En el caso colombiano, la discusión comenzó cuando se conoció que Petro aparece durante unos segundos en la cinta sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla. El mandatario explicó que su participación sería muy breve, entre tres y cinco segundos, y que buscaba ayudar a promocionar la producción.

La película recrea la historia del militar que fue clave en la independencia de Colombia, especialmente en las batallas navales contra el dominio español. La revelación del cameo generó debate político sobre el uso de recursos públicos en cine y sobre la presencia del jefe de Estado dentro de una producción cultural.

Pero Petro no es el único mandatario que ha tenido una aparición en la pantalla. En Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton protagonizó uno de los cameos más curiosos en Hollywood. En la comedia familiar First Kid (1996), el mandatario aparece interpretándose a sí mismo durante una breve escena en la que conversa como presidente.

La historia sigue al hijo del jefe de Estado y a su guardaespaldas, interpretado por el comediante Sinbad. La participación de Clinton es considerada un caso singular porque fue un presidente en funciones apareciendo en una película de ficción.

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Otro caso ampliamente recordado es el de Donald Trump. Antes de llegar a la Casa Blanca, el empresario ya era una figura mediática y apareció en varias películas con breves escenas. Su cameo más famoso ocurre en Home Alone 2: Lost in New York (1992), cuando el protagonista se cruza con Trump dentro del hotel Plaza y este le indica hacia dónde ir.

Trump también aparece brevemente en Zoolander (2001), donde comenta sobre el personaje principal en medio de una escena sobre la industria de la moda. Además, participó en producciones como The Little Rascals (1994), Celebrity (1998) y Two Weeks Notice (2002). En la mayoría de estos casos interpretaba una versión de sí mismo como empresario millonario o celebridad.

En América Latina también hay ejemplos; en la sátira política ¡Qué Viva México! (2023), dirigida por Luis Estrada, aparece la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una escena se observa su retrato oficial colgado en la oficina del personaje interpretado por Damián Alcázar. Aunque el mandatario no actúa, su presencia forma parte del tono satírico de la película, que critica la política mexicana.

Estos cameos muestran cómo, en ocasiones, el poder político también se cruza con la cultura popular. Ya sea como guiño humorístico, promoción cultural o simple referencia, la presencia de presidentes reales en el cine suele generar conversación más allá de la pantalla.

En teoría, la unión busca fortalecer a dos compañías que enfrentan deudas, caída de ingresos y dificultades para sostener su infraestructura. Ambas argumentan que solo trabajando juntas podrán competir en un mercado dominado por Claro, que concentra más de la mitad de los usuarios y casi el 60 % de los ingresos del sector.

Pero el dilema no se reduce a una ecuación financiera; de la decisión de la SIC depende si el país avanza hacia una mayor competencia o si se consolida un duopolio que terminaría concentrando más del 90 % del mercado.

El presidente Gustavo Petro ha sido claro en que no quiere un país dominado por monopolios. Hace unas semanas escribió en X que la Constitución ordena “competencia, comunidades y Estado”, y que su instrucción a la SIC es atacar cualquier forma de cartel o concentración empresarial. Su mensaje dejó entrever que no habrá carta blanca para las grandes compañías, aunque el Gobierno tampoco ha tomado una posición pública definitiva.

El problema es que esta decisión llega en un momento crítico, pues los datos más recientes del ENTIC 2024 del DANE confirman que el 45 % de los colombianos no tiene conexión a internet por los altos costos. Eso significa que casi la mitad del país sigue desconectada, no porque no quiera conectarse, sino porque no puede pagarlo. Y si la competencia se reduce, ese número podría crecer.

Un país dividido entre los conectados y los que esperan señal

Las cifras oficiales dicen que el 70 % de los hogares colombianos tiene algún tipo de conexión, pero esa media nacional esconde una brecha profunda. En las grandes ciudades, el acceso es casi universal, mientras que en el campo apenas tres de cada diez personas logran conectarse. En muchas veredas, la señal llega débil, intermitente o simplemente no llega. Esa desigualdad digital refleja la misma fractura que atraviesa el país: un territorio con islas de modernidad rodeadas de desconexión.

En los barrios populares, las familias dependen de un solo celular con un plan prepago. Los jóvenes estudian con datos limitados, los adultos trabajan desde conexiones inestables y las pequeñas empresas no pueden digitalizarse. Mientras tanto, en los estratos altos hay fibra óptica, teletrabajo y hogares conectados a múltiples dispositivos. El acceso a internet se volvió un marcador de clase.

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La fusión de Tigo y Movistar podría agravar ese panorama si no se imponen reglas claras. Si solo dos compañías controlan el 90 % del mercado, los precios podrían subir y la innovación frenarse. Expertos advierten que en economías concentradas, las empresas pierden incentivos para mejorar su servicio y los usuarios quedan atrapados sin alternativas reales.

Mauricio Toro, excongresista y exdirector del Icetex, coincide. Dice que la CRC ha fallado en su papel regulador y que la confianza institucional está en entredicho. “Cuando el regulador no actúa, el mercado se acomoda solo, y eso suele ser en contra del usuario”, afirma.

Las opciones sobre la mesa y la posición de la Superintendencia

La SIC tiene tres caminos posibles. El primero, aprobar la fusión sin restricciones, lo que consolidaría a un segundo jugador con músculo suficiente para enfrentar a Claro, pero también dejaría a los usuarios a merced de un mercado cerrado. El segundo, aprobar con condiciones, imponiendo límites a la concentración, obligaciones de cobertura rural o topes en tarifas. El tercero, rechazar la operación, obligando a las empresas a buscar salidas distintas y, posiblemente, a enfrentar crisis financieras que pondrían en riesgo la estabilidad del sector.

En su más reciente pronunciamiento, la SIC afirmó que el análisis “se enfoca en los efectos sobre la competencia y el bienestar de los consumidores”. La entidad reconoció que esta no es una fusión cualquiera, porque sus efectos se extenderán a todo el ecosistema digital: desde los empleos indirectos hasta los ingresos fiscales del Estado.

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A esto se sumó la declaración de la superintendente Cielo Rusinque, quien aclaró que la Superintendencia no ha tomado aún ninguna decisión sobre la integración y que el proceso continúa en evaluación técnica. Según explicó, la entidad adelanta el control previo de la operación entre Tigo y Movistar con el objetivo de garantizar que no se generen afectaciones a la competencia. Rusinque precisó que las alternativas son tres: autorizarla si no afecta el mercado, aprobarla con condicionamientos para controlar los riesgos o objetarla si las afectaciones no pueden ser mitigadas.

La superintendente también pidió respeto por el trabajo técnico de la institución y subrayó que la decisión se tomará con base en la información recaudada y la participación de empresas, autoridades y terceros interesados, sin presiones externas ni juicios anticipados.

El desenlace de este proceso marcará la ruta del sector por la próxima década. Si la SIC aprueba la fusión sin controles, los usuarios podrían pagar más por menos servicio. Si impone condiciones firmes, el país podría ganar un equilibrio que garantice cobertura, precios justos y pluralidad.

A un mes del plazo final, el reloj corre y la incertidumbre crece; los operadores esperan una señal. Los usuarios, una garantía. Y el país, una decisión que demuestre si la competencia y la equidad digital son algo más que un discurso.

Imagen: Archivo ENTER.CO

El cambio más relevante: la reconexión de internet podría costar solo $1.000 pesos, ya que, como sostienen los ponentes, este proceso se realiza de forma remota y no implica costos operativos reales para las empresas.

La ley busca garantizar condiciones de acceso equitativas y proteger los derechos de los usuarios, especialmente en un sector donde la libre fijación de precios había derivado en cobros desmedidos y desiguales. Según el congresista Julio Elías Vidal, ponente del proyecto, “la reconexión a internet hoy puede costar entre $30.000 y $40.000, incluso para quienes se demoran medio segundo en pagar su factura”.

Un cambio que pone fin a los abusos

Hasta ahora, las empresas de telecomunicaciones tenían libertad total para definir sus tarifas, lo que dejaba a los usuarios sin un punto de referencia ni una entidad que limitara los excesos. En muchos casos, reconectar un servicio suspendido salía más caro que el consumo mensual, una situación especialmente crítica para los hogares de estratos bajos y medios.

La Ley 2485 cambia esa lógica. A partir de su sanción, la CRC tendrá hasta 12 meses para fijar los valores máximos y parámetros técnicos bajo los cuales se podrá cobrar la reconexión. El texto de la norma aclara que los proveedores solo podrán cobrar por “los costos eficientes directamente asociados a las actividades técnicas y operativas necesarias”, lo que en la práctica descarta los cobros arbitrarios o desproporcionados.

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En la mayoría de los casos, la reconexión del servicio de internet es un proceso automatizado y remoto, que no requiere desplazamientos ni trabajo técnico adicional. Sin embargo, durante años, los usuarios pagaron como si se tratara de una operación compleja. Con la sanción presidencial, el Estado busca equilibrar esa desigualdad y hacer más justo el acceso a un servicio que ya es esencial para estudiar, trabajar o comunicarse.

“El propósito es evitar los cobros exagerados por reconexión”, enfatizó el presidente Petro al firmar la ley. La medida, además de tener un impacto económico directo, también introduce una visión más humana del consumo digital: entender que el acceso a internet no puede tratarse como un lujo, y que su restablecimiento debe responder a criterios de equidad y transparencia.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Perdomo es ingeniera electrónica de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información del Externado. Su trayectoria está marcada por la gestión pública y técnica: lleva más de dos décadas vinculada al sector estatal y casi 14 años al interior del propio MinTIC. Allí ha sido asesora, subdirectora de área y contratista, lo que la convierte en una funcionaria que conoce los procesos internos de la entidad de primera mano.

Su llegada se da en medio de un nuevo remezón ministerial ordenado por Gustavo Petro tras la derrota de su candidato en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El presidente pidió la renuncia de los ministros que representaban cuotas de partidos tradicionales, y la salida de Molina fue la primera confirmada. Con Perdomo, el Ejecutivo retoma un perfil técnico y no político en una cartera que ha tenido más cambios que continuidad.

Una cartera marcada por la inestabilidad

En lo que va del actual gobierno, cuatro personas han pasado por el MinTIC. Sandra Urrutia, Mauricio Lizcano, Julián Molina y ahora Gloria Patricia Perdomo. Ninguno de ellos logró permanecer más de un año en el cargo, un reflejo de la tensión constante entre la agenda presidencial y las negociaciones políticas que han acompañado al gabinete.

La rotación en esta cartera ha tenido consecuencias. Proyectos de conectividad en zonas rurales, ampliación de cobertura de internet y licitaciones estratégicas se han visto interrumpidos cada vez que cambia el liderazgo. Con menos de un año de mandato por delante, el reto de Perdomo será evitar que el ministerio cierre este periodo sin resultados claros.

Además, la designación refuerza la cuota femenina en el gabinete. Petro recupera así el 50 % de participación de mujeres en los ministerios, un requisito legal y también un compromiso político que el presidente ha buscado mantener durante su administración.

El reto de Perdomo en la recta final del gobierno

La nueva ministra recibe una cartera con tareas pendientes que no dan espera. Entre ellas, acelerar los programas de acceso universal a internet, garantizar que las escuelas rurales tengan conectividad estable y avanzar en la consolidación de la infraestructura 5G. También deberá generar confianza en un sector privado que ha visto con preocupación la inestabilidad de la entidad.

Otro desafío será asegurar que los proyectos en curso no se queden a mitad de camino cuando finalice el gobierno actual. Petro ya suma cerca de 60 ministros en tres años de mandato, y el MinTIC se convirtió en un ejemplo de esa rotación permanente. Perdomo, con su experiencia interna, parte con la ventaja de conocer de cerca los equipos técnicos y los cuellos de botella administrativos que han frenado la ejecución.

Su gestión será observada con lupa. No solo porque el ministerio es clave para cerrar brechas digitales, sino porque simboliza hasta qué punto el gobierno puede garantizar continuidad en políticas públicas que requieren estabilidad más allá de los ciclos políticos.

Con la designación de Gloria Patricia Perdomo, el MinTIC suma cuatro ministros en menos de tres años. Una cifra que no tiene precedentes recientes en el país y que evidencia la dificultad de mantener un rumbo fijo en el sector digital. La pregunta ahora es si la nueva ministra logrará imprimir la estabilidad que ha faltado en la cartera o si su paso se sumará a la lista de relevos que han marcado la era Petro.

Imagen. Montaje de enter.co

De acuerdo con MinTIC la agencia sería un organismo de carácter técnico y especializado. El trabajo de la institución estaría enfocado en planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en Colombia, para prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema.

El proyecto de Ley también trabajaría para fortalecer la confianza y seguridad de todas las partes interesadas en el ámbito digital, y establecer la gobernanza e institucionalidad de una política Espacial.

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Otros de los alcances de llegar a ser aprobada por legislativo, sería la de que Colombia tendría interdependencia de las tecnologías, optimizaría recursos administrativos, técnicos y jurídicos en el plan de Gobierno y facilitaría la coordinación de acciones entorno a la ciberseguridad y los asuntos espaciales, así como potenciar la generación de procesos que, de manera eficiente y eficaz, respondan a las necesidades del país en esta materia.

Según la cartera, la agencia contará con los principios de coordinación, confidencialidad, cooperación, integridad, neutralidad tecnológica y tendrá un enfoque basado en riesgos.

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El gobierno propone que la creación de dicha agencia sería, a través de la consejería de Transformación Digital, o quien haga sus veces, se encargaría de la estructura y la planta de personal, dentro de los seis meses siguientes.

El ministro TIC dijo, durante la radicación, que “América Latina y Colombia está llena de satélites que giran todo el día, necesitamos ser protagonistas en el mundo de lo que suceda en el espacio”.

Así mismo explicó que “el año pasado tuvimos un aumento del 83% de ciberataques en el país con 20.000 millones de ataques, además se han presentado 119.000 denuncias, por eso es tan importante este Proyecto de Ley”.

Imagen: gorodenkoff

Recordemos que el PND fue aprobado el pasado 5  de mayo por el Congreso; con la sanción quedan en firme 10 artículos del componente TIC, que de acuerdo con esta administración, la tecnología será “el camino para el crecimiento económico y social del país, contrarrestando la  inequidad y la pobreza”. 

El ministro TIC, Mauricio Lizcano, afirmó que la prioridad será  llevar  conectividad a las regiones y lugares más apartados de Colombia, ampliar los ecosistemas de innovación y fortalecer la educación digital. 

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De acuerdo con MinTIC, los artículos aprobados giran en torno a los cinco ejes de transformación  del Gobierno: ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social,  derecho humano a la alimentación, transformación productiva y convergencia regional. 

¿Qué sancionó el presidente Petro?

Artículo 140 – Obligaciones de hacer 

El pago de obligaciones que pueden hacer los proveedores de redes y servicios de  telecomunicaciones en contraprestación por asignación o renovación del espectro pasaría de  un 60% a un 90%. 

Artículo 141 – Condiciones diferenciales 

Promovería la conectividad digital en las zonas aún sin servicio o en las que existe insuficiente  calidad, a través del despliegue y uso de diferentes tecnologías. 

Artículo 142 – Conectividad digital para cambiar vidas 

MinTIC llevará conectividad a zonas vulnerables y apartadas, mejorando cobertura y calidad, esto con el fin de ser un generador de oportunidades, riqueza, igualdad y productividad en todo el territorio  nacional. 

Artículo 143 – Transformación digital como motor de oportunidades e igualdad

El MinTIC buscará fortalecer la consolidación de una sociedad digital como instrumento de  transformación social. Siendo un motor de crecimiento con: Programas de alfabetización digital  con enfoque étnico, participativo y de género, y estrategias de prevención de violencia. 

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Artículo 144 – Fortalecimiento del sector TIC 

El MinTIC promote que  pontencializará los sectores de las TIC y todo lo que haga de Colombia un país  transformado como un motor de crecimiento, empleo y desarrollo para el país. 

Artículo 145 – Enfoque diferencial en radio y televisión 

Lo que pretende el gobierno es que se genere la inclusión de los grupos con enfoque diferencial étnico, participativo y de género, en  los procesos radiales y televisivos, creando los medios jurídicos que faciliten su participación  en las comunicaciones.  

Artículo 146 – Tarifa mínima para distribución de objetos postales masivos 

De acauerdo con Mintic, con este artículo se adelantarán análisis de mercado  que permitan determinar si se debe mantener la actual excepción para los operadores de los  servicios de mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales  masivos a la libertad tarifaria del régimen de libertad de tarifas.  

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Artículo 147 – Procedimiento único para despliegue de redes e infraestructura de  telecomunicaciones. 

Habilita al MinTIC, con apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para  reglamentar un procedimiento único para el despliegue de redes e infraestructura de  telecomunicaciones en Colombia.  

Artículo 148 – Utilización de la Infraestructura de las Empresas de Energía Eléctrica y de  Telecomunicaciones, por parte de los Proveedores de Redes a Servicios de  Telecomunicaciones (PRST). 

La Ruta Del Cambio regulará el uso de los elementos pertenecientes a la infraestructura de las  empresas que prestan el servicio de energía eléctrica o de telecomunicaciones en el territorio  nacional. Así se establecerán condiciones, precios y normas para los PRST puedan usarlos y  generen conectividad que beneficie a las comunidades. 

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Artículo 149 – Exoneración contraprestación periódica ISP. 

Incentiva la formalización de los ISP, para que sean los aliados en las metas de conectividad,  promoviendo la prestación del servicio de internet en lugares en las cuales no existen  condiciones de competencia para entrar al mercado.

Imagen: Presidencia

En en hilo publicado por Luna explicó que dicho artículo obligaría “a las aplicaciones que operan en internet a entregar información privada de los usuarios (mensajes y llamadas) a la Comisión de Regulación de Comunicaciones”.

Además, señaló que aplicaciones como Facebook, IG y WhatsApp entre otras, tendrían que “entregar información de contenido, mensajes e información de los usuarios, violando sus normativas y la privacidad de los ciudadanos”.

¿Qué responde  la CRC?

Ante esto la CRC explicó que la iniciativa del nuevo Plan Nacional de Desarrollo que está en curso en el Congreso, busca “ampliar el alcance de las facultades de la CRC” para obtener “información amplia, exacta, veraz y oportuna por parte de los proveedores que prestan servicios de comunicaciones y de contenidos audiovisuales a través de Internet, para el cumplimiento de las funciones de la Comisión de análisis y monitoreo del comportamiento de los mercados, incluyendo las dinámicas de estos servicios en línea respecto a los servicios tradicionales de comunicaciones en Colombia”.

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La entidad aclara que en el proyecto “nunca se ha considerado la solicitud de información privada y sensible de los usuarios de las plataformas digitales”.

La propuesta lo que busca es “una ampliación del alcance de la facultad dada a la CRC, a través de la Ley 1341 desde el año 2009, que actualmente le permite solicitar información a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, incluidos los de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora”.

Finalmente, el comunicado explica que la CRC, “respeta y hace respetar el derecho a la intimidad de los colombianos establecido en nuestra Constitución Política y continuará trabajando para garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones y las audiencias”.

En entrevista con Caracol Radio, José Daniel López, director de Alianza In, afirmó que la preocupación del gremio de las aplicaciones y la innovación en Colombia, es por el fondo y no por las formas del proyecto de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro.

“Quiero decir que el proceso de diálogo con el Ministerio del Trabajo ha sido amplio y ha sido abierto. Hemos encontrado en la ministra y en el viceministro apertura y receptividad. Compartimos con el Ministerio del trabajo el propósito de aprovechar la reforma laboral para proteger de mejor manera a los trabajadores digitales; estamos hablando principalmente de los repartidores que trabajan a través de plataformas, de los conductores que trabajan a través de aplicaciones”.

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La preocupación de gremio se centra en la eliminación de la autonomía libre del manejo del tiempo que permiten las plataformas. Según ellos, un 32% de los 150 mil trabajadores que se conectan, afirma que lo hace precisamente por la libertad de manejar su tiempo laborado.

“Es la esencia de este modelo para estar generando ingresos y ningún otro sector económico en Colombia le ofrece a los ciudadanos colombianos una oportunidad de empleo. Pasaríamos de tener 150 mil trabajadores a un número incierto de empleados con horario, con obligaciones y con subordinación”.

Así, el gremio solicita que el trabajo en las plataformas digitales no se regule bajo modelos de presunción de laboralidad o dependencia forzosa, que son lejanos a la esencia de cómo funciona ese negocio.

“La mayoría de ellos, de hecho, prefiere manejar su propio tiempo, prefieren la autonomía. Cientos de miles de comercios en Colombia y la mayoría de pequeños y medianos, están vendiendo sus productos de comida. Lo que produciría esto, al excluir a tantas personas que trabajan de tiempo parciales, es la reducción de las ventas”.

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El llamado ecosistema digital que funciona cuando muchas personas quieren ser repartidores y conductores, solo por algunas horas, estaría perjudicado, según el directivo: “si le metemos reglas del siglo XX a una realidad del siglo XXI, vamos a tener un mercado que genera menos oportunidades. La “formalización de los trabajadores digitales no es volverlos empleados”.

Alianza In espera reunirse con el Ministerio del Trabajo para presentarle una propuesta de tercera vía. “Avanzamos en temas de seguridad social para estos trabajadores. Proponemos que las plataformas asumamos la totalidad de los costos de los riesgos laborales, en donde estamos invitando a que veamos como entre todos logramos cubrir los aportes para salud y pensión”.

“Estamos listos para que mejoren las formas o los estándares de protección social de los trabajadores digitales”, puntualizó.

El gremio pagaría los seguros de accidentes para trabajadores que generen ingresos inferiores a un salario mínimo, cubriendo la afiliación completa correspondiente a un salario mínimo completo.

José Daniel López, director de Alianza In, cerró la entrevista con una reflexión: “es una contradicción inexplicable que por un lado una reforma esté planteando el tema de la protección de los trabajadores digitales de aplicación, y estos vivan en la calle una persecución por parte de las autoridades”.

Imagen: Archivo de ENTER.CO

En su cuenta de Twitter y respondiendo a una publicación de Enter.co, el presidente de Colombia pidió “no tergiversar” su discurso aclarando que “el que organizaciones populares (como las Juntas de Acción Comunal) puedan poner redes de conectividad no excluye a los otros operadores.”

Recordemos que la propuesta fue hecha en el marco del Diálogo con Juntas Comunales de Norte de Santander, en el que participaron federaciones y asociaciones de juntas de acción comunal del país.

“Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Esas redes de fibra óptica ¿quién las pone? Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar o no sé qué… ¿Y por qué no la puede poner la acción comunal? Por qué la juventud no puede implementar e impulsar esa necesidad de conectividad?”, argumentó el primer mandatario.

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Sobre la rentabilidad de llevar internet a regiones apartadas, Petro explicó: “La mayor parte de la población colombiana, por la escasez de sus ingresos, hace que en la mayor parte del territorio colombiano no sea rentable para estos operadores. Aquí se necesita una presencia del Estado y fuerte si no queremos que las desigualdades, en un nuevo término, el de la economía digital y las sociedades del conocimiento digital, terminen abriendo brechas mucho más profundas que las que ya tenemos”.

Ante el reclamo del jefe de Estado por la nota de Enter.co titulada ¿Presidente Petro da un portazo a Claro y Movistar en las Juntas de Acción Comunal?; este medio atendió su observación en Twitter y le preguntó “¿lo que usted propone es que las empresas proveedoras de Internet trabajen en la colaboración con las Juntas de Acción Comunal para ampliar el servicio de internet comunitario?”.

Aunque el presidente no volvió a responder y ante la preocupación de los operadores privados como Claro, Tigo o Movistar; la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, sí explicó el discurso del jefe de Estado en una entrevista con W Radio:

“Nosotros hemos trabajado con la industria a nivel nacional porque tenemos unas obligaciones de lo establecido, renovación de espectro, que están pendientes para ampliar la cobertura y mejorar la calidad. La estrategia que tenemos desde el MinTic para poder llegar a todas las regiones, es mejorar en donde ya existe conectividad para mejorar la productividad. Esto, en donde ya está la industria móvil establecida”.

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Sobre la puerta que abrió el presidente Petro, la ministra Urrutia aclaró: “Es poder llegar a aquellos lugares a donde no ha llegado el servicio. Les cuento, ya existen las redes comunitarias y los pequeños prestadores de internet que tienen infraestructura. A los que se refiere el presidente, es los 3.410 operadores en todo el país que ya están prestando el servicio. Organizaciones comunitarias prestando el servicio de radio, televisión e internet”.

Desde el Ministerio de las TIC, la funcionaria argumentó que “ya se están fijando unas líneas de fomento para esos pequeños prestadores que ya están cerrando brecha en el país”.

Imagen: Gustavo Petro Urrego/flickr

El mandatario explicó que este servicio no debería ser instalado por compañías como Claro, Tigo o Movistar. Petro justifica su idea diciendo que, ahora que se va a implementar la quinta generación de tecnología móvil en el país, la instalación va estar en los operadores privados, sin embargo, el presidente señala que como pasa hoy en día, estas empresas llevan el servicio donde le es rentable.

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“La mayor parte de la población colombiana, por la escasez de sus ingresos, hace que en la mayor parte del territorio colombiano no sea rentable para estos operadores. Aquí se necesita una presencia del Estado y fuerte si no queremos que las desigualdades, en un nuevo término, el de la economía digital y las sociedades del conocimiento digital, termine abriendo brechas mucho más profundas que las que ya tenemos”, explicó.

Según el Presidente Gustavo Petro la fibra óptica e internet no debería ser instalada por Claro, Movistar o empresa especializadas sino por las Juntas de Acción Comunal.

Increíble. En realidad no puedo creer que esto sea real.

pic.twitter.com/cjX4jkE6Tc

— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 17, 2023

El presidente, señaló que en ciertos lugares donde no llega internet el celular “sirve para tres cosas”.

“Este cacharro opera si hay un sistema de conexión, que es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia sin que lo veamos una señal y con la clave coge el wifi”, señaló.

“Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar o no sé qué. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede impulsar la necesidad de conectividad?”, añadió.

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Además, el presidente recordó a quienes ofrecían el servicio de televisión parabólica en los barrios, quienes, con una antena y cables, ofrecían señal informal, tomándola de forma no regulada de satélites de otros países.

No es la primera vez que el presidente Petro critica a los operadores de telecomunicaciones en Colombia. En septiembre, por ejemplo, dijo que le parecían insuficientes las inversiones en infraestructura que han hecho las empresas.

Según cifras del Ministerio de las TIC, el total de accesos a internet móvil alcanza los 37.6 millones, mientras que los accesos fijos en hogares y organizaciones está sobre los 8.7 millones. La meta que dejó proyectada el anterior Gobierno es que para 2025 exista un 80% de conectividad rural 4G y un 100% de cobertura de esa red en zonas urbanas.

Algunas fuentes le dijeron al medio que el propósito del petro era quitarle poder a las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela. Además, el presidente Maduro se ha referido en algunas ocasiones a los petro como ‘kriptonita’ y a los Estados Unidos como ‘Superman’.

Un ejecutivo de un banco estatal ruso le dijo a la revista que varios consejeros del Kremlin supervisaron el desarrollo del petro. Y, también, dijo que el Presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó el proyecto desde 2017. De hecho, a Putin le habrían dicho que esta era un forma de evadir las sanciones de Estados Unidos.

Hace unos días, la administración de Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que prohibió a los ciudadanos de Estados Unidos comprar petros. Madura espera que su criptomoneda recopile 6.000 millones de dólares y ayude a recuperar la fallida economía de ese país. La moneda de Venezuela, el bolívar, ha sufrido de una grave hiperinflación. Esto como resultado de un mal manejo del gobierno y a las sanciones de Estados Unidos.

En un comunicado publicado el lunes de esta semana, el Secretario de Hacienda de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se refirió al petro. Mnuchin dijo que el régimen de Maduro está tratando de burlar las sanciones a través del petro. Y recordó que esta decisión fue rechazada por la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida democráticamente.

¿Por qué una criptomoneda?

Las criptomonedas podrían ser una forma efectiva de evadir sanciones. El medio dice que Rusia también pudo estar evaluando la idea de crear una versión digital de los rublos. Pero que el banco central ruso dijo que podrían correr el riesgo de desestabilizar el rublo como tal. Así que en cambio, el país decidió apoyar la idea de Venezuela, según dijo Armando Armas, un miembro de la oposición venezolana, al medio. “Ahora están usando a Venezuela como un conejillo de indias para su experimento”, opinó el político.

El medio explica que la intervención de Rusia en la emisión de los petro no es tan ambiciosa como la de la influencia en las elecciones presidenciales de 2016. Pero la estrategia del Kremlin de moverse alrededor de las criptomonedas revela la intención de ese país de luchar contra la ‘hegemonía’ de Estados Unidos en el mundo. El uso de criptomonedas podría, en teoría, debilitar el poder de Estados Unidos sobre el flujo de dinero que entra y sale de países sancionados como Venezuela.

¿Cómo se involucró Rusia?

Así las cosas, la revista Time muestra varias evidencias de esta intervención de los rusos en la creación del petro. Primero, dos empresarios rusos de apellidos Druzhkov y Bogorodsky, se reunieron con Maduro el 20 de febrero. Esto con el fin de discutir los preparativos del lanzamiento de la criptomoneda. Después, en la ceremonia de presentación de los petro, Bogorodsky dio un corto discurso en ruso y felicitó a Maduro por su decisión.

Pero todo se hizo más claro al día siguiente, el 21 de febrero, dice el medio. Ese día, Maduro envió a su ministro de finanzas, Simón Zerpa, a informarle al gobierno ruso sobre los resultados del lanzamiento de los petro. Zerpa se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Anton Siluanov, y otros oficiales. De hecho, publicó las fotos en Twitter.

En esta reunión hemos pasado revista a la cooperacion económica y financiera entre ambos países, con énfasis en el nuevo criptoactivo de Venezuela: El Petro. Entregamos al Min. Siluánov información actualizada de nuestra criptomoneda. pic.twitter.com/BYSFZvIdaf

— Simón Zerpa Delgado (@SimonZerpaD) February 21, 2018

Aerotrading

En cuanto a los dos empresarios rusos, el gobierno de Maduro dijo que era dos representantes de una compañía de blockchain llamada Aerotrading. En ese momento, dicha empresa no tenía ni siquiera un sitio web. Pero al día siguiente apareció un sitio. Sin embargo, en el sitio no salía ninguna información sobre la compañía. Solo se veía un ‘banner’ que decía que era la ‘empresa más grande de consultores de blockchain’. La cuenta de Twitter de la compañía, creada en febrero 21, contiene solo tres publicaciones. Una de ellas dice: “estamos complacidos en darle la bienvenida a la criptomoneda #Petro al ecosistema #blockchain”.

Cerramos acuerdo con Aerotrading, una de las más grandes empresas de Blockchain. Recuerden esta fecha compatriotas, será recordada como el día en que Venezuela dio un paso #AlFuturoConElPetro. Expectativa mundial por la primera Criptomoneda impulsada por un Estado. ¡Atentos! pic.twitter.com/WKulODa79s

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 20, 2018

Imágenes: Wikimedia y Kremlin.ru.

Maduro también dijo que tiene pensado integrar los petro a su iniciativa de Tarjetas Socialistas, con la que se le da subsidios y alimentos a unos 15 millones de venezolanos. Según el gobierno los petros están siendo minados en ‘granjas’ de desarrollo en colegios y universidades. Esto representa un cambio en los planes iniciales. Maduro dijo hace unos meses que la moneda sería una moneda ‘preminada’.

Según el medio, la decisión de Maduro es criticada porque solo hará que el gobierno emita más deudas, en un país que enfrenta una altísima inflación y escasez de productos básicos como alimentos y medicinas.

Maduro dijo hace unos meses, cuando anunció su decisión de crear criptomonedas, que el gobierno emitirá 100 millones de tokens. Además, la unidad mínima de cambio será llamada el ‘mene’, según una propuesta en borrador que conoció Bloomberg.

Cada moneda estará respaldada por el equivalente a un barril de petróleo venezolano. Así era como sucedía hace unas décadas, cuando el dinero estaba respaldado en oro). Pero en este caso no significa que las personas puedan cambiar un token por petróleo. Cnbc dice que la emisión de los petro tendrá un valor de 6.000 millones de dólares.

Es por eso que miembros de la oposición del gobierno de Maduro critican esta decisión. Se argumenta que es ilegal usar las reservas de petróleo del país, que son las más grandes del mundo, para generar más deuda.  No obstante, Maduro dice que los petro ayudarán al país a hacer transacciones financieras y a sobrellevar las sanciones impuestas por Estados Unidos, que está en contra del gobierno socialista que rige a ese país.

Los gobiernos de cara a las criptomonedas

Las criptomonedas enfrentan un desafío crítico en los últimos meses. Varios gobiernos han manifestado su preocupación por la creciente ilegal que se presenta por medio de la tecnología. Ese es el caso de Corea del Sur, que dijo esta semana que ha descubierto transacciones ilegales por un valor de 600 millones de dólares en su país. El gobierno del país asiático dijo que no tiene planeado prohibir las criptomonedas, pero sí regular su uso.

A diferencia de los petro de Maduro, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Ripple no tienen un respaldo en oro o petróleo. Así que no tienen un valor intrínseco. Además, su valor no depende del poder de un país (como pasa con las monedas, como el dólar o el peso); o de las ganancias de una empresa (como pasa con las acciones).

Es por eso que los valores de Bitcoin y las demás criptomonedas suben y bajan inesperadamente. Su valor depende de la demanda, que a su vez depende de la percepción del público. Cuando suceden hechos como países que quieren regular o prohibir criptomonedas, éstas suelen sufrir variaciones en sus precios. Esperaremos a notar qué cambios trae la emisión de los nuevos petro de Maduro.

Imágenes: Agencia de Noticias ANDES (vía Flickr) y Pexels.

El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, mostró este jueves la nueva versión del Portal Mapas de Bogotá. Se trata de una herramienta digital que le permite a la cuidadanía consultar entre cerca de 700 capas de información georreferenciada en la capital, a la que se accede desde la URL mapas.bogota.gov.co/portalmapas.

La herramienta fue desarrollada por el Catastro Distrital y la Alta Consejería TIC del Distrito. Permite consultar todo tipo de datos: desde la ubicación –con teléfonos, correos electrónicos y sitios web– de droguerías, ópticas y centros de salud hasta las rutas de transporte público que pasan cerca de cualquier lugar de la ciudad. Está basada en una versión que viene de 2004, pero su adecuación y actualización se adelantaron en el último año y medio.

Tiene información muy profunda sobre la ciudad. Dice, por ejemplo, el nombre y número de contacto del policía encargado de cada cuadrante de la ciudad, la calidad del agua de cada una de las vertientes hidrográficas que fluye por los terrenos de la ciudad o el valor promedio del metro cuadrado de la ciudad. Tiene información de más de 38.000 sitios de interés, como restaurantes, hoteles, parques, panaderías o sitios de culto religioso, datos básicos de los 2.552 colegios distritales de la ciudad y de cada uno de los 152 CAI de Bogotá.

La información del mapa viene de varias entidades del Distrito, como las Secretarías de Salud, Gobierno, Educación, e Integración, del Instituto Distrital de Turismo y del Instituto Distrital de Turismo. Según explicó a ENTER.CO el Alto Consejero TIC, Mauricio Trujillo, mucha de la información se actualiza automáticamente cada vez que se registra o modifican las bases de datos.

Trujillo también indicó se está trabajando en tres frentes para mejorar el servicio: un aplicativo para que la ciudadanía pueda proponer sus propias actualizaciones del mapa, una forma de llevar esta información a móviles –pues por ahora solo está en web, y al estar basada en Flash es poco probable que pueda ser usada en esos dispositivos– y en hacer que la herramienta funcione con herramientas 100% libres, pues hoy está basada en una herramienta propietaria adquirida en el pasado.

El alcalde Petro también les encargó a sus funcionarios que no dejen morir el mapa. “Hacerlo es importante, pero mantenerlo lo es más“, dijo. Por otra parte, el burgomaestre insistió en el valor político de contar con una herramienta de estas: “Esto es información, y la información le da poder al ciudadano“, afirmó en la rueda de prensa. De hecho, usó el mapa para defender su posición en la polémica del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que su administración impulsa en el Concejo, y que le ha granjeado un debate muy duro en el cabildo y los medios de comunicación.

Probamos brevemente la aplicación, y vimos que efectivamente tiene montones de información y un potencial excelente. Sin embargo,  no es tan fácil de usar como se esperaría de una herramienta que está pensada para las masas. Esperemos que el Distrito trabaje un poco más sobre eso, porque lo que tiene entre las manos es un diamante en bruto.

Esa es la propuesta que manifestó el alcalde Gustavo Petro, cuando se encontraba en la presentación del informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre la percepción de la seguridad en la ciudad.

La frase fue contundente. El burgomaestre afirmó: “¿es valido sacar el celular para contestar una llamada o hacer una llamada en la calle?, pues creo que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer. No usar el celular en la calle.”. Con esa máxima, Petro pretende minimizar los resultados que arroja dicha encuesta.

Dicho documento publica que en 2012, el bien que más se hurtó fue el teléfono celular, con un 50%, y donde los ‘raponazos’ son cometidos en mayor medida en la calle, con un 53%, y en el transporte público en un 15%.

La propuesta del alcalde causa polémica, tanto en las calles como en las redes sociales. Estas fueron las reacciones.

Si bien lo que dijo Petro no debió sonar a mandamiento, lo que debe hacer el funcionario es combatir el crimen y las bandas delincuenciales, y no pedirle al ciudadano que deje de hacer uso de su teléfono celular. Si esta clase de declaraciones no se detienen, en unos meses los dirigentes pedirán a los colombianos que no salgamos a la calle para no ser atracados o ultrajados.