Uno de los asuntos que tendrá mayor atención será el mercado de telefonía móvil, donde la entidad advierte una elevada concentración entre los principales operadores. La propuesta también incluye revisiones sobre los precios, las condiciones de acceso a infraestructura, la posibilidad de cambiar de operador y los obstáculos que enfrentan las empresas más pequeñas para competir.

El documento, cuya versión fue revisada el 29 de octubre de 2026, organiza sus iniciativas en cuatro pilares: derechos de los usuarios y las audiencias, prospectiva sectorial, mercados y competencia, y fortalecimiento estratégico institucional.

La competencia concentra buena parte de las actuaciones previstas. De los 18 proyectos regulatorios incluidos, 14 corresponden a este pilar, lo que refleja la importancia que tendrá la revisión de las condiciones del mercado durante los próximos dos años.

Uno de los puntos que explica esta prioridad es la distribución de las líneas móviles. Según el análisis de la CRC, basado en la Resolución 8286 de 2026, el operador líder concentra el 53 % de las líneas, mientras que el grupo empresarial surgido de la integración de otros dos operadores reúne cerca del 39 %. Entre ambos representan alrededor del 92 % del mercado.

La Comisión identificó altos niveles de concentración y señaló la existencia de riesgos de coordinación tácita o explícita entre los principales participantes. Sin embargo, el documento aclara que esta observación no significa que la entidad esté afirmando que exista una conducta coordinada.

A esto se suman los movimientos en los precios. Según cifras del DANE citadas en el borrador, el grupo de información y comunicación del IPC registró un aumento del 2,96 % entre febrero y marzo de 2026. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó información a las empresas para identificar las causas de estos incrementos.

Telefonía móvil, infraestructura y calidad: qué cambiaría

Entre los proyectos nuevos aparece una revisión integral de los mercados móviles. La CRC estudiará las barreras que dificultan la entrada y expansión de operadores, las condiciones de acceso mayorista y los obstáculos que encuentran los usuarios cuando quieren cambiar de proveedor.

También revisará el funcionamiento del Roaming Automático Nacional y las condiciones en las que operan los operadores móviles virtuales, que utilizan infraestructura de terceros para ofrecer servicios.

La propuesta regulatoria de este proyecto está prevista para el primer trimestre de 2027 y la decisión para el segundo trimestre del mismo año.

Otra revisión importante corresponde a la infraestructura de transporte de telecomunicaciones. La CRC analizará si existen condiciones discriminatorias en el acceso a las redes mayoristas y si los operadores que controlan esa infraestructura pueden favorecer sus propios servicios frente a los de sus competidores.

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El análisis contempla mecanismos como la separación contable y un Observatorio de Rivalidad Competitiva, que permitiría hacer seguimiento a comportamientos del mercado y detectar posibles anomalías en los precios.

Los usuarios también aparecen entre los beneficiarios de las iniciativas. La Comisión proyecta una segunda fase de revisión del Régimen de Protección de Usuarios, así como la modernización de las mediciones de calidad móvil para incorporar la experiencia real de quienes utilizan los servicios.

La agenda incluye, además, proyectos sobre compartición de infraestructura de otros sectores, simplificación de obligaciones regulatorias, servicios postales y actualización de las reglas para televisión.

¿Cómo pueden participar las personas y las empresas?

La propuesta contempla la participación de operadores, usuarios, entidades públicas, academia, gremios y demás interesados como parte de la construcción regulatoria. La CRC señala que estos aportes permiten contrastar información e identificar necesidades del sector.

Por ahora, el documento corresponde a un borrador de planeación y no significa que las medidas anunciadas ya estén aprobadas o que vayan a implementarse automáticamente. Los proyectos deberán avanzar por sus respectivas etapas de análisis, participación y evaluación técnica.

Para quienes quieran intervenir, lo recomendable es consultar la publicación oficial del borrador y los canales de participación de la CRC. El documento revisado no precisa un formulario específico ni una fecha límite para presentar observaciones sobre esta versión, por lo que esos datos deben verificarse directamente con la entidad.

Se trata del Observatorio de Rivalidad Competitiva, presentado este 31 de agosto, con el objetivo de detectar posibles problemas de competencia antes de que terminen afectando a los usuarios.

La iniciativa llega en un momento particularmente sensible: el mercado acaba de atravesar la integración de Tigo y Movistar, una operación que modificó el equilibrio entre los principales operadores del país.

La propia CRC reconoce que esta transformación incrementó la concentración del mercado y plantea ahora un sistema de seguimiento para identificar posibles aumentos injustificados de precios, deterioro del servicio o prácticas que puedan dificultar la operación de empresas más pequeñas.

El mercado ya cambió

La integración Tigo-Movistar no es solamente una operación empresarial.

También representa un cambio en la estructura de un mercado en el que Claro ya tenía una posición dominante.

En su análisis, la CRC señala que el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), una de las herramientas utilizadas para medir la concentración de un mercado, aumentaría 755 puntos en accesos como consecuencia de la integración.

La cifra importa porque un aumento significativo del IHH significa que una mayor proporción del mercado queda concentrada en menos actores.

Y ese es precisamente uno de los puntos que habíamos analizado en anteriores notas de ENTER.CO: el riesgo no estaba solamente en quién tendría más usuarios, sino en qué ocurriría con la capacidad de los operadores pequeños para competir en un escenario dominado por grandes bloques.

Dos grandes actores frente al resto

La CRC pone sobre la mesa otro dato relevante.

COMCEL mantiene la mayor participación del mercado de servicios móviles, con 53 % de los accesos y 59 % de los valores facturados, según el diagnóstico citado por la Comisión.

Con la integración, Tigo-Movistar pasa a convertirse en un competidor de mucha mayor escala.

Esto no significa que Colombia tenga formalmente un duopolio.

Pero sí configura un escenario en el que dos grandes operadores tienen una capacidad competitiva muy superior frente a los jugadores de menor tamaño.

La diferencia es importante.

Una cosa es tener varios operadores compitiendo con participaciones relativamente equilibradas. Otra es que unos pocos concentren buena parte de los usuarios, los ingresos y la infraestructura necesaria para prestar los servicios.

La preocupación ahora está en los usuarios

El nuevo Observatorio no fue creado solamente para revisar tarifas.

La CRC quiere identificar posibles comportamientos de coordinación entre operadores, prácticas exclusorias, ventas atadas y situaciones en las que una empresa pueda aprovechar su posición en un mercado para fortalecerla en otro.

También existe preocupación por el acceso a infraestructura esencial.

En el documento de creación del Observatorio, la Comisión menciona expresamente riesgos relacionados con infraestructura como la fibra óptica y con prácticas que podrían dificultar la supervivencia de operadores regionales y operadores móviles virtuales.

El problema es que estos efectos no necesariamente aparecen de inmediato.

Un mercado puede seguir teniendo varias marcas y, al mismo tiempo, reducir progresivamente la presión competitiva.

Eso puede ocurrir si los operadores pequeños pierden capacidad para invertir, si encuentran dificultades para acceder a infraestructura o si las empresas más grandes pueden ofrecer paquetes y servicios que resulten difíciles de replicar.

El precio no es el único riesgo

Una de las advertencias más importantes de la CRC es que los efectos sobre los usuarios pueden aparecer en diferentes frentes.

En internet fijo residencial, por ejemplo, la Comisión señala que la integración podría generar incrementos de precios en determinados escenarios.

Pero también advierte que una mejora tecnológica podría compensar parcialmente ese efecto sobre el bienestar de los consumidores.

Esto plantea una discusión más compleja que simplemente preguntar si las tarifas subirán o bajarán.

El verdadero indicador será qué recibe el usuario a cambio de lo que paga.

Más cobertura, mejor velocidad y nuevas tecnologías podrían justificar determinados cambios de precio.

Pero si el aumento de tarifas no viene acompañado de mejoras equivalentes, el consumidor tendría menos alternativas para reaccionar.

Y ahí es donde la competencia adquiere importancia.

Una advertencia que ya estaba sobre la mesa

El debate sobre los posibles efectos de la integración tampoco comenzó con el anuncio del Observatorio.

Antes de que la SIC tomara su decisión, diferentes actores del sector ya habían planteado preocupaciones sobre la concentración.

WOM fue uno de ellos.

El 13 de noviembre de 2025, la compañía envió una carta abierta al entonces presidente Gustavo Petro en la que pidió frenar la integración Tigo-Movistar o imponer condiciones estrictas.

En la carta, WOM sostuvo que la operación podía dejar a Colombia con dos grandes actores —Claro y Tigo-Movistar— que juntos superarían el 90 % del mercado. También advirtió sobre posibles aumentos de precios, reducción de cobertura y una mayor brecha de conectividad.

La advertencia tenía, por supuesto, un componente empresarial: WOM es uno de los competidores que tendría que enfrentarse a ese nuevo escenario.

Pero también planteaba una pregunta que hoy vuelve a aparecer en el diagnóstico de la CRC: qué ocurre con la competencia cuando los operadores de menor escala quedan frente a compañías con una capacidad de inversión, infraestructura y base de clientes mucho mayor.

La SIC autorizó la operación

La discusión terminó con una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El 14 de noviembre de 2025, la SIC autorizó con condicionamientos la integración empresarial entre Tigo y Movistar.

La entidad señaló que la operación podía generar beneficios potenciales para el mercado, como mayores inversiones, mejoras en cobertura y calidad y eficiencias derivadas de la consolidación de infraestructura.

Pero también identificó riesgos para la competencia.

Por eso estableció medidas relacionadas con el acceso a redes, los operadores móviles virtuales, servicios empaquetados y mecanismos de vigilancia.

Los condicionamientos quedaron previstos inicialmente por cuatro años o hasta que la CRC establezca una regulación que responda a las nuevas condiciones del mercado.

Es decir, la integración fue autorizada, pero no quedó fuera del radar de las autoridades.

Ahora la CRC vuelve a mirar el mercado

La creación del Observatorio puede entenderse como el siguiente capítulo de esa historia.

La CRC quiere pasar de analizar únicamente la estructura del mercado a vigilar su comportamiento.

El mecanismo utilizará datos transaccionales y herramientas de análisis microeconómico para identificar señales tempranas.

La idea es detectar si aparecen aumentos injustificados de precios, deterioro en la calidad, prácticas de exclusión o comportamientos que reduzcan la presión competitiva.

En su documento, la Comisión incluso advierte que COMCEL y Tigo pueden tener incentivos para una eventual coordinación y que, si esta llegara a materializarse, el impacto sobre el excedente de los consumidores podría ser considerable.

Eso no significa que exista actualmente una coordinación entre ambos operadores.

Es una hipótesis de riesgo que la autoridad quiere poder detectar antes de que produzca efectos mayores.

¿Llegó tarde la vigilancia?

Aquí aparece la discusión más incómoda.

La SIC autorizó la integración con condiciones.

Los operadores que se oponían a la operación presentaron sus argumentos.

Y ahora, después de que la estructura empresarial cambió, la CRC está creando una herramienta para vigilar precisamente los efectos que podrían surgir de esa concentración.

No significa que las autoridades hayan actuado de manera incorrecta.

Tampoco permite afirmar que los riesgos advertidos necesariamente se materializarán.

Pero sí deja una pregunta legítima sobre el momento de la regulación: ¿era suficiente anticipar los riesgos antes de aprobar la operación o era necesario contar desde entonces con un mecanismo de vigilancia mucho más robusto?

La respuesta comenzará a aparecer en los datos.

La verdadera prueba será el usuario

La integración Tigo-Movistar ya es una realidad empresarial.

Ahora comienza una etapa diferente.

Habrá que observar si el nuevo tamaño de Tigo-Movistar se traduce en más inversión, mejores redes y mayor capacidad para competir frente a Claro.

Pero también habrá que vigilar el otro escenario: que la concentración reduzca las alternativas, debilite a los operadores pequeños o facilite comportamientos que terminen aumentando los costos para los consumidores.

Ese será precisamente el trabajo del Observatorio.

La CRC recibirá comentarios sobre su propuesta entre el 1 y el 21 de septiembre de 2026, antes de avanzar en la construcción definitiva de sus lineamientos.

El mercado, mientras tanto, ya cambió.

Y ahora la pregunta dejó de ser qué podría pasar si Tigo y Movistar se integraban.

La pregunta va más allá: ¿qué está pasando con la competencia y qué terminarán pagando —o ganando— los usuarios como consecuencia de esa nueva estructura?.

La solicitud presentada ante la SIC busca que la autoridad de competencia analice el alcance de la alianza, sus eventuales efectos en el mercado y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse. Según lo informado por ETB, se trata de un esquema de colaboración comercial que, por ahora, no contempla modificaciones en la estructura societaria de ninguna de las dos compañías.

En términos prácticos, la alianza apuntaría a fortalecer la oferta de televisión de ETB mediante la integración de contenidos y capacidades de DirecTV, una empresa con amplia experiencia en distribución audiovisual y plataformas de televisión satelital y digital. Para ETB, este movimiento se alinea con su proceso de transformación hacia un modelo Techco, con el que busca diversificar su portafolio más allá de la conectividad tradicional.

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Desde la perspectiva de los usuarios, el acuerdo podría traducirse en una oferta más integrada de servicios, con paquetes que combinen internet, televisión y eventualmente otros productos digitales. También abre la puerta a una mayor disponibilidad de contenidos bajo demanda y a esquemas de contratación más flexibles, en respuesta a los cambios en los hábitos de consumo audiovisual.

No obstante, estos posibles beneficios están sujetos a la evaluación de la SIC. Durante el análisis, la entidad puede solicitar información adicional, imponer condiciones o incluso objetar la operación si considera que afecta la libre competencia. El regulador deberá determinar si la alianza genera concentraciones indebidas o barreras de entrada para otros actores del mercado.

¿Cómo encajaría esta alianza frente a Tigo y Movistar?

La notificación llega en un momento de alta reconfiguración del sector. Tigo y Movistar han avanzado en procesos de consolidación y fortalecimiento de sus ofertas convergentes, integrando televisión, internet fijo y móvil bajo una misma marca y estrategia comercial. Frente a ese escenario, una alianza entre ETB y DirecTV podría convertirse en una respuesta para competir en igualdad de condiciones, especialmente en el segmento de televisión y entretenimiento.

A diferencia de sus competidores, ETB no cuenta con una operación nacional de televisión robusta. La posible alianza le permitiría ampliar cobertura y enriquecer su catálogo sin asumir, al menos en esta fase, una inversión directa en infraestructura audiovisual. Para DirecTV, el acuerdo representa una vía para reforzar su presencia en mercados donde ETB mantiene una base sólida de clientes de conectividad.

Si la SIC da luz verde, el reto estará en cómo se materializa la alianza en precios, calidad de servicio y experiencia de usuario. En un entorno marcado por la competencia con plataformas de streaming y operadores integrados, la sostenibilidad del acuerdo dependerá de su capacidad para ofrecer valor real al consumidor y no solo una suma de marcas.

Por ahora, el proceso está en manos del regulador. El desenlace definirá si esta alianza se convierte en un nuevo actor relevante del mercado o queda como un intento estratégico condicionado por las reglas de competencia.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció una actualización en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones (RPU). Esta es la norma, que será actualizada desde el 1 de enero de 2018, es la que establece las reglas básicas para la relación entre el usuario de comunicaciones y su operador. Uno de los cambios más importantes que incluye el nuevo régimen de protección es el que tiene que ver con la reducción del tiempo de indisponibilidad del servicio para acceder a la compensación. Desde el primero de enero, “cuando el servicio esté indisponible por 2,5 horas, el usuario tiene derecho a la compensación en el caso de los servicios de telefonía e Internet”, explicó la CRC.

Actualmente, el tiempo mínimo de indisponibilidad del servicio necesario para acceder a una compensación es de siete horas. Gracias a la nueva reglamentación, cualquier usuario de telefonía o Internet que quede sin servicio por más de 2,5 horas podrá pedir una compensación a su operador. 

Otros de los cambios más importantes en internet y telefonía son:

Gratuidad de trámites: el operador no te puede cobrar cuando como usuario presentes PQR (peticiones, quejas, reclamos o recursos), acudas a los medios de atención o adelante cualquier trámite para el ejercicio de tus derechos.

Valor de reconexión: el valor a pagar por la suspensión del servicio por no pago, solo podrá estar asociado a los costos de operación de la reconexión. Cuando se trate de un paquete de servicios, el operador solo puede cobrar un valor de reconexión por cada tipo de conexión empleado en la prestación de los servicios (ejemplo: fibra, satelital, cable coaxial).

Inclusión de un “histograma” en la factura: para el caso de las facturas de telefonía (fija y móvil) e internet móvil, se incluirán gráficas que permitan al usuario evidenciar y comparar sus consumos de los últimos 6 meses.

Comparador de tarifas: los usuarios podrán comparar los planes y tarifas ofrecidas por el operador en su página web.

Atención telefónica: la atención a través de las líneas telefónicas será las 24 horas, los 7 días de la semana, solo para PQR relacionadas con reporte de hurto o extravío de equipo terminal móvil, fallas en el servicio y activaciones.

Simplificación de contrato para servicios fijos: a partir del 1 de enero de 2019, entra en vigencia la implementación del nuevo formato para contrato de servicios fijos en el que se elimina la “letra pequeña” y se especifican las condiciones del servicio en una sola hoja.

Cursos gratuitos para los usuarios

La CRC, en alianza con la Corporación Universitaria Unitec, abrió un curso virtual gratuito al cual podrán acceder todos interesados que quieran conocer más acerca del nuevo Régimen de Protección.

“El curso es una herramienta muy importante para aprender y conocer nuestros derechos y deberes como usuarios de los servicios de comunicaciones. Invitamos a todos los ciudadanos a inscribirse de manera gratuita en la sección “aprendiendo como es” en el portal www.comunicadoscomoes.gov.co. y acceder al curso gratuito, en que entenderán a través de casos prácticos todo sobre el nuevo RPU”, agregó Germán Darío Arias Pimienta, director ejecutivo y experto comisionado de la CRC.

Imagen: ENTER.CO, drew_dslr (vía Flickr)