La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó un concepto técnico extenso, de más de 200 páginas, sobre la posible integración empresarial entre Tigo y Movistar. Aunque el documento concluye que la operación no genera afectaciones significativas en todos los mercados, el análisis detalla varios riesgos en el segmento móvil que podrían impactar de forma negativa a los usuarios, los precios y la competencia. El concepto, aunque no es vinculante, tiene un peso considerable en el proceso de autorización que lidera la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que deberá dar el veredicto final.
El pronunciamiento de la CRC se centra en aportar insumos técnicos y económicos que ayuden a dimensionar los efectos reales de esta concentración, particularmente en los mercados mayoristas y minoristas de telecomunicaciones. Se trata de una evaluación compleja en la que el regulador reconoce tanto oportunidades de eficiencia como riesgos estructurales, según el tipo de mercado y el comportamiento de los actores involucrados.
En los servicios fijos, como internet y televisión, la CRC no identificó impactos significativos para la competencia en la mayoría de los mercados municipales. De hecho, se señala que mejoras tecnológicas podrían favorecer al consumidor, siempre y cuando se mantenga la diversidad de actores y modelos como las redes de fibra neutra. No obstante, la situación es diferente en el caso de los servicios móviles, donde la integración de estos dos operadores sí genera alertas importantes.
¿Dominancia colectiva y aumento de tarifas?
Uno de los puntos más delicados está en el mercado mayorista de acceso y originación móvil, donde actualmente solo Tigo y Movistar prestan servicios efectivos bajo esquemas como Operador Móvil Virtual (OMV) y Roaming Automático Nacional (RAN). La integración, según advierte la CRC, reduciría drásticamente las opciones para terceros actores, lo cual podría afectar el equilibrio competitivo y desincentivar la entrada de nuevos operadores.
En el documento, la Comisión expone que esta unión podría aumentar el riesgo de dominancia colectiva y profundizar la asimetría en el mercado frente a empresas como WOM o los OMV. También se analiza la posibilidad de una cartelización, es decir, un acuerdo tácito o explícito entre empresas dominantes para fijar precios, lo cual suele reducir el bienestar del consumidor y deteriorar la calidad de los servicios ofrecidos.
De hecho, uno de los hallazgos más graves del análisis técnico es que, en un escenario de colusión entre la empresa fusionada y COMCEL —que sigue siendo el operador con mayor cuota de mercado—, los precios de los servicios móviles podrían aumentar hasta un 36,95%, lo que resultaría en una pérdida del bienestar del consumidor de más del 50%.
Este tipo de impacto no solo afectaría a los usuarios en términos de tarifas más altas, sino que comprometería la calidad del servicio al reducir los incentivos para competir en mejores condiciones técnicas y comerciales.
¿Afectaría a mercados más pequeños?
Otro de los riesgos mencionados por la CRC es el llamado “estrechamiento de márgenes”, una práctica anticompetitiva en la que el operador dominante ofrece precios mayoristas tan cercanos al precio final minorista que impide a los competidores sostener su negocio. Este comportamiento, si no se regula adecuadamente, podría expulsar del mercado a actores más pequeños y erosionar la diversidad de la oferta.
También se destaca la posibilidad de creación de barreras artificiales a la entrada de nuevos competidores, como la negativa de acceso a infraestructura esencial o condiciones contractuales abusivas. Este tipo de obstáculos limitan el crecimiento de alternativas innovadoras y dificultan el avance de modelos como los OMV, que son esenciales para ampliar la cobertura y promover la competencia en zonas rurales o apartadas.
Aunque el documento de la CRC es claro al señalar que el mercado de telecomunicaciones suele presentar niveles de concentración mayores a otros sectores, subraya que esto no significa que todos los cambios sean perjudiciales. De hecho, la Comisión argumenta que, en condiciones de competencia efectiva, la integración podría traducirse en eficiencias operativas y menores costos que eventualmente beneficiarían al usuario.
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No obstante, advierte que si se consolida un escenario de coordinación tácita entre los dos principales actores, los beneficios se diluirían y los consumidores terminarían pagando más por servicios similares o incluso inferiores. Esta conclusión refuerza la importancia de que la SIC imponga condiciones específicas si decide aprobar la fusión, como reglas de comportamiento diferenciadas, límites a la fijación de precios o exigencias de compartición de infraestructura.
En suma, el análisis técnico de la CRC plantea una visión matizada: la integración no representa un riesgo sistémico inevitable, pero sí un desafío regulatorio profundo que exige vigilancia continua y decisiones firmes. El papel de la SIC será clave para evitar que esta concentración derive en un escenario de menos competencia, mayores precios y menor innovación.
Para los usuarios finales, el riesgo más inmediato está en la reducción de opciones reales y en el eventual aumento de tarifas, especialmente en el segmento móvil. En tanto a los operadores pequeños, el escenario plantea una amenaza competitiva significativa que podría limitar su sostenibilidad. Por su parte, el Estado, le implicaría una mayor responsabilidad para garantizar que la concentración no derive en prácticas anticompetitivas que socaven el acceso equitativo y la calidad del servicio.
Mientras se espera la decisión de la SIC, el concepto de la CRC sirve como una alerta técnica fundamentada, que no descarta la operación, pero exige que no se pierda de vista el objetivo central de la regulación: asegurar un mercado dinámico, justo y orientado al bienestar del consumidor.
Imagen: Archivo ENTER.CO
