En China la industria de las transmisiones en vivo es multimillonaria. De acuerdo al Wall Street Journal, los llamados ‘streamers’ le dejan al país ganancias de hasta US$ 30 mil millones. Sin embargo, a las autoridades del gigante asiático no les hace gracia la cantidad de dinero que proviene de este tipo de actividad, ni están orgullosas al respecto. Para China, esta clase de creadores de contenido no representan ningún tipo de utilidad de cara a las necesidades del país y por eso son calificados como un mal ejemplo para los jóvenes que no solo ven sus contenidos, sino que los apoyan e incluso sueñan algún día con seguir su mismo camino.
Por eso los reguladores de esa nación están ideando todo un proyecto de ley que, teniendo en cuenta que en China existen al menos 700 millones de personas que suelen consumir contenidos transmitidos, permita limitar tanto el gasto diario de los usuarios que deciden donar dinero a estos personajes, como las ganancias que los ‘influencers’ pueden recibir por sus videos en vivo.
La iniciativa suena un tanto exagerada y autoritaria, sin embargo, deja de parecerlo un poco cuando a la luz salen casos de espectadores «adictos» a donar altos montos a sus ‘streamers’ favoritos, aunque irónicamente no cuenten con una solvencia económica que les permita regalar recursos sin afectar su propio contexto.
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El problema de China se sustenta en un argumento nacionalista en el que cualquier comportamiento asociado a la cultura occidental se entiende como una consecuencia de la alienación y la influencia que puede tener el consumismo «americano» en las costumbres propias.
Por esa razón, desde el 2020 el Gobierno se permite, por ley, limitar del tiempo que los menores de edad pueden destinar a consumir videojuegos y al «contenido adictivo”, o puede censurar contenidos audiovisuales occidentales que tocan temas progresistas y libertarios como los derechos de la comunidad LGBT por considerarse vulgares y «anti-chinos».
Esta nueva normativa que China está preparando para contener el mercado del ‘streaming’, se sustenta en la idea que tiene el Estado sobre los trabajos que considera productivos para la nación. La regulación estaría cobijada por el estricto sistema de censura conocido como el «Gran Cortafuegos», el cual busca controlar lo que se publique en Internet para evitar la propagación de contenidos que vayan en contra vía del «honor nacional», que «perturben el orden económico o social» o que estén orientados a «derrocar el sistema socialista».
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