1. Monet

​Monet es una fintech colombiana que ofrece microcréditos rápidos y accesibles. Los usuarios pueden solicitar créditos de hasta el 30% de sus ingresos mensuales, siempre que estos sean superiores a $1.044.000 COP.

Ventajas

• Otorga créditos a personas sin historial crediticio o con reportes negativos en Datacrédito.
• No genera generar intereses corrientes. ​
• Es una aplicación fácil de usar; solo se requiere registrarse, vincular una cuenta bancaria y solicitar el crédito directamente desde el celular.

Desventajas

• Aunque no se generan intereses corrientes, la plataforma aplica costos fijos por sus servicios.
• Se necesita tener un smartphone y conexión a internet, lo que puede resultar limitante para algunas personas.

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2. Pago con tarjeta de crédito

El pago de servicios públicos con tarjeta de crédito es una práctica común en Colombia. Muchas entidades financieras y empresas de servicios permiten esta modalidad, ofreciendo diversas facilidades a los usuarios.​

Ventajas

• ​Los pagos pueden realizarse en línea desde la comodidad del hogar o en puntos físicos autorizados, sin necesidad de efectivo.
• Algunos bancos ofrecen beneficios, como puntos o millas por cada pago realizado;  los cuales pueden canjearse por productos o servicios.
• La mayoría de las empresas de servicios públicos y entidades financieras permiten pagar con tarjeta de crédito, ya sea a través de sus plataformas en línea, aplicaciones móviles o corresponsales bancarios.

Desventajas

• Aplica solo a personas que cuentan con una tarjeta de crédito aprobada pueden utilizar este método, lo que excluye a quienes no tienen historial crediticio o están reportados.
• Se debe pagar el saldo total de la tarjeta al final del periodo, de lo contrario se generan intereses que pueden incrementar considerablemente la deuda.
• El uso excesivo de la tarjeta de crédito puede llevar a una acumulación de deudas que después resulten ser mas díficiles de pagar.

La elección entre Monet y el pago con tarjeta de crédito para pagar las facturas de servicios públicos en Colombia depende de las necesidades y circunstancias de cada usuario, siendo la primera una opción inclusiva para quienes no tienen acceso a productos bancarios tradicionales o enfrentan dificultades crediticias, mientras que el pago con tarjeta de crédito es más adecuado para quienes ya poseen este servicio y desean aprovechar sus beneficios adicionales, siempre y cuando gestionen responsablemente su uso para evitar costos adicionales.

Imagen: Pexels /Foto de Mikhail Nilov

Hasta el 30 de noviembre de 2024, Colombia contaba con un portafolio de contratación que garantizaba la demanda de gas. Sin embargo, algunos contratos expiraron y al renovarlos, la única fuente disponible fue gas importado, que es más costoso. “Arrancamos en una medida importante a partir del primero de diciembre; es decir, ese gas importado se vuelve estructural en un porcentaje elevado, un 30% de la demanda residencial y comercial”, indicó Contreras.

A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía ha afirmado que hay suficientes recursos nacionales para cubrir la demanda, Contreras señaló que la realidad comercial es distinta. “Hemos encontrado que de esas fuentes declaradas como disponibles, o son contratos interrumpibles que no nos sirven porque no hay certeza de continuidad, o no están interconectados al Sistema Nacional de Transporte, por lo que no se pueden usar”, explicó.

Costos adicionales en la tarifa

Ahora  bien, el gas importado no solo es más costoso por su precio base en el mercado internacional, sino también por los costos de transporte. “Antes traíamos gas desde el pie de monte llanero a Bogotá, una distancia de 350 kilómetros. Ahora debemos traerlo desde Cartagena, llevarlo hasta La Guajira y de allí a Bogotá, un recorrido de aproximadamente 1.500 kilómetros. Entre mayor distancia, mayor es el costo de transporte”, explicó Contreras, quien sugirió que una solución podría ser una “estampilla nacional de transporte” para mitigar el impacto en las tarifas.

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El impacto de este aumento podría extenderse en el tiempo. Según Contreras, entre 2025 y 2030 se mantendrá la necesidad de importar gas, hasta que entren en producción los recursos “offshore” descubiertos por Ecopetrol. “Mientras tanto, lo que estamos viviendo es una cobertura con gas importado que va a ser mayor”, indicó.

Sobre la posibilidad de que las tarifas sigan aumentando, advirtió que el panorama podría empeorar. “Los expertos del sector nos han dicho que vamos hacia un déficit de gas más grande en 2026. Si apenas estamos arrancando con un déficit pequeño y vamos hacia uno mayor, quiere decir que las tarifas podrían subir mucho más en los próximos meses”, indicó.

¿Cómo afectará a los usuarios?

Para un usuario de estrato 3 en Bogotá, que consumía 10 metros cúbicos de gas y pagaba 38.000 pesos mensuales, la factura subirá a 52.000 pesos en febrero. Si el consumo promedio es de 15 metros cúbicos, la factura podría acercarse a los 90.000 pesos.

El aumento afecta al mercado regulado (residencias, comercios y pequeñas industrias), pero no a la gran industria ni al sector de movilidad, que tienen contratos previos vigentes hasta noviembre de 2025.

¿Hay soluciones a corto plazo?

Según Vanti, la clave está en ajustar la regulación y fortalecer la infraestructura de transporte de gas. “Lo que necesitamos es una nueva planta de regasificación, robustecer los sistemas de transporte y generar mecanismos de compra de gas importado para compensar los mayores costos”, explicó Contreras.

En cuanto a la reciente decisión de Ecopetrol de liberar gas de los campos Cusiana y Cupiagua para la comercialización en 2026, Vanti consideró que es insuficiente. “Nosotros, como industria, veníamos solicitando que se anticipara este proceso. No lo veremos este año, sino en 2026”, dijo Contreras.

Por ahora, el aumento del 36% en la tarifa de gas natural no tiene reversa. La posibilidad de reducir los costos depende de cambios regulatorios y proyectos de infraestructura que podrían tardar varios años en materializarse.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Otro aspecto relevante es que las facturas de servicios pueden ser utilizadas como respaldo para financiar compras en almacenes, lo cual genera mayor confianza entre los prestamistas. Al contar con los recibos de servicios públicos a tu nombre, también puedes obtener beneficios adicionales, como la posibilidad de acceder a tarjetas de crédito o disfrutar de tasas de interés más bajas.

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Incluso, con solo presentar el recibo de luz, agua o gas, algunos almacenes te permiten comprar electrodomésticos a plazos, facilitando así tu acceso a productos necesarios. Además, con las mismas facturas, puedes contratar seguros, como planes exequiales con empresas como Capillas de La Fe o Coorserpark, brindando una protección adicional a ti o a tus familiares con solo diligenciar un formulario.

¿Qué necesitas para realizar el cambio?

Cada compañía encargada de suministrar los servicios tiene sus propios requisitos para realizar el cambio de titular, pero generalmente solicitan los siguientes documentos clave:

1. Certificado de libertad y tradición: Este documento debe tener una vigencia específica según el servicio:
   1. Energía: máximo 90 días.
   2. Acueducto y alcantarillado: máximo 60 días.
   3. Gas: máximo 30 días.
2. Documento de identificación: Usualmente, la cédula de ciudadanía del solicitante.
3. Propiedad del inmueble: En la mayoría de los casos, se requiere ser el propietario del predio para efectuar el cambio de titular.

Ser el titular en las facturas de servicios públicos es más que solo un detalle administrativo. De hecho, puede ser la clave para acceder a beneficios económicos y financieros que pueden mejorar significativamente tu situación financiera.

En el caso de Bogotá, las empresas de servicios públicos ofrecen opciones para modificar el titular de las cuentas, los pasos varían según la compañía:

Enel Colombia

Para realizar el trámite de manera virtual, debe enviar la solicitud al correo electrónico clientescolombia@enel.com. También puede hacerlo de forma presencial en los centros de servicio como el CAD o el SuperCADE, o a través de las líneas telefónicas.

Los documentos necesarios para este trámite son:

• Certificado de libertad y tradición no mayor a 90 días.
• Copia de la cédula del nuevo propietario.

Si no dispone del certificado de libertad y tradición, puede optar por alguno de los siguientes documentos:

• Impuesto predial del último periodo.
• Documento de posesión del inmueble.
• Sentencia judicial de adjudicación del predio.
• Resolución administrativa de adjudicación del predio.
• Contrato de leasing habitacional suscrito con una entidad financiera legalmente constituida.
• Escritura pública.

En caso de que la dirección del certificado de tradición no coincida con la registrada en la factura, deberá anexar el certificado catastral no mayor a 60 días.

Empresa de Acueducto de Bogotá

La modificación del titular debe realizarse a través de los canales presenciales de la empresa, en puntos de atención como el CADE o el SuperCADE.

Los documentos requeridos son:

• Certificado de libertad y tradición del predio no mayor a 60 días o número de matrícula inmobiliaria.
• Fotocopia de la cédula del propietario.

Recuerde que la cuenta debe estar a paz y salvo para poder realizar el trámite.

Vanti

Para solicitar la modificación del titular en Vanti, puede hacerlo a través de su página web. Diríjase a la sección “Trámites en línea” y luego a “Actualización de datos del titular”.

Para continuar con el proceso, debe diligenciar el formulario con los datos requeridos, aceptar los términos y condiciones, y adjuntar los siguientes documentos:

• Certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días (debe ser legible).
• Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería vigente o pasaporte (si es ciudadano extranjero).
• Cotización de conversión, emitida por un taller certificado de Vanti. La cotización debe tener un máximo de 15 días desde la fecha de expedición.

Ser el titular en las facturas de servicios públicos es más que solo un detalle administrativo. De hecho, puede ser la clave para acceder a beneficios económicos y financieros que pueden mejorar significativamente tu situación financiera. 

¿Qué es la facturación electrónica y por qué es obligatoria ahora?

La facturación electrónica es un sistema de emisión de facturas digitales que permite a la DIAN supervisar en tiempo real las transacciones comerciales de los contribuyentes. Ahora, a partir de noviembre, este sistema se vuelve obligatorio para ciertos sectores, especialmente el de los servicios públicos domiciliarios, como electricidad, agua y gas. 

La medida busca mejorar la transparencia y reducir la evasión fiscal al asegurar que todas las transacciones queden debidamente registradas y accesibles para la DIAN.

¿A quién afecta esta medida? ¿Solo a empresas grandes?

No, la obligatoriedad afecta a empresas de todos los tamaños que prestan servicios públicos domiciliarios. Esto incluye a grandes compañías y a pequeñas y medianas empresas que brinden servicios de agua, electricidad, gas o telecomunicaciones. 

Estas organizaciones ahora deben implementar un sistema de facturación electrónica para cada cliente, sin importar si se trata de personas o empresas, y sin importar el volumen de consumo.

¿Cómo afecta a los ciudadanos comunes?

Para los consumidores de servicios públicos, la facturación electrónica implica que las facturas que reciban ahora serán digitales, con algunos cambios en los formatos de los documentos. Además, al ser digital, este nuevo formato les permitirá tener un registro claro y accesible de sus pagos anteriores, lo cual puede facilitar la administración de los pagos mensuales o la realización de reclamos en caso de inconsistencias.

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¿Es más complicado para los usuarios recibir y pagar facturas electrónicas?

No debería serlo. La facturación electrónica no cambia la manera en que los colombianos pagan sus facturas. La diferencia principal es el formato de la factura, que ahora será digital y estará en línea, o en algunos casos podrá ser enviada al correo electrónico. Los usuarios seguirán teniendo la opción de pagar en línea, en puntos de pago físicos o a través de su entidad bancaria, como lo venían haciendo.

¿Cómo puedo acceder a mis facturas electrónicas?

Cada empresa ofrecerá diferentes métodos, pero lo más común será que las facturas estén disponibles a través de portales en línea. Algunas empresas también enviarán las facturas directamente al correo electrónico que el usuario haya registrado. En caso de no recibirlas, es recomendable contactar con la empresa de servicios para asegurarse de que tengan los datos actualizados.

¿Este cambio es permanente o temporal?

La facturación electrónica es una iniciativa permanente en Colombia, parte de una estrategia de largo plazo que busca digitalizar el sistema tributario y modernizar la administración fiscal. Aunque puede haber actualizaciones en el futuro, la DIAN no planea volver al formato en papel, ya que la digitalización ha mostrado beneficios en términos de transparencia y eficiencia en otros países.

¿Afectará mi tarifa de servicios públicos?

La implementación de la facturación electrónica no debería afectar el costo de los servicios. Sin embargo, algunas empresas podrían transferir parte de los costos operativos asociados a la digitalización a los usuarios. En estos casos, la DIAN debería supervisar para asegurar que estos costos se mantengan al mínimo y que la medida no se convierta en una carga adicional para los ciudadanos.

Imagen: Mikhail Nilov

La última noticia que surgió, luego de que el presidente Petro firmará  el decreto 0227 de 2023, con el cual podía asumir el control de los servicios públicos, ha sido la suspensión provisional por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

El Tribunal Supremo, decretó “medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 de 16 de febrero de 2023, acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, por los ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído”.

De acuerdo con los togados, la regulación de los servicios públicos como el agua, el gas y la luz no sería de competencia de Petro, el Tribunal señaló en el documento que “la regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación”.

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Es decir, lo que encontró el Consejo de Estado en el decreto expedido por presidencia es que Petro decidió “arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación”, explicó la La Sala Unitaria del alto Tribunal.

No obstante, la suspensión no es definitiva y es una decisión provisional y cautelar hasta que se defina cuáles son las irregularidades de la expedición del decreto. Cabe aclarar que aunque el Consejo de Estado señaló que esta tarea era del Congreso, en tanto a la información específicamente de lo que dice y la justificación que dio Petro para tomar control de la regulación; el Presidente sí podría asumir de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios.

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Es decir, lo que dice el alto Tribunal es que el decreto fue expedido “de manera irregular, sin competencia, con falsa motivación y con infracción de las normas superiores en que debía fundarse, teniendo en cuenta que a través del decreto 227 el Presidente de la República reasumió todas las competencias generales asignadas por la ley a las comisiones de regulación, sin distinguir que, dentro de estas, se encuentran algunas que fueron asignadas expresamente por el legislador a estas agencias estatales”.

¿Qué pasaría si llega a revivir el decreto con el Internet?

Para empezar hay que decir que en el año 2021, durante el gobierno de Iván Duque por medio de la Ley 2108 de 2021, el Internet fue declarado como ‘servicio público esencial y universal’.

La Ley señala que “dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como uno de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas”.

Además da línea de cómo los operadores deben funcionar bajo este principio. La norma explica que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio público esencial, y garantizarán la continua provisión del servicio”.

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Sin embargo, aclara que los usuarios tienen el deber de cumplir con las obligaciones de las suscripciones “conforme a la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”.

Ante la duda de si el presidente Petro podría meterle mano al precio de los paquetes de telefonía, televisión y conectividad, hay que decir que la discusión está muy alejada de los servicios TIC, ya que siempre se ha hablado de agua, luz y gas; y el decreto o las declaraciones del mandatario no definen el alcance de las afectaciones en este sector.

Lo que sí podrá hacer es tener autoridad en decisiones técnicas que requieren de análisis y valoración de expertos sobre un sector compuesto por cientos empresas heterogéneas que desarrollan sus servicios en todo el país.

Recordemos que, aunque la Ley 2108 de 2021, declara el Internet como un servicio público esencial, la Ley 1341 de 2009, que define el marco normativo de las TIC, impide al gobierno intervenir en las funciones de regulación de los servicios de telecomunicaciones, ya que es responsabilidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Sin embargo, la CRC puede intervenir si llega a comprobar que no existe una competencia sana entre operadores o hay un monopolio; si persiste un falla de mercado o si la calidad de los servicios ofrecidos no se ajusta a los niveles exigidos.

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Pese a que el ente regulador ha tenido evidencia de esto; por ejemplo en 2021 Claro dominaba el mercado, la Comisión no tomó medidas particulares como los cargos asimétricos, acción que sí se aplicó a este mismo operador en 2013 mediante cobros diferentes por la interconexión con otros operadores”.

Cabe mencionar que, Cristhian Lizcano Ortiz, exdirector ejecutivo de la CRC, explicó que Ley 1341 de 2009 otorga facultades propias a la CRC, mientras que los reguladores de otros sectores como el gas y el agua tienen facultades delegadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, aunque fuera la intención, el marco legal imposibilita que pueda hacer lo mismo en el sector de telecomunicaciones, puesto que la Ley 1341, luego modificada por la Ley de Modernización TIC de 2019, sacó a estos servicios del régimen de servicios públicos domiciliarios, aquellos que llegan hasta la casa de la ciudadanía.

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Entre tanto, una de las promesas de campaña de Gustavo Petro ha sido la de que todos “los colombianos puedan acceder a internet, sin importar el lugar del territorio nacional en el que se encuentren, a través de por lo menos una solución en 2026”.

“Sin conectividad, toda política TIC será insuficiente. Por esto, vigilaremos y cuidaremos cada recurso destinado a llevar Internet a los hogares, escuelas y empresas colombianas en cada departamento del país”, reseña el documento.

Imagen: Archivo de ENTER.CO

Hablemos de Uber, que nos permite ilustrar lo que estoy hablando. La mayoría de las personas creen que Uber es un servicio público, como actualmente son los taxis amarillos. No lo es. Es una aplicación que sirve de intermediario entre el propietario de un carro y la persona que necesita de su servicio. De hecho, los autos que están matriculados en Uber le pagan por permitirles prestar el servicio, lo que deja claro que esta aplicación no tiene como empleados a los conductores y no es propietaria de los automóviles. O sea, los conductores son clientes privados de Uber, que además trabajan con otras aplicaciones, como también son los que se transportan en ellos usando la aplicación.

En mi opinión, este servicio ya es legal, aunque los taxistas y las compañías que los unen no lo quieran dejar ver así. Vale le pena informar que de julio a diciembre del año pasado, Uber pagó 34.000 millones de pesos solo en IVA. ¿A dónde está yendo este dinero, una cantidad muy importante que puede ser usada para mejorar el tráfico en muchas ciudades?

Otros casos de aplicaciones que no son servicios públicos

Así se tienen que mirar muchas aplicaciones. Por ejemplo, mercadolibre.com no es un servicio público, pues lo que hace es facilitar negocios entre personas que quieren comprar y las que quieren vender, para intermediar y permitir que hagan el negocio cuando el comprador encuentra lo que quiere.

Airbnb –aplicación usada para conseguir dónde alojarse– tampoco es un servicio público. El usuario que tiene un alojamiento, no lo está usando y lo quiere alquilar lo inscribe en Airbnb para que una persona que vaya a viajar y necesite dónde quedarse lo pueda rentar.

En términos generales, hay que tener en cuenta que estas aplicaciones lo que hacen es intermediar entre el que ofrece un servicio privado, como un carro, y alguien, una persona privada, que lo quiera utilizar. Esto es muy importante para tener en cuenta cuando se vaya a regular cualquiera de estos servicios prestados por aplicaciones digitales. Decir que estas ‘apps’ son un servicio público sería como sostener que Amazon también lo es.

Publicado con autorización de El Tiempo.

Imágenes: Jirapong Manustrong y Oatawa (vía iStock).