Dos años después de haber sido radicado en el Congreso fue aprobado ayer -en último debate en la plenaria de Senado- el proyecto de ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), mediante el cual se establece un nuevo marco normativo para el sector de las telecomunicaciones.
Esta iniciativa, fruto de diez años de análisis al interior del Ministerio de Comunicaciones y de la industria, se convierte en el referente del Gobierno para el desarrollo de políticas públicas en materia de TIC, libre competencia, protección al usuario, calidad del servicio, promoción de la inversión en el sector, uso de redes y gestión del espectro radioeléctrico, entre otros aspectos.
Para la ministra de esta cartera, María del Rosario Guerra, esta ley es fundamental porque establece principios como el de la neutralidad tecnológica que permitirá que los operadores utilicen la tecnología de telecomunicaciones que deseen para el suministro de sus servicios.
Así mismo, crea la figura de la habilitación general, que no es otra cosa que una licencia única para la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones. De los 76 artículos que conforman el proyecto, 63 fueron aprobados en la noche del miércoles y los 13 restantes ayer luego de que fueron analizadas igual número de proposiciones que los modificaban.
Allí se destacan artículos que causaron polémica en los últimos días como el número 59 que obligaba a las empresas de radio a a entregar «a precios adecuados» o a ceder espacios en su programación para las organizaciones y movimientos sociales. En este caso, el fragmento del texto que generaba controversia fue eliminado.
También, se discutió un aparte del artículo 2 con el cual, dicen los operadores privados, se privilegia a los operadores públicos de telecomunicaciones. Aunque el texto quedó en firme, se prevé que en la conciliación pueda ser suprimido.
Igualmente fue descartada una proposición presentada el miércoles que buscaba dejar en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos las labores de vigilancia y control no solo de los operadores de telefonía fija, sino de la móvil. Aunque la norma aprobada no lo señala, el objetivo del Gobierno es que esta tarea quede en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, en el futuro, de una superintendencia de telecomunicaciones.
No más subsidios
Además de los ajustes normativos, la nueva ley determina el fin del esquema de subsidios y contribuciones para el servicio de telefonía fija, mediante el cual los usuarios de los estratos 5 y 6 aportaban el 20 por ciento de su cargo básico para subsidiar a los abonados de los estratos 1 y 2.
En su momento, el Gobierno señaló que esta medida es producto de la inviabilidad de dicho modelo, pues no se reciben las contribuciones suficientes para realizar los subsidios ofrecidos.
De acuerdo con el proyecto de ley, los subsidios se mantendrán por un periodo de transición de cinco años durante el cual serán financiados con el dinero que los operadores de telefonía iban a girar al Fondo de Comunicaciones.
El Gobierno prevé que pasados estos cinco años la eliminación de los subsidios no va a golpear a los estratos bajos, más si se tiene en cuenta que para ese momento el precio del servicio de telefonía fija será muy bajo por efecto de la competencia del mercado fijo y móvil. La norma también establece que el Gobierno destinará recursos para fomentar la masificación de Internet en los estratos bajos.
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