ENTER.CO conoció el documento de 177 páginas con el que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración entre Tigo y Movistar. La resolución, fechada el 13 de noviembre de 2025, aprueba la fusión más grande del sector en años, pero también deja al descubierto un riesgo estructural: los operadores pequeños quedan en una posición casi insostenible.
Aunque la SIC impone condicionamientos para controlar los impactos, el análisis detallado del expediente muestra que la medida más crítica —el roaming— termina beneficiando a los grandes mientras asfixia a los actores regionales. El resultado, según expertos consultados y cálculos del propio documento, se parece más a una sentencia anticipada que a una garantía de competencia.
El punto más sensible es el del Roaming Automático Nacional (RAN). Allí se fija que los operadores pequeños deben pagar capacidad basada en 4 megabits, a pesar de que producir ese mismo megabit le cuesta prácticamente cero a la red compartida de Tigo y Movistar. Es un precio alto impuesto sobre un costo marginal casi nulo, una ecuación que solo favorece a quienes controlan la infraestructura.
Este desbalance convierte la operación minorista de los operadores pequeños en un escenario de pérdida asegurada. No pueden trasladar el costo al usuario sin volver sus planes prohibitivos y tampoco pueden negociar tarifas más bajas porque la resolución fija las condiciones del mercado mayorista. Así, la sostenibilidad de los regionales queda comprometida desde el diseño.
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Aunque la SIC afirma que sus condicionamientos buscan evitar abusos y proteger a los operadores pequeños, el documento muestra que buena parte de esas obligaciones coinciden con las propuestas iniciales de Tigo y Movistar. Esto indica que el gobierno adoptó, casi por completo, el modelo planteado por los dos operadores que se fusionan, sin introducir correctivos de fondo que permitieran equilibrar el terreno.
El resultado práctico es que los operadores pequeños dependen de un servicio mayorista cuyo precio supera su capacidad económica. La SIC prohíbe aumentos injustificados, pero no interviene en la estructura tarifaria que ya era lo suficientemente onerosa para limitar la competencia. Es una protección que llega tarde y que no corrige los incentivos del mercado.
Si un operador grande como WOM atraviesa dificultades financieras incluso con millones de usuarios y espectro propio, la situación para un regional con 20 o 30 mil líneas se vuelve prácticamente inviable. La resolución no solo aprueba la fusión, sino que normaliza un modelo donde los actores pequeños sobreviven únicamente como consumidores de una red que no pueden costear.
La lógica del mercado, tal como queda configurado, apunta hacia una reducción del ecosistema de operadores. Con precios mayoristas altos, limitaciones de espectro y altos costos fijos, los pequeños tendrán que decidir entre operar a pérdida, vender sus operaciones o desaparecer. Lo que se presenta como integración para ganar eficiencia termina convirtiéndose en una barrera de entrada y permanencia.
La resolución también reconoce riesgos para los OMV y PRST menores, pero confía en que los reportes y auditorías serán suficientes para evitar prácticas anticompetitivas. Sin embargo, estos mecanismos actúan después del daño y no corrigen la estructura de precios. El sector queda con vigilancia formal, pero sin herramientas reales para proteger a quienes ya están debilitados.
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Para los usuarios, especialmente en zonas rurales y apartadas, la pérdida de operadores regionales significará menos opciones, menos presión competitiva y, en algunos casos, menos cobertura efectiva. Para el país, implicará un retroceso en pluralidad y en el objetivo de ampliar la conectividad bajo múltiples modelos de operación.
La SIC autorizó la fusión, sí, pero lo hizo manteniendo un esquema de roaming que reproduce desigualdades y fortalece a quienes ya dominan el mercado. Para los pequeños operadores, esta no es una simple integración empresarial: es la crónica de una muerte anunciada. La competencia seguirá existiendo, pero solo para quienes pueden pagar el costo de permanecer.
