Recordemos que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena resolvió, en segunda instancia, fallar a favor de la familia de un menor con trastorno del espectro autista y ordenó a Salud Total EPS prestar toda la atención de los servicios médicos que el niño necesitaría.

La orden se dió luego de que el juez Manuel Padilla le consultó al chatbot de OpenAI si un menor de edad autista podría estar exento de pagar las cuotas moderadoras en sus terapias y recibir el servicio. Además preguntó si ha habido casos similares en los que la Corte Constitucional ha tomado este tipo de decisiones.

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Pues bien, ChatGPT contestó, en tanto a la primera pregunta que “sí es correcto. De acuerdo con la normativa en Colombia, los menores con diagnóstico de autismo están exonerados de pagar cuotas moderadoras en sus terapias (..).

El togado incluyó la respuesta del chatbot en el texto legal y justificó su acción diciendo, que aunque  esta fue generada por la IA,  no remplazaría a un juez, y sí podría agilizar tiempo de redacción de fallos con una previa curación.

Sobre este caso en particular, se conoció esta semana, que magistrados de la Corte Constitucional seleccionaron esta tutela para estudiar qué implicaciones tiene el uso de estas herramientas que están impulsadas con inteligencia artificial, sobre todo cuando está de por medio los derechos de un menor de edad.

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Por otro lado, sobre este caso la Defensoría del Pueblo, aseguró que pese a que la IA promete una revolución en la investigación, esta podría poner en riesgo derechos fundamentales como el de la salud.

“Diversos problemas de carácter jurídico han comenzado a ser suscitados y las respuestas han sido buscadas en los marcos normativos existentes, que no fueron pensados para esas realidades. Riesgos como violaciones de la privacidad y algoritmos sesgados, por mencionar dos, requerirán un desarrollo y una regulación jurídica, difícil de implementar, en la medida en que estas tecnologías avanzan rápidamente. El derecho, en cambio, se toma su tiempo mientras asimila lo que sucede y actúa para regularlo”, dijo el Defensor.

Finalmente, afirmó que “la tecnología debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología. Ello implica una tecnología respetuosa de los derechos fundamentales”.

Imagen: Universidad Externado de Colombia

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Un juez de Atlántico frenó el proceso de caducidad que ordenó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el pasado 13 de agosto sobre el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados (UTCP). Esta decisión frenaría los procesos de embargo e, inclusive, congelaría la cesión de contrato a ETB.

Luis Fernando Duque Torres, representante legal, confirmó que interpuso una acción de tutela en contra de la decisión por violación al debido proceso y esta fue aceptada por un juez de Puerto Colombia (Atlántico) ayer 24 de agosto.

La notificación, que ya habría sido entregada al Ministerio, suspende las decisiones de las resoluciones 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021. Estos documentos son los que informan sobre la decisión de declarar la caducidad del contrato. Además, cualquier decisión u orden relacionada con este tema también queda congelado.

Esto quiere decir que cualquier actividad que se estuviera haciendo para lograr traer los $50.000 millones de pesos que se encuentran fuera del país, más el embargo de una propiedad (valuada en $40.000 millones) y la cesión del contrato a ETB, deberán parar hasta que se evalué la acción de tutela.

La Unión Temporal Centros Poblados dice que actuó de buena fe

El representante de la Unión temporal Centros Poblados asegura que la empresa iba a cumplir con el contrato y que, hasta el momento en que se declaró la caducidad, había actuado de buena fe. Además, aunque el dinero resultó en Delaware, el abogado afirma que esto fue usado para comprar material que sería usado posteriormente en las obras.

En cuanto a los documentos falsos presentados durante la licitación, el representante de UTCP insiste que usaron un intermediario para adquirir las pólizas presentadas y no son responsables de que se les haya engañado.

Mientras el juez toma una decisión frente a la acción de tutela, cualquier acción tomada por el MinTIC y promesa hecha por la ministra de las TIC, Karen Abudinen, no son más que palabras que se llevará el viento.

La ministra en la cuerda floja y sin red de seguridad

Ayer se confirmó la fecha de la moción de censura contra la ministra de las TIC. Mientras que expertos aseguraban que Abudinen podría tener los argumentos para salir bien librada, con la posible recuperación de $40.000 millones gracias a una propiedad en la costa colombiana, más los del abono dado a UTCP, con la acción de tutela la red de seguridad de la ministra parece desaparecer y dejarla en un peligro inminente para su presentación ante la Cámara de Representantes.

Por su parte, la ministra publicó en su cuenta de Twitter:

¡Esto es la tapa del descaro!
La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado. https://t.co/jrBLwxkFXO

— Karen Abudinen (@karenabudi) August 25, 2021

Abudinen aseguró que renunciar no es una salida viable y que seguirá dando la cara ante el actual escándalo.

«Es muy fácil renunciar, pero la responsabilidad con los ciudadanos, con la entidad, con el Gobierno Nacional, es resolver esta situación, es dejar que las entidades de investigación y control hagan su trabajo y avancen en él; pero en paralelo reorganizar el proceso, retomar el proyecto y ejecutar la conexión de las escuelas la rurales»

Mientras tanto, las más de 7.000 escuelas rurales seguirán sin Internet. El MinTIC sigue sin dar nombres o explicaciones de cómo paso esto internamente y seguiremos escuchando decir a los colombianos: “esa plática se perdió”.

Imagen: MinTIC. 

Calia.com fue creada por emprendedores colombianos con la intención de ofrecer una opción ‘hazlo-tú-mismo’ para ayudar a las personas con sus trámites. La plataforma ofrece nueve diferentes productos distribuidos entre tutelas, derechos de petición y contratos, que permiten al usuario el poder descargar un documento con la información relevante para imprimir y presentar. Vale la pena mencionar que no se trata solo de una página que pida solicitar los datos, sino que pide a la persona responder preguntas para identificar exactamente qué tipo de solicitud o trámite está presentando y ajustar el contenido acorde a esto.

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Para descargar el documento se debe ingresar al sitio web, seleccionar el tipo de documento a redactar, aceptar los términos y condiciones de la página y luego rellenar los campos seleccionados. De nuevo, la página no tiene ningún tipo de costo, aunque los usuarios pueden realizar donaciones para aportar a su mantenimiento.

“No son formularios en blanco. Nuestros algoritmos inteligentes comprenden el detalle de cada caso, toman la legislación y la jurisprudencia vigente para construir en tiempo real, un documento complejo con tan solo hacer algunos clics y responder preguntas simples . Nos esforzamos por permitir que miles de pequeñas empresas y personas comunes, tengan acceso a servicios que les ayuden a interactuar mejor con el mercado, los sistemas financieros y los procedimientos legales” afirma Jorge Colombo, co fundador de Calia.com.

Se trata de una opción interesante, en especial para aquellas personas que no cuentan con los recursos o el conocimiento para elaborar estos documentos por ellos mismos. La plataforma tiene la intención de seguir expandiendo sus opciones a alternativas de finanzas y salud. Por ejemplo, se ha anticipado que en los próximos meses se lanzará Calia Salud, que permitirá a los usuarios el contar con un historial médico personalizado.

Imágenes: Pixabay

En la actualidad, la Corte está estudiando varias tutelas de ciudadanos que exigen sea respetado su derecho al buen nombre y la presunción de inocencia ante acusaciones en las plataformas de Facebook y YouTube, esta última propiedad de Google.

La idea es sentar jurisprudencia en temas como la libertad de expresión en las redes sociales, injuria y calumnia, así como control a las publicaciones de los usuarios, el tratamiento de sus datos personales y la autorregulación de dichas plataformas de Internet.

En Colombia existe la protección a la libertad de expresión. Con ella se protegen tanto el contenido de la publicación como la forma de difusión. Además, las personas tienen derecho a expresar sus ideas de manera anónima, y las plataformas de Internet, como las redes sociales, son una herramienta que permite dicha expresión.

Las tutelas que se están revisando con respecto a publicaciones en redes sociales

Como informa El Colombiano, uno de los casos tiene que ver con dos personas residentes en Bucaramanga que acusaron a un tercero de ‘estafador’ a través de una publicación en Facebook, con el fin de advertir a otros ciudadanos sobre el actuar de dicha persona. Estos comentarios se difundieron rápidamente y aparecieron más personas que concordaron con dichas acusaciones y compartieron la publicación. La persona acusada por Facebook instauró una denuncia en la que argumenta que se le vulneraron sus derechos al buen nombre y a la honra.

Por otra parte, también se está discutiendo el caso de dos artistas colombianos que se insultaron en redes y que afectan no solo el nombre de uno de ellos sino de la organización Sayco. El afectado argumenta que todo es mentira y que su nombre se ha visto afectado.

También existe un tercer caso en Medellín en la cual se hizo una publicación sobre un administrador de una copropiedad que supuestamente tiene malos manejos en las finanzas del predio. En todos los casos, los afectados presentaron acciones de tutela para defender su derecho al buen nombre.

Al ser cuestionados sobre cuál debe ser el alcance de empresas como Facebook o Google frente a las publicaciones de terceros, Google sostuvo, a través de su representante judicial en Colombia, Lorenzo Villegas Carrasquilla, que no es responsable de crear ni editar el contenido, y por lo tanto no ejerce ningún control previo sobre el mismo.

“Las plataformas de Internet no pueden ser jueces de las publicaciones”

Carrasquilla, además, recordó que “solo en los últimos 5 años, YouTube ha tenido un caso en Colombia donde judicialmente se le ordenó remover un video por ser contrario al derecho”. En dicho caso, Google cumplió la orden en menos de 24 horas, de acuerdo con las declaraciones de Carrasquilla. En 2018, Blogger, también propiedad de Google, recibió tres órdenes de eliminación de contenidos dictadas por jueces, que también se cumplieron en poco tiempo.

El representante de Google también se pronunció frente a los casos presentados en la audiencia. Carrasquilla afirmó que “Google no puede determinar si la denuncia del consumidor por unos productos vendidos por el accionante es difamatoria, verdadera o falsa”. Así mismo, agregó que “Google no tiene los elementos para investigar una denuncia de supuestas maniobras de directivos de Sayco ni para juzgar la legalidad de esos actos”. Así, Carrasquilla complementó con una frase dicha con anterioridad por la Corte: “No corresponde a los privados convertirse en los jueces de la Web”. Esto debido a que solo un juez podrá definir si un contenido es legal o ilegal.

Por su parte, Facebook, a través de su representante Luis Alfredo Barragán, explicó que la red social es un lugar que busca que las personas se sientan confiadas y seguras de compartir sus opiniones. De manera similar a Google, Barragán afirmó que “un intermediario como Facebook no debe ser quien determine la verdad”.

Al final, ambas plataformas hicieron énfasis en que existen políticas internas que regulan qué se puede y qué no se puede compartir en sus redes sociales. Por ejemplo, no está permitido publicar contenido sexual explícito, que vulnere los derechos de los niños, que viole la privacidad o los derechos de autor.

Continúa la audiencia

Al final, se pronunciaron otras instancias que incluyen representantes de entidades como el Ministerio TIC, la Superintendencia de Industria y Comercio desde la delegatura para la protección de datos personales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría. Durante el resto del día se llevarán a cabo sesiones adicionales especializadas con expertos, periodistas, académicos y abogados.

Imagen: mokee81 (vía iStock).