Apenas unas semanas después del lanzamiento de Bre-B, el nuevo sistema de pagos digitales del Banco de la República, el Gobierno de Gustavo Petro presentó un proyecto de decreto que amenaza con cambiar su rumbo. La propuesta del Ministerio de Hacienda plantea aplicar una retención del 1,5 % a los pagos electrónicos por ventas o servicios.
Aunque el Ejecutivo la describe como una “nivelación tributaria”, para muchos expertos y gremios del sector es, en realidad, un golpe directo a la digitalización y a los pequeños comercios que estaban empezando a confiar en los medios digitales.
El cobro no recaería sobre transferencias entre personas, sino sobre los movimientos comerciales. Esto significa que emprendedores, tenderos y profesionales independientes que reciben pagos por Bre-B, Nequi o Daviplata verían descontado un porcentaje de cada ingreso. Lo que el Gobierno llama “ajuste técnico” se traduce en una reducción tangible de los ingresos de quienes ya enfrentan altas cargas operativas y fiscales.
Para Colombia Fintech, la asociación que agrupa más de 365 empresas del ecosistema financiero digital, la medida llega en el peor momento posible. En plena transición hacia un sistema interoperable y sin efectivo, introducir una nueva retención envía un mensaje contradictorio. “No se trata de extender un error a todos los medios de pago, sino de eliminarlo”, señaló el gremio en un comunicado.
El problema no es solo económico, sino estratégico. En un país donde ocho de cada diez pagos todavía se hacen en efectivo, cualquier fricción adicional puede consolidar la desconfianza hacia los canales digitales. Si vender por código QR cuesta más que cobrar en billetes, la formalización pierde sentido. Y si el mensaje que llega a los pequeños negocios es que cada transferencia implica una vigilancia tributaria, el miedo vuelve a ganar terreno sobre la tecnología.
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La experiencia internacional no deja dudas. En Brasil, cuando la autoridad tributaria anunció controles adicionales sobre el sistema PIX, las transacciones cayeron más del 15 % en solo dos semanas. El paralelismo con Bre-B es inevitable: una política mal comunicada puede derrumbar en días la confianza que tomó años construir.
Voces del sector financiero han sido contundentes. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que “gravar a Bre-B es dispararse en el pie”, mientras César Prado, presidente del Banco de Bogotá, lo calificó como “una señal equivocada de un gobierno desesperado por recaudar”. Incluso Javier Suárez, presidente de Davivienda, recordó que el sistema se diseñó sobre tres principios básicos: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. “Si uno de esos pilares se rompe, todo el modelo se tambalea”, dijo.
El trasfondo del decreto tiene tintes políticos. Con un déficit fiscal creciente y un recaudo menor al esperado, el Gobierno Petro busca nuevas fuentes de ingresos rápidos, pero el costo social de esa estrategia puede ser alto. Gravar las transacciones digitales no solo reduce la liquidez de los pequeños comercios, sino que entorpece los esfuerzos del propio Estado por bancarizar a la población.
Expertos como Munir Jalil y la abogada Carolina Restrepo advierten que el decreto, además, carece de claridad técnica. Determinar en tiempo real si una transferencia corresponde a una venta o a un simple envío entre cuentas puede abrir un escenario de errores, cobros indebidos y desgaste operativo para plataformas y usuarios.
Más allá de los tecnicismos, la discusión refleja un dilema mayor: ¿puede Colombia avanzar hacia una economía digital mientras castiga a quienes deciden dejar el efectivo?. En la práctica, el impuesto del 1,5 % actúa como una penalización a la confianza. Si los ciudadanos perciben que moverse en lo digital implica perder dinero o ser vigilados, el país retrocederá años en inclusión financiera.
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El Gobierno Petro insiste en que busca equidad fiscal, pero la equidad no se construye restando competitividad a la innovación. Si Bre-B se convierte en un nuevo canal de retención, su promesa de democratizar los pagos quedará sepultada por la desconfianza. Colombia necesita una política que premie la formalidad, no que la encarezca.
El debate apenas comienza, pero el riesgo ya es evidente. Si el Ejecutivo mantiene esta propuesta, podría apagar uno de los pocos motores de modernización real que ha tenido el sistema financiero en décadas. En lugar de acercar a la gente al dinero digital, el impuesto de Petro podría devolverla al efectivo, el terreno más caro y menos transparente de todos.
Imagen: Montaje ENTER.CO
