La decisión de México de demandar a Google por cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América” para los usuarios en Estados Unidos abre una grieta simbólica que trasciende la cartografía digital, no es una batalla por nomenclatura, sino por soberanía narrativa.
El conflicto comenzó cuando la Cámara de Representantes de EE. UU., dominada por republicanos, aprobó una ley que busca institucionalizar ese nuevo nombre en agencias federales; aunque el Senado aún no lo aprueba, Google ya lo reflejó en sus mapas, siguiendo lo que la empresa llama una “práctica de larga data” de acatar designaciones oficiales.
Desde el punto de vista mexicano, este cambio representa un acto unilateral que distorsiona la historia, la geografía y los tratados internacionales. El Golfo de México es una masa de agua compartida por tres países: México, Estados Unidos y Cuba. Nombrarlo solo desde la óptica estadounidense erosiona el principio de multilateralismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al frente de esta ofensiva diplomática, no sólo invoca razones legales. Su argumento central es que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump solo aplica a la plataforma continental estadounidense, no al conjunto del golfo. Google, según su administración, no debió extrapolar esa designación al mapa global sin considerar las objeciones regionales.
Este caso plantea una pregunta incómoda, ¿quién tiene la autoridad de nombrar los espacios compartidos en la era digital? Las plataformas como Google Maps son utilizadas por miles de millones de personas. Un cambio en sus etiquetas no es trivial: redefine la percepción colectiva y, por lo tanto, el poder.
En ese sentido, el cambio no sólo es simbólico. En un contexto de tensiones comerciales y nacionalismos crecientes, la disputa nominal por el Golfo puede ser leída como una extensión de las pugnas hegemónicas. La geografía virtual, más que reflejar el mundo, ahora lo reescribe.
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La ironía es palpable; Trump afirma que el nombre “Golfo de América” es justo porque EE. UU. hace “la mayor parte del trabajo allí”. Sin embargo, ese argumento desconoce las complejidades del derecho marítimo y del reparto histórico de responsabilidades en la zona.
Sheinbaum, en un gesto provocador, ha sugerido llamar a Estados Unidos “América Mexicana”, recordando que un tercio del actual territorio estadounidense fue parte de México antes de 1848. Esa respuesta, cargada de memoria histórica, recalca que los nombres nunca son inocentes.
Google se encuentra así atrapado entre intereses nacionales contrapuestos. ¿Debe una empresa privada adaptarse a las leyes locales aun si eso implica alinear su plataforma con visiones geopolíticas controversiales? ¿O debería defender un estándar global, plural y diplomático?
Las plataformas tecnológicas moldean la realidad tanto como los gobiernos, y esta demanda marca un precedente; México no está simplemente reaccionando, está reclamando autoridad sobre cómo se representa su territorio en la infraestructura digital dominante.
Lo que está en juego no es el nombre de un golfo, sino el derecho a nombrar, a definir, a narrar, y en la era de la cartografía automatizada, ese derecho tiene implicaciones más profundas de lo que parece.
Imagen: Archivo ENTER.CO
