La aprobación de la integración entre Tigo y Movistar marca uno de los movimientos más grandes en el mercado móvil colombiano. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la unión con una serie de condicionamientos destinados a evitar abusos y proteger a los usuarios.
Aunque la entidad sostiene que la fusión permitirá competir mejor contra Claro y mejorar la calidad del servicio, también reconoció riesgos que podrían afectar los precios y la competencia. Para mitigarlos, impuso medidas obligatorias que acompañarán el nacimiento de este nuevo gigante de telecomunicaciones.
Las reglas que la SIC impuso para autorizar la integración
El primer foco de atención está en el Roaming Automático Nacional (RAN), servicio del cual depende WOM para operar en zonas donde aún no tiene red propia. La SIC encontró que la empresa integrada podría aumentar estas tarifas, afectando los costos operativos de competidores más pequeños.
Para evitar esto, ordenó descuentos obligatorios entre el 12,5% y el 24,3% sobre la tarifa que hoy paga WOM. Esta reducción debe aplicarse desde el momento en que Tigo y Movistar comiencen a operar como un solo grupo, con el objetivo de proteger al usuario final de aumentos indirectos.
Los operadores móviles virtuales (OMV) también quedaron bajo supervisión. Como dependen por completo de redes ajenas, son especialmente vulnerables. La SIC impuso descuentos entre el 11% y el 46% en sus contratos de acceso y eliminó cláusulas que puedan restringir la competencia.
En los servicios móviles minoristas, la superintendencia expresó su preocupación por un mercado que quedará dominado por dos grandes actores: Claro y la empresa fusionada. Existe el riesgo de que se produzcan coordinaciones implícitas que afecten a operadores pequeños. Para reducir ese riesgo, la SIC prohibió campañas dirigidas específicamente a arrebatarles clientes y obligó a que los paquetes fijo–móvil detallen el precio individual de cada servicio.
En los servicios fijos, la SIC detectó 82 municipios donde la competencia podría reducirse. La empresa fusionada deberá mantener en esos territorios los precios de referencia usados en ciudades con competencia efectiva, como Bogotá, Popayán, Pasto y Soacha. También deberá conservar la calidad actual del servicio para evitar degradaciones.
Otro punto clave es OnNet, la red mayorista de fibra óptica donde Movistar tiene participación y poder de veto. La SIC temía que esto pudiera usarse para frenar rivales o acceder a información sensible. Como respuesta, impuso un esquema estricto de manejo de información y la empresa integrada renunció formalmente al derecho de veto en decisiones estratégicas.
Los riesgos que la SIC intenta evitar con sus condicionamientos
La entidad explicó que, aunque la unión de Tigo y Movistar ofrece beneficios como mayor eficiencia y mejor cobertura, también plantea riesgos claros para la libre competencia. El más evidente es la concentración del mercado móvil.
Con Claro por encima del 50% y la empresa integrada cercana al 40%, el país quedaría con dos gigantes capaces de influir en precios, empaquetamientos y estrategias comerciales. Esto, según la SIC, justifica las medidas preventivas aplicadas en segmentos móviles, fijos y mayoristas.
El organismo también busca impedir que la empresa fusionada tenga incentivos para bloquear o dificultar el acceso a infraestructura de fibra óptica. Por esa razón, la renuncia al veto en OnNet se consideró indispensable. La idea es evitar un cuello de botella que limite la expansión de internet fijo para otros operadores.
Además, la SIC quiere mantener la transparencia en ofertas comerciales. Al exigir que se detalle el precio de cada servicio dentro de un paquete, se evita que la empresa integrada use descuentos artificiales para desplazar a competidores más pequeños.
La respuesta de WOM: preocupación, advertencias y acciones legales
WOM fue el operador que reaccionó con mayor fuerza a la decisión. Stan Chudnovsky, uno de sus inversionistas, aseguró que la tarifa de RAN definida por la integración —entre 0,6% y 1,5%— “es la que más golpea al usuario”. Para la compañía, la SIC debió imponer tarifas más bajas que permitieran trasladar reducciones al consumidor final.
La empresa advirtió que la integración crea un mercado altamente concentrado, con dos empresas que superarían el 90% de participación combinada. WOM afirma que esto se traduce en un duopolio con la capacidad de elevar precios, disminuir oferta y afectar especialmente a los estratos 1 y 2.
Según la compañía, la decisión “crea un segundo monstruo” que aleja a Colombia de las mejores prácticas de la OCDE. Insiste en que esta estructura le da demasiado poder a dos actores y reduce la capacidad de operadores emergentes para competir en igualdad de condiciones.
WOM también recordó que ha invertido más de USD 40 millones para entrar al país, expandir cobertura y ofrecer más competencia. Por eso anunció que evalúa acciones regulatorias y legales para proteger tanto la libre competencia como el bolsillo de los usuarios colombianos.
La empresa asegura que no busca frenar los avances del sector, sino evitar que la competencia se debilite al punto de dejar el mercado móvil en manos de dos grandes compañías. De momento, estudian escenarios y mecanismos legales para responder a la aprobación de la SIC.
La integración Tigo–Movistar avanza, pero su impacto real se medirá en los próximos años. Entre condicionamientos, advertencias y vigilancia, el mercado colombiano entra a una nueva etapa donde los usuarios serán los primeros en sentir si estas medidas funcionaron o no.
