Por: Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA.
Hace poco circuló en medios internacionales la historia de un joven cuya imagen fue utilizada en un video falso creado con inteligencia artificial. El material era tan realista que engañó incluso a personas cercanas a él. Este caso no ocurrió en Colombia, pero bien podría haber pasado aquí. La anécdota refleja el alcance de los deepfakes y pone sobre la mesa una preocupación que no distingue fronteras y es la manipulación de la identidad digital.
Frente a esta situación, Colombia dio un paso significativo con la aprobación de la Ley 2502 de 2025, que modificó el artículo 296 del Código Penal. La norma establece sanciones para quienes suplanten a otra persona o alteren su identidad con fines de provecho o daño, y contempla un agravante cuando estas conductas se realizan mediante inteligencia artificial. Con esta decisión, el país reconoce que los fraudes digitales son una realidad presente que afecta la confianza ciudadana.
Este avance resuena con otras iniciativas relevantes aplicadas en otras naciones. Por ejemplo, en el Reino Unido se aprobó una legislación que castiga con prisión la creación y difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento, luego de registrarse un incremento superior al 400 % en este tipo de fraude desde 2017. Casos como este demuestran que el problema no es exclusivo de una región y que la respuesta debe estar acompañada de un marco regulatorio que brinde herramientas reales para la prevención y protección de las víctimas.
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El deepfake no es un simple juego tecnológico: es un mecanismo que puede usarse para extorsionar, suplantar, manipular pruebas electrónicas o incidir en la opinión pública. Tipificar estas prácticas como delito contribuye a cerrar vacíos legales y nos deja un mensaje contundente: la dignidad en el entorno digital debe ser protegida.
Desde mi experiencia, es evidente que la regulación debe acompañarse de tecnología avanzada y una cultura ciudadana más crítica frente a lo que consume, comparte y produce en línea. La alfabetización digital en el uso de tecnologías emergentes y construcción de entornos confiables son pilares fundamentales para enfrentar los nuevos riesgos con criterio y responsabilidad.
El debate sobre los deepfakes no es únicamente un asunto técnico; es un desafío que compromete la democracia, reputación de las personas y estabilidad institucional. Apuntemos a sostener un ecosistema tecnológico ético, consciente y seguro.
