La novedad amplía las operaciones que pueden hacerse desde WhatsApp, aunque no corresponde a las transferencias mediante Bre-B, que ya estaban disponibles por este canal. En este caso, el cambio está relacionado específicamente con el pago de servicios públicos.

Para utilizar la función, el primer paso no ocurre en WhatsApp. El usuario debe tener inscrita la factura que quiere pagar dentro de la aplicación de dale!. Esta condición permite que el servicio que posteriormente aparezca disponible en el chat corresponda a uno que ya fue registrado por el cliente.

Una vez cumplido ese requisito, el usuario puede acudir al canal de WhatsApp habilitado por dale! para consultar sus facturas y avanzar con el pago desde la conversación. El proceso evita tener que ingresar nuevamente a la aplicación para completar esta operación.

La inscripción debe hacerse antes del pago

La diferencia entre registrar el servicio y pagarlo desde WhatsApp es uno de los puntos que deben tener presentes los usuarios. No basta con tener una factura pendiente: primero debe haber sido inscrita en la aplicación de dale!.

Esto también significa que WhatsApp funciona como un canal adicional para realizar el pago, pero no reemplaza el proceso de inscripción inicial. Quienes quieran aprovechar la nueva alternativa deben verificar primero que el servicio que necesitan pagar ya esté asociado a su cuenta.

Te puede interesar: dale! premia sus transacciones con puntos que puede cambiar por datos y SMS

El uso de canales digitales para operaciones financieras también obliga a prestar atención a posibles intentos de suplantación. Antes de entregar información o avanzar con una transacción, los clientes deben comprobar que están interactuando con el canal oficial de dale! en WhatsApp y no con un número o una cuenta que intente hacerse pasar por la entidad.

La recomendación cobra importancia porque el pago se realiza dentro de una aplicación de mensajería que los usuarios utilizan habitualmente para comunicarse con familiares, amigos y empresas. Una conversación aparentemente legítima puede generar confusión si no se verifica el origen del contacto.

Con esta incorporación, dale! suma el pago de servicios públicos a las operaciones que sus clientes pueden gestionar mediante WhatsApp. Para quienes ya tengan sus facturas inscritas en la aplicación, la alternativa permite llevar una operación cotidiana a un canal que ya utilizan, mientras que el requisito previo de registro marca el primer paso antes de realizar el pago.

La tecnología utilizada no podía saber con certeza quién iba a pagar. Su función era otra: calcular qué clientes tenían una mayor probabilidad de hacerlo y utilizar esa información para decidir dónde concentrar los esfuerzos de cobranza.

El modelo desarrollado para el caso recibió el nombre de Propensity-to-Pay Predictive Data Model. Fue diseñado para clientes residenciales y asignaba a cada uno una puntuación según su probabilidad estimada de pagar una deuda. Después, las cuentas eran clasificadas en grupos de alta, media y baja propensión al pago.

La empresa partía de una situación complicada. Su tasa de recuperación de deuda era de 4 %, mientras que WNS reportaba un 14 % entre sus competidores. Además, las agencias encargadas de recuperar esas obligaciones podían cobrar comisiones de hasta 50 % del dinero recuperado, según el caso empresarial.

Te puede interesar: Agentes de IA ya pueden negociar deudas: ¿qué pasa si el algoritmo se equivoca?

Con los resultados del modelo, la compañía pudo cambiar la forma en que distribuía sus recursos. Las cuentas se priorizaron teniendo en cuenta la probabilidad de pago y el monto de la deuda. También se utilizaron guiones personalizados durante las llamadas y estrategias diferentes para cada grupo de clientes.

El resultado que reportó WNS fue un aumento de 50 % en la cobranza en tres meses. El mismo documento registra una mejora de 8 % en la conversión y una disminución de 20 % en los gastos operativos. Es importante precisar que estas cifras corresponden a un caso de negocio de WNS y no a un ensayo académico que permita afirmar que el análisis predictivo aumenta la cobranza 50 % en cualquier empresa.

Qué puede anticipar realmente un modelo predictivo

La utilidad de estos sistemas sí ha sido estudiada por investigadores. En 2022, Catalina Sánchez, Sebastián Maldonado y Carla Vairetti publicaron en Decision Support Systems una investigación sobre análisis predictivo aplicado a la cobranza. El trabajo utilizó información de una institución financiera chilena y combinó datos financieros con registros de los centros de contacto.

La investigación trabajó con 1.023.418 registros de llamadas, 26.466 promesas de pago y 54.349 pagos efectivos. Los investigadores desarrollaron modelos para estimar tres situaciones: la posibilidad de contactar exitosamente a un deudor, la probabilidad de que una conversación terminara en una promesa de pago y la posibilidad de que el cliente finalmente pagara sus obligaciones pendientes.

Te puede interesar: ¿La IA sabe quién va a pagar? Así funcionan los algoritmos que están cambiando la cobranza

Los resultados mostraron que combinar la información financiera con los datos obtenidos durante las interacciones del centro de contacto mejoraba el desempeño predictivo. Los autores plantearon que este tipo de modelos puede utilizarse para decisiones como segmentar clientes, asignar agentes y determinar qué cuentas requieren una intervención prioritaria.

La investigación también deja una advertencia que suele perderse cuando se habla de inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Una predicción no equivale a una certeza. El sistema encuentra patrones en los datos disponibles y calcula probabilidades. Si cambian los comportamientos de los clientes o la calidad de la información utilizada, también puede cambiar el resultado del modelo.

Por eso, en una operación de cobranza, el verdadero cambio no está en que una máquina pueda conocer el futuro. Está en utilizar los datos para decidir antes de que una deuda se convierta en un problema mayor y distribuir los recursos de cobranza según la información que existe sobre cada caso.

Casaforte también contó cómo Widergy utiliza inteligencia artificial en procesos como la explicación de facturas, la validación de documentos y la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). La compañía apuesta por una IA especializada en servicios públicos, en lugar de soluciones genéricas que no tienen en cuenta las particularidades de esta industria.

Además, habló sobre la expansión de Widergy en Latinoamérica, la importancia de Colombia para sus planes de crecimiento y el papel del talento colombiano dentro de su equipo. Esto fue lo que nos contó.

¿Cómo nació Widergy y qué necesidad encontró en las empresas de servicios públicos que llevó a crear la compañía?

Widergy nació en 2018 a partir de una observación muy clara que me dejó mi paso previo por el mundo corporativo. Estuve 15 años trabajando en consultoría para la industria de utilities y veía un contraste enorme: mientras los bancos y las telecomunicaciones estaban revolucionando su relación con los clientes —lo que hoy conocemos como la revolución fintech—, las empresas de energía, gas y agua se quedaban atrás. La relación tradicional con los servicios públicos nunca fue particularmente atractiva, memorable o simple; solía ser fría y puramente transaccional.

A mí me gusta pensarlo de esta manera: ¿por qué la experiencia energética no puede ser tan ágil y digital como abrir una cuenta en un banco desde el celular? Esa fue la necesidad que identificamos. Faltaba conectar la tecnología con la última milla del usuario.

Los primeros años fueron de mucho aprendizaje, de validar la idea y convencer a las primeras empresas de que la transformación digital no era solo sumar un sistema, sino un cambio cultural. Casi nueve años después, pasamos de ser una idea a tener una plataforma robusta operando en toda la región. La empresa escaló, hoy somos más de 100 personas y trabajamos con más de 30 clientes en toda Latinoamérica, pero nuestra visión central no cambió: la última milla energética va a ser cada vez más compleja, y por eso nuestra misión es hacerla cada vez más simple para el usuario.

¿Qué problemas tenían las empresas de energía, gas y agua antes de contar con este tipo de plataformas y cómo cambió la relación con sus usuarios?

Antes de esta evolución digital, las empresas enfrentaban una “contactabilidad dormida” y mucha fricción. Si un cliente tenía un problema, su única salida era ir a una sucursal física, gastando tiempo y dinero, o llamar a un call center saturado. La relación cambiaba radicalmente cuando le dabas al usuario la autonomía de gestionar su servicio 24/7. Un cliente bien informado, que entiende su factura y resuelve sus dudas desde WhatsApp, es un cliente más satisfecho y eficiente.

¿Por qué a una utility le cuesta hacer esto sola? Porque las empresas de servicios públicos tienen una complejidad operativa enorme: sistemas legacy, regulaciones estrictas y operaciones críticas. Históricamente, han gestionado la tecnología desde las áreas de IT tradicionales.

Lo que nosotros hacemos es separar la capa digital de los sistemas core. Una aplicación para usuarios requiere ciclos ágiles, prueba y error, y un entendimiento profundo del comportamiento humano. En Widergy les damos una plataforma omnicanal que ya habla el “idioma energético”, lo que nos permite implementar en semanas soluciones que a una empresa, desarrollando desde cero, le tomaría años.

¿Qué tecnología desarrolló Widergy para integrar canales como aplicaciones, portales web y WhatsApp, y qué papel tiene actualmente la inteligencia artificial?

El punto central es que no alcanza con tener WhatsApp o una App y listo. Eso no es omnicanalidad. Desarrollamos una plataforma que centraliza la atención creando una experiencia integrada y continua; el cliente puede iniciar una gestión en el portal y seguirla por WhatsApp sin perder el contexto.

Sobre la Inteligencia Artificial, nosotros no la vemos como una moda o como conectar un chat genérico. Hablamos de Vertical AI: inteligencia artificial entrenada específicamente para los desafíos de esta industria e integrada a los datos reales de la compañía.

Hoy usamos la IA para enviar resúmenes de facturas por voz o visuales mucho más atractivos que un PDF, para validar automáticamente documentos en un cambio de titularidad, o como un AI Copilot que asiste al agente humano para que resuelva un reclamo en tiempo récord.

Nuestro equipo de tecnología y desarrollo es el corazón de esto. Ellos garantizan que la arquitectura no solo funcione, sino que sea segura y capaz de escalar para procesar millones de interacciones críticas sin fallar.

En un mercado con grandes proveedores tecnológicos y desarrollos internos, ¿qué diferencia a Widergy y cómo está conformado el equipo que sostiene estas soluciones?

Nuestra competencia suele venir de dos frentes: los grandes proveedores de software genérico y la decisión interna de las empresas de intentar hacer desarrollos in-house. Lo que nos diferencia es el foco absoluto. No hacemos retail, no hacemos logística; solo nos especializamos en la industria de servicios públicos.

Tenemos una base estándar de cientos de funcionalidades específicas para el mercado energético que acortan drásticamente los tiempos de salida a producción.

Para sostener esto, conformamos un equipo de más de 100 profesionales. La gran mayoría son perfiles técnicos —desarrolladores, ingenieros, analistas de datos— complementados por expertos en producto y experiencia de usuario.

Incorporar talento de distintos países, con una presencia importante de profesionales colombianos, ha sido estratégico. No somos una empresa que “exporta” tecnología desde un solo lugar, somos una compañía regional. El talento local nos aporta agilidad y un entendimiento indispensable de la cultura y la dinámica propia de cada mercado.

Widergy ya está presente en varios países de Latinoamérica. ¿Dónde opera actualmente y qué diferencias ha encontrado entre los usuarios y las empresas de cada mercado?

Hoy operamos en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador y estamos avanzando en España. A pesar de las diferencias regulatorias y de madurez tarifaria entre estos mercados, hay algo muy claro: el dolor y la necesidad del usuario son transversales.

El consumidor de Bogotá, Buenos Aires o Ciudad de Panamá es cada vez más exigente, digital e impaciente, y ya no compara a su distribuidora con otra utility, sino con las apps que usa todos los días.

Trabajando con líderes como Promigas en Colombia o Naturgy en Argentina, aprendimos que la tecnología es un gran habilitador, pero la transformación de fondo es cultural y de procesos.

El mayor reto de llevar nuestra plataforma a distintos países es equilibrar la estandarización con la flexibilidad. Nuestro núcleo tecnológico es homogéneo, pero tiene la capacidad de adaptarse a las particularidades normativas y a los sistemas comerciales (legacy) de cada país sin perder velocidad de implementación.

¿Qué significa para Widergy consolidarse en Colombia y qué oportunidades identifica en la transformación digital de las empresas de servicios públicos?

Colombia es un mercado absolutamente estratégico para Widergy. Es un país con una madurez institucional envidiable en su sector energético y con empresas muy dinámicas que están genuinamente buscando mejorar la vida de sus usuarios.

Nuestra experiencia allí, por ejemplo unificando la experiencia digital de las distintas distribuidoras del grupo Promigas en tiempo récord, nos demuestra que hay un apetito real por la adopción digital y la eficiencia.

Y cuando hablamos de oportunidades en esa transformación digital, hay algo que vemos mucho en la industria y que representa uno de los puntos de mayor fricción en la última milla: la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

La respuesta a esto no es poner un chatbot genérico en la web para responder preguntas frecuentes, sino aplicar lo que nosotros llamamos Vertical AI. Por eso, desarrollamos un Agente de Inteligencia Artificial especializado en PQR que permite centralizar las solicitudes de todos los canales en un solo lugar con una recepción verdaderamente multicanal.

Este agente no solo lee, sino que interpreta, clasifica y tipifica cada caso de forma inteligente porque entiende las particularidades del servicio. Pero el verdadero valor aparece en la ejecución, ya que automatiza flujos para realizar tareas directamente integrándose a los sistemas existentes de la compañía.

¿Cuáles son las metas de Widergy para Colombia en los próximos años y qué papel quiere tener la compañía dentro del ecosistema tecnológico del país?

Nuestra meta en los próximos años es consolidarnos como el socio estratégico de las principales empresas colombianas de energía, gas y agua. Queremos seguir sumando clientes de renombre y ayudar a que la transición energética no se quede solo en los fierros o en la regulación, sino que llegue de verdad a los consumidores resolviendo problemas cotidianos como el de las PQR.

Para eso, planeamos profundizar nuestra presencia local, fortaleciendo nuestros equipos en el país y generando talento especializado en tecnología para utilities. Queremos ser un actor que aporte valor real al ecosistema tecnológico de Colombia y ayude a repensar la última milla de los servicios públicos en toda la región.

1. Monet

​Monet es una fintech colombiana que ofrece microcréditos rápidos y accesibles. Los usuarios pueden solicitar créditos de hasta el 30% de sus ingresos mensuales, siempre que estos sean superiores a $1.044.000 COP.

Ventajas

• Otorga créditos a personas sin historial crediticio o con reportes negativos en Datacrédito.
• No genera generar intereses corrientes. ​
• Es una aplicación fácil de usar; solo se requiere registrarse, vincular una cuenta bancaria y solicitar el crédito directamente desde el celular.

Desventajas

• Aunque no se generan intereses corrientes, la plataforma aplica costos fijos por sus servicios.
• Se necesita tener un smartphone y conexión a internet, lo que puede resultar limitante para algunas personas.

Te puede interesar: ¿Pueden Movistar, Claro y ETB subir las tarifas de tu plan móvil en Colombia sin previo aviso?

2. Pago con tarjeta de crédito

El pago de servicios públicos con tarjeta de crédito es una práctica común en Colombia. Muchas entidades financieras y empresas de servicios permiten esta modalidad, ofreciendo diversas facilidades a los usuarios.​

Ventajas

• ​Los pagos pueden realizarse en línea desde la comodidad del hogar o en puntos físicos autorizados, sin necesidad de efectivo.
• Algunos bancos ofrecen beneficios, como puntos o millas por cada pago realizado;  los cuales pueden canjearse por productos o servicios.
• La mayoría de las empresas de servicios públicos y entidades financieras permiten pagar con tarjeta de crédito, ya sea a través de sus plataformas en línea, aplicaciones móviles o corresponsales bancarios.

Desventajas

• Aplica solo a personas que cuentan con una tarjeta de crédito aprobada pueden utilizar este método, lo que excluye a quienes no tienen historial crediticio o están reportados.
• Se debe pagar el saldo total de la tarjeta al final del periodo, de lo contrario se generan intereses que pueden incrementar considerablemente la deuda.
• El uso excesivo de la tarjeta de crédito puede llevar a una acumulación de deudas que después resulten ser mas díficiles de pagar.

La elección entre Monet y el pago con tarjeta de crédito para pagar las facturas de servicios públicos en Colombia depende de las necesidades y circunstancias de cada usuario, siendo la primera una opción inclusiva para quienes no tienen acceso a productos bancarios tradicionales o enfrentan dificultades crediticias, mientras que el pago con tarjeta de crédito es más adecuado para quienes ya poseen este servicio y desean aprovechar sus beneficios adicionales, siempre y cuando gestionen responsablemente su uso para evitar costos adicionales.

Imagen: Pexels /Foto de Mikhail Nilov

Hasta el 30 de noviembre de 2024, Colombia contaba con un portafolio de contratación que garantizaba la demanda de gas. Sin embargo, algunos contratos expiraron y al renovarlos, la única fuente disponible fue gas importado, que es más costoso. “Arrancamos en una medida importante a partir del primero de diciembre; es decir, ese gas importado se vuelve estructural en un porcentaje elevado, un 30% de la demanda residencial y comercial”, indicó Contreras.

A pesar de que el Ministerio de Minas y Energía ha afirmado que hay suficientes recursos nacionales para cubrir la demanda, Contreras señaló que la realidad comercial es distinta. “Hemos encontrado que de esas fuentes declaradas como disponibles, o son contratos interrumpibles que no nos sirven porque no hay certeza de continuidad, o no están interconectados al Sistema Nacional de Transporte, por lo que no se pueden usar”, explicó.

Costos adicionales en la tarifa

Ahora  bien, el gas importado no solo es más costoso por su precio base en el mercado internacional, sino también por los costos de transporte. “Antes traíamos gas desde el pie de monte llanero a Bogotá, una distancia de 350 kilómetros. Ahora debemos traerlo desde Cartagena, llevarlo hasta La Guajira y de allí a Bogotá, un recorrido de aproximadamente 1.500 kilómetros. Entre mayor distancia, mayor es el costo de transporte”, explicó Contreras, quien sugirió que una solución podría ser una “estampilla nacional de transporte” para mitigar el impacto en las tarifas.

Te puede interesar: ¿Cómo solicitar el subsidio menstrual en la caja de compensación?

El impacto de este aumento podría extenderse en el tiempo. Según Contreras, entre 2025 y 2030 se mantendrá la necesidad de importar gas, hasta que entren en producción los recursos “offshore” descubiertos por Ecopetrol. “Mientras tanto, lo que estamos viviendo es una cobertura con gas importado que va a ser mayor”, indicó.

Sobre la posibilidad de que las tarifas sigan aumentando, advirtió que el panorama podría empeorar. “Los expertos del sector nos han dicho que vamos hacia un déficit de gas más grande en 2026. Si apenas estamos arrancando con un déficit pequeño y vamos hacia uno mayor, quiere decir que las tarifas podrían subir mucho más en los próximos meses”, indicó.

¿Cómo afectará a los usuarios?

Para un usuario de estrato 3 en Bogotá, que consumía 10 metros cúbicos de gas y pagaba 38.000 pesos mensuales, la factura subirá a 52.000 pesos en febrero. Si el consumo promedio es de 15 metros cúbicos, la factura podría acercarse a los 90.000 pesos.

El aumento afecta al mercado regulado (residencias, comercios y pequeñas industrias), pero no a la gran industria ni al sector de movilidad, que tienen contratos previos vigentes hasta noviembre de 2025.

¿Hay soluciones a corto plazo?

Según Vanti, la clave está en ajustar la regulación y fortalecer la infraestructura de transporte de gas. “Lo que necesitamos es una nueva planta de regasificación, robustecer los sistemas de transporte y generar mecanismos de compra de gas importado para compensar los mayores costos”, explicó Contreras.

En cuanto a la reciente decisión de Ecopetrol de liberar gas de los campos Cusiana y Cupiagua para la comercialización en 2026, Vanti consideró que es insuficiente. “Nosotros, como industria, veníamos solicitando que se anticipara este proceso. No lo veremos este año, sino en 2026”, dijo Contreras.

Por ahora, el aumento del 36% en la tarifa de gas natural no tiene reversa. La posibilidad de reducir los costos depende de cambios regulatorios y proyectos de infraestructura que podrían tardar varios años en materializarse.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Otro aspecto relevante es que las facturas de servicios pueden ser utilizadas como respaldo para financiar compras en almacenes, lo cual genera mayor confianza entre los prestamistas. Al contar con los recibos de servicios públicos a tu nombre, también puedes obtener beneficios adicionales, como la posibilidad de acceder a tarjetas de crédito o disfrutar de tasas de interés más bajas.

Te puede interesar: Productos y servicios vinculados al IPC y al salario mínimo: ¿Cómo afectan tu economía?

Incluso, con solo presentar el recibo de luz, agua o gas, algunos almacenes te permiten comprar electrodomésticos a plazos, facilitando así tu acceso a productos necesarios. Además, con las mismas facturas, puedes contratar seguros, como planes exequiales con empresas como Capillas de La Fe o Coorserpark, brindando una protección adicional a ti o a tus familiares con solo diligenciar un formulario.

¿Qué necesitas para realizar el cambio?

Cada compañía encargada de suministrar los servicios tiene sus propios requisitos para realizar el cambio de titular, pero generalmente solicitan los siguientes documentos clave:

1. Certificado de libertad y tradición: Este documento debe tener una vigencia específica según el servicio:
   1. Energía: máximo 90 días.
   2. Acueducto y alcantarillado: máximo 60 días.
   3. Gas: máximo 30 días.
2. Documento de identificación: Usualmente, la cédula de ciudadanía del solicitante.
3. Propiedad del inmueble: En la mayoría de los casos, se requiere ser el propietario del predio para efectuar el cambio de titular.

Ser el titular en las facturas de servicios públicos es más que solo un detalle administrativo. De hecho, puede ser la clave para acceder a beneficios económicos y financieros que pueden mejorar significativamente tu situación financiera.

En el caso de Bogotá, las empresas de servicios públicos ofrecen opciones para modificar el titular de las cuentas, los pasos varían según la compañía:

Enel Colombia

Para realizar el trámite de manera virtual, debe enviar la solicitud al correo electrónico clientescolombia@enel.com. También puede hacerlo de forma presencial en los centros de servicio como el CAD o el SuperCADE, o a través de las líneas telefónicas.

Los documentos necesarios para este trámite son:

• Certificado de libertad y tradición no mayor a 90 días.
• Copia de la cédula del nuevo propietario.

Si no dispone del certificado de libertad y tradición, puede optar por alguno de los siguientes documentos:

• Impuesto predial del último periodo.
• Documento de posesión del inmueble.
• Sentencia judicial de adjudicación del predio.
• Resolución administrativa de adjudicación del predio.
• Contrato de leasing habitacional suscrito con una entidad financiera legalmente constituida.
• Escritura pública.

En caso de que la dirección del certificado de tradición no coincida con la registrada en la factura, deberá anexar el certificado catastral no mayor a 60 días.

Empresa de Acueducto de Bogotá

La modificación del titular debe realizarse a través de los canales presenciales de la empresa, en puntos de atención como el CADE o el SuperCADE.

Los documentos requeridos son:

• Certificado de libertad y tradición del predio no mayor a 60 días o número de matrícula inmobiliaria.
• Fotocopia de la cédula del propietario.

Recuerde que la cuenta debe estar a paz y salvo para poder realizar el trámite.

Vanti

Para solicitar la modificación del titular en Vanti, puede hacerlo a través de su página web. Diríjase a la sección “Trámites en línea” y luego a “Actualización de datos del titular”.

Para continuar con el proceso, debe diligenciar el formulario con los datos requeridos, aceptar los términos y condiciones, y adjuntar los siguientes documentos:

• Certificado de tradición y libertad no mayor a 30 días (debe ser legible).
• Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería vigente o pasaporte (si es ciudadano extranjero).
• Cotización de conversión, emitida por un taller certificado de Vanti. La cotización debe tener un máximo de 15 días desde la fecha de expedición.

Ser el titular en las facturas de servicios públicos es más que solo un detalle administrativo. De hecho, puede ser la clave para acceder a beneficios económicos y financieros que pueden mejorar significativamente tu situación financiera. 

¿Qué es la facturación electrónica y por qué es obligatoria ahora?

La facturación electrónica es un sistema de emisión de facturas digitales que permite a la DIAN supervisar en tiempo real las transacciones comerciales de los contribuyentes. Ahora, a partir de noviembre, este sistema se vuelve obligatorio para ciertos sectores, especialmente el de los servicios públicos domiciliarios, como electricidad, agua y gas. 

La medida busca mejorar la transparencia y reducir la evasión fiscal al asegurar que todas las transacciones queden debidamente registradas y accesibles para la DIAN.

¿A quién afecta esta medida? ¿Solo a empresas grandes?

No, la obligatoriedad afecta a empresas de todos los tamaños que prestan servicios públicos domiciliarios. Esto incluye a grandes compañías y a pequeñas y medianas empresas que brinden servicios de agua, electricidad, gas o telecomunicaciones. 

Estas organizaciones ahora deben implementar un sistema de facturación electrónica para cada cliente, sin importar si se trata de personas o empresas, y sin importar el volumen de consumo.

¿Cómo afecta a los ciudadanos comunes?

Para los consumidores de servicios públicos, la facturación electrónica implica que las facturas que reciban ahora serán digitales, con algunos cambios en los formatos de los documentos. Además, al ser digital, este nuevo formato les permitirá tener un registro claro y accesible de sus pagos anteriores, lo cual puede facilitar la administración de los pagos mensuales o la realización de reclamos en caso de inconsistencias.

Te puede interesar: ¿Habrá o no racionamiento de gas natural en Colombia?

¿Es más complicado para los usuarios recibir y pagar facturas electrónicas?

No debería serlo. La facturación electrónica no cambia la manera en que los colombianos pagan sus facturas. La diferencia principal es el formato de la factura, que ahora será digital y estará en línea, o en algunos casos podrá ser enviada al correo electrónico. Los usuarios seguirán teniendo la opción de pagar en línea, en puntos de pago físicos o a través de su entidad bancaria, como lo venían haciendo.

¿Cómo puedo acceder a mis facturas electrónicas?

Cada empresa ofrecerá diferentes métodos, pero lo más común será que las facturas estén disponibles a través de portales en línea. Algunas empresas también enviarán las facturas directamente al correo electrónico que el usuario haya registrado. En caso de no recibirlas, es recomendable contactar con la empresa de servicios para asegurarse de que tengan los datos actualizados.

¿Este cambio es permanente o temporal?

La facturación electrónica es una iniciativa permanente en Colombia, parte de una estrategia de largo plazo que busca digitalizar el sistema tributario y modernizar la administración fiscal. Aunque puede haber actualizaciones en el futuro, la DIAN no planea volver al formato en papel, ya que la digitalización ha mostrado beneficios en términos de transparencia y eficiencia en otros países.

¿Afectará mi tarifa de servicios públicos?

La implementación de la facturación electrónica no debería afectar el costo de los servicios. Sin embargo, algunas empresas podrían transferir parte de los costos operativos asociados a la digitalización a los usuarios. En estos casos, la DIAN debería supervisar para asegurar que estos costos se mantengan al mínimo y que la medida no se convierta en una carga adicional para los ciudadanos.

Imagen: Mikhail Nilov

La última noticia que surgió, luego de que el presidente Petro firmará  el decreto 0227 de 2023, con el cual podía asumir el control de los servicios públicos, ha sido la suspensión provisional por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

El Tribunal Supremo, decretó “medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 de 16 de febrero de 2023, acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, por los ministros: de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y de Vivienda Ciudad y Territorio, y por el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído”.

De acuerdo con los togados, la regulación de los servicios públicos como el agua, el gas y la luz no sería de competencia de Petro, el Tribunal señaló en el documento que “la regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador en los artículos 150, 365, 367 y 48 transitorio de la Constitución Política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación”.

Te puede interesar: ¿Qué hacer en caso de ser uno de los afectados de Viva Air?

Es decir, lo que encontró el Consejo de Estado en el decreto expedido por presidencia es que Petro decidió “arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación”, explicó la La Sala Unitaria del alto Tribunal.

No obstante, la suspensión no es definitiva y es una decisión provisional y cautelar hasta que se defina cuáles son las irregularidades de la expedición del decreto. Cabe aclarar que aunque el Consejo de Estado señaló que esta tarea era del Congreso, en tanto a la información específicamente de lo que dice y la justificación que dio Petro para tomar control de la regulación; el Presidente sí podría asumir de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios.

Te puede interesar: Reforma laboral: plataformas consideran pagar seguridad, pero no formalizar contratos

Es decir, lo que dice el alto Tribunal es que el decreto fue expedido “de manera irregular, sin competencia, con falsa motivación y con infracción de las normas superiores en que debía fundarse, teniendo en cuenta que a través del decreto 227 el Presidente de la República reasumió todas las competencias generales asignadas por la ley a las comisiones de regulación, sin distinguir que, dentro de estas, se encuentran algunas que fueron asignadas expresamente por el legislador a estas agencias estatales”.

¿Qué pasaría si llega a revivir el decreto con el Internet?

Para empezar hay que decir que en el año 2021, durante el gobierno de Iván Duque por medio de la Ley 2108 de 2021, el Internet fue declarado como ‘servicio público esencial y universal’.

La Ley señala que “dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como uno de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas”.

Además da línea de cómo los operadores deben funcionar bajo este principio. La norma explica que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio público esencial, y garantizarán la continua provisión del servicio”.

Te puede interesar: Gobierno Petro aclara polémica del internet instalado por las JAC: «Ya existe»

Sin embargo, aclara que los usuarios tienen el deber de cumplir con las obligaciones de las suscripciones “conforme a la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”.

Ante la duda de si el presidente Petro podría meterle mano al precio de los paquetes de telefonía, televisión y conectividad, hay que decir que la discusión está muy alejada de los servicios TIC, ya que siempre se ha hablado de agua, luz y gas; y el decreto o las declaraciones del mandatario no definen el alcance de las afectaciones en este sector.

Lo que sí podrá hacer es tener autoridad en decisiones técnicas que requieren de análisis y valoración de expertos sobre un sector compuesto por cientos empresas heterogéneas que desarrollan sus servicios en todo el país.

Recordemos que, aunque la Ley 2108 de 2021, declara el Internet como un servicio público esencial, la Ley 1341 de 2009, que define el marco normativo de las TIC, impide al gobierno intervenir en las funciones de regulación de los servicios de telecomunicaciones, ya que es responsabilidad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Sin embargo, la CRC puede intervenir si llega a comprobar que no existe una competencia sana entre operadores o hay un monopolio; si persiste un falla de mercado o si la calidad de los servicios ofrecidos no se ajusta a los niveles exigidos.

Te puede interesar: Starlink: internet de Elon Musk ya está en Colombia, lo puedes solicitar a este precio

Pese a que el ente regulador ha tenido evidencia de esto; por ejemplo en 2021 Claro dominaba el mercado, la Comisión no tomó medidas particulares como los cargos asimétricos, acción que sí se aplicó a este mismo operador en 2013 mediante cobros diferentes por la interconexión con otros operadores”.

Cabe mencionar que, Cristhian Lizcano Ortiz, exdirector ejecutivo de la CRC, explicó que Ley 1341 de 2009 otorga facultades propias a la CRC, mientras que los reguladores de otros sectores como el gas y el agua tienen facultades delegadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, aunque fuera la intención, el marco legal imposibilita que pueda hacer lo mismo en el sector de telecomunicaciones, puesto que la Ley 1341, luego modificada por la Ley de Modernización TIC de 2019, sacó a estos servicios del régimen de servicios públicos domiciliarios, aquellos que llegan hasta la casa de la ciudadanía.

Te puede interesar: Propuestas de las apps de transporte en Colombia para su regularización

Entre tanto, una de las promesas de campaña de Gustavo Petro ha sido la de que todos “los colombianos puedan acceder a internet, sin importar el lugar del territorio nacional en el que se encuentren, a través de por lo menos una solución en 2026”.

“Sin conectividad, toda política TIC será insuficiente. Por esto, vigilaremos y cuidaremos cada recurso destinado a llevar Internet a los hogares, escuelas y empresas colombianas en cada departamento del país”, reseña el documento.

Imagen: Archivo de ENTER.CO

Hablemos de Uber, que nos permite ilustrar lo que estoy hablando. La mayoría de las personas creen que Uber es un servicio público, como actualmente son los taxis amarillos. No lo es. Es una aplicación que sirve de intermediario entre el propietario de un carro y la persona que necesita de su servicio. De hecho, los autos que están matriculados en Uber le pagan por permitirles prestar el servicio, lo que deja claro que esta aplicación no tiene como empleados a los conductores y no es propietaria de los automóviles. O sea, los conductores son clientes privados de Uber, que además trabajan con otras aplicaciones, como también son los que se transportan en ellos usando la aplicación.

En mi opinión, este servicio ya es legal, aunque los taxistas y las compañías que los unen no lo quieran dejar ver así. Vale le pena informar que de julio a diciembre del año pasado, Uber pagó 34.000 millones de pesos solo en IVA. ¿A dónde está yendo este dinero, una cantidad muy importante que puede ser usada para mejorar el tráfico en muchas ciudades?

Otros casos de aplicaciones que no son servicios públicos

Así se tienen que mirar muchas aplicaciones. Por ejemplo, mercadolibre.com no es un servicio público, pues lo que hace es facilitar negocios entre personas que quieren comprar y las que quieren vender, para intermediar y permitir que hagan el negocio cuando el comprador encuentra lo que quiere.

Airbnb –aplicación usada para conseguir dónde alojarse– tampoco es un servicio público. El usuario que tiene un alojamiento, no lo está usando y lo quiere alquilar lo inscribe en Airbnb para que una persona que vaya a viajar y necesite dónde quedarse lo pueda rentar.

En términos generales, hay que tener en cuenta que estas aplicaciones lo que hacen es intermediar entre el que ofrece un servicio privado, como un carro, y alguien, una persona privada, que lo quiera utilizar. Esto es muy importante para tener en cuenta cuando se vaya a regular cualquiera de estos servicios prestados por aplicaciones digitales. Decir que estas ‘apps’ son un servicio público sería como sostener que Amazon también lo es.

Publicado con autorización de El Tiempo.

Imágenes: Jirapong Manustrong y Oatawa (vía iStock).