¿Por qué Wom ya no podrá llamarse así en Colombia?

Un poco de contexto: la compañía que opera en el país bajo el nombre de Wom es realmente Partners Telecom Colombia S.A.S., pero desde su llegada decidió utilizar la marca comercial. La razón de esto es que, en 2020, tanto WOM Chile como WOM Colombia funcionaban bajo la bandera de una misma firma de inversiones: Novator.

Sin embargo, hace un año se hicieron evidentes los problemas financieros de ambas filiales, lo que las llevó a iniciar procesos de bancarrota. El resultado final fue que ambos operadores pudieron seguir funcionando, pero bajo el mando de dos compañías diferentes. En el caso de Colombia, la empresa SUR Holding fue la que tomó el control del operador.

En enero de 2026, WOM SpA —propietaria de los derechos de la marca— denunció que Partners Telecom Colombia está usando su nombre sin autorización. De acuerdo con la compañía, en julio de 2025 expiró el contrato de licencia que permitía el uso del nombre; por esta razón, el uso actual de la marca se estaría realizando de forma ilegal.

En respuesta a esta denuncia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a Partners Telecom Colombia que deje de utilizar la marca WOM, iniciando con la remoción de cualquier material promocional o referencia comercial. Esto también implicaría el cambio o bloqueo de sus dos dominio web en el país wom.co.

¿Qué es lo que sigue ahora para WOM en Colombia?

En respuesta a las acciones de la SIC, Wom Colombia aseguró que “defenderá vigorosamente sus derechos legales y continuará prestando servicios de telecomunicaciones de alta calidad a sus clientes”.

No obstante, la declaración no resuelve las principales dudas de los usuarios sobre cómo se solucionará el pleito legal. Todo parece indicar que, si el operador en Colombia no responde, WOM Chile instará a la SIC a tomar acciones más drásticas para forzar la medida.

Es un panorama complejo, especialmente porque la denuncia de WOM Chile no solo incluye el uso no autorizado de la marca, sino también el incumplimiento de responsabilidades, como pagos pendientes y una denuncia por gastos administrativos.

Todo esto ocurre poco después de que la empresa saliera de una crisis financiera que requirió la intervención del gobierno. Un año después del rescate, la situación no parece mejorar para la compañía, que sigue asegurando que su supervivencia es improbable a menos que se controlen los supuestos monopolios del mercado. WOM, por ejemplo, ha sido uno de los mayores detractores de la fusión entre Movistar y Tigo, asegurando que dicha unión llevaría a un duopolio que asfixiaría a los operadores más pequeños en el país.

WOM Colombia asegura que se está transformando

A través de una comunicación en sus redes sociales la compañía aseguró que sus servicios están funcionando con normalidad y que se encuentra en un proceso de transformación que “va más allá de su nombre”, que tomará algunos meses. También informó a sus usuarios que la URL de su página cambio y que ahora los podrán encontrar en www.movilPT.co

¡Nos estamos transformando!💪

Nuestros servicios siguen funcionando con total normalidad.

Ahora nuestra URL temporal es 👉 https://t.co/5UWxh5bWLa 📲 pic.twitter.com/cjvj62nyR9

— WOM Colombia (@womcolombia) February 9, 2026

Imágenes: Wom

Según el ente regulador, Claro ha sido multada con más de mil millones de pesos colombianos (1.003.549.640 pesos), mientras que Tigo enfrenta una sanción de aproximadamente trescientos millones de pesos (304.875.840 pesos). Estas multas se derivan de acciones que comprometen la privacidad y el manejo adecuado de la información personal de los consumidores.

La investigación contra Claro se originó a partir de la denuncia de un ciudadano, quien acusó a la empresa de acceder a su historial crediticio sin autorización previa ni necesidad de servicio por parte del usuario. La SIC descubrió que la empresa no respetaba el deber de utilizar la información personal solo para los fines autorizados por los titulares. 

Por otro lado, Tigo fue sancionada tras la queja de otro usuario, quien solicitó reiteradamente la eliminación de sus datos personales de las bases de la empresa entre mayo de 2019 y diciembre de 2020. Además de esto, solicitó el cese de los mensajes de texto con multas comerciales y peticiones. 

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Ambas empresas tienen la opción de presentar un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales o un recurso de apelación ante el Superintendente delegado para la Protección de Datos Personales. 

De hecho, desde Claro Colombia emitieron un comunicado donde aseguran que procederán legalmente. “Claro Colombia informa que, con respecto al acto administrativo emitido por la SIC, presentará los recursos procedentes frente a la decisión”, se lee en el comunicado. 

“Asimismo, resalta que es una compañía que siempre ha trabajado por el cumplimiento y respeto de la regulación existente en materia de Habeas Data y Protección de Datos Personales en pro de los derechos de los usuarios. Para eso, ha implementado políticas de tratamiento de datos personales que aseguran el correcto tratamiento de los datos de sus clientes.”, concluye Claro en su documento.  

Lo cierto es que estas sanciones se suman a otras acciones recientes de la SIC contra Claro, que también fue multada por irregularidades en la atención al cliente en uno de sus centros de servicio.

Imagen: montaje ENTER

Tal vez una entidad o empresa privada te ofrece sus servicios porque alguna vez compartiste tus datos con ellos y no lo recuerdas. Pero tranquilo, que siempre que lo desees puedes hacer uso de tu derecho a “administrar, corregir o eliminar” tus datos de las bases de datos de las empresas. Así que presta atención que vamos a darte las ideas de cómo hacerlo. El Decreto 1377 de 2013, con el que se reglamentó parcialmente la Ley General de Protección de Datos Personales, nos arroja una idea de cómo hacer este proceso. En el artículo 9 dice: “Los Titulares podrán en todo momento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la presen­tación de un reclamo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012″.

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Dicho esto, entonces nos queda consultar cómo hacer este reclamo, para ello, consultamos el artículo 15 de la Ley 1581 de 20212 que dice así: “podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento”. Este mismo artículo establece una serie de condiciones que debes cumplir para presentar dicho reclamo. Aquí te las contamos:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer.
2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles
3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de mis datos?

Para tener una certeza a esta pregunta, consultamos con la Superintendencia de Industria y Comercio, donde nos aclararon que: “El Responsable del Tratamiento de los datos personales es una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los mismos”.

En síntesis, si quieres eliminar tus datos de una base de datos y deshacerte para siempre de esas llamadas indeseadas, debes:

1. Redactar una solicitud dirigida a la empresa pública o privada que hace la comunicación, incluyendo tu nombre e identificación, solicitando que tus datos sean eliminados de su base de datos.
2. Radicarla de manera presencial o por los canales de comunicación establecidos por la entidad (como PQRS o correo electrónico).
3. Esperar unos 15 días hábiles a la respuesta. En caso de no obtener respuesta ni solución, tendrás que notificar a la SIC sobre esta vulneración a tu derecho.

Imagen: Taylor Grote en Unsplash

La decisión, que fue emitida a través de un comunicado en la página web de la SIC, no busca que los restaurantes eliminen del todo los códigos QR para acceder a sus menús, sino que su uso pase a ser una alternativa a las tradicionales cartas físicas. Una de las razones, según la circular, es que continuar con la obligatoriedad de la modalidad digital atenta contra el derecho al trato equitativo y al acceso de información de quienes no cuentan con dispositivos tecnológicos aptos para escanear esos códigos.

“A pesar de que el código QR representa una modalidad alternativa para la presentación del listado de precios o la carta de los lugares dedicados al expendio de comidas y/o bebidas, no puede ignorarse que su uso exclusivo obedeció a una medida excepcional y transitoria necesaria para atender la emergencia sanitaria y evitar la propagación del virus, medida que hoy no se encuentra vigente”, sostuvo la entidad que también aprovechó para recordar que los locales dedicados a la gastronomía deben contar con al menos una carta física visible a la entrada de los establecimientos para que los consumidores puedan elegir si entrar o no a ellos, dependiendo de los precios ofrecidos.

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La SIC advirtió que las personas naturales o jurídicas que se abstengan de ofrecer la carta física, podrían ser sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, que contempla desde la imposición de multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, hasta el cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días.

Por último, la Superintendencia también recordó que las medidas de bioseguridad relacionadas con el uso de tapabocas en bares y restaurantes en espacios cerrados, o la presentación del carné de vacunación para permitir el ingreso a dichos establecimientos, ya no se encuentran vigentes, por lo que los establecimientos deberán abstenerse tanto de continuar con dichas exigencias, como de implementar otras diferentes.

Imágenes: Foto de Albert Hu en Unsplash 

Este jueves 5 de mayo, Nequi sigue sin funcionar. Los servicios comprometidos según la empresa y según las quejas de los usuarios están relacionados con las transferencias interbancarias, los pagos con PayPal, las recargas, el envío de códigos para efectuar retiros en efectivo e, incluso, en algunos casos, con el mismo inicio de sesión en la plataforma.

@sicsuper Quien nos ayuda o protege como clientes con respecto a @Nequi ???
Las respuestas predeterminadas que nos comparten por redes sociales no sirven de nada y el problema ha persistido por meses…
Tenemos derechos?

— NEA. (@quevueltanea) May 5, 2022

El problema, según los mismos usuarios les ha impedido cumplir con obligaciones típicas de principio de mes, como el pago de servicios, el pago de alquileres; pero también con actividades cotidianas como contar con dinero para desplazarse a los lugares de trabajo o poder comprar alimentos.

Hasta ahora Nequi no ha explicado el motivo de la caída. El único comunicado que ha emitido está publicado en redes sociales y en él la organización solo informa que en efecto la aplicación presenta fallas y que el equipo técnico del servicio está trabajando para solucionarlas. Aún se desconoce el momento en el que la app volverá a funcionar sin inconvenientes, por lo tanto la empresa aconsejó a sus usuarios emplear, “mientras tanto”, servicios como la Tarjeta Nequi, las recargas y pagos por PSE, o por corresponsales bancarios, los cuales sí funcionan con normalidad.

Nuestra app Nequi está teniendo fallas ⚙️ y estamos trabajando para solucionarlo.
Mientras tanto, servicios como Tarjeta Nequi, recargas y pagos por PSE, recargas en corresponsales bancarios funcionan con normalidad. Volveremos con todas nuestras funcionalidades pronto 💜

— Nequi (@Nequi) May 5, 2022

Imágenes: Nequi

De acuerdo con la Superindustria, y después de que usuarios del servicio presentara quejas sobre el portal de DirecTV, la entidad inició una investigación al sitio web del servicio de cable. Lo que encontró es que el portal de la compañía no ofrecía un acceso directo a su formulario de PQR, sino que cuando un usuarios solicitaba presentar esta información se le imponían requisitos adicionales que, a juicio de la Superindustria, tenían como objetivo el obstaculizar la presentación de estas quejas. Por ejemplo, solicitaba el contar con un usuario y una contraseña registrados. En caso de no contar con ellos, debía crear uno y aceptar los términos y condiciones.

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Aunque muchas páginas requieren incluir información de contacto al momento de solicitar la creación de un PQR, el problema de la Superindustria está en la imposición de un usuario (que es diferente a la solicitud de información de contacto) y el hecho de que el verdadero formulario de creación esté escondido detrás de este requisito.

DirecTV es la tercera compañía que la Superindustria sanciona en un periodo de dos semanas. La semana anterior la entidad sancionó a Almacenes Éxito y Banco de Bogotá por vulnerar los datos personales, después de que usuarios se quejarán de que su información había sido utilizada sin autorización para incluirlos en cadenas de correos o mensajes de texto. La Superindustria hace poco también presentó una guía de contenido patrocinado para los influenciadores y creadores de contenido colombianos, después de recibir quejas de consumidores frente a la manera en la que se presentaban algunos de la información pautada en las redes sociales.

Imágenes: DirecTV

Este lunes, en un comunicado publicado en su página web, la Superindustria notificó que Uber Colombia S.A.S. había sido sancionado con una multa de 2.128 millones y medio de pesos, luego de comprobar que su conducta incumplió las órdenes e instrucciones que le habían sido dadas por esa Superintendencia.

Además, el texto señala que la sanción se debe a que Uber también obstruyó una visita administrativa que adelantaba Superindustria el 13 de octubre de 2017, cuatro años después de su llegada al país, en la sede administrativa de la empresa a cargo de la plataforma de servicio de transporte, ubicada en Bogotá.

Les aplicaron la tarifa dinámica

El texto señala que, luego de realizar un proceso administrativo en contra de Uber Colombia, descubrieron que la empresa instruye a sus funcionarios para que no den información sobre el negocio y la empresa ni otorguen acceso a computadores o equipos de la compañía cuando una autoridad administrativa, como la Superindustria, realice una visita.

El informe agrega que “la empresa presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios de la Delegatura de Protección de la Competencia” e “hizo caso omiso a múltiples requerimientos para poner en marcha los procedimientos internos de inspección de documentos y archivos electrónicos sobre los cuales se presentaron bloqueos”.

Luego, el texto agrega que Uber Colombia “obstruyó la entrega de diferentes documentos corporativos (estatutos, actas de asambleas, balances, etc) requeridos por los funcionarios de la Delegatura por tener relación directa con el objeto de la visita”.

Lee más sobre Uber en este enlace.

Por otro lado, el boletín indica que también hay una sanción en contra de tres personas naturales, quienes colaboraron y llevaron a cabo la obstrucción a la visita administrativa y el incumplimiento de las órdenes e instrucciones sobre las que se hizo mención anteriormente. Adicionalmente, comprobaron que esas personas presentaron declaraciones evasivas e incompletas sobre sus cargos, funciones y conocimientos sobre la estructura corporativa en Uber.

Las personas naturales multadas, según el comunicado, son: Natalia Patricia Caroprese Castro y Felipe Alberto Sandoval Villamil, quienes eran asesores legales de Uber Colombia al momento de los hechos, que deberán pagar 14.906.000 de pesos y 24.483.000 de pesos, respectivamente. Además, también fue multado Andrés Felipe Bedoya Sánchez, gerente de las oficinas de Uber Colombia en aquel momento, que deberá pagar 4.968.000 de pesos.

Imágenes: Muhamad Kaddoura y Bulat Silvia (vía: iStock).

Desde las empresas unipersonales, pasando por los tenderos y los pequeños comerciantes, hasta los profesionales independientes que usan bases de datos, todos están obligados a registrar esta información hasta finales de junio. Así lo estipuló la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en noviembre del 2016, cuando informó que ampliaría el plazo para el registro de las bases de datos empresariales hasta el próximo 30 de junio de 2017.

Y aunque el 9 de noviembre del año pasado se venció el primer lapso de tiempo para registrar las bases de datos, según información de la SIC, menos de 10.000 organizaciones cumplieron para esa fecha con la obligación dispuesta por el régimen general de protección de datos personales, reglamentado por la Ley 1581 de 2012. Por esto, aquellos empresarios que no registren sus bases de datos a tiempo podrían incurrir en multas económicas que van hasta los 1.400 millones de pesos.

¿Cuál es el propósito de la norma?

De acuerdo con Adalid, una firma especializada de seguridad de la información, lo anterior indica que la mayoría de los colombianos no entendieron el propósito de dicha normativa, que cobija a todas las entidades de naturaleza pública, privada y sociedades de economía mixta. “En su mayoría, entre los que sí cumplieron dentro del primer plazo, estaban las actividades económicas del comercio al por mayor y menor; industrias manufactureras; actividades financieras y de seguros; actividades profesionales, científicas y técnicas, y empresas del sector de la información y las comunicaciones”, aseguraron voceros de Adalid.

Además, según advierte el ingeniero John Jairo Echeverry, director de servicios informáticos de Adalid, “la protección del derecho de Habeas Data en el país ha venido acompañada de la debida regulación en materia legislativa y de una apropiada reglamentación en materia administrativa, sin embargo, la gran mayoría de las empresas aún no se han alineado con la cultura de protección de datos personales”.

Esta cultura está relacionada con el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas, en bases de datos y en todo tipo de archivos, y se constituye como la principal herramienta de supervisión que tiene la SIC para ejercer la vigilancia y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos en el manejo y la administración de sus datos personales.

Todos deben registrar sus bases de datos

Echeverry añadió que “nadie se salva de entrar en esta norma porque los responsables del registro son todas las sociedades, aunque tengan un solo empleado o activos muy pequeños. Además, es importante aclarar que incluso aquellos comerciantes u organizaciones privadas como conjuntos cerrados y edificios, están en la obligación de cumplir con esta obligación”. Así mismo, tampoco importa la cantidad o el tipo de datos personales que se administren, o si estos únicamente existen en físico y sin ninguna clase de sistematización: la norma los cobija a todos.

Aunque la falta de pedagogía e información generó un porcentaje de registro muy pobre en su primera etapa de implementación, es importante que los empresarios estén alertas y tengan en cuenta el plazo del 30 de junio para evitar las sanciones que ya comenzaron a aplicarse y que van desde dos mil (2.000) salarios mínimos hasta el cierre temporal o definitivo de estas organizaciones.

Imagen: Pexels.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) afirmó este jueves que los operadores de televisión por cable y satélite no deben dejar de emitir la señal de Caracol y RCN, los canales privados de televisión abierta. El pronunciamiento ocurrió luego de que, el miércoles, cuatro de las empresas de este tipo que más suscriptores tienen en el país (Telmex/Claro, Directv, Movistar y ETB) anunciaron que dejarán de emitir las señales SD o análogas de Caracol y RCN.

“No existe ninguna razón para que las empresas de cableoperadores cesen la transmisión de la señal análoga”, afirmó Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, según reporta Portafolio.

La decisión de los operadores se produjo luego de una medida cautelar de la SIC, que les prohibió transmitir las señales de Caracol y RCN tanto en SD como en HD sin permiso de los respectivos canales, pues sin este podrían incurrir en prácticas de competencia desleal. Enseguida, Caracol y RCN emitieron sus respectivas autorizaciones –hasta diciembre y septiembre, respectivamente– para que los operadores retransmitan su señal, informa El Espectador, diario propiedad del Grupo Santodomingo que también es dueño de Caracol TV.

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), el ente regulador de ese negocio en Colombia, le pidió este jueves a la SIC que levante su medida cautelar y advirtió a las cableras que no deben dejar de ofrecer la señal de los canales privados, de acuerdo con la agencia de noticias Colprensa.

Los colombianos sí podrán ver el Mundial por cable

La SIC, según El Tiempo, ya les había pedido a los operadores que les garantizaran a sus usuarios la recepción de la señal por mecanismos diferentes a las que usan para transmitir los canales cerrados. Hoy, tanto las señales abiertas como las cerradas ‘viajan’ al televisor del usuario a través de la misma tecnología, bien sea fibra óptica o satélite.

A juicio de los canales, esa manera de prestar el servicio interfiere con el derecho de todos los colombianos a disfrutar de la televisión abierta. “Los suscriptores han quedado esclavizados a los operadores de ese servicio y, en caso de una falla o atraso, no pueden ver la señal de los canales que son gratuitos“, le dijo a RCN Radio Juan Fernando Ujueta, secretario general del canal de televisión de esa casa.

Este conflicto ocurre a pocos días del inicio del Mundial de fútbol, el evento televisivo y comercial más importante del año para Colombia. Es el segundo capítulo de una pelea que comenzó cuando Caracol y RCN les exigieron a los operadores que pagaran para poder transmitir sus señales HD, algo a lo que las empresas se han negado.

En la práctica, eso significa que los usuarios de todos los operadores, excepto Directv, que tiene los derechos, no podrán ver el Mundial en HD a través de sus codificadores de TV paga. Si las cableras dejaran de transmitir del todo a Caracol y RCN, dejarían a muchos colombianos sin Mundial, a menos de que se vuelvan a pasar a televisión abierta.

Imagen: Arnold Chao (vía Flickr).