Ernesto Matallana, apoderado de la interventoría, y Eliécer Mora, representante legal del consorcio PE2020 C Digitales, confirmaron que los centros digitales existen y están en operación. Sin embargo, la UTCP tendría que haber reportado con material audiovisual 773 puntos y no lo hizo; en su lugar pidió un tiempo para cumplir la meta asegurando que por la pandemia y el Canal de Suez se habían atrasado materiales; argumentos que se rechazaron en su momento.

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Los dos voceros le explicaron a El Espectador que la UTCP presentó prueba de 400 centros digitales cuando se iniciaron las audiencias por los documentos falsos e incumplimiento y siguió haciéndolo hasta que se declaró la caducidad del contrato.

¿Por qué la interventoría hasta ahora confirma los centros digitales?

De acuerdo con la interventoría no se han hecho visitas oficiales, pues el presupuesto para hacerlas se hace cuando se entrega terminado el proyecto. “El contratista solo llegó al primer paso: reportar los sitios instalados. Falta hacer pruebas remotas, revisar sistemas de gestión y luego ordenar una ruta de trabajo para ir a campo”, le explicó Mora al diario.

Sin embargo, se hicieron visitas aleatorias a varios puntos de Boyacá y todo parece estar en orden. El representante de la interventoría señala que se autorizó el anticipo de los $70.000 millones porque la UTCP presentó un plan de inversión viable y de acuerdo con los objetivos planteados por el proyecto.

La interventoría es investigada por incumplimiento. Ellos aseguran que se demoraron en procesar la información porque el contratista la entregó tarde. Matallana y Mora solicitaron al MinTIC la autorización de las visitas a los 840 puntos para confirmar su existencia y que funcionan correctamente.

Imagen: MinTIC. 

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Un juez de Atlántico frenó el proceso de caducidad que ordenó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el pasado 13 de agosto sobre el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados (UTCP). Esta decisión frenaría los procesos de embargo e, inclusive, congelaría la cesión de contrato a ETB.

Luis Fernando Duque Torres, representante legal, confirmó que interpuso una acción de tutela en contra de la decisión por violación al debido proceso y esta fue aceptada por un juez de Puerto Colombia (Atlántico) ayer 24 de agosto.

La notificación, que ya habría sido entregada al Ministerio, suspende las decisiones de las resoluciones 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021. Estos documentos son los que informan sobre la decisión de declarar la caducidad del contrato. Además, cualquier decisión u orden relacionada con este tema también queda congelado.

Esto quiere decir que cualquier actividad que se estuviera haciendo para lograr traer los $50.000 millones de pesos que se encuentran fuera del país, más el embargo de una propiedad (valuada en $40.000 millones) y la cesión del contrato a ETB, deberán parar hasta que se evalué la acción de tutela.

La Unión Temporal Centros Poblados dice que actuó de buena fe

El representante de la Unión temporal Centros Poblados asegura que la empresa iba a cumplir con el contrato y que, hasta el momento en que se declaró la caducidad, había actuado de buena fe. Además, aunque el dinero resultó en Delaware, el abogado afirma que esto fue usado para comprar material que sería usado posteriormente en las obras.

En cuanto a los documentos falsos presentados durante la licitación, el representante de UTCP insiste que usaron un intermediario para adquirir las pólizas presentadas y no son responsables de que se les haya engañado.

Mientras el juez toma una decisión frente a la acción de tutela, cualquier acción tomada por el MinTIC y promesa hecha por la ministra de las TIC, Karen Abudinen, no son más que palabras que se llevará el viento.

La ministra en la cuerda floja y sin red de seguridad

Ayer se confirmó la fecha de la moción de censura contra la ministra de las TIC. Mientras que expertos aseguraban que Abudinen podría tener los argumentos para salir bien librada, con la posible recuperación de $40.000 millones gracias a una propiedad en la costa colombiana, más los del abono dado a UTCP, con la acción de tutela la red de seguridad de la ministra parece desaparecer y dejarla en un peligro inminente para su presentación ante la Cámara de Representantes.

Por su parte, la ministra publicó en su cuenta de Twitter:

¡Esto es la tapa del descaro!
La caducidad está en firme. No permitiremos que con acciones temerarias dilaten decisiones adoptadas en derecho. Defenderemos a capa y espada los intereses del Estado. https://t.co/jrBLwxkFXO

— Karen Abudinen (@karenabudi) August 25, 2021

Abudinen aseguró que renunciar no es una salida viable y que seguirá dando la cara ante el actual escándalo.

«Es muy fácil renunciar, pero la responsabilidad con los ciudadanos, con la entidad, con el Gobierno Nacional, es resolver esta situación, es dejar que las entidades de investigación y control hagan su trabajo y avancen en él; pero en paralelo reorganizar el proceso, retomar el proyecto y ejecutar la conexión de las escuelas la rurales»

Mientras tanto, las más de 7.000 escuelas rurales seguirán sin Internet. El MinTIC sigue sin dar nombres o explicaciones de cómo paso esto internamente y seguiremos escuchando decir a los colombianos: “esa plática se perdió”.

Imagen: MinTIC. 

Con $70.000 millones en el limbo ($50.000 millones en cuentas en Delaware, Estados Unidos), aún después de decretar la caducidad del contrato, hay algo que está muy claro, el error estuvo en el momento en que no se confirmó la información dada por UTCP al MinTIC al entrar en la licitación. Por este error, por supuesto, alguien debe responder. 

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La moción de censura fue radicada hace 11 días, al mismo tiempo que el presidente Duque afirmaba “confiar en la ética de la ministra y poner a su disposición las ayudas necesarias para recuperar el dinero”. Por ahora, Abudinen no se enfrenta a cargos criminales y no ha sido llamada por la Fiscalía o la procaduría. El MinTIC por su parte, ordenó el embargo de las cuentas y bienes de la UTCP para tratar de recuperar parte del dinero dado como anticipo. El diario El Tiempo asegura que hay más de 20 cuentas pertenecientes a la empresa.

Y ahora ¿Quién podrá ayudar a la ministra Abudinen?

A la administración Duque le queda un año. Esto quiere decir que ya hay una campaña corriendo y que el ojo público está mucho más pendiente de las acciones de muchos políticos y sus acciones.

La actual moción de censura a la que se enfrenta la ministra de las TIC es delicada precisamente porque aquellos que se atrevan a defender sus acciones podrían ser criticados por la opinión pública fuertemente, un lujo que no pueden darse en este momento. Por lo tanto, todo dependerá de que la ministra llegue a la moción de censura con fuertes argumentos y en lo posible con hechos sobre cómo logrará recuperar el dinero entregado a la UTCP.

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Mientras tanto, teniendo en cuenta que Abudinen es cuota de los Char, muchos esperarían apoyo de varios partidos, pero hasta el momento todos parecen no llegar a un consenso. Todo parece depender del lobby que haga la misma Casa de Nariño en favor de la ministra. Pues, a pesar de todo, Duque es el único que se ha atrevido a hablar en su favor.

Imagen: MinTIC.

Durante la audiencia, Adriana Vivas Robles, delegada por la ministra TIC, dio lectura a la resolución y sus consideraciones en donde se aclaró que a la empresa no se le “violó el debido proceso”, como lo argumentó su representante legal en la audiencia anterior.

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La Unión Temporal Centros Poblados quedará inhabilitado para participar en cualquier negociación con el Estado por cinco años. Karen Abudinen, señaló que fue el MinTIC el que denunció el contrato y solicitó su caducidad, entre otras medidas con la Fiscalía y otras entidades para llevar a cabo las investigaciones. “Iniciamos la caducidad del contrato y actuaciones con control interno para esclarecer si tuvimos una falla al firmar el contrato; estamos en un proceso”, explicó la ministra durante una intervención para la prensa.

El interventor del proceso también fue cambiado. “Avanzamos en el ‘Plan de Choque’ para revisar las bodegas y los colegios donde se encuentra la infraestructura tecnológica, para hacer un levantamiento y corroborar el plan de inversión del anticipo”, dijo Abudinen sobre cuáles solo serán los pasos a seguir para recuperar el abono de $70.000 millones de pesos. Además, aseguró que se pedirán la restitución mutuas por daños y perjuicios a favor de la entidad. “Pueden estar seguros de que haremos, ahora y en el futuro, respetar la ley”, agregó.

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Además, la ministra señaló que esta es una oportunidad para encontrar las fallas en los sistemas de contratación y no permitir que personas y empresas maliciosas se adueñen de recursos públicos.

Tendremos que esperar a que el proceso de recuperación culmine para conocer con detalle qué dinero la empresa ya había invertido en materiales para el proyecto. Cuánto del dinero que salió del país se podrá recuperar, pues para esto se necesitará la intervención de organismos internacionales. Además, del resultado de la cláusula penal pecuniaria en contra de la UT Centros Poblados y sus miembros, por la suma de hasta $ 39 mil millones.

Imagen: Captura de pantalla.