El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) abrió una investigación contra Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. por presuntas deficiencias en la gestión de su red de fibra óptica en el departamento del Chocó. El caso se origina tras reportes de fallas masivas y prolongadas en los servicios de voz y datos durante abril y mayo de 2025.
Los municipios afectados incluyen a Quibdó, Istmina, Río Sucio y Tadó, entre otros, sumando un total de 13 localidades impactadas. La interrupción del servicio no solo afectó a los usuarios directos de Azteca, sino también a otros operadores que dependen de su infraestructura para prestar servicios de telecomunicaciones.
La Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio formuló un pliego de cargos a la empresa por, presuntamente, no cumplir con los parámetros mínimos de calidad exigidos a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST). También se investiga la posible omisión en la atención oportuna de los incidentes.
Este proceso administrativo se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley 1341 de 2009, que regula el marco de vigilancia del sector TIC en Colombia. Aunque la decisión de formular cargos no admite recursos, Azteca dispone de un plazo de 15 días para presentar pruebas, responder a las acusaciones o ejercer su derecho a la defensa.
Lo sucedido en Chocó pone en evidencia una problemática estructural; la fragilidad de la conectividad en las regiones más apartadas del país. Mientras el discurso oficial resalta la expansión de la cobertura digital, en la práctica, muchas comunidades siguen enfrentando desconexiones prolongadas sin una respuesta efectiva.
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Azteca Comunicaciones, responsable de un ambicioso contrato estatal para llevar fibra óptica a zonas rurales, ha estado en el centro de críticas desde hace varios años. En repetidas ocasiones, líderes locales han denunciado caídas del servicio, demoras en el mantenimiento y falta de comunicación con las comunidades afectadas.
El caso también resalta una tensión entre la inversión privada y la responsabilidad pública en los servicios esenciales. En territorios como Chocó, donde las brechas digitales se traducen en exclusión social y educativa, los cortes en el servicio de internet no son simples fallas técnicas: son interrupciones que afectan derechos fundamentales.
En este contexto, la actuación del Ministerio TIC adquiere una relevancia crítica. Más allá de la investigación puntual, se requiere una evaluación de fondo sobre los criterios con los que se adjudican y supervisan los contratos de conectividad, especialmente en regiones históricamente marginadas.
La respuesta de Azteca será clave para esclarecer si se trató de un hecho fortuito o de una falla sistemática en la operación. Pero también abre un debate urgente sobre la necesidad de garantizar redes robustas, sostenibles y verdaderamente incluyentes para todos los colombianos.
En un país que aspira a cerrar brechas digitales, no basta con instalar cables: se necesita vigilancia, compromiso y una visión equitativa de la tecnología como derecho, no como privilegio.
Imagen: Mintic
