La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los icónicos establecimientos Andrés Carne de Res (Chía) y Andrés D.C. (Bogotá), tras detectar fallas graves en sus sistemas eléctricos y de gas combustible. La decisión, que sorprendió a clientes y trabajadores, marca un precedente sobre el cumplimiento de las normas técnicas en lugares de alta afluencia.
Más que una sanción, se trata de una medida administrativa preventiva, orientada a proteger la vida y seguridad de consumidores y empleados. Sin embargo, el impacto va más allá del cierre temporal: abre una discusión sobre los estándares de seguridad en la industria del entretenimiento y la gastronomía en Colombia.
¿Qué detectó la Superintendencia?
Las inspecciones realizadas el 10 y 11 de septiembre en ambos locales identificaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas. Entre ellas, se encontraron conductores expuestos a daños físicos, tableros de distribución con fallas, ausencia de protecciones contra sobrecargas y falta de ventilación adecuada en zonas con gas. También se reportaron uniones sin protección anticorrosiva y la ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos nacionales.
Según la SIC, estas condiciones representaban un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación, poniendo en peligro no solo a los visitantes, sino también a los trabajadores y proveedores que diariamente operan en los locales. Por eso, la entidad decidió suspender todas las actividades económicas: restaurante, bar, eventos artísticos, venta de alimentos y espectáculos.
El peso de los reglamentos técnicos
La medida se sustenta en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, normas que buscan garantizar la seguridad de las personas frente al uso de energía y gas. En palabras de la Superintendencia, el cumplimiento de estos estándares “es fundamental para prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible”.
Además, la entidad recordó que incumplir los reglamentos o desobedecer las órdenes puede generar multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de $2.600 millones de pesos según la tasa actual.
¿Qué pasará con los restaurantes?
El cierre aplica hasta que la empresa demuestre que ha corregido todas las fallas y cumpla con los requisitos de seguridad establecidos. Solo después de presentar pruebas técnicas y certificaciones de cumplimiento podrá solicitar el levantamiento de la medida preventiva.
Mientras tanto, los locales no podrán operar ni realizar eventos, lo que supone pérdidas millonarias por cada día de cierre, además de afectar a decenas de empleados y contratistas. Para una marca que ha sido símbolo de la cultura gastronómica y festiva del país, el impacto reputacional también es significativo.
La respuesta de la empresa
En un comunicado, la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de los establecimientos, aseguró que ya cumplió con todas las instrucciones impartidas por la SIC tras las visitas de septiembre y que este martes radicará los soportes técnicos que demuestran la corrección de las deficiencias. Según la compañía, los sistemas eléctricos y de gas fueron actualizados conforme a las exigencias reglamentarias.
No obstante, será la Superintendencia quien determine si las mejoras son suficientes para levantar las medidas. Hasta entonces, ambos locales permanecerán cerrados.
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Ahora bien, el caso de Andrés Carne de Res no es aislado. En los últimos años, la SIC ha intensificado las inspecciones a establecimientos que manejan altos volúmenes de público y utilizan equipos eléctricos o de gas. Estas medidas buscan prevenir tragedias, no reaccionar a ellas.
El cierre del restaurante más emblemático del país es, por tanto, un recordatorio contundente para el sector empresarial: la seguridad técnica no es un trámite, sino un pilar de la confianza del consumidor.
