Aunque el Ejecutivo la describe como una “nivelación tributaria”, para muchos expertos y gremios del sector es, en realidad, un golpe directo a la digitalización y a los pequeños comercios que estaban empezando a confiar en los medios digitales.

El cobro no recaería sobre transferencias entre personas, sino sobre los movimientos comerciales. Esto significa que emprendedores, tenderos y profesionales independientes que reciben pagos por Bre-B, Nequi o Daviplata verían descontado un porcentaje de cada ingreso. Lo que el Gobierno llama “ajuste técnico” se traduce en una reducción tangible de los ingresos de quienes ya enfrentan altas cargas operativas y fiscales.

Para Colombia Fintech, la asociación que agrupa más de 365 empresas del ecosistema financiero digital, la medida llega en el peor momento posible. En plena transición hacia un sistema interoperable y sin efectivo, introducir una nueva retención envía un mensaje contradictorio. “No se trata de extender un error a todos los medios de pago, sino de eliminarlo”, señaló el gremio en un comunicado.

El problema no es solo económico, sino estratégico. En un país donde ocho de cada diez pagos todavía se hacen en efectivo, cualquier fricción adicional puede consolidar la desconfianza hacia los canales digitales. Si vender por código QR cuesta más que cobrar en billetes, la formalización pierde sentido. Y si el mensaje que llega a los pequeños negocios es que cada transferencia implica una vigilancia tributaria, el miedo vuelve a ganar terreno sobre la tecnología.

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La experiencia internacional no deja dudas. En Brasil, cuando la autoridad tributaria anunció controles adicionales sobre el sistema PIX, las transacciones cayeron más del 15 % en solo dos semanas. El paralelismo con Bre-B es inevitable: una política mal comunicada puede derrumbar en días la confianza que tomó años construir.

Voces del sector financiero han sido contundentes. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que “gravar a Bre-B es dispararse en el pie”, mientras César Prado, presidente del Banco de Bogotá, lo calificó como “una señal equivocada de un gobierno desesperado por recaudar”. Incluso Javier Suárez, presidente de Davivienda, recordó que el sistema se diseñó sobre tres principios básicos: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. “Si uno de esos pilares se rompe, todo el modelo se tambalea”, dijo.

El trasfondo del decreto tiene tintes políticos. Con un déficit fiscal creciente y un recaudo menor al esperado, el Gobierno Petro busca nuevas fuentes de ingresos rápidos, pero el costo social de esa estrategia puede ser alto. Gravar las transacciones digitales no solo reduce la liquidez de los pequeños comercios, sino que entorpece los esfuerzos del propio Estado por bancarizar a la población.

Expertos como Munir Jalil y la abogada Carolina Restrepo advierten que el decreto, además, carece de claridad técnica. Determinar en tiempo real si una transferencia corresponde a una venta o a un simple envío entre cuentas puede abrir un escenario de errores, cobros indebidos y desgaste operativo para plataformas y usuarios.

Más allá de los tecnicismos, la discusión refleja un dilema mayor: ¿puede Colombia avanzar hacia una economía digital mientras castiga a quienes deciden dejar el efectivo?. En la práctica, el impuesto del 1,5 % actúa como una penalización a la confianza. Si los ciudadanos perciben que moverse en lo digital implica perder dinero o ser vigilados, el país retrocederá años en inclusión financiera.

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El Gobierno Petro insiste en que busca equidad fiscal, pero la equidad no se construye restando competitividad a la innovación. Si Bre-B se convierte en un nuevo canal de retención, su promesa de democratizar los pagos quedará sepultada por la desconfianza. Colombia necesita una política que premie la formalidad, no que la encarezca.

El debate apenas comienza, pero el riesgo ya es evidente. Si el Ejecutivo mantiene esta propuesta, podría apagar uno de los pocos motores de modernización real que ha tenido el sistema financiero en décadas. En lugar de acercar a la gente al dinero digital, el impuesto de Petro podría devolverla al efectivo, el terreno más caro y menos transparente de todos.

Imagen: Montaje ENTER.CO

Cabe mencionar que, tras los ajustes en tarifas, aumentos salariales y variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), llega el momento de hacer cuentas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Marzo de 2025 no será la excepción, ya que es un mes crucial para el pago de varios tributos fundamentales para el funcionamiento del país.

¿Qué hay que pagar en marzo?

Uno de los tributos más importantes que deben pagarse en este periodo es el Impuesto sobre las Ventas (IVA), correspondiente al bimestre enero-febrero de 2025. Las empresas y comerciantes que sean responsables de este impuesto deben presentar y pagar su declaración dentro de estas fechas, según el último número de su NIT.

Además del IVA, también vencen en estas fechas las obligaciones de los agentes de retención y autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios. Estas entidades deben presentar la declaración y pagar las retenciones practicadas en febrero de 2025.

Otro tributo que debe ser cancelado en este mismo periodo es el Impuesto Nacional al Consumo, que afecta a sectores específicos como restaurantes, bares y la venta de ciertos bienes y servicios. Al igual que en los anteriores casos, la fecha de vencimiento dependerá del último dígito del NIT del contribuyente.

Por otro lado, existen tributos que tienen como fecha límite el 14 de marzo, sin importar el NIT del responsable. Dentro de esta categoría se encuentran los impuestos relacionados con combustibles, el medioambiente y productos específicos.

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Uno de ellos es el Impuesto Nacional a la Gasolina y ACPM, que deben declarar y pagar las empresas dedicadas a la comercialización de estos combustibles. También está el Impuesto al Carbono, una medida que busca mitigar el impacto ambiental generado por el uso de combustibles fósiles.

Otro impuesto que vence en esta fecha es el IVA para prestadores de servicios desde el exterior, que deben pagar empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales a consumidores en Colombia.

Además, el Impuesto a las Bebidas Azucaradas y Alimentos Ultraprocesados también debe ser declarado y pagado hasta el 14 de marzo. Esta medida, implementada para reducir el consumo de productos con alto contenido de azúcar y grasas saturadas, afecta a fabricantes e importadores de estos productos.

Por último, las empresas extranjeras con Presencia Económica Significativa (PES) en Colombia tienen hasta esta misma fecha para cumplir con su obligación tributaria.

Cumplir con estas obligaciones tributarias no solo evita sanciones y multas, sino que también contribuye al desarrollo del país. Los impuestos son la principal fuente de ingresos para el Estado y financian sectores clave como educación, salud, infraestructura y programas sociales.

Para evitar inconvenientes, la DIAN recomienda a los contribuyentes revisar con anticipación su situación fiscal y realizar los pagos dentro de los plazos establecidos. Además, es fundamental contar con el apoyo de un contador o asesor financiero para garantizar el cumplimiento adecuado de estas obligaciones.

Imagen: Archivo ENTER.CO

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El cambio más destacado es que, con el nuevo modelo, los colombianos podrán realizar movimientos financieros en varias cuentas sin que se les aplique el 4×1.000, siempre y cuando la suma total de sus transacciones no supere el tope mensual de $16,4 millones. En otras palabras, ya no será necesario marcar una cuenta como exenta, sino que se tendrá en cuenta el consolidado de todas las cuentas que posea el usuario en diferentes bancos o cooperativas.

Por ejemplo, si una persona realiza movimientos por $10 millones en una cuenta y $5 millones en otra durante el mismo mes, no tendrá que pagar el gravamen, ya que el total ($15 millones) está por debajo del límite. Sin embargo, si sus transacciones suman $20 millones, deberá pagar el 4×1.000 por el excedente de $3,6 millones.

Sin embargo, aunque esta iniciativa, definida en el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, busca simplificar y unificar el recaudo del gravamen, enfrenta obstáculos importantes que podrían retrasar su entrada en vigor.

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Según valora Analitik, la falta de acuerdo entre los proveedores tecnológicos, es uno de los puntos algidos. El sistema requiere consolidar información de millones de transacciones a nivel nacional. Esto depende de dos actores principales: TransUnion, que maneja el 95% de las transacciones financieras del país, y Passport, que representa al sector cooperativo. La falta de consenso entre ambas empresas sobre tarifas y acceso a datos ha generado retrasos.

Incertidumbre en la infraestructura tecnológica: La interoperabilidad entre bancos y cooperativas aún no está garantizada. Esto significa que el sistema podría fallar al consolidar datos de manera confiable y eficiente.

Ausencia de liderazgo estatal: Hasta ahora, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), encargada de supervisar el proceso, no ha intervenido para resolver el conflicto, lo que aumenta la incertidumbre tanto para el sector financiero como para los usuarios.

¿Cómo me impactará?

De no implementarse el sistema a tiempo, los usuarios deberán seguir operando bajo el modelo actual, lo que significa mantener solo una cuenta exenta del 4×1.000. Esto afecta principalmente a quienes manejan múltiples cuentas para optimizar sus finanzas.

Por otro lado, la falta de un sistema unificado podría traducirse en menores ingresos para la DIAN, dificultando la financiación de programas sociales, y generar costos adicionales para los bancos y cooperativas.

Aunque la fecha oficial de implementación es el 13 de diciembre, expertos financieros consideran poco probable que el nuevo sistema esté listo para entonces. Una posible salida sería postergar la medida a través de un decreto o ley transitoria, lo que daría tiempo para solucionar los problemas técnicos y llegar a acuerdos entre los proveedores.

En cualquier caso, los usuarios deberán estar atentos a los anuncios oficiales y revisar cuidadosamente sus transacciones financieras para evitar sorpresas con este cambio.

Imagen: Andrzej Rostek

Anteriormente hubo pruebas pero estas solo simulaban el pago, es decir no se realizaba un transacción por los kilómetros recorridos. Esta medida  funcionó durante nueve meses para probar la posibilidad de financiar las reparaciones de carreteras y autopistas en función de cuántos kilómetros recorre un conductor en lugar de cuánta gasolina compra.

De acuerdo con legislación en este estado los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo son fuente de financiamiento para construir y mantener las carreteras y autopistas. Caltrans, explica que este mecanismo de financiación es “innovador”.

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“Al igual que usted paga sus facturas de gas y electricidad en función de la cantidad de estos servicios que utiliza, un sistema de “el usuario paga” para la financiación del transporte garantiza que todos los conductores paguen su parte justa para el mantenimiento de las carreteras y autopistas” asegura el departamento de tránsito.

Para realizar el pago por los kilómetros  recorridos, los conductores deben hacer una inscripción; luego de ser seleccionados, durante agosto de 2024 a enero de 2025, al usuario se le cobrará la tasa de circulación. Cada kilómetro recorrido costaría alrededor de 3 centavos. 

Cabe mencionar que solo serán escogidas 800 personas, y una vez completen  todas las actividades requeridas del programa piloto, incluidas las encuestas, los conductores tendrán un incentivo económico de  hasta 400 dólares. Los primeros 100 dólares se distribuirán en septiembre de 2024 y el resto en febrero de 2025.

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California señala que aproximadamente el 80% de las reparaciones de autopistas y carreteras se financian con un impuesto sobre la gasolina. Por su parte, los californianos pagan unos 300 dólares al año en impuestos estatales sobre este combustible.

Imagen: anyaberkut

El impuesto impone reglas a lo que se conoce como presencia económica significativa (PES), que es cuando una compañía no está radicada en Colombia, pero que opera de manera importante en el territorio de nuestro país: por ejemplo, un servicio de Streaming con sede en los Estados Unidos pero que ofrece servicios a los colombianos.

La nueva norma, de hecho, detalla qué tipos de compañías están consideradas como PES y en el grupo están las suscripciones digitales a medios audiovisuales con la aclaración de que ofrezcan “suscripciones digitales a medios audiovisuales incluyendo, entre otras, noticias, magacines, periódicos, música, video, juegos de cualquier tipo”.

Si la lectura del decreto es correcta, significaría que plataformas como Netflix o Disney+ estaría afectadas, pero que la extensión se puede aplicar otro tipo de productos como Game Pass (el servicio de suscripción de videojuegos ofrecido por juegos), YouTube y Spotify (que ofrecen el servicio de video) o incluso plataformas de noticias (por ejemplo, una suscripción a un medio de comunicación internacional).

¿Cuándo inicia el impuesto a plataformas digitales?

El impuesto a Internet comenzará a ser aplicado a partir del primero de enero de 2024.

¿Cuánto tendrán que pagar las plataformas por el Impuesto a Internet?

Las compañías PES tendrán que pagar el impuesto cuando tengan más de 300.000 suscriptores o cuando reciban pagos en pesos colombianos por más de 31.300 UVT al año.

Las plataformas luego tienen dos posibilidades: pueden declarar y pagar en el formulario del impuesto sobre la renta al igual que las demás empresas o tienen la opción de acogerse a una tarifa del 3 % sobre la totalidad de los ingresos.

¿Qué significa esto para los usuarios de estos servicios?

Lo más seguro es que el Impuesto de Internet termine por afectar el precio de estos servicios. Aunque por ahora ninguna de estas compañías han anunciado un aumento en el valor de su suscripción es seguro que en los próximos meses veremos algún tipo de aumento en su costo. Es el resultado natural de un incremento de los impuestos el que parte de este valor se vea reflejado en los usuarios.

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¿Pero cómo nació el 4 x 1.000?

Hace 23 años, mientras Colombia sufría las consecuencias de una contracción en la producción nacional, varias cooperativas de ahorro se liquidaban, las tasas de interés crecían y los bancos nacionales veían amenazadas sus utilidades por cuenta del incremento del número de morosos, el gobierno de Andrés Pastrana declaró la Emergencia Económica. Entonces lanzó un paquete de medidas que incluía una que, al principio, solo duraría 13 meses. Se llamó el 2 x 1.000.

El impuesto, que entraría en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999, contemplaba que a cualquiera de las 7 millones de personas que en ese momento contaban con una tarjeta débito o crédito, se les cobrara un impuesto de 2 pesos por cada 100 que movieran financieramente. Esto quiere decir que si alguien retiraba de un cajero $100.000 pesos, el banco automáticamente se quedaba con $200. Ese valor entraba directamente a las arcas del Estado, que entonces esperaba recaudar alrededor de $2 billones para apoyar al sector financiero.

El también llamado Gravamen de Movimientos Financieros, se extendió un año más pues el gobierno requirió recursos para atender un terremoto en el Eje Cafetero, en plena crisis financiera. Entonces llegó el año 2.000 cuando el impuesto se hizo permanente, y su monto comenzó a aumentar progresivamente al 3 x 1.000 y, luego, al 4 x 1.000.

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¿Qué contempla el nuevo proyecto de Ley?

El proyecto de Ley presentado por la congresista, plantea que se disminuya el valor del gravamen de forma gradual, de manera que, para el año 2023, los usuarios que realicen transacciones desde sus cuentas bancarias o con sus tarjetas de crédito, paguen únicamente un impuesto del 3 x 1.000. Este monto bajaría a 2 x 1.000 en 2024; a 1 x 1.000 en 2025, y en el 2026 dejaría de existir.

De hacerse realidad, para recuperar los $9 billones que el Estado dejaría de percibir por cuenta de esta medida, el proyecto contempla dos opciones: la primera es la eliminación de beneficios tributarios a las mega inversiones en el país; y la segunda, gravar los salarios de aquellos ciudadanos que reciban más de $25 millones al mes.

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