El futuro digital del país se definirá en menos de un mes; la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene plazo hasta el 20 de noviembre para decidir si aprueba, condiciona o rechaza la fusión entre Tigo y Movistar, una operación que podría alterar por completo el equilibrio de las telecomunicaciones en Colombia. Lo que está en juego no es solo una alianza empresarial, es el acceso a un servicio que se volvió tan básico como la electricidad o el agua.
En teoría, la unión busca fortalecer a dos compañías que enfrentan deudas, caída de ingresos y dificultades para sostener su infraestructura. Ambas argumentan que solo trabajando juntas podrán competir en un mercado dominado por Claro, que concentra más de la mitad de los usuarios y casi el 60 % de los ingresos del sector.
Pero el dilema no se reduce a una ecuación financiera; de la decisión de la SIC depende si el país avanza hacia una mayor competencia o si se consolida un duopolio que terminaría concentrando más del 90 % del mercado.
El presidente Gustavo Petro ha sido claro en que no quiere un país dominado por monopolios. Hace unas semanas escribió en X que la Constitución ordena “competencia, comunidades y Estado”, y que su instrucción a la SIC es atacar cualquier forma de cartel o concentración empresarial. Su mensaje dejó entrever que no habrá carta blanca para las grandes compañías, aunque el Gobierno tampoco ha tomado una posición pública definitiva.
El problema es que esta decisión llega en un momento crítico, pues los datos más recientes del ENTIC 2024 del DANE confirman que el 45 % de los colombianos no tiene conexión a internet por los altos costos. Eso significa que casi la mitad del país sigue desconectada, no porque no quiera conectarse, sino porque no puede pagarlo. Y si la competencia se reduce, ese número podría crecer.
Un país dividido entre los conectados y los que esperan señal
Las cifras oficiales dicen que el 70 % de los hogares colombianos tiene algún tipo de conexión, pero esa media nacional esconde una brecha profunda. En las grandes ciudades, el acceso es casi universal, mientras que en el campo apenas tres de cada diez personas logran conectarse. En muchas veredas, la señal llega débil, intermitente o simplemente no llega. Esa desigualdad digital refleja la misma fractura que atraviesa el país: un territorio con islas de modernidad rodeadas de desconexión.
En los barrios populares, las familias dependen de un solo celular con un plan prepago. Los jóvenes estudian con datos limitados, los adultos trabajan desde conexiones inestables y las pequeñas empresas no pueden digitalizarse. Mientras tanto, en los estratos altos hay fibra óptica, teletrabajo y hogares conectados a múltiples dispositivos. El acceso a internet se volvió un marcador de clase.
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La fusión de Tigo y Movistar podría agravar ese panorama si no se imponen reglas claras. Si solo dos compañías controlan el 90 % del mercado, los precios podrían subir y la innovación frenarse. Expertos advierten que en economías concentradas, las empresas pierden incentivos para mejorar su servicio y los usuarios quedan atrapados sin alternativas reales.
Mauricio Toro, excongresista y exdirector del Icetex, coincide. Dice que la CRC ha fallado en su papel regulador y que la confianza institucional está en entredicho. “Cuando el regulador no actúa, el mercado se acomoda solo, y eso suele ser en contra del usuario”, afirma.
Las opciones sobre la mesa y la posición de la Superintendencia
La SIC tiene tres caminos posibles. El primero, aprobar la fusión sin restricciones, lo que consolidaría a un segundo jugador con músculo suficiente para enfrentar a Claro, pero también dejaría a los usuarios a merced de un mercado cerrado. El segundo, aprobar con condiciones, imponiendo límites a la concentración, obligaciones de cobertura rural o topes en tarifas. El tercero, rechazar la operación, obligando a las empresas a buscar salidas distintas y, posiblemente, a enfrentar crisis financieras que pondrían en riesgo la estabilidad del sector.
En su más reciente pronunciamiento, la SIC afirmó que el análisis “se enfoca en los efectos sobre la competencia y el bienestar de los consumidores”. La entidad reconoció que esta no es una fusión cualquiera, porque sus efectos se extenderán a todo el ecosistema digital: desde los empleos indirectos hasta los ingresos fiscales del Estado.
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A esto se sumó la declaración de la superintendente Cielo Rusinque, quien aclaró que la Superintendencia no ha tomado aún ninguna decisión sobre la integración y que el proceso continúa en evaluación técnica. Según explicó, la entidad adelanta el control previo de la operación entre Tigo y Movistar con el objetivo de garantizar que no se generen afectaciones a la competencia. Rusinque precisó que las alternativas son tres: autorizarla si no afecta el mercado, aprobarla con condicionamientos para controlar los riesgos o objetarla si las afectaciones no pueden ser mitigadas.
La superintendente también pidió respeto por el trabajo técnico de la institución y subrayó que la decisión se tomará con base en la información recaudada y la participación de empresas, autoridades y terceros interesados, sin presiones externas ni juicios anticipados.
El desenlace de este proceso marcará la ruta del sector por la próxima década. Si la SIC aprueba la fusión sin controles, los usuarios podrían pagar más por menos servicio. Si impone condiciones firmes, el país podría ganar un equilibrio que garantice cobertura, precios justos y pluralidad.
A un mes del plazo final, el reloj corre y la incertidumbre crece; los operadores esperan una señal. Los usuarios, una garantía. Y el país, una decisión que demuestre si la competencia y la equidad digital son algo más que un discurso.
Imagen: Archivo ENTER.CO
