento. Al menos, Dell tendrá que pagar por estafar a sus clientes, aunque no indicaron el monto exacto que se le devolverá a cada comprador afectado.

Imagen: Its me Pravin 

La multa a la que se enfrenta Twitter alcanza los 250 millones de dólares por la infracción de derechos de autor. Aunque los usuarios consideran que publicar contenido musical en la red social del pajarito azul es legal y está bien, no lo es, pues el contenido cuenta con sus respectivos derechos de autor. Según la denuncia por parte de las disqueras, más de 1.700 canciones se han visto afectadas por esta práctica.

Por supuesto que esto no es culpa de los usuarios, esto hace parte de la negligencia por parte de Twitter para frenar esta práctica. “Twitter es la única red social que se ha negado a licenciar los millones de canciones disponibles en su servicio”, dijo David Israelite, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Música. Con esta declaración hace referencia a TikTok e Instagram, las cuales permiten el uso gratuito de extractos musicales en sus publicaciones.

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La denuncia interpuesta por las discográficas reclama 150.000 dólares por canción publicada sin autorización, lo que da un total de 250 millones de dólares. Dentro de la denuncia pusieron el ejemplo e ‘Umbrella’ de Rihanna, la cual fue publicada en un tweet que acumuló 221.000 visualizaciones y más de 15.000 me gusta.

Según la demanda, desde diciembre del 2021 se han publicado al menos 300.000 trinos que infringen los derechos de autor y Twitter no ha hecho nada para evitarlo. La fecha establecida en la demanda (diciembre del 2021) corresponde al final de las negociaciones entre Twitter y los titulares de los derechos del acuerdo de licencia para el uso de extractos musicales. Dicha licencia le costaría 100 millones de dólares anuales a Twitter. Sin embargo, desde que Musk llegó al poder solo ha pensado en ahorrar dinero.

Imagen: montaje ENTER.CO con imagen de Pixabay

El hecho ocurrió en Villagómez, Cundinamarca donde Lidia Eulalia Prieto fue multada por compartir un meme donde aparece el alcalde Misael Duarte. Lidia Prieto se desempeña como veedora ciudadana en el municipio de Villagómez. Ahora tendrá que presentarse ante la Secretaría de Hacienda municipal para pagar su multa.

La imagen fue compartida por Prieto a través de un grupo de comerciantes del municipio vía WhatsApp. En el meme por el que fue multada la veedora ciudadana se ven varios funcionarios públicos, entre ellos el alcalde Duarte. Encima de la cara de cada funcionario ‘pegaron’ la cara de otras personas, entre esas Shakira.

En total, la veedora ciudadana deberá cancelar el valor de $154.667 pesos colombianos por el comparendo que le impuso William Augusto Rincón, intendente de Policía del municipio. Si no paga la multa no podrá ser nombrada nuevamente en cargos públicos, ni firmar contratos con el Estado. Ni siquiera podrá inscribirse en los concursos de empleo convocados por el Servicio Civil.

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La veedora explicó tal y como explican en la revista Cambio que ni siquiera ella había entendido el meme del alcalde y demás entes públicos. Según Prieto, compartió el meme por accidente en el grupo de comerciantes municipales. La imagen le habría llegado a ella por medio de otro grupo y el autor es desconocido.

La funcionaria no estuvo de acuerdo con la amonestación económica, por lo que apeló a la decisión. Se le concedió una audiencia ante María Elisa Alvarado, la inspectora de Policía del municipio. Alvarado encontró culpable a Prieto y ratificó el comparendo económico que deberá pagar en los próximos días.

Desde el medio mencionado, intentaron contactar a las autoridades competentes para que dieran su declaración, sin embargo no obtuvieron respuesta.

Imagen: meme

En concreto, la Superintendencia sostiene que Movistar emitió promoción de planes de internet, telefonía fija y televisión que incluían Netflix y Amazon Prime. El servicio que contaba con una cuenta para acceder a los servicios de la plataforma de Netflix tenía un costo de $75.990. Por otro lado, el paquete que incluía el servicio de Amazon Prime, tenía un costo de $99.990 pesos colombianos.

Sin embargo, la entidad sostuvo que Movistar desconoció el derecho de los usuarios a acceder, de manera oportuna, clara y precisa a la información de los servicios que estaban adquiriendo. Cabe aclarar que, además de ser un derecho de los usuarios, es un deber de las empresas informar los servicios que ofrecen.

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Dentro de la información que Movistar no aclaró a sus usuarios algunas exigencias adicionales para activar los servicios. Dentro de la publicidad que presentó la compañía, solo se veía el precio del plan y los servicios a los que podían acceder. Por ejemplo, los usuarios debían tener una cuenta de correo electrónico para poder ingresar a las plataformas. Así mismo, los paquetes ofertados incluían tres meses gratis de acceso a las plataformas, pero la compañía no cumplió con el no cobro de dichos meses a cientos de clientes.

Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que Movistar, en algunos casos específicos, cobró las plataformas de streaming sin una aceptación previa por parte de los usuarios. Esto, por supuesto, supuso un incremento en los planes ya contratados por los clientes. Ahora, la entidad sostiene que, además de pagar la multa, Movistar deberá reponer el dinero a los usuarios que no habían aceptado los servicios de plataformas, y a los que se les cobró los meses que no debieron ser cobrados.

Por su parte, Movistar no se ha pronunciado al respecto, pero cabe aclarar que en el proceso legal no cabe una apelación a la decisión de la Superintendencia.

Imagen: Wiki Commons

Coljuegos confirmó esta semana que Rappi ha sido multado por operaciones ilegales de juegos de suerte y azar que se ofrecían como artículos promocionales. La ley de la industria en Colombia estipula que la categoría promocional solo se puede utilizar para promocionar o plublicitar bienes y servicios. En dichos casos, si bien se incluyen premios, los participantes no requieren realizar ningún pago previo.

La entidad aprovechó para recordar a todas las empresas que para poder ofrecer este tipo de promociones deben solicitar autorización. Adicionalmente aclaró que “los ingresos recaudados por estos juegos se redireccionan a los más vulnerables de Colombia”. Y que por lo tanto, “las instituciones, entidades y particulares que realizan este tipo de actividades promocionales deben obtener los respectivos permisos”.

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Al respecto Rappi aceptó haber sido notificado de la multa y la sanción, por la acción administrativa que entró en vigencia en 2018, y confirmaron haber realizado el pago de la respectiva multa. “En Rappi respetamos las regulaciones nacionales, asumimos nuestra responsabilidad y tomamos las medidas internas necesarias para evitar que se repita un error como este”, agregó Rappi.

Para concluir, Coljuegos manifestó también que está realizando siete investigaciones similares, en donde empresas y particulares han realizado operaciones promocionales sin autorización. Y resaltó que entre 2020 y 2021, Coljuegos ha autorizado cerca de 300 juegos promocionales que se pueden identificar en el sitio web del regulador.

Imagen: Alexandre C. Fukugava en Pixabay.

Este lunes, en un comunicado publicado en su página web, la Superindustria notificó que Uber Colombia S.A.S. había sido sancionado con una multa de 2.128 millones y medio de pesos, luego de comprobar que su conducta incumplió las órdenes e instrucciones que le habían sido dadas por esa Superintendencia.

Además, el texto señala que la sanción se debe a que Uber también obstruyó una visita administrativa que adelantaba Superindustria el 13 de octubre de 2017, cuatro años después de su llegada al país, en la sede administrativa de la empresa a cargo de la plataforma de servicio de transporte, ubicada en Bogotá.

Les aplicaron la tarifa dinámica

El texto señala que, luego de realizar un proceso administrativo en contra de Uber Colombia, descubrieron que la empresa instruye a sus funcionarios para que no den información sobre el negocio y la empresa ni otorguen acceso a computadores o equipos de la compañía cuando una autoridad administrativa, como la Superindustria, realice una visita.

El informe agrega que “la empresa presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios de la Delegatura de Protección de la Competencia” e “hizo caso omiso a múltiples requerimientos para poner en marcha los procedimientos internos de inspección de documentos y archivos electrónicos sobre los cuales se presentaron bloqueos”.

Luego, el texto agrega que Uber Colombia “obstruyó la entrega de diferentes documentos corporativos (estatutos, actas de asambleas, balances, etc) requeridos por los funcionarios de la Delegatura por tener relación directa con el objeto de la visita”.

Lee más sobre Uber en este enlace.

Por otro lado, el boletín indica que también hay una sanción en contra de tres personas naturales, quienes colaboraron y llevaron a cabo la obstrucción a la visita administrativa y el incumplimiento de las órdenes e instrucciones sobre las que se hizo mención anteriormente. Adicionalmente, comprobaron que esas personas presentaron declaraciones evasivas e incompletas sobre sus cargos, funciones y conocimientos sobre la estructura corporativa en Uber.

Las personas naturales multadas, según el comunicado, son: Natalia Patricia Caroprese Castro y Felipe Alberto Sandoval Villamil, quienes eran asesores legales de Uber Colombia al momento de los hechos, que deberán pagar 14.906.000 de pesos y 24.483.000 de pesos, respectivamente. Además, también fue multado Andrés Felipe Bedoya Sánchez, gerente de las oficinas de Uber Colombia en aquel momento, que deberá pagar 4.968.000 de pesos.

Imágenes: Muhamad Kaddoura y Bulat Silvia (vía: iStock).

Ahora hay un nuevo capítulo al respecto: la autoridad de protección al consumidor en Italia inició en enero una investigación sobre la reducción de la velocidad de los celulares y encontró que algunas actualizaciones en los smartphones de Apple y Samsung redujeron significativamente el rendimiento de los teléfonos, lo que fomentó la compra de nuevos y costosos celulares, explica el medio italiano La Reppublica.

Ese mismo medio afirma que los consumidores fueron “bombardeados” con anuncios insistentes para descargar las actualizaciones, sin recibir información adecuada sobre el daño que podrían causar en sus dispositivos, que no estaban preparados para administrar el nuevo software. Además, no existía una manera para que los usuarios regresaran al sistema operativo anterior.

No es divina ni es comedia, pero sí es un Infierno

Samsung viene realizando esta práctica desde mayo de 2016, de acuerdo con el diario británico The Guardian. Ellos, por ejemplo, incitaron  a los usuarios a descargar para su Galaxy Note 4, que salió al mercado en septiembre de 2014, el Android Marshmallow, que estaba ajustado para el Note 7. Esto causó que el viejo dispositivo se ralentizara y no se informó nada al respecto.

Apple lo hace desde septiembre de 2016, afirma La Reppublica. En ese entonces, la empresa de la manzana les dijo a los usuarios de sus iPhones 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus (presentes en el mercado desde 2014 y 2015) que descargaran el iOS 10; este estaba desarrollado para el iPhone 7.

Esa actualización causaba mayor demanda de energía, menor velocidad de rendimiento y cierres repentinos de aplicaciones. Para solucionarlo, Apple lanzó en febrero de 2017 la actualización 10.2.1, que igual causaba mal funcionamiento en los dispositivos.

Apple se defendió diciendo que el objetivo de reducir la velocidad de funcionamiento en los equipos más viejos era mejorar la vida útil de las baterías y aumentar el tiempo de uso de los dispositivos. Sin embargo, el ente antimonopolio italiano asegura que el hecho de no informar a los usuarios ni de darles opción para volver a versiones anteriores del sistema operativo son claramente un problema y apuntan a que solo buscaban que los consumidores compraran un nuevo teléfono, según Engadget. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de Samsung.

Para más noticias sobre Samsung, ingresa a este enlace.

Así que las dos compañías fueron multadas con 5 millones de euros. Aunque en el caso de Apple la suma aumentó otros 5 millones de euros porque no proporcionaron información clara sobre las baterías de litio, como su tiempo de vida útil, la manera de hacerles mantenimiento o reemplazarlas. Además, ambas compañías deben hacer una publicación en sus sitios web en Italia informando de la multa y las otras disposiciones de las autoridades de ese país.

Imágenes: Krapalm y Kropekk_pl (vía: Pixabay)

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló este miércoles que impuso una multa de 9.221 millones de pesos a las empresas de telecomunicaciones Claro, Movistar y Tigo, por “amarrar beneficios en la venta de celulares al plan de telefonía móvil de sus usuarios”.

De acuerdo con un comunicado de la SIC, las tres empresas ofrecían un número de cuotas gratis al adquirir teléfonos inteligentes, sin embargo, estas cuotas estaban atadas a un plan de comunicaciones con un valor mínimo y otras condiciones.

La decisión se dio después de que la SIC analizó diversas piezas publicitarias de las empresas. Posterior a esto fue que se estableció que Claro, Tigo y Movistar estaban ofreciendo a muchos de los usuarios cuotas gratis en los equipos celulares que adquirieran pero siempre y cuando estos aceptaran suscribirse a un plan de comunicaciones por un valor mínimo. Planes que además, tenían ciertas condiciones que de no cumplirse, generarían la pérdida de las cuotas gratis ofrecidas.

“La Superindustria concluyó que impedirle al usuario terminar el contrato de prestación de servicios de comunicaciones, modificarlo para consumir un plan de menor valor o cambiarse de pospago a prepago, so pena de perder unas cuotas gratis en la compra del teléfono celular, constituye una violación a las normas vigentes”, aseguró la Superintendencia, haciendo referencia a la normatividad emitida en 2014 por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la cual eliminó las cláusulas de permanencia y los subsidios en la compra de celulares.

Además de la multa impuesta a las tres empresas, la SIC ordenó a las a las tres firmas de telefonía a no aplicar los términos y condiciones a los usuarios que adquirieron celulares bajo los incentivos ofrecidos inicialmente. Además, las empresas deberán dejar de emitir ofertas o promociones que incluyan condicionamientos, remisiones o dependencias entre un contrato de compraventa de un equipo con un contrato de prestación de servicios de comunicaciones.

Imagen: Pixabay.

Apple se está acostumbrando a enfrentar batallas legales. Solo dos meses después de que la manzana fuera multada por utilizar patentes de procesadores sin permiso, la justicia italiana habría llegado a un acuerdo con dicha compañía para resolver el caso de impuestos que lleva varios meses en marcha.

El periódico italiano La Repubblica fue el primero en reportar que Apple ya habría arreglado con la oficina de ingresos del mencionado país, luego de una férrea investigación. Los fiscales milaneses a cargo, recibieron acusaciones de que la empresa de Cupertino habría evadido más de € 880 millones (o 962 millones de dólares) en impuestos entre 2008 y 2013.

Como recoge la BBC, se cree que Apple transfirió tales activos a Irlanda, donde se cobra una una tasa de impuestos del 12,5 %  –mientras que en Italia se exige el 27,5 %–. En este sentido, la organización comandada por Tim Cook se vería obligada a pagar, a modo de compensación, unos 318 millones de euros (o USD 348 millones).

Sin embargo, aún no hay confirmación oficial de estas cifras. Un vocero de la agencia italiana comunicó únicamente que se llegó a un acuerdo, pero ninguna contraparte de Apple ha salido a expresar sus posiciones. Esta disputa habría llegado a su fin, mientras sigue la controversia por la cantidad de multinacionales que traspasan fronteras para reducir sus impuestos.

Imagen: Don DeBold (vía Flickr).