La autorización de la SIC para la integración entre Tigo-UNE y Movistar generó una reacción inmediata de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que expuso una serie de advertencias sobre los riesgos que esta operación podría introducir en los principales mercados del sector. El regulador considera que la decisión, aunque viable bajo condicionamientos, debe ser acompañada de vigilancia estricta para evitar que la concentración limite la competencia y afecte a los usuarios.
La CRC indica que los condicionamientos impuestos por la SIC solo tendrán vigencia hasta que la Comisión adopte regulación relacionada con los temas involucrados. Esto deja claro que la operación requerirá control permanente y ajustes normativos para mitigar sus efectos en los mercados móvil y fijo.
El primer punto crítico se encuentra en el mercado mayorista móvil, donde ya existe una concentración elevada. Según la CRC, esta situación genera riesgos para los operadores que dependen del Roaming Automático Nacional y para los OMV, que requieren acceso a la red en condiciones justas. La integración podría reforzar la posición de los operadores más grandes y dificultar el ingreso o la permanencia de actores más pequeños.
El riesgo no se limita al plano mayorista. La CRC advierte que el aumento de la concentración podría facilitar dinámicas que reduzcan la competencia en el mercado minorista de servicios móviles. Este tipo de escenarios tiende a limitar la variedad de planes, desincentivar la innovación y generar presiones al alza en las tarifas, lo que afectaría directamente a los usuarios.
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En el mercado de internet fijo residencial, la integración también representa un riesgo relevante. En varias de las principales ciudades del país, la operación podría consolidar una posición dominante y reducir, o incluso eliminar, la presión competitiva en sectores específicos. Para la CRC, esto puede traducirse en menos opciones para los hogares y en condiciones que desestimulen inversiones de nuevos operadores.
Frente a estos riesgos, la Comisión desarrolla tres proyectos regulatorios orientados a fortalecer la competencia y proteger a los usuarios. El primero es la actualización de los esquemas de remuneración mayorista de redes móviles, cuyo objetivo es garantizar reglas claras para los OMV y revisar la regulación del acceso a la instalación esencial de RAN. Esta propuesta será publicada en el cuarto trimestre de 2025.
El segundo proyecto aborda temas específicos del Régimen de Protección de Usuarios. La CRC busca prevenir prácticas que podrían intensificarse con la concentración del mercado, como restricciones para finalizar contratos o modelos comerciales que dificulten comparar las ofertas. La iniciativa también se publicará a finales de 2025 y busca reforzar el derecho a la libre elección y mejorar la transparencia en la información.
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El tercer proyecto corresponde al marco regulatorio del servicio de conectividad local. Su prioridad es asegurar que la infraestructura de fibra óptica pueda ser utilizada por diferentes operadores en condiciones equitativas. La Comisión considera que, sin estas medidas, la integración podría limitar la expansión de redes fijas, especialmente en ciudades intermedias y municipios. La propuesta será publicada en el primer trimestre de 2026.
La CRC anuncia que continuará monitoreando de manera rigurosa los efectos de la operación para determinar si los mercados mantienen condiciones suficientes de competencia y si se requiere regulación adicional. Para el organismo, la transparencia, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los usuarios deben guiar cualquier movimiento empresarial de este tamaño.
El mensaje final del regulador es una advertencia para el sector: la integración Tigo-UNE–Movistar no puede desarrollarse sin supervisión y sin regulación que responda a los riesgos identificados. En un entorno donde la concentración puede traducirse en precios más altos, menor calidad y menos opciones, la vigilancia de la CRC será determinante para garantizar que los usuarios no resulten perjudicados.
