La iniciativa busca modernizar el sistema de recaudo y facilitar el acceso al transporte público en Bogotá. En lugar de recargar una tarjeta específica, los usuarios pueden usar medios de pago que ya tienen en el bolsillo: su celular, una tarjeta débito o crédito, o incluso un reloj inteligente compatible.

La prueba se está desarrollando de forma gradual en algunas estaciones del sistema. Si el piloto funciona correctamente, el mecanismo podría extenderse a más puntos de la red en los próximos meses.

El cambio apunta a reducir tiempos en los accesos y a ofrecer alternativas a quienes olvidan la tarjeta o necesitan pagar un viaje ocasional.

¿Qué se necesita para pagar TransMilenio con el celular?

El nuevo método utiliza tecnología de pago sin contacto. Es la misma que se usa actualmente en supermercados, tiendas o estaciones de servicio cuando se acerca una tarjeta al datáfono.

Para usar el celular como medio de pago es necesario tener una billetera digital configurada y vinculada a una tarjeta bancaria. Estas tarjetas suelen pertenecer a franquicias internacionales como Visa o Mastercard, que permiten realizar pagos simplemente acercando el dispositivo al lector.

Cuando el usuario llega al torniquete, solo debe acercar el teléfono al lector instalado en el acceso. El sistema procesa la transacción y, si el pago es aprobado, el torniquete se abre para permitir el ingreso.

El proceso tarda apenas unos segundos y funciona de manera similar al uso de una tarjeta sin contacto.

También es posible pagar acercando directamente la tarjeta bancaria o utilizando dispositivos como relojes inteligentes que tengan la función de pago activada.

¿En qué estaciones ya funciona esta forma de pago?

La implementación todavía se encuentra en etapa piloto. Por ahora, el sistema está disponible en dos puntos del sistema: la estación El Tiempo – Cámara de Comercio y el Portal Norte.

En estos lugares se instalaron lectores compatibles con pagos sin contacto para evaluar el funcionamiento del sistema en condiciones reales de operación.

Las autoridades del sistema de transporte analizarán el comportamiento de la tecnología antes de tomar la decisión de ampliarla a más estaciones.

¿Seguirá funcionando la tarjeta TuLlave?

La llegada de este nuevo método no significa el fin de la tarjeta TuLlave, que seguirá operando con normalidad.

Quienes utilizan la tarjeta personalizada continuarán teniendo beneficios que el pago con celular todavía no incluye. Entre ellos están los transbordos dentro de un tiempo determinado, la recuperación del saldo en caso de pérdida y algunas funciones asociadas a la cuenta del usuario.

El piloto busca ampliar las opciones de pago dentro del sistema, no reemplazar el mecanismo actual. A medida que avance la implementación, Bogotá podría acercarse a modelos de transporte donde el acceso funciona con los mismos medios de pago que se usan en la vida diaria.

Imagen: Editada con Gemini 

La acción fue radicada ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá e incluye una solicitud de nulidad del decreto y de suspensión provisional del aumento. Según los demandantes, la decisión de la Administración Distrital carece de sustento técnico suficiente y afecta de manera directa a millones de usuarios del transporte público.

El eje del reclamo no es menor. Para Carrascal y Cuesta, el aumento vulnera el derecho a la movilidad, al encarecer un servicio esencial para acceder al trabajo, la educación y otros servicios básicos, especialmente para los hogares de menores ingresos.

Aunque el decreto menciona variables como la inflación, el salario mínimo y los costos operativos del sistema, los accionantes sostienen que estas referencias no están acompañadas de estudios técnicos claros ni verificables que expliquen cómo se llegó al valor final del pasaje.

Cuestionamientos técnicos al cálculo del aumento

Uno de los puntos centrales de la demanda es la falta de trazabilidad en el cálculo tarifario. Según los demandantes, el Distrito no presentó documentos públicos que permitan entender la relación proporcional entre las variables económicas citadas y el incremento aprobado.

A su juicio, la motivación del decreto es apenas aparente. No existirían análisis completos que demuestren que el aumento era necesario, equilibrado o inevitable, ni que descartaran otras opciones antes de trasladar el mayor costo directamente a los usuarios.

Esta ausencia de sustento técnico, advierten, no solo debilita la legalidad del acto administrativo, sino que también impide el control ciudadano sobre una decisión que afecta el bolsillo de millones de personas a diario.

Impacto social y alternativas que no se evaluaron

La demanda también pone el foco en el impacto social del alza. Carrascal y Cuesta aseguran que el Distrito no realizó un análisis serio sobre cómo el aumento del pasaje afecta a los hogares más vulnerables, que ya destinan una proporción creciente de sus ingresos al transporte.

Para los demandantes, el transporte público no puede tratarse como un bien de consumo cualquiera. Se trata de un servicio público esencial, cuyo encarecimiento puede profundizar la desigualdad y limitar el acceso efectivo a derechos básicos.

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Además, cuestionan que la Administración Distrital no haya evaluado alternativas menos gravosas. Entre ellas, un uso más eficiente del Fondo de Estabilización Tarifaria, mejoras en la operación del sistema o una mejor focalización de los subsidios existentes.

Según la demanda, la decisión de aumentar la tarifa fue la salida más rápida, pero no necesariamente la más justa ni la más responsable desde el punto de vista social y económico.

Finalmente, los accionantes recalcan que esta acción judicial no responde a motivaciones ideológicas. Aseguran que su objetivo es proteger el interés general y recordar que el transporte público debe ser una herramienta de inclusión social, no un factor que profundice las brechas en Bogotá.