Hace un mes se firmó la Ley de modernización del sector TIC y ayer en el corregimiento de El Bongo (El Retén, Magdalena) se conectó el primer de 1.000 espacios con Internet gratuito para las comunidades.
El Bongo es un corregimiento rural en el departamento del Magdalena con una población de 400 personas que ahora cuentan con conexión a Internet. Sylvia Constain, Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) aseguró que para finales del 2019 se espera contar con 1.000 nuevas conexiones en el país, en el departamento de Magdalena tienen planeados 20 Zonas Digitales. La segunda Zona Digital fue activada en Palmor, en el municipio de El Retén (Magdalena).
Por su parte, el Presidente Duque aseguró que el país invertirá 3.000 millones de dólares en la modernización y conexión al país y que espera que esto le permita transitar hacía la conexión 5G en los próximos tres años. «Con esta Ley vamos a llegar al 70 por ciento de cobertura de internet de banda ancha en varios territorios afectados por la pobreza”, dijo el Jefe de Estado.
La ley TIC contiene 51 artículos que brindan las herramientas necesarias para incentivar la inversión privada en el sector, generar certeza jurídica y facilitar el despliegue de infraestructura de alto costo (última milla). De esta manera, se logrará una mayor equidad en el país, pues la norma será la columna vertebral de las políticas del MinTIC para garantizar la cobertura de Internet en el territorio, explica el Ministerio TIC.
Santiago Rivas y la FLIP demandan inconstitucionalidad de la Ley TIC
Mientras en el Magdalena se iniciaba oficialmente la Ola de la Conectividad, en Bogotá La Fundación Karisma, la Comisión Colombiana de Juristas, Bejarano Abogados, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Santiago Rivas demandaron la ley TIC ante la Corte Constitucional porque aseguran que hay motivos para creer que la misma debe ser declarada inconstitucional. Se demandaron cinco puntos de la normativa específicamente.
Por un lado, aseguran que la forma en la que está estructurada la Ley crea graves riesgos para la democracia, debido a que otorga competencias excesivas al poder ejecutivo sobre los órganos y personas que toman decisiones sobre el Internet, la radio y la televisión que la ciudadanía colombiana consume y crea para satisfacer su derecho a la libertad de expresión e información, explicó la Flip.
También te puede interesar: el proyecto de la Ley TIC fue aprobado en el congreso.
Otro de los puntos demandados de la Ley es la asignación de frecuencias de televisión, porque le permite al MinTIC otorgar, inspeccionar y reglamentar el espectro electromagnético. «Lo que crea incentivos perversos para el gobierno y pone en riesgo la pluralidad informativa», asegura la Flip.
Además, la demanda asegura que con la unión de los fondos FonTV y FonTIC, que quedarán a cargo del MinTIC, pone en riesgo la diversidad de contenidos, ya que podrían solo financiarse aquellos que respondan a los intereses del Ministerio y que no se promueva la pluralidad informativa.
Por otro lado, en cuanto al uso del espectro, la Flip explica que actualmente todo tipo de actores pueden hacer uso de este para conectarse a internet. «Una forma de aprovecharlo, que a fin de cuentas es un bien público, es a través de la creación de redes comunitarias a cargo de las comunidades que sufren de diferentes formas de desconexión y pueden conectarse por su propia cuenta y con su propia tecnología». Pero, la nueva Ley TIC le exige a actores pequeños competir con empresas como Claro y ETB.
«Es un sistema que favorece a grandes empresas privadas», concluyen en la demanda, debido a que no se le debería pedir a una red comunitaria que cumpla con los mismos requisitos de las grandes compañías de telecomunicaciones para usar el espectro, tratando de modo igual a actores manifiestamente desiguales.
Finalmente, los demandantes de la Ley TIC aseguran que derogó la Ley 1507 de 2012 que consagraba derechos y garantías respecto al acceso a la televisión por parte de las comunidades indígenas y otros grupos étnicos, por lo que hay un estructural cambio de condiciones que requería de consulta previa.
Imágenes: MInTIC y Presidencia de la República.
