Mientras las fake news y los deepfakes generan confusión en redes, los tribunales de América Latina viven su propia revolución tecnológica. Cada vez más jueces y fiscales están recurriendo a la inteligencia artificial para clasificar expedientes, redactar documentos y aliviar una carga judicial que, en algunos países, acumula años de atraso.
En Colombia, Brasil y Argentina, la IA ya forma parte de los procesos internos del sistema judicial. Su uso no busca reemplazar la labor humana, sino agilizar tareas repetitivas que antes implicaban cientos de horas de trabajo manual. Los resultados, sin embargo, han despertado tanto entusiasmo como preocupación.
En 2023, el juez colombiano Juan Manuel Padilla probó ChatGPT para redactar parte de una sentencia sobre el acceso a un tratamiento médico. Su decisión marcó el primer precedente formal de uso de IA en un fallo judicial en el país. Desde entonces, la Corte Constitucional implementó PretorIA, una herramienta basada en el modelo argentino Prometea, capaz de procesar más de 2.700 tutelas diarias y priorizar las que exigen atención urgente.
La automatización avanza, pero la formación se queda atrás
De acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes, cerca del 85 % de los jueces en Colombia usan versiones gratuitas de ChatGPT o Microsoft Copilot para redactar documentos o consultar precedentes legales. No obstante, la mayoría carece de formación técnica suficiente para evaluar los sesgos o errores de estas herramientas.
El contraste es evidente, pues mientras los algoritmos aceleran la gestión judicial, los vacíos en capacitación podrían derivar en decisiones poco consistentes. Para el juez Padilla, “la regulación estricta no bastará; la autorregulación y la supervisión humana deben mantenerse como principio”.
Brasil ha avanzado en una dirección similar; su sistema SAJ Digital utiliza IA para asignar casos, analizar antecedentes y optimizar el trabajo de los magistrados. Según el Ministerio de Justicia, esta herramienta ha reducido en más del 40 % el tiempo promedio de revisión de expedientes. Sin embargo, los expertos advierten que sin auditorías externas o normas claras, la transparencia de los algoritmos podría verse comprometida.
En Argentina, Prometea logró reducir los tiempos de tramitación de dictámenes legales de 190 días a apenas una hora. El modelo fue adoptado parcialmente por Colombia, y su éxito se ha replicado en otros países de la región. Pero aunque la tecnología promete eficiencia, también plantea un nuevo debate sobre la dependencia de sistemas automatizados en decisiones judiciales.
La frontera entre eficiencia y responsabilidad
A pesar de los avances, los marcos regulatorios siguen rezagados. La velocidad de la innovación supera la capacidad legislativa, y los países latinoamericanos aún no cuentan con leyes unificadas sobre inteligencia artificial aplicada al sistema judicial.
Esto deja en manos de cada tribunal la responsabilidad de definir hasta qué punto la IA puede intervenir en el proceso legal. En la práctica, los jueces deben equilibrar la utilidad de las herramientas con el deber de garantizar imparcialidad y protección de datos.
Organizaciones de derechos digitales, como Access Now y Hiperderecho, han insistido en la necesidad de incluir cláusulas éticas y mecanismos de rendición de cuentas. Según Franco Giandana, analista de políticas de Access Now, “el lenguaje de las regulaciones actuales es demasiado abstracto, y los países aún no comprenden del todo los retos locales de aplicar la IA en justicia”.
El panorama sugiere que la digitalización de los tribunales no tiene marcha atrás. La IA ya se ha convertido en una aliada para enfrentar la congestión judicial y mejorar el acceso a la justicia en zonas rurales. Sin embargo, la falta de capacitación, la escasa transparencia y los sesgos algorítmicos podrían poner en riesgo la legitimidad de los fallos.
El desafío no está solo en usar la tecnología, sino en hacerlo con criterio. Los jueces latinoamericanos parecen dispuestos a apoyarse en la inteligencia artificial para hacer más eficiente el sistema judicial, pero deberán aprender a convivir con una paradoja inevitable: cada clic que acelera un proceso también puede poner a prueba la confianza en la justicia misma.
Imagen: Archivo ENTER.CO
