¿Qué significa esto? Que Centros Poblados ha sido removido del contrato, pero con la llegada de ETB se espera que se pueda cumplir con los elementos restantes del contrato.

¿Qué pasará con los 70.000 millones de pesos ‘desaparecidos’ del contrato?

La ministra Abudinen aseguró que la entidad tiene toda la intención de recuperar el dinero que fue desembolsado a Centros Poblados. “Ese dinero pertenece al Estado colombiano y vamos a recuperar hasta el último peso, junto con casi 40.000 millones de pesos adicionales, que corresponden a la cláusula penal pecuniaria que estaba prevista. Ya procedimos con los pasos jurídicos para obligar al contratista a pagar por los perjuicios causados”, aseguró la ministra.

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Sin embargo, en la declaratoria la ministra Abudinen falló en responder algunas de las preguntas más importantes. Incluso más preocupante que el anticipo entregado, fueron las irregularidades en el proceso. Aunque el MinTIC aseguró que se tomaron ‘con estricto rigor todos los procedimientos previstos en la Ley 80 de contratación estatal’. Sin embargo, hay puntos del contrato que han despertado escrutinio: la presentación de firmas y certificaciones falsas, la escala de la empresa contratada en comparación con otros candidatos de la licitación, el manejo que se le dio al dinero o el hecho de que fuera contratado. Estas preguntas no fueron respondidas en su totalidad.

Con todo, la ministra Abudinen también aseguró que no renunciará al cargo. “Es muy fácil renunciar, pero la responsabilidad con los ciudadanos, con la entidad, con el Gobierno Nacional, es resolver esta situación, es dejar que las entidades de investigación y control hagan su trabajo y avancen en él; pero en paralelo reorganizar el proceso, retomar el proyecto y ejecutar la conexión de las escuelas la rurales”, puntualizó la ministra de las TIC.

Imágenes: MinTIC

La actualización más reciente es el descubrimiento de cómo se movió este anticipo, que Centros Poblados recibió y que terminó por fuera del país, a pesar de que los reportes aseguran que el progreso en el programa es casi nulo. En ENTER.CO hemos preparado esta guía para entender mejor qué es lo que está ocurriendo.

¿Qué está pasando?

La Fiscalía en estos momentos está intentado verificar cómo se gastó el anticipo de los $70.000 millones de pesos y por qué Centros Poblados ‘transfirió’ este dinero a los Estados Unidos (haciendo más difícil su recuperación en caso de que se comprueben todas las irregularidades).

¿En qué se gastó?

De acuerdo con Centros Poblados, de este adelanto $53.301’922.67 (es decir, más de $53.000 millones de pesos) fueron asignados a la firma de seguridad Nuovo Security LLC. Un documento compartido por la empresa asegura que estas sumas se invirtieron en equipos de telecomunicaciones, equipos de energía y equipos eléctricos.

¿En dónde se encuentran?

De acuerdo con Centros Poblados, en unas bodegas. También aseguran que, entre otras cosas, se han realizado más de 4365 estudios de campo.

¿Quién es Nuovo Security LLC?

Este es el principal problema. Hasta esta semana solo se sabía que era una compañía radicada en Miami, Estados Unidos, a quien Centros Poblados había contratado como proveedor de servicios. Pero esta misma compañía tiene muchos elementos que han despertado las alarmas. Empezando por sus dueños.

¿Quiénes son sus dueños?

Información obtenida por el Tiempo apunta a que, aunque la empresa está radicada en los Estados Unidos, sus dueños son colombianos. De acuerdo con el medio uno de los dueños es Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona. Es un nombre preocupante, pues no es la primera vez que una empresa suya está en la lupa por un desfalco. De hecho, el año pasado La Silla Vacía ya denunciaba que este empresario había ejecutado al menos $111 millones de pesos en contratos con el estado, en los contratos polémicos de bilingüismo en la Guajira, pensados para ‘enseñar inglés’ a personas en esta región del país.

¿Y qué pasa con la empresa?

Hay alarmas, porque la compañía no parece contar con los soportes para justificar su contratación para estos equipos. Para empezar, la información de la compañía es escasa. Su página web no cuenta con información de contacto o detalles de qué es exactamente lo que hacen. Su página web ofrece una serie de ‘servicios’, pero al hacer clic en estos enlaces el usuario es dirigido de nuevo al sitio principal. De acuerdo con una investigación realizada por el periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio, la empresa en cuestión tiene tan solo 6 empleados, ingresos al año inferiores a los $197.000 dólares y la empresa solo ha realizado exportaciones a Colombia.

¿Qué es Nuovo Security?

Empresa de 6 empleados, fundada en el 2016, con sede física en la Florida, pero fiscal en Delaware, conocido paraíso fiscal.

Sus únicas exportaciones han sido a Colombia, entre 2019-2020. Trajeron cámaras desde China. El cliente fue VIRTUAL TICS SAS 👇

— Espinosa (@EspinosaRadio) August 17, 2021

Imágenes: MinTIC

A pesar de señalamientos sobre irregularidades en contratación de UT Centros Poblados, es sensato respetar la presunción de inocencia de la Ministra respecto a corrupción. Aunque no sea culpable de infracciones penales, la Ministra tiene responsabilidad política por la mala ejecución y a pesar de eso se niega a renunciar. Las irregularidades ocurrieron en esta contratación bajo su dirección como responsable de los recursos públicos del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Compromiso de gobierno   

En su discurso de posesión presidencial usted dijo “Nos duelen los constantes escándalos de corrupción …. que han deslegitimado al Estado, malgastado escasos recursos públicos, privado a miles de ciudadanos de servicios esenciales y ameritan nuestra acción inmediata” en consecuencia con su discurso es necesario una actuación inmediata para reemplazar a la Ministra. 

Es necesario en MinTIC una persona competente que recupere lo que sea recuperable y enderece este programa, pero sobre todo que recupere credibilidad del gobierno.  La Ministra parece no tener experiencia para el cargo, pero preocupa más no tener responsabilidad política de asumir errores y renunciar por bien del país. Por el contrario sale en los medios con frases de cajón como que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a recuperar parte del dinero y vamos a sancionar a los contratistas” como si ahora ella fuera la adalid de la justicia y transparencia y no fuera quien tiene la responsabilidad de ejecución en ese fallido contrato. 

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Responsabilidad Política

Para exacerbar la situación, la Ministra enfoca su energía en reprender a sus funcionarios preguntándoles si es justo que alguien en su propio equipo filtre a los medios las irregularidades, olvidando la pregunta esencial si es justo para el país que se pierdan recursos escasos y vitales para el desarrollo de las regiones rurales más vulnerables que estaban bajo su cuidado. 

Dejando de lado la posible corrupción, es suficiente considerar la ineptitud, ingenuidad, incapacidad o incompetencia ejerciendo sus funciones para dar un paso al costado.

Señor Presidente, por su compromiso con la economía digital manifestado durante su campaña y durante su visita a Silicon Valley, esperamos actúe prontamente. Nuestra riqueza para el siglo XXI ya no está en oro, petróleo, carbón y recursos naturales, nuestra verdadera riqueza como país está en su gente. Nuestro nuevo tesoro Dorado es el Talento.  Pero desarrollar el talento no será posible si gran parte de la población, especialmente rural, no tiene acceso a Internet sea por ineptitud o corrupción. 

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Servicio Esencial

En hora buena Internet ha sido declarado durante su gobierno un servicio público esencial, entonces démosle la prioridad como al agua potable y la electricidad. Antes de pedir ayuda internacional para recuperar algo del dinero embolatado sería recomendable tomar “una acción inmediata” al respecto como lo mencionó en su posesión. 

Aunque sorprende que pocos líderes e ‘influencers’ TIC se han pronunciado sobre este escándalo, el Congreso ya citó una moción de censura contra la Ministra. No hace falta esperar acción del Congreso, sea por corrupción o incompetencia la Ministra TIC debe salir, la decisión está en sus manos Presidente Duque.

Imágenes: MinTIC

Después de varios problemas con la adjudicación del contrato, en los que se resaltó la poca experiencia de una de las empresas y otras irregularidades por conflictos de intereses de Karen Abudinen y el interventor, el MinTIC siguió en marcha y adjudicó el proyecto. Seis meses después, y ante las acusaciones de los medios de comunicación sobre irregularidades y la evidente falta de desarrollo de los proyectos que debía llevar a cabo Unión Temporal de Centros Poblados, la ministra de las TIC decidió pedir la caducidad del contrato. Además, prometió que su cartera recuperaría los $70.000 millones que fueron entregados como anticipo (la inversión del proyecto es de $1 billón de pesos).

Por su parte, la empresa ha asegurado que está dispuesto a ceder el contrato. Ayer, 11 de agosto, iniciaron las audiencias para determinar si el MinTIC podría determinar la caducidad. De obtener lo que quiere, Abudinen podría recuperar un poco más de $40.000 millones, pero no todo el dinero. El abogado de Centros Poblados aseguró que la ministra tiene prejuicios contra la empresa y que de perder el caso demandarían al Estado porque se ha mostrado buena voluntad al querer ceder el proyecto.

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Ahora, Karen Abudinen se enfrenta a una moción de censura en el Congreso. 19 representantes han solicitado llamar a la ministra a una audiencia el próximo 24 de agosto. En esta se determinaría si podría seguir ocupando su cargo. Mientras tanto, Iván Duque, presidente de Colombia, aseguró que confía en el carácter de Abudinen y su gestión, por lo que ofreció su ayuda para lograr el reintegro. Además, aseguró que ya se hicieron solicitudes a organismos internacionales, pues una gran parte del dinero está en una fiducia en Delaware, Estados Unidos.

La Procuraduría también informó que abrió una investigación preliminar para determinar si se investigará lo que está sucediendo. Por ahora, el proceso parece estar en el limbo. Expertos aseguran que si los documentos de las pólizas –que fueron supuestamente emitidos por el banco Itau– son falsos, entonces el contrato no tendría validez jurídica. Esto significa que el MinTIC no podría exigir su caducidad.

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Tendremos que esperar hasta que el proceso tenga todo su desarrollo para saber qué pasará con las más de 14.000 escuelas que esperaban estar conectadas y tener acceso a Internet gratuito con una operación garantizada hasta el año 2031. El abogado de Centros Poblados ha pedido extender el tiempo debido a un accidente de tránsito que no le permite atender el proceso como debería. Mientras tanto, Karen Abudinen y el MinTIC debería dejar de responder con promesas vacías a los medios de comunicación y dar respuestas más contundentes. El país merece respuestas y teniendo en cuenta que en Colombia se considera el acceso a Internet como un servicio público y esencial castigos que demuestren que esto no solo fue un papel más firmado para fotografías en los periódicos.

Imagen: Sala de prensa MinTIC.