Han pasado más de cuatro años desde que Colombia aprobó la Ley de Pago a Plazos Justos (Ley 2024 de 2020), una norma que buscó poner fin a una práctica injusta pero común: que las grandes empresas tardaran meses en pagarle a los pequeños y medianos proveedores. Sin embargo, aún hoy muchos emprendedores desconocen sus derechos y miles de compañías continúan operando como si la ley no existiera.
El impulsor de esta norma fue Mauricio Toro, excongresista y uno de los principales defensores del emprendimiento en el país. Toro recuerda que antes de la ley “una empresa grande podía decirte: te pago en 90, 120 o 180 días, y si no aceptabas, perdías el contrato”. Con la ley aprobada en 2020, ese tipo de prácticas son ilegales.
¿Qué dice la Ley de Pago a Plazos Justos?
La norma establece que ninguna empresa puede tardar más de 45 días calendario en pagarle a otra empresa una vez haya recibido el producto o el servicio contratado. El objetivo es claro: evitar que los grandes jugadores del mercado ahoguen financieramente a los pequeños proveedores que dependen de esos pagos para sostener sus operaciones.
El plazo de 45 días aplica desde la fecha en que el proveedor entrega el producto o termina el servicio, no desde que el área de tesorería o contabilidad “apruebe” la factura. En otras palabras, las empresas ya no pueden retrasar los pagos con excusas administrativas.
Si un comprador incumple este plazo, la ley permite que el proveedor exija una indemnización por los costos generados por el retraso, como intereses o gastos operativos derivados de la falta de liquidez. Y, aunque algunas compañías aún incluyen cláusulas que hablan de pagos a 90 o 120 días, esas condiciones son nulas de pleno derecho.
¿Por qué muchos aún no la aplican?
A pesar de que la ley fue aprobada en 2020 y reglamentada en 2021, todavía hay desconocimiento generalizado. En muchos casos, los proveedores no saben que pueden exigir el cumplimiento de los plazos o no se atreven a reclamar por miedo a perder el contrato. En otros, las empresas más grandes simplemente siguen aplicando sus propias reglas, aprovechando la falta de control o sanciones efectivas.
Mauricio Toro ha insistido en que el problema no es solo de legalidad, sino de dignidad económica. “Detrás de cada factura hay una persona que cumple, que produce y que merece respeto. Esta ley se trata de reconocer el valor del trabajo y de evitar que el flujo de caja de los pequeños empresarios se convierta en la caja de ahorro de las grandes corporaciones”, explicó en una de sus intervenciones recientes.
Más que una norma, una herramienta de equidad empresarial
La Ley de Pago a Plazos Justos nació para equilibrar la relación comercial entre grandes y pequeños actores del mercado. Para muchos emprendedores, 45 días pueden marcar la diferencia entre seguir operando o cerrar. Sin embargo, su efectividad depende de que los proveedores conozcan la norma, exijan su cumplimiento y denuncien los casos de incumplimiento.
El Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio son las entidades llamadas a vigilar que se cumpla la ley, aunque el proceso de fiscalización sigue siendo limitado. Por eso, el llamado de Toro y de otros defensores del emprendimiento es claro: difundir la información y empoderar a los empresarios para que hagan valer sus derechos.
“Mientras más personas conozcan la ley, menos empresas podrán seguir abusando del silencio de sus proveedores”, ha reiterado el excongresista.
Cuatro años después de su aprobación, la Ley de Pago a Plazos Justos sigue siendo un recordatorio de que el desarrollo económico también pasa por respetar los tiempos y el esfuerzo de quienes sostienen la economía productiva del país. Y que pagar a tiempo no es un favor, es una obligación legal y ética.
