En Colombia, conectarse a internet no es un derecho plenamente garantizado, pese a que la Corte Constitucional ya lo reconoció como fundamental. Millones de hogares en situación de pobreza siguen viendo la red como un lujo inalcanzable y no como una herramienta básica para estudiar, trabajar o acceder a servicios del Estado. Esa es la brecha que el proyecto de ley de Justicia Social Digital pretende cerrar con un cambio estructural en el modelo de acceso a internet fijo residencial.
El texto, presentado este miércoles por Mintic, parte de este dato interesante, y es que, en Colombia el 22% de la población sufre “pobreza de internet”, es decir, vive excluida de la conectividad por razones económicas o geográficas. Para un hogar de estrato 1, pagar internet puede significar más del 30% de sus ingresos totales. En contraste, para un hogar de estrato 6 la misma factura representa apenas el 0,5%. Bajo esas condiciones, la conectividad deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.
¿Cómo funcionaría la ley?
El corazón de la propuesta está en los planes especiales de internet para la equidad, diseñados para que las familias más pobres puedan pagar una tarifa asequible y sostenida en el tiempo. Se calcula que el costo mensual para un hogar de estrato 1 podría ser de 35.000 pesos, muy por debajo de lo que hoy se cobra en el mercado.
A esto se suma el Subsidio de Solidaridad Digital, que permitiría cubrir hasta el 55% del valor total de la factura para usuarios del Sisbén A, estudiantes activos o familias registradas en condición de vulnerabilidad. En la práctica, esto significa que un hogar que hoy no puede pagar internet podría hacerlo con un esfuerzo mucho menor, acercando la conectividad al nivel de otros servicios básicos como la energía o el agua.
El proyecto también fortalece al Ministerio TIC y a la CRC con nuevas facultades de inspección, vigilancia y control. La meta es que los operadores ofrezcan planes de mínimo vital digital sin deteriorar la calidad, y que no existan abusos en precios ni obstáculos al acceso.
¿Quién paga el subsidio?
El esquema de financiación es uno de los puntos más sensibles. El proyecto propone que usuarios de estratos 5 y 6, así como empresas medianas y grandes, asuman un aporte adicional equivalente al 30% de su propia factura de internet fijo. En otras palabras, se trata de un modelo solidario: quienes tienen más capacidad de pago ayudan a que los sectores vulnerables logren conectarse.
Desde la perspectiva de equidad, el planteamiento parece justo. Sin embargo, no todos los actores están convencidos. Para los grandes operadores de internet, esta medida podría generar tensiones, pues los obliga a estructurar nuevos planes regulados y asumir ajustes administrativos y técnicos que podrían afectar sus márgenes de rentabilidad.
El dilema de los operadores
Aunque el proyecto no impone subsidios directos a las empresas, sí las obliga a rediseñar su portafolio con planes de bajo costo y a participar en un esquema regulado que limita la libre fijación de tarifas en un segmento del mercado. Algunos operadores podrían considerar que esta intervención estatal reduce la competencia y crea un marco desigual frente a quienes invierten en infraestructura.
De fondo está el eterno debate sobre hasta dónde debe llegar la regulación del Estado en servicios públicos esenciales que prestan compañías privadas. Los defensores de la ley sostienen que, sin medidas correctivas, el mercado por sí solo nunca reducirá la brecha digital. Sus críticos advierten que un exceso de regulación podría desincentivar nuevas inversiones en redes y, a largo plazo, frenar la expansión de la conectividad en zonas apartadas.
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Ahora bien, para millones de familias colombianas, esta ley representaría la diferencia entre estar dentro o fuera de la economía digital. Tener internet en casa no solo implica entretenimiento, sino acceso a educación en línea, teletrabajo, banca digital, servicios de salud y participación en programas sociales.
Si se aprueba, la Justicia Social Digital podría ser una de las transformaciones más significativas en la política pública de telecomunicaciones de las últimas décadas. Colombia pasaría de un modelo de mercado homogéneo, donde todos pagan casi lo mismo, a un sistema progresivo que reconoce las desigualdades económicas y busca corregirlas con mecanismos solidarios.
Imagen: Archivo ENTER.CO
