En Colombia, la ley laboral no exige un canal específico para comunicar la terminación de un contrato de trabajo, por eso, aunque suene informal o incluso irrespetuoso, un mensaje por WhatsApp, correo electrónico o cualquier red social puede tener validez legal si cumple con ciertos requisitos. Así lo explica Ricardo Rojas Moreno, docente del programa virtual de Tecnología en Talento Humano de Areandina.
La discusión no es menor, en marzo de 2025, el desempleo en el país llegó al 9,6 por ciento, según datos del DANE. Esto significa que más de 2,5 millones de personas están buscando empleo. A esto se suma un nivel de informalidad superior al 57 por ciento. En este contexto, la forma en que se da por terminado un contrato laboral cobra mayor relevancia.
Rojas aclara que no importa si la comunicación se hace por redes sociales o canales digitales. Lo que realmente importa es que se garantice la identificación del empleador, que el mensaje sea claro y directo en cuanto a la decisión, y que el trabajador lo reciba efectivamente. Estos son los elementos mínimos que debe cumplir un despido por medios digitales para que sea considerado válido.
Sin embargo, cuando se trata de un despido con justa causa, la empresa está obligada a seguir un procedimiento disciplinario. Es decir, debe informar al trabajador sobre los hechos que motivan la decisión, darle la oportunidad de defenderse y emitir un fallo argumentado. Solo después de completar este proceso puede comunicar la decisión por cualquier medio.
Un trabajador que reciba una notificación de despido por redes sociales o correo puede cuestionar la legalidad del acto si considera que hubo irregularidades. Si no se respetó el debido proceso, puede interponer recursos internos como reposición o apelación. También tiene la opción de acudir a la justicia ordinaria. Todo dependerá de si el despido fue con o sin justa causa, y de si la empresa siguió los pasos establecidos por la ley.
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Existen casos especiales en los que se aplica la figura de estabilidad laboral reforzada. Esto incluye a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, trabajadores sindicalizados, madres cabeza de familia o quienes están próximos a pensionarse. Si alguno de estos trabajadores es despedido sin autorización judicial, tiene derecho a pedir su reintegro. Puede hacerlo mediante una acción de tutela o una solicitud formal dirigida a la empresa.
Además, sin importar cómo se haya informado el despido, el trabajador conserva todos sus derechos. Esto incluye el pago de prestaciones sociales, las indemnizaciones correspondientes en caso de despido sin justa causa y el respeto a sus garantías constitucionales.
En situaciones donde no se cumple con lo establecido por la ley, un juez podría declarar ineficaz el despido. Esto puede implicar el reintegro del trabajador, así como el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de la terminación del contrato.
Ante una situación así, es recomendable que el trabajador recopile toda la información posible. Mensajes, correos, el contrato, evaluaciones de desempeño y cualquier otro documento puede servir como prueba. Luego puede presentar recursos ante la empresa o, si es necesario, acudir a la justicia.
Si no tiene acceso a un abogado, existen alternativas gratuitas. Consultorios jurídicos universitarios, personerías municipales y la Defensoría del Pueblo ofrecen orientación a quienes enfrentan conflictos laborales y no pueden pagar una asesoría privada.
Aunque los medios digitales permiten una comunicación más rápida, la validez de un despido no depende del canal sino del cumplimiento de las garantías legales del trabajador. Por eso, si recibe una notificación por WhatsApp, no lo ignore. Revise si se respetaron sus derechos y actúe a tiempo.
Imagen: Generada con IA
