hadopi: Archivo de Noticias Sobre hadopi – ENTER.CO

Antes de morir, la ley Hadopi deja su primera víctima

José Luis Peñarredonda — Tue, 18 Jun 2013 14:30:22 +0000

Hadopi: Epic Fail. Imagen: Owimpics (vía Flickr).

La famosa ley francesa Hadopi, que fue la pionera en la adopción del sistema de los tres ‘strikes’ o advertencias previas antes de desconectar a un usuario de Internet, está a punto de morir. Pero antes de que eso ocurriera, dejó su primera víctima.

Se trata de un usuario que, según reportes franceses citados por TorrentFreak, “compartió uno o dos archivos” y no respondió a los avisos previos enviados por las autoridades. Una corte de Saint-Denis, a las afueras de París, emitió la orden de desconexión por 15 días y una multa de 600 euros para el supuesto infractor, quien tiene 10 días para recurrir la decisión.

La ley francesa prevé que la ISP que ejecuta el castigo debe garantizar que los servicios en línea del usuario, como su correo electrónico, sigan funcionando. Además, si tiene contratado un paquete que incluye TV y teléfono fijo, estos no deberán ser cortados.

La multa fue impuesta pocos días después de que el Gobierno francés se comprometiera a anular la iniciativa. El ministro francés de Cultura, Aurélie Fillippetti, dijo a finales de mayo que la ley sería invalidada “en el próximo mes“.

Es que Hadopi fue un fracaso. Desde hace dos años, las autoridades encargadas del sistema habían advertido que el proceso era lento, “rústico y poco automatizado”. Al final, le costó millones de euros al fisco francés, a cambio –según ZDNet– de dos multas: esta y otra por 150 euros. Según TorrentFreak, la ley causó la migración de los piratas franceses a otros servicios no vigilados por el sistema Hadopi –que se concentraba en el intercambio de archivos a través de torrents–, como los cyberlockers y las descargas directas. De hecho, un reporte mostró que su aplicación no sirvió para parar el declive de las ventas de la industria musical de ese país.

Sin embargo, el gobierno francés comenzará a probar con una nuevo sistema de sanciones antipiratería, parecido al de las infracciones de tránsito. Quienes compartan archivos serán sancionados con multas emitidas automáticamente, que comienzan por 60 euros pero aumentan si se trata de infractores reincidentes.

Directores de cine opinan sobre piratería de software y películas

Diana Luque Lavado — Wed, 16 Nov 2011 22:53:20 +0000

La segunda industria más afectada por la piratería es la audiovisual. ¿Qué piensan los directores latinoamericanos? Foto: Sebastián Oliva (vía Flickr).

En Colombia, hoy la ‘Ley Lleras’ se hundió en el Congreso de la República’, como se había anunciado días atrás, pero esto no quiere decir que terminen las discusiones sobre los derechos de autor, la piratería y el derecho a acceder a la cultura.

En cuanto al software, y más allá de tendencias como el software libre y el de código abierto, la industria, representada por organizaciones como la BSA, sigue dando la batalla por reducir el uso ilegal de software licenciado, con persecución hacia las empresas que no pagan por el software y con acuerdos como el que se firmó el año pasado con diversos sectores. Aunque no muy marcados, las cifras de esta industria muestran algunos avances.

Por los lados de la música, la industria más afectada por las descargas ilegales, debido a que es mucho más fácil descargar una canción de 4 MB que una película de 700 MB o hasta 8 GB, hay avances, con servicios como la tienda iTunes Store, los nuevos servicios en la nube de Amazon, Google y Apple, y otras iniciativas. (En esta nota, ‘Una milonga para la música‘, ofrecemos información útil sobre el tema y algunos servicios ideales para los fanáticos de la música).

¿Pero qué sucede con las industrias culturales? Es preocupante que, aun con los debates y discusiones que se dieron en torno a la ley, muy pocos representantes de la parte audiovisual se manifestaran con su opinión al respecto, en especial cuando Colombia, según, Go-Gulf.com, ostenta un preocupante segundo lugar en piratería en línea y cuando lo más descargado de manera ilegal en la red son las películas, con un 35,2%.

En España el debate se encuentra adelantado, por la criticada ‘Ley Sinde’ y por hechos como el del reconocido director Alex de la Iglesia, que terminó en su renuncia a la Academia de Cine Española. Recientemente, en el marco del Foro de cultura libre FCForum en Barcelona, el director habló sobre la importancia que ambas partes se sentaran a dialogar: “¿A quién le interesa que no se encuentren estas dos partes, quién saca beneficio de este conflicto?”.

También el director español Bigas Luna en recientes declaraciones en la 56 Semana de Cine de Valladolid pronosticó la muerte de la piratería en un par de años, cuando, según él, las empresas de telefonía móvil controlarán la producción cinematográfica con tarifas planas para navegar en la Red y películas gratuitas para ver desde sus dispositivos.

Independientemente de si los directores españoles tienen razón o no, es bueno resaltar que se están manifestando, que aportan sus puntos de vista en esta discusión global en la que a veces solo son activos los extremos –los defensores a ultranza de los derechos de autor y la propiedad intelectual, y los promotores de la libertad absoluta de distribución de contenidos–, algo que poco se da, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos.

Por ello, ENTER.CO presenta algunas de las opiniones que nos han dado directores, realizadores y algunos representantes del mundo audiovisual sobre el tema, las cuales no representan la última palabra pero son un buen termómetro de lo que piensa esta industria.

Por supuesto, el debate continúa y, junto a las valiosas opiniones de estos entrevistados, están las del público, las audiencias, es decir, ustedes. Sus comentarios al final también pueden dar luces en esta discusión.

Hombre ciego es acusado de ser pirata de porno

Luis Iregui V. — Fri, 12 Aug 2011 18:09:42 +0000

Cuando se piensa en que la justicia debe ser ciega la idea no es que ignore la realidad, como le está pasando con la piratería digital. Imagen: Valerie Everett (vía Flickr).

Desde hace varios años las industrias del entretenimiento han librado una feroz persecución contra los piratas de la Red y en esa guerra, como en todas, han sufrido víctimas inocentes. En un caso en particular en el que hay más de 3.000 acusados por piratería de películas usando Internet, el demandado número 2.057 alega su inocencia con una prueba difícil de refutar: es legalmente ciego (tiene una centésima parte de la visión normal), lo que hace que disfrutar películas de cualquier tipo, incluyendo las ‘XXX’, sea imposible.

En los documentos de la corte, el hombre en cuestión es reconocido simplemente como John Doe 2.057 (‘John Doe’ es el equivalente gringo de ‘Fulano de Tal’, es decir una persona anónima), y según Imperial Enterprises a las 6:03 a.m. del 27 de enero John descargó ilegalmente una de sus producciones, el filme erótico ‘Tokyo Cougar Creampies’. Ahora la empresa está pidiendo miles de dólares en compensación, pero John alega su inocencia.

“Para ser honesto, es un poco ridículo”, dijo Doe al diario Seattle Weekly. “Mi habilidad para ver películas es inexistente. Mis hijos ven películas, pero tienen 4 y 6 años, así que ellos tampoco ven porno. Bueno, espero que no vean”. Para añadirle un toque irónico a la historia, Doe es un experto en seguridad de redes y cree saber por qué está metido en este lío.

No tuvo tiempo de instalar el router en su antiguo apartamento, así que dejó que lo hiciera su esposa, quien dejó la red sin contraseña. Doe dice que por esos días su conexión estaba muy lenta y que incluso llamó a quejarse al proveedor, pero ahora que lo piensa es posible que uno de sus vecinos haya estado su red abierta para descargar películas, incluyendo ‘Tokyo Cougar Creampies’.

Para rematar la insólita situación, la mejor opción para Doe es arreglar con Imperial Enterprises y pagarle la suma que pide, como si fuera culpable. “La parte triste de este asunto con el porno es que cuesta más ir ante un juez”, dijo Doe. La demanda contra John es en la ciudad de Washington y él vive al otro lado del continente, en Seattle. Además, le toca pagar abogados y arriesgarse a perder el litigio, algo que implica una multa de hasta 150.000 dólares (267 millones de pesos). “Al final del día, probablemente voy a conciliar y pagaré la suma para que esto desaparezca”, dijo Doe con resignación.

A pesar de que John es interesante por lo absurda que resulta su historia, hay muchas otras personas que se encuentran en la misma situación: acusadas de piratería siendo inocentes pero cuya mejor opción es conciliar por un crimen que no cometieron. Mientras tanto, los abogados de estudios como Imperial Enterprises ignoran si una persona es responsable o no por la piratería, solo están detrás de su dinero para tratar de cubrir el hueco de 6.100 millones de dólares anuales que le deja esta actividad criminal a la industria cinematográfica.

Al final del día, el panorama es tan patético que es evidente por qué la lucha contra la piratería digital no está funcionando. Mientras los inocentes pagan, los estudios encontraron una nueva fuente de ingresos y los verdaderos criminales, los piratas, siguen haciendo de las suyas porque sus actos solo tienen consecuencia en otras personas.

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Francia tiene el primer desterrado de Internet

Éricka Duarte Roa — Wed, 10 Aug 2011 17:45:50 +0000

La Ley Hadopi ha cobrado su primera 'víctima', pero sigue siendo ineficaz e inútil. Imagen: Choisirtoujours (vía Flickr).

La ley antidescargas Hadopi, también conocida como ‘ley de los tres avisos’, ya hizo desconectar de Internet al primer usuario que supuestamente violó de manera continuada los derechos de autor en la Red. Después de recibir varios avisos del gobierno francés, a finales de julio Robert Tollot, un profesor de 54 años de edad, se quedó sin el derecho de usar Internet.

Tollot es acusado de bajar canciones de David Guetta y Rihanna a través de la Red de forma ilegal. El profesor asegura ser una víctima de la ley, pues asegura ante el gobierno que alguien ha estado robando su conexión Wi-Fi. Este hecho pone en evidencia la difícil tarea de la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet (Hadopi) para llegar a tener el control sobre las descargas en Internet.

Y es que a pesar de que hace algunos meses el mismo presidente Nicolás Sarkozy reconociera el fracaso de la ley, manifestando su interés por corregir e incluso anular esta ley antidescargas en caso de que llegara a presentarse una mejor alternativa para combatir la piratería en Francia, esta sigue vigente.

Sin embargo, los problemas de la regulación siguen manifestándose, pues la agencia encargada de aplicar la ley reconoce que ha recibido más de 18 millones de quejas, de las que solo 470.000 han sido respondidas, 20.000 han recibido un segundo aviso y solo 10 han llegado a recibir una tercera advertencia. (Esto no cambia la tendencia que se dio con la Ley Hadopi desde sus comienzos).

¿Merecía este profesor –diga la verdad de que no hizo las descargas, o las haya hecho– perder el ‘derecho humano’ a conectarse a Internet para informarse, comunicarse y entretenerse?

Por lo pronto, no hay noticias de que alguna apelación o reposición de Robert Tollot haya dado sus frutos, por lo que podría considerársele como el primer ‘desterrado de Internet’, al menos en el mundo occidental. Veremos si vienen más en camino.

Más allá de Hadopi.

No obstante, Francia no es el único país que ha implementado una ley para combatir la piratería en Internet. En España, la ley Sinde busca dejar en manos de una comisión especializada (elegida por el gobierno español) la posibilidad de bloquear o cancelar en un plazo de 48 horas el servicio de los sitios web que tengan archivos digitales protegidos por derechos de autor.

El gobierno español ha mostrado su satisfacción con la Ley Sinde, pues Carlos Cuadros, director general de Cine del Ministerio de Cultura de ese país, aseguró en una entrevista de concedida al medio Europa Press que el gobierno está feliz de que la Ley Sinde se esté convirtiendo en referente en el plano internacional.

“Esta ley va contra los que roban, esos intermediarios que se están forrando con productos robados para ponerlos a disposición de forma presuntamente gratuita ante los ciudadanos. En los próximos meses, con la puesta en marcha del Reglamento, se podrán dar los primeros pasos y esperemos que con ello se acaben esas páginas que roban”, dijo Cuadros.

Colombia tampoco se queda atrás, pues en el mes de junio se aprobó en primer debate en el Senado el proyecto de ley que busca proteger los derechos de autor en Internet, conocido como ‘Ley Lleras‘. La radicación del proyecto es el resultado de una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, además de ser un requisito para la firma de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que algunos países hayan evidenciado su interés por ejercer un mayor control sobre la protección de los derechos de autor en Internet, entidades independientes e incluso organizaciones globales como la ONU señalan que la libertad de expresión está por delante de otros derechos.

El relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, dijo en junio que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia. Tim Berners-Lee, el ‘padre’ de la Web, también señaló que “es un derecho básico de la humanidad”, comparable incluso con el derecho universal del acceso al agua.

Notas relacionadas:

Hadopi trasquilada: los piratas son los que más compran en línea

Diana Luque Lavado — Tue, 02 Aug 2011 14:28:46 +0000

¿La descarga de contenidos sin pagar a los dueños de sus derechos automáticamente perjudica las ventas? Foto: Rick (via Flickr).

En Francia, la lucha contra la piratería la lidera Hadopi, la organización que busca proteger los derechos del Internet en el país y que administra la ley antipiratería del mismo nombre, que ha tenido tantos detractores y que ha obtenido tan pobres resultados. Esta organización realizó un estudio sobre el consumo de bienes culturales, tanto de manera legal e ilegal, y encontró lo que no esperaba: las personas que descargan contenidos sin pagar a los dueños de los derechos de autor –que la industria cataloga como piratas– son a la vez los mayores consumidores legales de estos contenidos.

El estudio, publicado en enero de este año, fue analizado y simplificado para la mayoría de usuarios por Joe Karaganis, director de medios y democracia de Social Science Research Council, concluye que el 7% de los encuestados gasta más de 100 euros en bienes culturales en Internet, y el 64% de ellos acepta que realiza un ‘uso ilícito’ de redes. El 17% de estos gasta de 31 a 99 euros al mes y de ellos, el 57% admite ser ‘pirata’. Entre los que dicen no gastar nada, solo 36% son ‘piratas’.

Cuando se habla del declive de la industria audiovisual y musical, la piratería puede tener mucho que ver al respecto, pues se dice que esta disminuye las ventas legales. Pero las cifras del estudio son dignas de verse con cuidado: este fenómeno que muestra el estudio puede deberse a que la piratería funciona como una forma de acceso a la información antes de tomar una decisión de compra.

Este descubrimiento de Hadopi pudo causar sorpresa en Francia, pero no es una excepción pues antes se encontraron resultados similares. Esto sucedió al cerrarse el sitio alemán Kito.co que publicaba enlaces de películas para su descarga ilegal. Se realizó una investigación para conocer los hábitos de consumo de quienes utilizaban el servicio y se encontró algo muy similar a lo que encontró Hadopi: los llamados ‘piratas’ son los más altos consumidores de películas legales.

El estudio realizado por un cliente de la consultora Gfk, fue ocultado, pues lo que se buscaba era demostrar que los ‘piratas’ son los responsables del declive de la industria audiovisual. Además, El País agrega que antes de este estudio se realizó otro en el año 2009 con similares resultados. La pregunta que queda en el aire es: si la responsabilidad no es de los usuarios ilegales, ¿entonces de quién?

Es importante analizar el caso de América Latina y en especial Colombia, donde la oferta de contenidos legales en línea es aún mejor y comprar películas originales en discos tiene un alto costo. ¿Hasta qué punto estas cifras pueden corresponder a nuestra realidad?

¿Los ‘piratas’ latinoamericanos también realizan compras legales? Si ustedes hacen descargas de contenidos protegidos por derechos de autor sin pagar por ellos, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por una película o una canción en línea, o por un DVD original?

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No se pierda un encuentro con estos 5 personajes internacionales en #cpco4

Mauricio Jaramillo Marín — Fri, 24 Jun 2011 20:45:28 +0000

Tan Le es una de las figuras más destacadas de la fiesta tecnológica. Sin embargo, hay decenas de personajes representativos en distintos campos. Foto: Emotiv.

Ya compartimos los 15 actividades a las que no puede faltar en Campus Party, y ahora le presentamos una selección –siempre injusta, por los que quedan por fuera– con los cinco personajes internacionales que no debería dejar de ver en Campus Party, y que ENTER.CO seguirá de cerca.

Eso sí, en realidad los protagonistas no son estos invitados internacionales, ni los otros diez que no incluimos en esta lista, sino los campuseros, que hacen que este evento sea una verdadera fiesta tecnológica.

¿A qué otro personaje, colombiano o internacional, no deberíamos dejar de ver en esta semana? Sus sugerencias son bienvenidas.

Tan Le, pionera de las interfaces cerebro-computador.

A sus 33 años de edad, esta vietnamita-australiana es reconocida mundialmente por su video en TED, en el que, en una conferencia sorprendente, aparece con una diadema, muestra la tecnología que permite transmitir órdenes a dispositivos digitales con la mente, que por ser la cofundadora de la firma de neuroingeniería Emotiv, por haber sido nombrada Joven Australiana del Año en 1998, por haber sido seleccionada entre las mujeres menores de 30 más exitosa sde su país, o por ser Líder Global del Foro Económico Mundial desde 2009.

Y por ese video y lo que promete su conferencia, Tan Le es para muchos el personaje más esperado de Campus Party Colombia 2011, pues se espera una demostración de su tecnología de interfaces cerebro-computador, que en palabras simples logra ‘leer la mente’ de sus usuarios.

¿Hasta dónde llegarán estas interfaces? ¿Qué papel jugarán los computadores y los dispositivos en el futuro?

Tan Le tiene que decir mucho al respecto, y no podemos fallar a la cita, que será el martes 28 a las 7 p.m. (hora colombiana).

Capitán Crunch, la leyenda de la computación.

Si en otras ediciones de Campus Party fue John ‘maddog’ Hall el ‘histórico’ presente entre los jóvenes campuseros, esta vez es John ‘Captain Crunch’ Draper, una leyenda viviente que fue ‘phreak’ de teléfonos, hacker, estuvo en la cárcel en 1972 y 1977 por supuesto fraude a compañías telefónicas, venció a Bill Gates en un reto tecnológico, a mediados de los años 70 conoció y les enseñó algunos de sus ‘trucos’ a Steve Jobs y Steve Wozniak, entre otras hazañas.

Hoy, el Capitán Crunch desarrolla software de seguridad informática y viaja por el mundo compartiendo sus historias y su visión sobre la tecnología.

Woz, quien trabajó con él en los primeros años de Apple, dijo sobre él en una entrevista: “Es la persona más feliz que he conocido”. Así que estar en su conferencia en Campus Party no solo será una oportunidad de estar cerca de esta leyenda sino, por qué no, de que contagie a los campuseros algo de su felicidad. Su conferencia será el primero de julio a las 7 p.m.

Mark León, el hombre del robot en la luna.

Este ingeniero eléctrico estadounidense es director del Centro de Investigación Ames, de la Nasa, y lidera el Proyecto Alianza Robótica, de la misma entidad, al que llegó en 1998.

Allí, trabaja principalmente en iniciativas educativas relacionadas con robótica y el espacio, y se estima que ha alcanzado a más de 100.000 estudiantes de colegios, a los que ha inspirado para seguir estos campos como profesión o como pasatiempo.

Su proyecto estrella es el diseño y la construcción de un microrrobot que explorará la luna, y que debería enviarse el próximo año.

León presentará su proyecto, los retos tecnológicos y de diseño que le han representado y cómo la robótica es una gran alternativa para la exploración espacial. Conferencia imperdible, este miércoles 29 de junio a las 12:30 p.m.

Hirotaka Nilsato y Noritsuna Imamura, con su ‘tortuga Kinect’.

Estos dos japoneses no son tan conocidos en el mundo –aún– como los personajes mencionados en esta lista, pero su tortuga robot basada en la tecnología Kinect, de Microsoft, está caminando a gran velocidad.

Ellos harán una demostración en tiempo real de cómo esta tortuga robot puede detectar la presencia humana, reconocer las caras de las personas y sus gestos. El proyecto está en pleno desarrollo y la tortuga podría ir muy lejos en cuanto a utilidad y aplicaciones.

Muchos campuseros ya tienen en su agenda un encuentro con esta tortuga, y va a ser fácil alcanzarla: su presrentación será el miércoles 29 de junio a las 7 p.m.

Carlos Affonso Pereira de Souza y el poder político de las redes sociales.

En tiempos en los que los gobiernos imponen normas sobre Internet sin tener en cuenta a los usuarios –como ocurre con las leyes Sinde, de España, y Hadopi, de Francia–, la experiencia que este brasileño, vicedirector del Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas, es invaluable y muy oportuna en tiempos en los que la ‘Ley Lleras’ avanza en Colombia y otras iniciativas similares siguen ese camino.

Desde los comienzos del Centro de Tecnología y Sociedad, que ayudó a crear, Pereira de Souza ha trabajado en proyectos de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, tales como Creative Commons, y en su charla contará qué está ocurriendo en Brasil, donde se está buscando que la sociedad civil aproveche las redes sociales como mecanismos de participación ciudadana y diseñe, proponga y construya unos marcos normativos que respondan a sus necesidades.

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ONU da otro golpe a leyes antidescargas

Éricka Duarte Roa — Tue, 14 Jun 2011 12:19:10 +0000

La libertad de expresión es uno de los valores más preciados de Internet, y el relator de las Naciones Unidas lo reafirma. Foto: Steakpinball (vía Flickr).

Los gobiernos de algunos países han hecho público su afán por ejercer un mayor control sobre las descargas de ciertos contenidos a través de Internet. Ante este hecho, el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, asegura que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia.

Hace unos meses el padre de la Web, Tim Berners- Lee, aseguró en un simposio realizado con motivo de los 150 años del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que la Web es “un derecho básico de la humanidad”, comparándola además con el derecho universal de acceso al agua, y el primero de junio pasado la ONU, la OEA y los gobiernos de Europa y África emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet en el mismo sentido: “La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.

En su informe, La Rue asegura que todas las leyes que se relacionan con este tema ponen en desventaja al usuario que comete la infracción, pues este no tiene las herramientas suficientes para defenderse.

El documento invita a los gobiernos a revisar y modificar, de ser necesario, las leyes que sancionan a los usuarios interrumpiendo su acceso a Internet, pues el relator de Naciones Unidas considera que es una medida que ataca un derecho fundamental.

La propuesta de algunos gobiernos de desconectar de Internet a los usuarios que realicen descargas ilegales como una forma de sanción es cuestionable para Naciones Unidas, pues según el informe esta medida vulnera el Artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PDF), en el que se consigna el derecho que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo.

Pocos días antes, en el e-G8 Forum, un encuentro entre los países desarrollados y las empresas de Internet, los presidentes de los países renovaron su ‘compromiso de protección de la propiedad intelectual’, señalaron que esta requiere una aplicación efectiva y cooperación internacional entre gobiernos y organizaciones, lo que fue interpretado por analistas como una declaración en favor de normas como Hadopi y Sinde.

La Rue no se queda en generalidades en su informe: menciona explícitamente amenazas a la libertad de expresión en Internet como la persecución a WikiLeaks, las suspensiones del acceso a Internet en Egipto, Argelia, Libia y otros países, las leyes antidescargas, el ACTA (PDF) y la entrega de tareas de policías privados o de jueces a los proveedores de servicios de Internet (este es uno de los puntos que más temores y protestas ha generado el proyecto de ‘Ley Lleras’ en Colombia)

Pedro Less Andrade, responsable de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, opina sobre la la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet y el informe del relator de la ONU que “estos importantes documentos señalan que la libertad de expresión en Internet es equivalente a la que puede aplicarse a otros medios, y que en esa medida es un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional”.
Less agrega que esto no implica la negación a la protección de los derechos de autor, sino que “busca un balance y proporcionalidad entre la protección de estos derechos y otros derechos fundamentales”.

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Ley antipiratería Hadopi sigue demostrando su ineficacia

Éricka Duarte Roa — Wed, 08 Jun 2011 13:34:23 +0000

Los temores de los usuarios de Internet en Francia no se han hecho realidad, pues Hadopi no ha cumplido sus 'promesas'. Imagen: Choisirtoujours (vía Flickr).

El arma del gobierno francés contra la piratería, la famosa Ley Hadopi o de los ‘tres strikes’ o avisos, no ha dado buenos resultados. Las autoridades han enviado desde octubre pasado 400.000 avisos a usuarios de Internet por descargas ilegales (es decir, de música, videos, software y otros contenidos que están protegidos por leyes de derechos de autor), y 3.500 personas han recibido una segunda advertencia, apenas unos 100 han sido notificados con un tercer aviso y tienen algún riesgo de desconexión de Internet.

Según el diario francés Le Figaro, la jueza encargada de supervisar el sistema asegura que el proceso es lento, “rústico y poco automatizado”.

Con la Ley Hadopi, en teoría, cuando las sociedades de gestión de derechos de autor detectan una descarga ilegal, remiten la dirección IP a las autoridades, y son estas las encargados de enviar una advertencia al usuario a través de un correo electrónico. Si el titular de la cuenta no deja de hacer descargas ilegales, al cabo de un tiempo es notificado con una segunda advertencia, y si no desiste luego de recibir un tercer aviso, las autoridades pueden clausurar la conexión o imponer una multa de 1.500 euros.

Las organizaciones que gestionan los derechos de autor han cumplido su parte, y con mucha diligencia: se estima que remiten diariamente hasta 50.000 direcciones IP de equipos que consideran sospechosos, pero en promedio, las autoridades no alcanzan a enviar más de 2.000 avisos por día.

Los problemas que ha tenido Hadopi se han visto reflejados desde el mismo proceso de notificación por descargas ilegales, pues según el diario El País, ninguna de las personas que han recibido el tercer aviso han sido llamadas ante el juez.

Las críticas relacionadas con la eficacia de la ley –sin entrar en las que tienen que ver con su filosofía, que según los opositores va en contra de la libertad de expresión– no se han hecho esperar. Incluso el presidente francés Nicolás Sarkozy ha reconocido el fracaso de la ley y ha manifestado su interés en corregir o incluso anular la ley antidescargas, pero solo si llegara a presentarse una mejor alternativa para combatir la piratería.

En la incansable lucha del gobierno francés contra las descargas ilegales, el país llegó a crear una estrategia pedagógica, se trata de una ley que de ser aprobada, premiaría a los usuarios responsables que adquieren música legalmente con un subsidio. Con esta iniciativa el gobierno francés pretende inculcar en los usuarios la cultura de pagar por el contenido digital que quieran obtener en lugar de descargarlo de forma ilegal.

Si se replicara una ley como Hadopi en un país latinoamericano –por ejemplo, con una ‘Ley Lleras’, aunque esta tiene un alcance y unos objetivos distintos–, ¿sería más eficaz? ¿En algún país del mundo una ley podría frenar los procesos que marcan la evolución de Internet?

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Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante

Mauricio Jaramillo Marín — Wed, 01 Jun 2011 17:30:39 +0000

La libertad de expresión es uno de los valores más preciados de Internet, y ahora ha recibido un importante respaldo. Foto: Steakpinball (vía Flickr).

En los últimos meses muchas noticias relacionadas con Internet se han referido a restricciones a los usuarios de Internet, la vigilancia de la Red con el argumento de proteger la seguridad de los países o de combatir el delito, la suspensión del acceso por parte de regímenes en crisis, y los encuentros de líderes políticos y empresariales mundiales para regular o ‘civilizar’ Internet.

Esto, sin contar con la legislación establecida o por establecer relacionada con derechos de autor e Internet: las famosas leyes Sinde (España), Hadopi (Francia) y el proyecto de Ley colombiano que los internautas han bautizado como ‘Ley Lleras‘, normas que buscan defender los derechos de autor, aunque han generado debates en sus países entre sus defensores y quienes aseguran que no tienen en cuenta la evolución tecnológica y cultural.

Por estos retos y amenazas que se ciernen sobre la Red –sin contar los de seguridad informática, causados por mafias y delincuentes–, el 31 de diciembre pasado en ENTER.CO publicamos nuestros 17 deseos tecnológicos para 2011, el primero de los cuales dice: “Que Internet siga siendo Internet, y no su sombra”.

Y en estos primeros meses del año, hasta el encuentro del e-G8, las noticias no habían sido muy alentadoras. Líderes internacionales han hecho declaraciones en favor de Internet, como el propio creador de la Web, Tim Berners-Lee, quien afirmó que “el acceso a la Web es un derecho humano”, pero estas palabras no habían trascendido ni tenido acogida en ámbitos en los que se toman decisiones. Pero ahora la ONU, la OEA y gobiernos de Europa y África envían un mensaje contundente en defensa de la libertad de expresión en Internet.

Esta declaración, emitida desde Budapest, va en una dirección distinta a la de las normas internacionales mencionadas, por lo que a los debates nacionales se sumarán ahora los argumentos presentados en ella.

Pedro Less, responsable de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, compartió en el blog oficial de la compañía un resumen de los principios de la declaración y su visión acerca de este importante hecho. Reproducimos el texto por ser de interés general.

Un gran día para Internet y la libertad de expresión.

Por Pedro Less Andrade.

Hoy, los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y organizaciones gubernamentales de Europa y Africa emitieron una declaración conjunta de carácter global estableciendo principios internacionales para la promoción de la libertad de expresión y el libre flujo de información e ideas a través de Internet.

En un documento que consideramos histórico, este grupo de organizaciones reconoció que ”la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”. A su vez, reconocieron la importancia de defender la libertad de expresión mediante protecciones a los intermediarios prestadores de servicio de Internet (ISP, hosting, cache, buscadores y plataformas), limitaciones sobre los alcances del filtrado y bloqueo de contenidos, delimitación de responsabilidades penales y civiles, neutralidad en la red y acceso a Internet.

La Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión e Internet, firmada por los relatores de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (ACHPR) consagra los siguientes principios:

Restricciones a la Libertad de Expresión en Internet.

Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional.
Debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos que se adapten a las características singulares de Internet, destacando el importante rol de la autorregulación como herramienta efectiva para abordar éstos problemas.

Responsabilidad de Intermediarios de Internet.

Se consagra el principio por el cuál ningún prestador de servicios de Internet que ofrezca únicamente servicios técnicos (como acceso e interconexión a Internet, alojamiento, procesamiento, referencia, búsquedas o conservación de contenidos) pueda ser considerado responsable por los contenidos nocivos o ilícitos generados por terceros.
No se les deberá exigir a los intermediarios controlar los contenidos generados, transmitidos o almacenados por sus usuarios.
Su responsabilidad nacerá únicamente cuando intervengan específicamente en la generación de contenidos o incumplan una orden judicial que exija la eliminación de un contenido ilícito siempre y cuando estén en condiciones de hacerlo.

Filtrado y bloqueo.

El bloqueo obligatorio de sitios web, direcciones IP, puertos y protocolos de red constituye una medida extrema –análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión– que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.

Responsabilidad penal y civil.

La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí o este se dirige específicamente al Estado en cuestión.
Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como ‘turismo de la difamación‘).

Neutralidad de la Red.

El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación.
Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información.

Acceso a Internet.

Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión como así también el de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.
La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.

Celebramos los principios contenidos en esta declaración y felicitamos a los relatores de Libertad de Expresion firmantes por éste gran aporte a la comunidad de Internet, reconociendo particularmente el gran trabajo realizado por la Relatoria de Libertad de Expresión de la OEA en materia de protección de la libertad de expresión en Latinoamérica.

Creemos que estos principios son esenciales para garantizar que Internet continúe siendo un ámbito libre y abierto, de intercambio de ideas y opiniones.

LaDeclaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet fue firmada el primero de junio de 2011 por:

Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión;

Catalina Botero Marino, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos;

Faith Pansy Tlakula, Relator Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos; y

Dunja Mijatović, Representante para la Libertad de Medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Notas relacionadas:

Ecos del e-G8: gobiernos quieren limitar Internet

Carlos Alberto Díaz — Tue, 31 May 2011 18:44:14 +0000

Internet ya tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, y los gobiernos ahora quieren tener más control. Foto: Aubergene (vía Flickr).

El eG-8, que se llevó a cabo la semana pasada en París, estuvo rodeado de diferentes reflexiones sobre el impacto de Internet en la creación de empleo, la influencia en la economía internacional y la ‘ruptura tecnológica’ del modelo que desde hace varios años rige la industria mundial.

Sin embargo, la discusión también se centró en cuáles son las fronteras o verdaderos límites que puede tener la Red, y hasta qué punto los gobiernos están incrementando sus esfuerzos en ejercer un control más estricto sobre ella para lograr, en parte, que no se termine convirtiendo en uno de sus principales enemigos por cuenta, entre otras cosas, del poder que alcanza en los países desarrollados y emergentes.

Uno de los mayores opositores del control de Internet por parte de los gobiernos fue Julio Alonso, empresario español creador de Weblogs SL, quien durante el foro –que buscaba ser un encuentro entre todos los jugadores, pero resultó más un desencuentro– expresó su inconformismo frente a la actitud que algunos gobernantes asumen para limitar cada vez más la Red. “Parece que hay más interés en poner límites a Internet y legislar sobre propiedad intelectual que por escuchar a los que hasta ahora han hecho negocios en la Red“, aseguró Alonso a través de su cuenta de Twitter.

Haciendo uso de la red social más popular de microblogging, el empresario dio a conocer detalles del encuentro en la capital francesa y fue enfático en la importancia de que los gobiernos tengan un contacto más cercano con las empresas y personas que conocen sobre la realidad comercial y tecnológica que se deriva del impacto que tiene Internet.

Del e-G8 quedó aún más evidente el rompimiento de los medios tradicionales, la industria musical y los medios alternativos que nacen en Internet.

Las frases del e-G8.

Synthesio, una firma de monitoreo en Web Social, analizó los tweets publicados con motivo del e-G8, y encontró las frases que generaron más interés –para bien o para mal– entre los usuarios de Twitter en el mundo. Además, en una infografía sobre el e-G8 muestra que este foro generó interés sobre todo en Europa y Estados Unidos, y entre los países latinoamericanos solo los twitteros de Brasil, Argentina, Venezuela y México dialogaron al respecto.

Infografía: Synthesio.

Estas son algunas de las frases rescatadas por Synthesio:

Nicolás Sarkozy, presidente de Francia: “Internet es una nueva frontera, un territorio por conquistar”.
(A esta frase, el poeta John Perry Barlow respondió en Twitter: “Y yo estoy acá en París para detenerlo”).
Maurice Lévy, presidente de Publicis: “¿Usted rechazó un cheque por 1.000 millones de dólares a los 25 años?”.
Mark Zuckerberg, presidente de Facebook: “No, yo tenía 22”.
Jeff Jarvis, reconocido bloguero: “En el e-G8, el gobierno actúa como si debiera protegernos de Internet. En cambio, Internet necesita ser protegido del gobierno”.
Eric Schmidt, expresidente y actual presidente ejecutivo de Google: “La tecnología se moverá más rápido que los gobiernos, entonce sno legislen antes de que entiendan las consecuencias”.
Rupert Murdoch, presidente de News Corporation: “La educación no ha cambiado en 75 ños, y no está funcionando”.
Sean Parker, inversionista: “Los verdaderos emprendedores piensan que hay algo mal en el mundo, y quieren arreglarlo”.
Xavier Niel, presidente de Iliad: Sobre la censura de la Ley Hadopi: ‘Pienso que tenemos una mala ley en Francia, una ley que es loca'”.

Notas relacionadas:

e-G8: ¿encuentro o desencuentro tecnológico?

Luis Iregui V. — Fri, 27 May 2011 22:47:49 +0000

Algunas personas, como el artista detrás de esta imagen, no están muy de acuerdo con la visión de Sarkozy de una Internet ‘civilizada’. Imagen: François Revol.

En el marco de la reunión del G8, el evento anual que agrupa a los líderes de las ocho máximas potencias geopolíticas del mundo (excepto China), el presidente francés Nicolás Sarkozy decidió organizar el llamado e-G8 Forum, un encuentro del gobierno francés con líderes de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. El propósito de la reunión era alimentar el debate sobre qué rol deben tener los gobiernos en el futuro de Internet.

Eso fue exactamente lo que ocurrió, y dejó más claro que nunca que hay unas enormes diferencias entre los gobiernos, los empresarios y los ciudadanos.

La posición de Sarkozy se puede resumir en quizás la frase más célebre del encuentro: “Hay que civilizar Internet”. Para el presidente francés, Internet “no es un universo paralelo que está libre de leyes o ética o de los principios fundamentales que deben gobernar y que gobiernan las vidas sociales de nuestros Estados democráticos”. Sarkozy también dijo que algunas empresas “han construido imperios”, una evidente alusión a las acusaciones de monopolio hechas a Google por la Comisión Europea.

Esto quiere decir que hay que respetar leyes como los derechos de autor, la propiedad intelectual y las reglas de la competencia, tres puntos que parecen ser los más importantes para el gobierno francés. Para que dicho respeto se dé, Sarkozy les dijo a los empresarios presentes que también era su responsabilidad –y no solo de los gobiernos–, velar por estas leyes.

A esta exigencia, los empresarios asistentes respondieron con cautela. Pesos pesados de la industria como Eric Schimdt (Google), Mark Zuckerberg (Facebook), Sean Parker (creador de Napster) y Rupert Murdoch (News Corp.) no le dieron la razón de inmediato al presidente galo.

Schmidt advirtió que “la tecnología se mueve más rápido que los gobiernos, así que no legislen sin comprender las consecuencias”, y Zuckerberg resaltó el papel de Facebook en las revoluciones árabes de los últimos meses (llamadas por los medios ‘La Primavera Árabe’). “No se pueden aislar algunas cosas que se quieren en Internet y controlar las otras cosas que no les gustan” a ciertas personas, explicó el joven billonario. Murdoch culpó en parte al sistema de aprendizaje mundial, pues en su opinión “la educación no ha cambiado en 75 años, y no está funcionando”.

La posición más radical de todas tuvo poca presencia en el e-G8, aunque quizás era la más importante. No hubo una participación fuerte de nosotros, los usuarios de Internet, en el foro. Como lo anota Alt1040, en este bando fueron muchos los que opinaron que el encuentro fue más negativo que positivo, pues ni los gobiernos ni las empresas velan por los intereses de las masas. De acuerdo con los críticos, ambos grupos tienen intereses particulares que pueden ir directamente en contra de lo que miles de millones de cibernautas más aman de la Red: la libertad de expresión, el anonimato y la facilidad de comunicarse con quien sea, cuando sea y sobre lo que sea.

¿Usted qué opina del e-G8? ¿Fue una farsa absoluta o un intento valiente por parte de los gobiernos y los empresarios para abrir un espacio de diálogo?

¿O fue lo peor de lo peor: un encuentro entre los dos grupos con más poder sobre la Red en el que se dieron opiniones que reflejan los intereses de unos pocos y no los de la mayoría?

Notas relacionadas:

¿Para quién legislamos? (segundo debate inspirado por #LeyLleras)

Colaboradores ENTER.CO — Wed, 18 May 2011 17:33:24 +0000

Imagen hecha con Wordle.

La pregunta que inspira este segundo debate alternativo motivado por la #LeyLleras (el primero, sobra la transformación de la industria cultural, se encuentra aquí) ha surgido en las mentes y discursos de un gran número de compatriotas, tras la discusión alrededor de este proyecto de Ley y el creciente influjo de la tecnología moderna.

¿Para quién (o quiénes) legisla el Congreso de la República de Colombia? Estamos hablando del órgano elegido por los colombianos como máximo representante del poder legislativo, y que en una lógica democrática, debe ser una expresión de la voluntad de nuestro pueblo. En el caso particular del proyecto de ley que genera el debate, la respuesta es sumamente clara, y conviene en este artículo desmitificar algunos de los argumentos que se han presentado en favor del proyecto, y que con un análisis básico y cierto conocimiento de los contextos, es sencillo debatir.

La #LeyLleras: una obra derivada.

El proyecto de Ley “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” es una obra derivada de la Digital Millenium Copyright Act (en adelante DMCA). Esta afirmación, realizada casi instantáneamente por parte de los principales actores en el debate defensores del ala ‘copyleft‘, es también una afirmación directa de los promotores del proyecto en su exposición de motivos (o ala copyright). Textualmente, en esta disertación se expresa: “(…) La mayoría de estas disposiciones están basadas (sic) en la ley Digital Millenium Copyright Act de los Estados Unidos, adoptada en 1998“.

Originalmente, dicha exposición de motivos fue compartida por los promotores de la ley en la publicación del blog que se destinó para su debate. Curiosamente, dicha exposición fue retirada del blog oficial poco tiempo después, pero por efecto de la velocidad y facilidad que tienen los internautas para realizar copias (y aclaro, copiar textos de proyectos de Ley es totalmente legal en Colombia: Ley 23 de 1982, Artículo 41) podemos contar con dicho texto como sustento de nuestras afirmaciones.

Los promotores de la DMCA y su poder exportador.

Tampoco es para nada difícil encontrar cientos (o quizás miles) de referencias en Internet que permiten establecer quiénes fueron los verdaderos promotores de la Digital Millenium Copyright Act en el Congreso de los Estados Unidos: “Los defensores radicales del modelo ‘copyright’ (lease: grandes disqueras, grandes editoriales, grandes estudios de Hollywood, grandes casas de software, etc.)”, quienes a través de mecanismos de cabildeo, lograron sacar adelante esta legislación.

Dichas disposiciones legales se han exportado a otros países –o adaptado por ellos–, con nombres que por estos días ya son bastante comunes (Hadopi, Sinde, Tres Strikes…) mediante los mecanismos que proporcionan los tratados de libre comercio.

De aprobarse sin ningún miramiento el tan sonado proyecto de #LeyLleras, la asociación será muy simple y directa: en Colombia se legisla para proteger los intereses de grandes multinacionales de la industria ‘copyright’. Esperamos que nuestros padres de la patria dejen sin piso esta afirmación con su importante trabajo.

La #LeyLleras, inspirada en legislación antiquísima.

Otra parte del contexto de la ley inspiradora por el proyecto presentado por el Ministro del Interior es la que se refiere al momento histórico en el cual se aprobó la DMCA en Estados Unidos: 1998. Para muchas personas, puede sonar que es una ley reciente y hasta moderna, pero este tipo de apreciaciones, dado precisamente el campo de lo que se pretende ‘reglar’ (Internet), es sumamente distante de la realidad.

Para Internet, 1998 puede entenderse como una era remota. Solo basta decir que para la época Google era una empresa de garaje, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) era un colegial, AOL era el sitio web más popular, los únicos que trinaban eran los pájaros, y el video y el audio en Internet eran aún una utopía.

Legislar con base en una ley de 1998 los destinos de la Internet actual sería como intentar legislar en materia penal siguiendo estrictamente el Código de Hamuurabi.

Desmitificando argumentos en pro de la #LeyLleras.

Vale la pena confrontar de manera directa algunos de los argumentos que ciertos defensores del articulado del proyecto en cuestión tienden a enarbolar. En un mundo hiperconectado, hiperinformado e hiperveloz, algunas de las afirmaciones que en adelante se controvierten resultan muy endebles y faltas de sustento. Nos vamos a dar licencia de hablar muy claro.

La #LeyLleras NO legisla para los artistas.

Nos podríamos explayar casi indefinidamente para sustentar esta afirmación, pero en este caso aplicaré la la vieja y útil técnica de que una imagen vale más que mil palabras. Extracto esta contundente imagen de El manual de uso para la creatividad sostenible en la era digital, en la que se muestra claramente cómo se reparte la torta de los ingresos, por concepto de regalías, de la industria ‘copyright’. Los artistas (en este caso musicales) están muy lejos, con contadas pero muy sonadas excepciones, de beneficiarse realmente en medio de esta realidad.

Como conviene contrastar fuentes, para evitar sesgos, presento también la siguiente tabla, extractada de un muy detallado estudio sobre la industria musical realizado en Argentina y contratado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires.

Distribución del precio de venta la público de una obra musical.

Conviene preguntarse entonces si no es mucho más benéfico para los artistas colombianos promover una legislación que modere ciertos ingresos de algunos participantes en su cadena de valor. ¿No será más beneficioso para el artista construir leyes que promuevan el uso de la tecnología para abaratar, por ejemplo, los costos de distribución de sus obras?

La #LeyLleras NO legisla para combatir la piratería.

La lucha contra la piratería es otro de los argumentos que más se esgrimen para defender el proyecto de Ley. En este punto simplemente haré dos afirmaciones: las cifras que se han utilizado durante años para caracterizar este flagelo resultan sumamente imprecisas, razón por la cual es perfectamente posible afirmar que el impacto de una norma como la #LeyLleras será virtualmente imposible de cuantificar en relación directa con el combate a esta práctica ilegal y, por lo tanto, cualquier afirmación al respecto será una muy vaga especulación.

Por otro lado, leyes que en otras latitudes han sido proferidas con el argumento de la lucha contra los filibusteros han demostrado no ser para nada efectivas (un ejemplo: el caso español). No hay nada que nos lleve a pensar que este no será el caso colombiano, de pasar el tan sonado proyecto sin ajustes técnicos y consideraciones modernas.

La #LeyLleras NO legisla para promover la cultura.

Quienes afirman que esta colección de 19 artículos que nos propone el ministro Vargas Lleras será un arma efectiva para promover las expresiones culturales, desconocen de manera profunda las transformaciones que la industria cultural experimenta en nuestra era. Tuve la oportunidad de organizar y participar en un corto debate con el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy (uno de los promotores de la Ley) y una serie de gestores de empresas e instituciones culturales (bibliotecas, museos, centros de acceso a Internet, agencias de promoción digital, etc.).

La sensación que quedó en el ambiente es que definiciones como las establecidas en el proyecto de Ley ocasionarán muchos más tropiezos y confusiones que beneficios a un gran número de esfuerzos que contribuyen a la promoción de la cultura.

¿Y todo esto qué tiene que ver con la tecnología?

Por escribir en ENTER.CO, cuya temática principal es la tecnología, es una pregunta que no puedo dejar de plantearme para concluir el presente artículo. Es necesario establecer que estamos en la era de la ‘tecnología en pro de la transparencia’. Los ciudadanos de la actualidad, por el solo hecho de contar con una conexión a Internet, tenemos una gran ventana a los debates que tienen injerencia directa en el contexto social de nuestro interés y que antaño eran verdaderas ‘cajas negras’ accesibles a los argumentos e ideas de unos cuantos individuos (poderosos por demás).

La tecnología actual nos permite analizar a profundidad argumentos y contraargumentos, decantar las verdades que son el fundamento de lo que pasa en nuestra sociedad, colaborar, proponer, alertar y socializar los contenidos que alimentan una democracia y que deberían propender por el bien común. Estamos ante una verdadera era de transformación de la democracia, temática que trataremos en el tercer y último artículo de esta serie.

Señores promotores de la #LeyLleras: por favor, hablen con claridad al pueblo que les dio las dignidades que actualmente ostentan. De no hacerlo con prontitud, los costos para nuestra sociedad pueden ser inmensos y muy seguramente la historia terminará dando veredictos categóricos sobre su gestión.

Notas relacionadas:

Piratas en Internet, listos pa’ la foto

Carlos Alberto Díaz — Wed, 11 May 2011 17:42:00 +0000

El software detecta cuando el 'pirata' introduce frases en un buscador relacionadas con la producción que quiere descargar ilegalmente. Foto: dannyhell (vía Flickr).

Los piratas en Internet (o mejor: las personas que descargan y comparten sin autorización contenidos protegidos por derechos de autor, que despectivamente se han denominado ‘piratas’) cada vez enfrentan nuevos ‘peligros’ o bloqueos al uso de Internet, tales como leyes, demandas de las industrias del cine o de la música por la violación de los derechos de autor en la Red. Esta vez, el objetivo es que a través de la misma tecnología, la ciberpiratería pueda ser combatida y los delincuentes sean identificados a través de fotografías en tiempo real.

Un software creado en la India permitiría rastrear la dirección IP de aquellos usuarios que realicen acciones de piratería. Los encargados del desarrollo del programa fueron los integrantes de una productora de cine de ese país y uno de los objetivos es identificar a quienes estén pirateando sus películas.

Luego del rastreo de la dirección IP, el software logra ‘hackear’ la webcam del infractor y de inmediato toma una fotografía que le llega directamente al propietario del programa. Para lograr el desarrollo del software y la identificación de las personas que violan los derechos de autor, la empresa contrató un equipo de expertos que trabajan en procesos antipiratería, especialmente de protección de contenidos, a través de la compañía Shree Technologies.

Según la productora de cine india que desarrolló el programa, en parte para proteger de las descargas ilegales su nueva producción ‘Jogaiah’, el software también logra detectar cuando el pirata introduce en un buscador frases como ‘Jogaiah descargar música’, y de inmediato registra su dirección IP.

“El software que hemos utilizado nos ayudará a seguir a cada persona para que podamos tomar medidas contra todos ellos“, aseguró en entrevista con al diario en línea indio DNA uno de los integrantes de la productora, y calificó la innovadora propuesta como algo “muy necesario en la industria cinematográfica”.

El uso del software ha recibido duras críticas por varios seguidores de las películas de la productora y en general por parte de los usuarios de Internet, ante la amenaza a su privacidad, y no se ha descartado que la innovadora –pero peligrosa– idea pueda resultar siendo blanco de ataques.

Este software llega en momentos en los que normas como la Ley Hadopi (en Francia), la Ley Sinde (en España), el ACTA (un acuerdo multinacional antipiratería) y la ‘Ley Lleras’–que apenas es un proyecto de ley que cursa en el Congreso de Colombia– siguen generando debate y rechazo entre quienes defienden la libertad en Internet y acusan a algunas de estas normas como violatorias de la privacidad, de la libertad de expresión y de información y de otros derechos fundamentales.

Cabe aclarar que normas como la ‘Ley Lleras’ proponen atacar la piratería entendida como la publicación con fines de lucro de contenidos protegidos por derechos de autor, y no califica como piratas a los usuarios que comparten o descargan estos contenidos publicados por terceros. Entre tanto, este software va tras cualquier persona que quiera descargar la película india.

¿Cree usted que esta iniciativa de antipiratería debería utilizarse también para combatir a quienes violan los derechos de autor de música y otros contenidos en Internet? ¿Habría riesgos de que esta tecnología sea usado con fines aún más peligrosos, como rastreos de gobiernos o de empresas?

Notas relacionadas:

“La información es un todo”: otra mirada a la ‘Ley Lleras’

Colaboradores ENTER.CO — Thu, 05 May 2011 23:20:26 +0000

Imagen tomada del video 'Copiar no es robar', traducido por SergioOctubrePremium (vía YouTube).

El proyecto de Ley que propone la regulación de las responsabilidades por violaciones del derecho de autor en Internet, más conocido como ‘Ley Lleras’, sigue siendo el tema tecnológico del momento en Colombia. Ayer, ENTER.CO transmitió en tiempo real el foro que organizó la Comisión Primera del Senado, en el que hubo ponencias desde todos los ángulos (industria de Internet, industria de derecho de autor, usuarios, etc.).

Una de las ponencias más interesantes fue la que dio el consultor en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías Germán Realpe Delgado, director de la Asociación Colombiana de Derecho Informático y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Acoditic). Realpe asistió en representación de Guillermo Santos, a quien asesora en temas de Derecho Informático y quien no pudo asistir personalmente.

ENTER.CO invitó a Germán Realpe para que ampliara los conceptos aportados en su ponencia, y aquí lo compartimos con ustedes. Su retroalimentación sobre estos puntos de vista, como siempre, es bienvenida.

La información es un todo.

Por Germán Realpe Delgado.

En 2010, algunos medios digitales como periódicos como el New York Times empezaron a cobrar por los contenidos de los usuarios. Pocos meses después se publicó que el contenido pago no ha tenido el éxito esperado. Un ejemplo es la versión en línea ese diario, que registró un descenso entre el 5% y el 15% en el número de visitas, desde que el pasado 28 de marzo comenzó a cobrar por los contenidos.

El verdadero éxito de la sociedad de la información y el conocimiento ha sido el libre acceso a todo tipo de contenidos en la Red. Así mismo, el aumento exponencial de Internet y de aplicaciones web en los últimos años se debe a la facilidad para acceder sin restricciones a contenido legitimo.

Los derechos de autor, los delitos informáticos y la regulación del Estado están cambiando Internet. En los últimos meses se ha evidenciado en una gran parte de países la aprobación de leyes para proteger la propiedad intelectual, pero el problema de estos proyectos es cómo de manera discreta empiezan a controlar el uso de Internet, como el manejo de datos de los usuarios.

Hace unas semanas, el Ministro Germán Vargas Lleras presentó en el Congreso el proyecto de Ley para proteger los derechos de autor en Internet, un proyecto que no fue concertado y que genera muchas dudas y controversias.

En primer lugar, se debe resaltar que varios países están regulando los contenidos en Internet. Existen proyectos que no son iguales, pero que sí tienen el mismo fundamento: la protección de la propiedad intelectual. Es el caso de leyes como la Hadopi en Francia, la Sinde o de Economía Sostenible en España, y el proyecto Linet en Australia; un proyecto presentado por el senador Federico Pinedo en Argentina, y en Reino Unido se está buscando un acuerdo con los ISP y la industria del entretenimiento para bloquear sitios web que a su juicio vulneran el copyright, entre muchos otros.

Las anteriores iniciativas no son coincidencia: son obra de los grandes entornos de entretenimiento que han presionado a los gobiernos para rescatar un modelo obsoleto para la protección de la propiedad intelectual en Internet.

Lamentablemente, no se dan cuenta de que el modelo debe evolucionar, que no es sostenible y que debe ofrecer a los usuarios contenidos novedosos de fácil acceso y costo razonable, como es el caso de la iTunes Store o el Android Market.

Se debe proteger los derechos de los autores, como también la propiedad intelectual, pero atacar a los verdaderos infractores que están en las calles, y no generar represión y control a los usuarios que usan la información para uso privado.

Pero lo más preocupante de este tipo de leyes es que abren las puertas para controlar la información, controlar los datos personales y que la persona que accede a Internet no solo sea una simple IP, sino que se convierta en un ciudadano plenamente identificado con sus datos, páginas visitadas, gustos y perfiles en la Web. Esto ya se ve en países como Francia, en donde se está pidiendo a los ISP que guarden algunos datos de los usuarios, hasta los ‘nicknames’, para tener un mayor control de los contenidos.

Si se mira el caso de Colombia, siempre se ha caracterizado por las excelentes leyes de tecnología que se han expedido desde 1996 en temas como la factura electrónica, la Ley 527 de 1999 sobre Comercio Electrónico, la Ley 1221 de teletrabajo, la normas y jurisprudencia sobre protección de datos, la Ley 1341 de 2009, de TIC; la Ley 1273 de 2009, que crea el bien jurídico de la información y los datos personales.

Por eso, como abogado informático me preocupa que la Ley Lleras desconozca las leyes de tecnología que existen en Colombia, y así mismo desconozca un momento tecnológico en el cual el Plan Vive Digital del actual gobierno tiene entre sus objetivos fundamentales aumentar las conexiones a Internet y la generación de contenidos digitales.

Los contenidos digitales van de la mano de la formación del usuario, de aspectos culturales, y no van a crecer asustándolos, confundiéndolos con normas ambiguas y poco claras que no son la solución al flagelo de la piratería comercial.

El proyecto presentado desconoce las conductas mencionadas en la Ley 1273 de 2009, como es el caso de interceptación de datos informáticos, que señala: “El que sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses”.

Es fundamental que leyes como esta queden muy bien redactadas, que quede claro que el juez es fundamental en el proceso, y que solo se podrán suspender contenidos por autorización judicial, y cuando se compruebe el ánimo de lucro. La forma como está redactado el proyecto de ‘Ley Lleras’ puede generar confusiones, y es necesario que siempre se garanticen la protección del usuario y el debido proceso.

En países como España en su Ley Sinde se pudo agregar la importancia del juez para autorizar la suspensión de esos contenidos, y no quedó esta tarea en las ISP. Ojalá nuestro proyecto siga el ejemplo.

El proyecto genera varias discusiones. Además de la amplia definición de ISP del Artículo 1, no se entiende bien la manera de actuar que deben tener estos proveedores de Internet. Se debe resaltar que en Colombia los ISP son jueces y partes, que muchos ya están ofreciendo contenido, así como soluciones en la nube, en concreto servicios de almacenamiento y aplicaciones.

El Ministerio TIC debe aclarar la definición de ISP y establecer criterios técnicos para este tipo de leyes. Así mismo, la ‘Ley Lleras’ debe ser estudiada por los congresistas, no desconociendo los otros proyectos como el presentado por el representante Simón Gaviria sobre Neutralidad Tecnológica, y la Ley que está en la Corte Constitucional sobre protección de datos personales.

El proyecto en su Artículo 3 habla sobre la inexistencia de obligación de los ISP, pero en otros artículos habla ya de una responsabilidad de estos, y cómo se exoneran. Lo muestra el Artículo 9: “Si los prestadores de servicio, cumpliendo los demás requisitos establecidos en los artículos 6, 7 y 8, actuando de buena fe, retiran o inhabilitan el acceso al material basado en una infracción reclamada o aparente, estarán exentos de responsabilidad por cualquier reclamo resultante, a condición que, en relación con el material que resida en su sistema o red, tome prontamente los pasos razonables para informar del retiro o inhabilitación al supuesto infractor que pone el material a disposición en su sistema o red”.

Artículos como el mencionado anteriormente pueden generar que los ISP se curen en salud, y no solamente empiecen a generar un control de contenidos, sino que esto sea la puerta para que tengan un control de datos e información de los usuarios, con el fin de exonerarse en responsabilidad.

La Ley deja algo a un lado que es fundamental y es el ánimo de lucro: no es lo mismo un usuario que baja o utiliza contenido para su uso personal, a una persona que lo utiliza para fines ilícitos o de comercialización. Si se analiza la Ley, solo trata el fin de lucro en el artículo penal. Es fundamental que el ánimo de lucro sea un carácter regulador para este tipo de proyectos.

Resalto un párrafo de la Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2008, la cual da un criterio que se debe tener en cuenta:

“De igual manera, si en la Internet circulan millones de canciones, no puede concentrarse en el derecho penal la función de perseguir a los usuarios que, aprovechando tal circunstancia, descargan la música que se coloca a su alcance, pues en estos casos como en todos aquellos en los que la persona obra sin ánimo de lucro y sin el propósito de ocasionar perjuicio a la obra o a los intereses económicos del titular de los derechos, resulta imposible afirmar la existencia de una conducta punible, toda vez que no se lesiona o pone efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado por la ley.

En consecuencia, si a la actuación no la acompañan los elementos referidos, valga reiterar, el ánimo de lucro y la intención de lesionar el patrimonio ajeno, la conducta será atípica”.

La información es un todo en Colombia, la información y los datos personales son un bien jurídico protegido.

Se debe proteger la propiedad intelectual pero construyendo una ley que sea clara, que dé garantías para los usuarios.

Si bien es un requisito para el TLC la aprobación de este tipo de normas, no podemos ceder lo más importante, el acceso a la información y la protección de los datos de miles de colombianos.

Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’

Mauricio Jaramillo Marín — Wed, 04 May 2011 12:54:54 +0000

Hoy a partir de las 9 de la mañana (hora colombiana) se iniciará un foro sobre la ‘Ley Lleras‘ en el Congreso de la República, con la participación de representantes de distintos estamentos, desde los autores y defensores del proyecto de Ley hasta algunos de los principales críticos.

Con este foro se busca ilustrar a los senadores de la Comisión Primera, de Asuntos Constitucionales, sobre las características del proyecto, sus beneficios y riesgos. Si bien en nuestra nota ‘18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia‘ intentamos resolver algunas de las dudas y los temores más frecuentes alrededor del proyecto, aún persisten algunas confusiones sobre su alcance e implicaciones, y surgen nuevas preguntas sobre sus peligros.

Por ello, compartimos esta infografía desarrollada en conjunto por ReCrea, RedPaTodos y la diseñadora Mariana Rojas (‘La Furia’), con textos de Alejandra Bonnet y basada en este texto de Carolina Botero y en otra información provista por Pilar Sáenz.

La infografía se comparte con la licencia Creative Commons, por lo que los autores entienden que si un medio como ENTER.CO o cualquier persona la comparte, ellos se benefician de su mayor difusión, y no sienten vulnerados sus derechos. Otra visión de cómo la difusión en Internet beneficia a algunos autores en lugar de perjudicarlos.

Cabe aclarar que las afirmaciones hechas en esta infografía no son la última palabra. Algunos de los temores o consecuencias negativas de la ‘Ley Lleras’ planteadas allí podrían ser considerados por los autores o defensores del proyecto como paranoia o como interpretaciones incorrectas del texto original. Sin embargo, reflejan algunos de los temores que generan ciertos apartes del texto, ya sea por ambigüedad en la redacción, por ser una traducción muy literal de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) o por prestarse a diversas interpretaciones.

Un video de RedPaTodos.

Aquí compartimos este video ‘para dummies’ hecho por RedPaTodos que, en dos minutos, explica claramente cómo funciona el procedimiento propuesto por el proyecto de Ley conocido como ‘Ley Lleras’. Mucho más cercano a la realidad que ciertos videos que han difundido los opositores, como el del ACTA, ajeno a Colombia.

Notas relacionadas:

Una milonga para la industria de la música

ENTER.CO — Fri, 08 Apr 2011 12:00:18 +0000

La industria del a música enfrenta varios retos para su supervivencia. Foto: Phil H (vía Flickr).

Según el último estudio de la IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) la industria de la música tiene muchas razones para llorar al son de una triste milonga; el 95% de las descargas de música es ilegal, es decir que de cada 20 solamente una es paga; las ventas globales de música cayeron 9% entre 2009 y 2010, aunque las ventas de música en línea aumentaron un 6%. Y lo peor es que con todo lo que pasa, Enrique Iglesias aún no se calla.

Mientras este artículo avanza, Hendrix llega gratis a mis audífonos torturando una guitarra eléctrica sin piedad con Foxy Lady gracias a VYE Music, La Gata Bajo La Lluvia de Rocío Durcal baja del tejado hacia mi computador (de nuevo GRATIS) por The Pirate Bay –el directorio y buscador de torrents más famoso del mundo, que permite bajar archivos mediante el sistema P2P BitTorrent–, y al mismo tiempo 53 ‘gigas’ de música duermen en mi portátil esperando a que iTunes los despierte.

Esto sin contar los lances que en cada semáforo me hacen colecciones de salsa pa’ bailar, rock en español trasnochao, U2 en concierto, las 140 del despecho, vallenatiando, los 14 mil cañonazos bailables y hasta Mozart para estimular la inteligencia.

Desde 1999 las ventas globales de música han caído considerablemente, convirtiendo una industria otrora glamorosa en un sector austero que pasa cada vez más tiempo en los estrados judiciales y menos en las tarimas.

Entre los quemadores y los servicios de intercambio de archivos, más conocidos como peer-2-peer (P2P), han hecho bajar las ventas de CD en más del 70% desde ese año, en el que la cifra de 1.083 millones de unidades se instaló como récord.

El P2P tiene como ícono al sistema Napster, hoy redimido y entregado a la legalidad, que nació revolucionario y subterráneo en 1998, fue glorioso en 2000 y finalmente cerró obligado por múltiples demandas en 2001, cuando ya contaba con de 50 millones de miembros, cada uno de los cuales abría sus colecciones de música digital para que los otros 49’999.999 bajaran toneladas de canciones gratis desde su computador.

Pero cerrar Napster no fue precisamente una solución: luego vinieron Gnutella, FastTrack, eDonkey, Mininova, Kazaa, isoHunt, The Pirate Bay, LimeWire, BearShare y todos los BitTorrent que han existido, existen y que, con la seguridad de que 719 es un número primo, existirán.

El panorama se agrava con la tendencia de crecimiento de ventas en línea, que después de varios años por encima del 10% ha caído a un solo dígito y, según los analistas del mercado, ha llegado a un punto de estancamiento en 2010 al crecer tan solo un 6% (PDF). Esto mientras la producción mundial de CDs ha bajado de 1.083 millones en 1999 a 370 en 2009, con una tendencia decreciente que también se estabilizó durante los últimos años, pero alrededor del 20% anual (PDF).

El otro componente es la piratería de semáforo, de andén, de Sanandresito y de puente peatonal. Mientras que un CD vendido en la calle tiene 150 canciones y cuesta 2.000 pesos (poco más de 1 dólar), los discos compactos de los almacenes tienen 16 canciones y valen 40.000 pesos (unos 21 dólares). Un ejercicio matemático básico nos arroja que mientras una canción en la calle vale 13 pesos (7 insignificantes centavos de dólar), en el almacén tiene un costo de 2.500 pesos (1,3 dólares), es decir, 192 veces más caro. Por mucha falta que hagan la carátula, las letras y las fotos, no es necesario ser un experto en macroeconomía para reconocer lo complicado del escenario para el negocio de la música, por lo menos en el país del sagrado corazón en el que el salario mínimo mensual subió, el último año, tan solo $20.600.

La piratería juega en contra de los músicos y artistas de la industria. Foto: Jonathan_W (vía Flickr).

Y como si esto fuera poco, cualquier computador con quemador de CD es una tentación latente de piratería familiar y social que, si bien no tiene un fin comercial, sí afecta la decisión de compra.

Mientras este artículo avanza, Janis Joplin maúlla un blues arrastrado que se estrella con furia sobre mis parlantes después de viajar desde Grooveshark, portal al que no le he pagado ni un centavo por semejante exquisitez.

Pero no todo son vacas flacas para la industria de la música: según las estadísticas, hay una perspectiva desde donde el vaso se ve medio lleno. El mercado de descargas legales por Internet en 2010 movió 13 millones de descargas, y los ingresos por conciertos han aumentado en un más del 200% desde 1999. [1999 -2004] [2006 – 2010]

Además, las posibilidades de ingresos se amplían con el surgimiento de formas alternativas de comercialización como los ringtones (aunque con el crecimiento en ventas de los teléfonos inteligentes, estos dejarán de ser buen negocio), las bandas sonoras de películas o de juegos, los canales de videos y los servicios de música por Internet como Slacker.com, Pandora, Last.fm, Grooveshark, Musicovery, we7, VYE Music, Hypem, Songza, Jamendo, Shuffler.fm, Filtermusic.net, Napster, Deezer, Rhapsody, Spotify, Rdio, iTunes Store, Sirius XM, Nokia Comes With Music y más de 400 servicios en línea que tienen acuerdos con las disqueras para sonar su música. Algunos de estos servicios ofrecen ya más de 10 millones de canciones.

Desafortunadamente, la combinación del aumento del 6% en ventas digitales con el decrecimiento constante del 20% en ventas físicas, no logra estabilizar la balanza y más bien la deja inclinada del lado negativo, llevando a la industria musical a decaer un promedio de 10% anual en ventas.

Mi sabia abuela diría: “ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre”. En el extremo ardiente, no está bien que una innumerable cadena de intermediarios se lleve los ingresos dejando al artista como último eslabón con un pequeño porcentaje de lo que sus creaciones han producido. En palabras del mismo David Kusek –vicepresidente del Boston Berklee College y coautor de The Future of Music–, “los sellos disqueros nunca estuvieron en el negocio de la música, ellos estaban en el negocio de vender discos plásticos”.

En el otro extremo, ese que no alumbra, es evidentemente nocivo para la salud, el bolsillo y la vida del artista que sus creaciones no le representen ni un centavo. Por esto han surgido, también gracias a Internet, una serie de esquemas que pretenden mediar la situación para que la gente pueda comprar música legal sin sacrificar el corrientazo y teniendo en cuenta que el futuro del negocio no está en vender discos sino música en cualquier formato.

Los medios digitales representan una gran oportunidad para la industria de la música. Foto: JD Hancock (vía Flickr).

¿Soluciones a este problema?

Mmmm… varias en exploración, apenas aterrizando del plano teórico:

Encerrar en la cárcel a los piratas o arruinarlos con multas millonarias.
Educar.
Buscar ayuda en un ser superior:
- Los ISP (proveedores de acceso a Internet).
- Los gobiernos.
- Google.

Meter en la cárcel o arruinar a los piratas.

Aunque suene exagerado, es el camino que está recorriendo un sector de la industria musical y legal en Estados Unidos.

Obviamente, ni a la Recording Industry Association of America (RIAA) ni a las disqueras les gusta mucho la idea de que el mundo entero esté escuchando por ahí música ‘de gorra’; y para contrarrestar este fenómeno han creado un ecosistema de abogados y hackers de sistemas P2P, que muy juiciosos han logrado crear más de 18.000 pleitos en apenas 5 años, todos ellos contra los pilluelos usuarios de sistemas P2P y contra sus propios creadores.

La mayoría de los casos no llega a los estrados y concluyen en un ‘acuerdo’ entre las partes que oscila entre 3.000 y 5.000 dólares. Un mercado potencial de más de 54 millones de dólares alrededor de la industria de la música en el que el único sonido es el de la caja registradora.

2 de los casos más significativos son:

Jammie Thomas-Rasset, una ama de casa, madre de 4 hijos que fue descubierta compartiendo desde su computador 1.702 canciones que tienen derechos reservados de autor. Razón por la cual le fue impuesta una multa de 1.9 millones de dólares. Algo así como 1.120 dólares por canción.

El estudiante de Ph.D Joel Tannenbaum fue encontrado culpable por un descargar cientos de canciones de manera ilegal a su computador y condenado a pagar la bicoca de 675.000 dólares por su atrevimiento; condena que tras un proceso de apelación fue reducida a 67.000 dólares con el argumento que el monto anterior era inconstitucionalmente excesivo y que no guardaba relación con el delito cometido.
Los creadores de The Pirate Bay fueron condenados a prisión en 2009.

Educar.

La educación, en este caso, tiene varios tentáculos; uno está dirigido hacia los usuarios, otro hacia los artistas y otro a las disqueras.

Los usuarios debemos aprender que la piratería está mal. PUNTO.

¿Difícil?

Sí, muy.

Pero si no queremos que la lección nos la den con una multa de un millón de dólares, tenemos que ir aprendiendo por nuestra propia cuenta. Además, existen muchísimos sitios en los que tenemos más de 10’000.000 de canciones por 10 dólares al mes.

Los artistas deben aprender que las grandes disqueras no son el único mecanismo para dar a conocer su música y que Internet plantea opciones interesantes para acercarlos a sus seguidores actuales y potenciales.

Por un lado, tenemos Creative Commons, que pretende darles un vuelco a los derechos de autor para que los artistas puedan ofrecer sus creaciones en diferentes esquemas.

También está CD Baby, un distribuidor virtual de música en el que los artistas pagan 39 dólares por álbum o 9,95 por sencillo para que estos señores lo distribuyan por Amazon, iTunes Store y Rhapsody, además de que les ayuden a consolidar herramientas digitales enfocadas a la venta y promoción de su música.

Adicionalmente, existen varios sitios que buscan la opinión del público sobre trabajos inéditos y que además permiten postular trabajos propios de bandas no tan reconocidas para que una catajarria de melómanos o de aficionados de todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto en clave de mi. Algunos de ellos son HitPredictor, Thesixtyone, SoundCloud, PureVolume, One Track Mind, OurStage y StumbleAudio.

Cerrando el círculo de la educación, las disqueras deben aprender que sin público no hay negocio, que el negocio no son las cajas de CD, que tienen una forma más sostenible (y amable) de conservar su público que una tropa de abogados buscando piratas, que Internet democratiza el acceso a la información, incluso a la música, y que para que todos los engranajes funcionen en este nuevo mundo de silicio es necesario ser justos.

Las disqueras también deben ser conscientes de que ahora los usuarios tienen muchas formas de consumir música y un mar de opciones para elegir qué escuchan/compran/rentan/prueban/recomiendan, y que Internet más que una amenaza es un aliado para entregar más y mejores servicios en los que se empaqueten las creaciones de sus representados.

Buscar ayuda en un ser superior.

De las ISP:

Esta opción cobra cada vez más fuerza y ya algunos experimentos han funcionado. El esquema planteado por las disqueras se basa en 2 funciones que deben cumplir las empresas proveedoras de acceso a Internet:

La primera es ofrecer a sus usuarios la posibilidad de escuchar música de un catálogo de millones de canciones como parte de su servicio de Internet, y la segunda es monitorear el acceso de los usuarios a aplicaciones, páginas o sistemas que faciliten las descargas ilegales. Al descubrir este tipo de comportamiento, los usuarios reciben un comunicado en el que se advierte la irregularidad y se alerta la posibilidad de suspensión del servicio en caso de continuar. La Ley Hadopi, en Francia, apunta a esta última solución, aunque sus resultados no han sido los esperados.

En Irlanda el proveedor de acceso Eircom ya implementó este esquema, sus usuarios pueden disfrutar gratis del servicio de streaming ilimitado de más de 4 millones de canciones, y por otro lado su comportamiento pirata es vigilado de cerca.

Del gobierno:

Los gobiernos de Corea del Sur y Francia son pioneros en la implementación de leyes antipiratería mediante las cuales están autorizados a cancelar el servicio de Internet a un usuario que esté utilizando servicios P2P para la obtención o publicación de piezas protegidas por derechos de autor.

A partir de esta medida en Corea del Sur, las ventas de música digital han aumentado 14% en tan solo 6 meses.

Para tal efecto, en Francia, fue creada la agencia Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits sur Internet), organización que estableció como procedimiento el envío de un primer correo electrónico de advertencia, si el usuario es descubierto descargando o publicando música de manera ilegal. Si el infractor es descubierto una segunda vez antes de los siguientes seis meses recibirá una segunda advertencia acompañada de un periodo de prueba de 6 meses más. Tiempo en el cual, si el usuario reincide, le será iniciado un proceso judicial en el que, si es culpable, tendrá que pagar una multa de 1.500 euros, más la suspensión del servicio y el reporte a una lista negra que comparten todos los ISP. Los resultados, sin embargo, no han sido los esperados.

De Google:

Las disqueras en conjunto con la MPAA y la RIAA han acudido al gigante de Internet para que restrinja la aparición de palabras como BitTorrent, torrent, uTorrent, RapidShare y Megaupload de su función Google Suggest, de autocompletar (que con las primeras letras sugiere varias opciones para búsqueda); y de su servicio Google Instant, que muestra una previsualiación de las páginas que han sido arrojadas como resultado de búsqueda.

Esta restricción ya está funcionando en Estados Unidos y aunque algunos alegan censura, el camino ya está siendo recorrido, de la misma forma como ya hoy sucede con las palabras ‘sex’ y ‘porn’ en Google Instant.

Esta restricción dificulta a los usuarios encontrar vía Google algunos de los servicios P2P, y en consecuencia piratear. Pero también pagan por justos pecadores, ya que igualmente dificulta la posibilidad de publicar y compartir contenido sin derechos reservados en este tipo de servicios. El video de la serenata, la celebración del gol, o cualquier creación que queramos compartir con el planeta, e incluso existen bandas que utilizan este tipo de servicios para dar a conocer su música.

Pagar por lo que nos gusta parece algo lógico, pero sobre todo justo con esos seres que se dedican a crear las melodías que nos llenan los corazones de rabia, melancolía, esperanza, razones, colibríes, silencios, cenizas, presente, jadeos, locura o insolencia.

Remata Galy Galeano, ojalá sin ánimo premonitorio, con Frío de ausencia.

18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia

Mauricio Jaramillo Marín — Thu, 07 Apr 2011 20:32:01 +0000

Este lema empieza a crecer en Colombia. Sin embargo, el proyecto de Ley por ahora no dice lo contrario. Imagen tomada de HacheMuda (www.hachemuda.com).

Ya se habla de ‘Ley Sinde colombiana’, surgen hashtags en Twitter como #hadopicolombia y #LeyLleras, y grupos en Facebook como ‘Contra una Ley Sinde/Hadopi en Colombia‘ para asociar el proyecto de Ley presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia al Congreso que permitiría llevar a la cárcel a los piratas que usen Internet, así como bloquear o ‘tumbar’ sitios web que incluyan contenidos protegidos por los derechos de autor.

Se está gestando un movimiento en la Web en contra del proyecto, pocas horas después de haber sido presentado, aunque apenas ahora los creadores –encabezados por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA– han dispuesto un espacio para la discusión pública en línea, de cara a la sociedad. Por los lados del Ministerio del Interior, sus voceros señalan que “es un proyecto, queremos socializarlo y que el resultado final sea el fruto de una concertación”.

Era inevitable: en su afán por presentar el proyecto de Ley al Congreso para que pudiera ‘entrar a la fila’ de la agenda legislativa –por instrucción del propio presidente Juan Manuel Santos–, el ministro Germán Vargas Lleras encendió las alarmas por el temor de que en Colombia se repliquen los fiascos de España (Ley Sinde) y Francia (Ley Hadopi), que no han frenado la piratería, han causado efectos secundarios nocivos y, si algo positivo han generado, es la unión y la reflexión de los internautas para defender sus derechos a la libertad de expresión y de información. También se piensa que este proyecto de Ley sería un primer paso de Colombia hacia el temido Tratado Comercial Antifalsificación (ACTA).

¿Qué hay de cierto en estos temores? ¿Es el proyecto tan malo como temen los más pesimistas, o tan positivo como lo planteó el ministro Vargas Lleras, según el cual representa un gran paso histórico contra la piratería en Internet? ¿Lo necesita realmente el país?

ENTER.CO invita a que no se saquen conclusiones apresuradas y a que, antes que rechazar de plano la iniciativa –impulso natural de todos los que usamos Internet y valoramos la libertad que brinda su poder democratizador–, los usuarios de Internet aprovechen todos los espacios que puedan influir en quienes tomarán las decisiones finales, los congresistas.

A continuación presentamos un listado de 18 preguntas frecuentes y un acercamiento a sus respuestas. Se trata de un documento base, dinámico, que se irá enriqueciendo con el aporte de todos ustedes tanto con la adición de nuevas preguntas como en el complemento a las respuestas. (En una nota posterior, presentaremos la entrevista que el director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, dio a ENTER.CO, en la que responde algunas preguntas adicionales sobre el proyecto y sus implicaciones).

1. ¿Por qué el ministro Vargas Lleras sacó ‘de la manga’ este proyecto de Ley? ¿Qué sabe él de este tema? ¿No tiene otras cosas que hacer?

El proyecto no surge como una ‘ocurrencia’ de un ministro. Es la respuesta a una exigencia que viene incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 alrededor de los derechos de autor, así como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea. Además, aunque Vargas Lleras fue quien lo presentó al Congreso, es el resultado del trabajo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), conformada por 10 ministerios –incluidos el del Interior y el MinTIC–, además de otras entidades, como el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, la DNDA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Sena.

2. Si todos nos unimos contra el proyecto, ¿es posible que Colombia pueda seguir sin una ley contra la piratería en Internet?

No. Como ya se dijo, la piratería en Internet debe ser algo sobre lo que se legisle, según el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, esta ley responderá a oblicaciones internacionales del Estado colombiano con respecto a la propiedad intelectual. En otras palabras, tener una ley en este sentido es un requisito para negociaciones tales como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea.

El mayor riesgo que correría esta Ley es que, después del debate, se ‘caiga’ el proyecto y el proceso se deba iniciar de ceros.

3. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer? ¿Este proyecto es definitivo y no podremos cambiarlo?

¡Hay mucho por hacer! Los que tomen la decisión final son los congresistas. En manos de los ciudadanos está evitar que aprueben proyectos ‘a pupitrazo’ –como ha sucedido con tantas normas importantes para el país–.

¿Cómo podemos empezar? Informándonos sobre el proyecto de Ley presentado (que es un borrador y podrá tener cambios), participando con propuestas, preguntas, peticiones de aclaraciones –sobre todo, de algunas ambigüedades– y toda clase de aportes en foros y comunidades en línea (el espacio oficial, creado por la DNDA, es este foro; también hay un foro de #BrigadaDigital, una comunidad de voluntarios impulsada por el Ministerio TIC, los espacios para comentarios en ENTER.CO y otros medios de comunicación, y audiencias públicas que las entidades organicen para socializar el proyecto).

4. ¿Estas discusiones en línea sí llevarán a alguna parte, o al final se aprobará lo que ya está escrito?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, comentó a ENTER.CO que los aportes que surjan del foro oficial se llevarán a los congresistas, quienes las tendrían en cuenta para las ponencias y los debates.

Aunque con el bajo nivel de aceptación del Congreso de la República, el hecho de que las propuestas de los ciudadanos no obliguen a los congresistas a que al menos los lean, el ejemplo de Chile, donde todo el debate se hizo después de que el proyecto se presentó al Congreso, muestra que una discusión amplia, con participación de todas las partes interesadas (industrias de creadores de contenidos, ciudadanos, proveedores de acceso a Internet y autoridades) y con el aporte de los medios puede dar resultados aceptables. Más sobre el caso de Chile, donde se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual, en esta nota de FayerWayer.

5. Habiendo tantos criminales en el país, ¿por qué nos van a declarar como tal a los que compartimos contenidos en Internet? ¿Ahora nos llevarán a la cárcel por ‘quemar’ un CD con música descargada de Internet, por descargar un libro en PDF o por bajar una película?

“Compartir no es robar”: este es uno de los lemas de los internautas de todo el mundo. Y, al menos en este borrador que es el proyecto de Ley, este principio se respeta. El proyecto no crea nuevas causales de responsabilidad civil o penal para los usuarios de Internet (ni para los proveedores de acceso).

Juan Carlos Monroy, director de la DNDA, explicó en los comentarios a la noticia inicial de ENTER.CO:

“En la piratería tradicional no se penaliza al comprador sino al fabricante y vendedor (ver Artículo 271, numeral 1, del Código Penal). Con la misma lógica, en la piratería de Internet no se busca penalizar al que accede o descarga un contenido, sino a quien vende, ofrece o pone a disposición a efectos de comercialización las creaciones protegidas (ver Artículo 17 del proyecto de Ley)”.
“En general, el usuario de la Red no es responsable de infracción al derecho de autor por el simple hecho de descargar, acceder o compartir contenidos. Otra cosa es cuando el usuario publica o pone a disposición contenidos protegidos sin autorización, entonces puede ser una infracción civil, y si además se lucra o comercializa dichos contenidos, podrá existir entonces una infracción penal”.

Aquí hay un parte de tranquilidad: descargar contenidos no debería representar ningún problema, aunque queda en el aire cierta ambigüedad sobre en qué se diferencian exactamente ‘compartir’ de ‘publicar’.

6. ¿Los proveedores de acceso a Internet (ISP) monitorearán mi tráfico y saber dónde navego y qué contenidos descargo y comparto?

No. Con el proyecto de Ley, los ISP no adquieren la obligación de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni tampoco la de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que impliquen actividades ilícitas.

7. Si la Ley es aprobada, ¿los ISP podrán ‘tumbar’ o bloquear sitios a su antojo? ¿O deberán hacerlo obligados por las autoridades?

El proyecto señala que no se podrán bloquear sitios web completos, solo los contenidos específicos debidamente identificados como infractores al derecho de autor, y no por orden de cualquier autoridad sino de un juez.

Un ejemplo: si un bloguero publicara un video del cantante Fausto, estaría violando los derechos de autor; si algún interesado (por ejemplo, las asociaciones que defienden los intereses de los músicos y compositores) exige que se elimine ese contenido, el ISP podría bloquear la página del video, pero el blog seguiría funcionando.

‘Podría bloquear’, no ‘deberá bloquear’: el retiro del material infractor por parte de los ISP es facultativo –no obligatorio–, a menos que una autoridad judicial disponga lo contrario.

(A partir de este punto pueden surgir más preguntas: ¿y si el blog tiene 10 o 50 páginas con videos protegidos por derechos de autor, las autoridades deberán ordenar el bloqueo de estas páginas cada vez que surjan? ¿O podrán calificar al bloguero como ‘reincidente’ y, ahí sí, bloquear todo el blog? ¿Y qué pasa si el video de Fausto no se publica en un blog, sino en YouTube?

Lo que está claro es que servicios en línea como YouTube están obligados, por la DMCA, de Estados Unidos, a bloquear estos contenidos que infringen las normas.

8. ¿Están bajo amenaza de cierre sitios como Google, YouTube, Flickr, SlideShare, Scribd y otros que nos permiten acceder a la información y al conocimiento?

Al menos por lo que dice el texto del borrador, no. Primero, porque como se dice en la respuesta anterior, no se bloquearían los sitios, sino solo las páginas con contenidos que violen los derechos de autor.

Y segundo, porque incluso un sitio que deliberadamente venda contenidos ilegalmente no puede ser bloqueado desde Colombia si está alojado en el exterior. Lo máximo que se podría hacer contra estos últimos sitios es lograr que los ISP los bloqueen –impidan su acceso desde el país–.

9. Si tengo un sitio web, ¿corro el riesgo de que me lo bloqueen sin saber por qué? ¿Tendré derecho a defenderme?

En teoría, no. El proyecto de Ley obliga a los ISP a informar la causa de los retiros de contenido o bloqueos, y restaurar los contenidos o su acceso en caso de que exista algún tipo de discrepancia o el responsable de los contenidos demuestre que estos no violan los derechos de autor.

En sus artículos 9 a 12, el proyecto plantea los procedimientos que deberán seguir los titulares de derechos de autor, los ISP y prestadores de servicios, así como los que puede realizar quien tenga un reclamo sobre un bloqueo injusto de un contenido.

10. ¿El proyecto es una copia –pirata– de la Ley Sinde o de la Ley Hadopi?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, explica que la CIPI estudió las normas en muchos países, y ni la española ni la francesa inspiraron el proyecto de Ley. Si este proyecto tiene similitudes con lo establecido en otros países, señala, es con Estados Unidos y Chile (ver la entrevista en la nota correspondiente).

11. ¿Morirá en el país el intercambio de archivos mediante redes P2P?

Parte de tranquilidad para los usuarios de Vuze, Ares y otras redes y aplicaciones P2P: no. Ni siquiera se verá afectado, porque el proyecto no regula el intercambio de archivos entre usuarios en redes P2P.

12. Si un bloguero publica una canción o un video protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A simple vista, no, porque no estaría vendiendo estos contenidos, y si no hay ánimo de lucro, no hay responsabilidad penal: solo se propone un castigo a la publicación de obras con fines comerciales sin el permiso de los titulares. Sin embargo, el proyecto deja en una zona gris qué es lucrarse con un contenido. Si el bloguero tiene anuncios publicitarios de Google AdSense, y percibe 10, 50 o 200 dólares mensuales, ¿se está lucrando con esa canción o el video? ¿Tiene el riesgo, así sea remoto, de ir a prisión?

13. Si alguien en Facebook, Twitter u otra red social comparte un contenido protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A diferencia del caso del bloguero, aquí el usuario no tiene ningún riesgo –solo que se borre o bloquee el contenido–, pues en estos servicios no tiene posibilidad de vender publicidad.

Publicar enlaces no está penalizado. El internauta puede acceder, descargar o compartir información y archivos por medio de hipervínculos, sin que esto le represente responsabilidad civil ni penal. Lo que estará penalizado es la publicación o puesta a disposición de contenidos protegidos por derecho de autor sin la debida autorización.

14. Si una persona vende un DVD pirata, un libro descargable en formato PDF u otro, un CD de música en su propia tienda virtual, o en sitios de comercio o subastas, ¿puede ir a la cárcel?

En teoría, sí: se está lucrando con obras que están protegidas por derechos de autor.

Sin embargo, no está claro si practicar la piratería ‘caseramente’ sea suficiente para ir a prisión. ¿La cantidad de obras vendidas, los ingresos percibidos o el tiempo de práctica de la piratería influirían en las decisiones?

15. ¿Se empezarán a ver en Colombia casos de multas ridículas –millonarias– por descargar o compartir música o películas, como ocurre en Estados Unidos y otros países?

Por lo pronto, el proyecto no contempla multas para los usuarios de Internet que descarguen o compartan obras protegidas.

16. ¿Por qué en lugar de criminalizar el acceso a los contenidos, no se promueve que haya más disponibilidad comercial de estos? ¿Por qué no podemos contar con un iTunes Store en Colombia?

La pregunta parte de una premisa muy válida: no todos los que bajan contenidos de Internet lo hacen para no pagar por ellos, sino porque no se consiguen (por ejemplo, producciones musicales europeas) o son excesivamente costosas. Si la tienda iTunes Store, de Apple, ha sido un éxito y distribuye más música que muchos sitios y servicios que no pagan sus derechos de autor, ¿por qué no en Colombia?

En el país –y en otros de Latinoamérica– no hay una iTunes Store porque las negociaciones con las casas disqueras han sido aún más difíciles que con la poderosa RIAA de Estados Unidos, lo cual, probablemente, demuestre que la industria local todavía no ha entendido el potencial de negocio de Internet. Ve la amenaza, pero no ve la oportunidad.

Sin embargo, para responder la pregunta, hay que empezar por decir que las normas no deben depender de la oferta comercial (aunque podría ser algo deseable). Que las disqueras y otras industrias de contenidos evolucionen al nuevo mundo no depende de esta Ley. Y, por otra parte, sí existen en el país algunos servicios de descarga o reproducción en línea de música, aunque su catálogo no sea el más completo ni la experiencia y facilidad de uso sean comparables a una tienda como la de Apple. En este enlace de la DNDA se presentan 8 servicios gratuitos o comerciales.

17. En resumidas cuentas, ¿en qué nos afecta a los usuarios –consumidores de contenidos– esta Ley?

En teoría, por descargar o compartir contenidos sin fines de lucro, no se afecta a los usuarios de Internet. El proyecto de Ley se centra en los ISP, los prestadores de servicios de almacenamiento y otros relacionados con Internet, y en los que publican o distribuyen contenidos ilegalmente.

18. ¿Quiénes tendrán la última palabra sobre el bloqueo de un sitio o las sanciones a quienes violen la Ley?

A diferencia de lo que ocurre en otros países con sus nuevas leyes, este proyecto propone que sea el Poder Judicial –los jueces– el encargado de exigir bloqueo o eliminación de contenidos, o de sancionar a los responsables de publicar o comercializar sin permiso obras protegidas por derechos de autor.

Seguramente surgirán muchas preguntas nuevas sobre este proyecto, en parte porque algunos apartes de su texto se prestan para distintas interpretaciones, y también porque cada uno de los interesados (autores, gremios, ISP y, por supuesto, los usuarios) desearán saber más qué cambiará cuando este proyecto se convierta en Ley de la República.

¿Tiene alguna pregunta que no esté en el listado? ¿O quiere complementar, corregir o mejorar alguna de las respuestas? Sus comentarios también ayudarán a enriquecer este debate que apenas comienza.

Notas relacionadas:

Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia

Mauricio Jaramillo Marín — Tue, 05 Apr 2011 20:50:47 +0000

“A quienes sigan utilizando la piratería, pues que se tengan de atrás, porque de aquí para adelante el tema de prisión y de penas se va aplicar con todo rigor, si logramos que el Congreso tipifique estas nuevas conductas que hoy no están previstas en nuestra legislación”. Con estas palabras y este tono, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, presentó al Congreso un Proyecto de Ley que busca regular la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor en Internet (para leerlo completo, descargue el PDF en este enlace).

Con el proyecto, resultado del trabajo conjunto entre este ministerio y otras entidades como el Ministerio TIC, de una comisión intersectorial de Propiedad Intelectual, según el ministro Vargas Lleras “por primera vez en Colombia se toman medidas serias contra la piratería en todo el uso de la Red”. El ministro agregó que “las autoridades judiciales y la propia Fiscalía señalaban que nos les era posible hacer uso del derecho penal a quienes venían y vienen utilizando internet con propósitos de piratería; esta ley establece penas severas”, agregó.

A primera vista, esta Ley, que es la respuesta a una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sería muy benéfica para los autores en campos como la música, las producciones audiovisuales, los libros, el software, la televisión, la radio, la fotografía y otras artes. Y, por supuesto, el proyecto debe ser muy bien recibido por las industrias relacionadas; el ministerio, al menos, asegura que “contribuye a su crecimiento, competitividad y productividad”.

Pero desde las mismas declaraciones del ministro surgen preguntas como qué es exactamente la piratería y en qué se diferencia de compartir contenidos, y si esta Ley busca beneficiar solo la industria a costa de los usuarios de Internet.

Si este proyecto de Ley supera todo el proceso legislativo, no solo representaría riesgo de cárcel para quien distribuya ilegalmente y con fines comerciales contenidos protegidos por derechos de autor, sino que también significaría que cualquier sitio web que publique estos contenidos corre el riesgo de ser bloqueado o de que se retiren contenidos, algo que con la legislación actual solo es posible con los sitios que promueven la pornografía infantil y la pedofilia. El proyecto de Ley también presenta los mecanismos para que los proveedores de acceso a Internet colaboren con los autores y titulares de derechos de autor y conexos para impedir la piratería de sus obras.

A simple vista, el proyecto de Ley tiene una buena intención y responde a una necesidad real del país de ponerse a tono con los desafíos y oportunidades que brinda Internet para los autores. Sin embargo, preocupa que en su comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destaque, como un gran logro, que esta iniciativa ubica a Colombia al nivel de Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda y Chile.

¿Es esto algo bueno? El solo equiparar este proyecto de Ley con la famosa y criticada Ley Sinde de España no deja un buen sabor a los observadores, pues esta ley ha puesto en pie de lucha a los usuarios de Internet en España, que sienten amenazada la libertad de expresión. (Una muy buena explicación de la Ley Sinde la publica el sitio Alt1040 en esta nota). Lo mismo ocurre con la cuestionada –y al parecer poco efectiva– Ley Hadopi, de Francia.

Carolina Botero, abogada, bloguera, colíder de Creative Commons en Colombia y una de las mayores conocedoras de los temas de derechos en Internet, considera que este proyecto de Ley representa un paso hacia adelante en la protección de derechos de autor en el país. “Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando dentro de la tendencia internacional de reforzar la protección del derecho de autor, especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el resto”.

Según Carolina Botero, quien estuvo al tanto del desarrollo del proyecto de Ley, se suponía que el grupo de trabajo había acordado que el texto pasaría a discusión pública, para que contara con el aporte de organizaciones, expertos y los colombianos en general. Sin embargo, ella cree que “parece que las premuras de la agenda legislativa terminaron con las buenas intenciones, y el proyecto pasó derecho al Congreso”.

“Se debe tener presente que el gran tema dentro de la construcción de estas leyes en el tiempo que vivimos (y teniendo en cuenta a Francia, España, Chile e incluso Brasil) es la participación de la sociedad civil, del público. Durante las últimas décadas estas leyes han sido construidas por los autores y titulares desde su óptica, y poca o nula atención se ha puesto a las necesidades como el acceso y la información, las del público, que es el otro extremo de esta ecuación. Creo que es un error haber ignorado a la gente en este sentido, las leyes que lo han hecho han generado una reacción de impopularidad muy fuerte (Sinde o Hadopi)”.

A diferencia de los casos de España y Francia, Botero señala que en Chile el proceso no fue fácil pero se consiguieron acuerdos y el Estado cumplió su papel de garante de la sociedad. “Hoy por hoy ignorar al público como parte de la ecuación de cualquier ley sobre derecho de autor es un error que el Estado colombiano está cometiendo, no lo hizo antes pero tampoco lo hace ahora”, agrega.

Ministerio del Interior, apresurado.

ENTER.CO pudo establecer extraoficialmente que, como lo supone Carolina Botero, el Ministerio del Interior se adelantó a la presentación del proyecto de Ley, probablemente por las urgencias de la agenda del Congreso, y no consultó esto con las otras entidades que participaron en el desarrollo del proyecto, ni socializó el texto entre los usuarios de Internet –los directamente afectados por la futura Ley– ni con otras instancias.

En el último tiempo, el Ministerio TIC ha acostumbrado a los colombianos a socializar sus proyectos, con lo cual estos terminan siendo el resultado de debates, propuestas de diferentes ámbitos y consensos. Por ello, que el Ministerio de Interior, por ser el responsable directo de los derechos de autor en el país a través de una dirección a su cargo, maneje un tema tan sensible para los usuarios de Internet –alrededor de 23 millones en el país– a sus espaldas, molesta y genera desconfianza. (ENTER.CO intentó comunicarse con Juan Carlos Monroy, director de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero hasta ahora no ha sido posible obtener sus declaraciones y esperamos tenerlas en un siguiente informe).

Sin embargo, hay un parte de tranquilidad para quienes temen que en Colombia haya una ley arbitraria que solo beneficie a la industria a costa de amordazar a los usuarios de Internet: una fuente del Ministerio TIC reveló que este proyecto de Ley no es definitivo y que se intentará que haya un proceso de socialización, ya no con los tiempos y mecanismos que usa ahora el MinTIC, pero al menos sí se permitirán los aportes de los ciudadanos.

Por lo pronto, y antes de que se saquen conclusiones como ‘Colombia ya tiene Ley Sinde’ o, al contrario, ‘por fin se acabará la piratería en el país’, conviene leer con atención el proyecto de Ley y participar en las discusiones en línea que se generarán alrededor de él.

Algunas preguntas incómodas.

Para iniciar la discusión, planteamos algunas preguntas a nuestros usuarios (cuyas respuestas, según nuestra fuente en el Ministerio TIC, serán tenidas en cuenta para las mejoras al proyecto de Ley):

¿Encuentran similitudes concretas entre este proyecto de Ley y las leyes Sinde y Hadopi? ¿Cuáles?
¿Qué debería tener esta ley para dejar contentos no solo a las industrias, sino también a los usuarios de Internet?
¿Un proyecto que amordazara la libertad de expresión y de acceso a la información en línea frenaría los avances que ha tenido Internet en el país?
¿Sería conveniente que el ministro Germán Vargas Lleras fuera igual de enérgico con la verdadera industria de la piratería en el país, que no necesita estar anónima detrás de un computador, sino que se encuentra en grandes centros de comercio en las principales ciudades, y que venden sus productos con total libertad frente a las autoridades?

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Agencia antipiratería Hadopi recibe 25.000 denuncias diarias

Luis Iregui V. — Tue, 26 Oct 2010 18:34:03 +0000

Muchos de los cibernautas franceses se han opuesto a las funciones de la agencia Hadopi. Imagen: Simon Robic (vía Flickr).

La guerra contra la piratería, como cualquier conflagración, genera daños colaterales. En Francia, gracias a las maniobras legales del gobierno Sarkozy, la batalla está particularmente caliente y como consecuencia hay más personas involucradas.

De acuerdo con Billboard (inglés), en el país galo diariamente son denunciadas 25.000 personas ante la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet (Hadopi, por su sigla en inglés) por usar servicios de P2P (es decir, compartir archivos directamente usando servicios de ‘torrents’ o programas como LimeWire) de manera ilegal.

La agencia Hadopi nació el año pasado, cuando el gobierno francés decidió atacar con fuerza el problema de piratería en línea por medio de una nueva legislación muy agresiva. La ley también se llama ‘de los 3 avisos’ porque establece que, después de ser denunciados por descargar contenido pirata usando P2P, quienes sean sorprendidos 3 veces en ese plan perderán acceso a Internet por hasta un año.

Con 25.000 denuncias diarias, son muchos quienes han sido investigados por Hadopi (si el organismo está haciendo su trabajo). Por desgracia, no existen cifras sobre cuántas reciben un seguimiento juicioso por parte de la agencia y se cree que la cantidad de denuncias ha desbordado la capacidad de la agencia. Con tantas quejas simultáneas, es difícil creer que lo está logrando sin tomar uno que otro atajo (y los atajos normalmente terminan perjudicando más a quienes son acusados que a quienes acusa).

Quizás los problemas con Hadopi han llevado al gobierno francés a revaluar su estrategia contra la piratería. La semana pasada, Francia comenzó a cambiar sus tácticas con una ley que, en lugar de castigar a los criminales, premia a los usuarios responsables con un subsidio. Los defensores de la libertad en Internet esperan que esta legislación sea aprobada y entre en vigor pronto, pues ante los fracasos de la represión en línea –incluida la Ley Hadopi–, es una solución creativa y proactiva que, de dar buenos resultados, podría ser imitada en varios países.

Francia subsidiará la música para frenar piratería

Luis Iregui V. — Fri, 15 Oct 2010 17:58:31 +0000

Francia sempre ha sido amable con la música pero odiosa con la distribución digital.

El gobierno galo parece ser bipolar a la hora de lidiar con la piratería informática. En años recientes, Francia se ha caracterizado por mantener una línea dura en contra de las descargas ilegales. La controvertida ley Hadopi –la cual puede revocarle el acceso a Internet a quien sea sorprendido descargando música ilegal tres veces– es una de las más estrictas en Occidente, pero ahora Francia quiere intentar una estrategia más pedagógica.

La nueva iniciativa (inglés) legal busca premiar a quienes adquieren música digital legalmente. De ser aprobado el proyecto, los franceses entre 12 y 25 años de edad podrán adquirir una tarjeta de música ‘carte musique’, la cual les costará 25 euros (64.000 pesos) pero tendrá 50 euros de crédito, cortesía del gobierno francés. El Estado prevé vender un millón de tarjetas al año, lo que se traduce en costos de 50 millones de euros (127.000 millones de pesos).

La ley además promueve el crecimiento equitativo de los distribuidores de música digital. Cada tienda podrá recaudar un máximo de 5 millones de euros (12.700 millones de pesos) de clientes que aprovechen el beneficio del gobierno. Esto significa que iTunes, Amazon y Napster no se llevarán toda la torta a pesar de ser los más populares de la fiesta, algo que ayudará a las pequeñas y medianas empresas francesas que les compiten.

La Comisión Europea –el máximo organismo de la rama ejecutiva de la Unión Europea– ha celebrado la legislación, reconociéndola como “bien diseñada” y como una ayuda para prevenir “distorsiones en la competencia”. La ley “contribuye a el pluralismo y la diversidad cultural en la industria musical en línea”, agregó la Comisión.

La idea detrás del programa es inculcar en los jóvenes la cultura de pagar por contenido digital en lugar de piratearlo. Lo interesante es que se trata de un mecanismo novedoso para luchar contra la piratería, pues en lugar de castigar, educa y promueve la legalidad. Además, al fomentar la competencia, podría tener efectos económicos beneficiosos que van más allá de desestimular la piratería.

Los demás gobiernos de Europa y el mundo deberían prestar atención al experimento francés en caso de que aprueben la ley. Es más, si funciona bien con la música, podrían pensar en ampliar el subsidio a otros contenidos digitales, como películas, juegos y libros electrónicos. En vista de los pobres resultados que han dado las estrategias coactivas que castigan a quienes comparten música en Internet, quizás éste sea el camino para reconciliar la industria del entretenimiento con los cibernautas.

Por desgracia, al depender de un subsidio, es poco probable que países con menos recursos puedan seguir los pasos de Francia. Sin embargo, siempre hay campo para la esperanza.