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Rappi y Banorte reciben multa millonaria en México por operación no autorizada

Digna Irene Urrea — Mon, 25 May 2026 18:35:32 +0000

La multa que recibieron Rappi y Grupo Financiero Banorte en México va mucho más allá de una sanción económica. La decisión de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) revela cómo las autoridades empiezan a vigilar con más fuerza el poder que están acumulando las plataformas tecnológicas dentro del sistema financiero.

La autoridad mexicana sancionó a ambas compañías con 19,9 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 1,15 millones de dólares, por ejecutar una operación empresarial sin autorización previa. Según la CNA, Banorte obtuvo facultades para intervenir en decisiones relacionadas con el negocio de tarjetas de crédito de Rappi desde julio de 2020, sin esperar el aval del organismo antimonopolio.

Aunque la cifra puede parecer pequeña para empresas de este tamaño, el mensaje sí resulta grande: las fintech y las apps tecnológicas ya no están operando en un terreno gris donde las reglas financieras avanzan más lento que la innovación.

La discusión no gira solamente alrededor de una multa. Lo que realmente preocupa a las autoridades es el crecimiento acelerado de las plataformas digitales que ahora ofrecen créditos, cuentas, tarjetas y otros servicios que antes estaban reservados para bancos tradicionales.

El negocio financiero que convirtió a Rappi en algo más que una app de domicilios

Hace algunos años, Rappi era vista únicamente como una plataforma de entregas. Hoy compite en servicios financieros con productos como RappiCuenta y tarjetas de crédito desarrolladas junto a entidades bancarias.

Ese movimiento también ha ocurrido con otras tecnológicas en América Latina. Las apps quieren quedarse más tiempo contigo, conocer mejor tus hábitos de consumo y convertir esa información en nuevos negocios financieros.

Por eso las autoridades antimonopolio observan cada vez más estas alianzas.

La CNA explicó que las concentraciones empresariales deben revisarse antes de concretarse porque pueden afectar variables sensibles como precios, calidad del servicio o la cantidad de opciones disponibles para los consumidores.

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El punto central del caso es que Banorte habría adquirido capacidad de influencia dentro del negocio crediticio de Rappi antes de recibir autorización oficial. Para la autoridad mexicana, eso rompe una obligación legal diseñada precisamente para evitar ventajas indebidas en mercados altamente sensibles.

Y aquí aparece otro detalle importante: el sector financiero tiene reglas mucho más estrictas que otras industrias digitales porque cualquier cambio puede impactar directamente el bolsillo de millones de usuarios.

La presión regulatoria empieza a alcanzar a las big tech latinoamericanas

La sanción también refleja algo que viene creciendo en varios países: el endurecimiento regulatorio frente a las grandes plataformas tecnológicas.

Durante años, muchas startups crecieron bajo la lógica de “moverse rápido” mientras las leyes intentaban ponerse al día. Pero el tamaño que alcanzaron algunas compañías cambió completamente la conversación.

Rappi, Mercado Libre, Nubank y otras fintech regionales ya manejan pagos, créditos y productos financieros que compiten con bancos tradicionales. Eso obliga a los gobiernos a revisar cómo evitar concentraciones excesivas o posibles abusos de mercado.

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En el caso de México, la CNA insistió en que estas autorizaciones previas no son simples trámites administrativos. La entidad sostiene que, una vez ejecutadas ciertas operaciones, revertir sus efectos puede resultar muy difícil.

Hasta ahora, ni Rappi ni Banorte han entregado una postura pública incluida dentro de la resolución oficial. Sin embargo, la autoridad confirmó que ambas compañías todavía pueden acudir a tribunales especializados para intentar controvertir la sanción.

Mientras eso ocurre, el caso deja una señal para toda la industria tecnológica regional: las apps financieras ya están siendo tratadas con el mismo nivel de vigilancia que los grandes jugadores bancarios.

Nuevo decreto en Colombia cambiará cómo usas tu dinero: así funcionan las finanzas abiertas obligatorias

Digna Irene Urrea — Tue, 14 Apr 2026 13:05:44 +0000

La expedición del Decreto 0368 de 2026 marca un cambio en la forma en que circula la información financiera en Colombia. La norma establece la implementación obligatoria de un sistema de finanzas abiertas que permitirá a los usuarios autorizar el uso de sus datos para acceder a nuevos productos y servicios, con el objetivo de ampliar la competencia y facilitar el acceso al crédito.

El modelo parte de una premisa sencilla: los datos financieros pertenecen al usuario. Bajo este esquema, las entidades solo podrán compartir esa información cuando exista un consentimiento previo, expreso e informado. Esto incluye datos sobre productos financieros, historial transaccional y procesos de vinculación como cliente, entre otros .

La medida también introduce un cambio en las reglas del mercado. Según lo establecido, todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán participar obligatoriamente como proveedoras o receptoras de datos. Esto implica que bancos, aseguradoras, fiduciarias y otras instituciones deberán habilitar el acceso a la información bajo estándares comunes.

Para el usuario, el funcionamiento será progresivo. Una persona podrá autorizar a una entidad —por ejemplo, una fintech o un banco— a consultar su información financiera en otra institución. Esa autorización deberá detallar qué datos se comparten, con qué finalidad y por cuánto tiempo. Además, el sistema exige una doble verificación: primero la autorización y luego una confirmación antes de que los datos sean efectivamente transferidos .

Un sistema con reglas comunes y nuevos actores

El decreto establece que la Superintendencia será la encargada de definir los estándares técnicos, tecnológicos y operativos que permitirán la interoperabilidad del sistema. También deberá publicar, en un plazo máximo de seis meses, un cronograma para implementar estos estándares de forma gradual.

Otro de los elementos centrales es la creación de un directorio de participantes. Esta herramienta permitirá identificar a las entidades que forman parte del sistema y los roles que desempeñan, lo que facilitará la transparencia y el control del ecosistema.

Aunque la participación es obligatoria para las entidades vigiladas, el modelo abre la puerta a terceros no vigilados, como empresas tecnológicas, que podrán integrarse de manera voluntaria. Para hacerlo, deberán cumplir con requisitos definidos por la regulación y acordar su vinculación con proveedores de datos, sin que existan condiciones discriminatorias .

Cómo podrán participar los usuarios y las empresas

Para las personas, el proceso será directo: podrán decidir si autorizan o no el uso de sus datos. También tendrán la posibilidad de revocar esa autorización en cualquier momento, solicitar información sobre el uso de sus datos o negarse a compartirlos sin que esto afecte el acceso a servicios básicos.

En el caso de las empresas, la participación dependerá de su rol. Las entidades vigiladas deberán adaptarse obligatoriamente a los estándares y habilitar el intercambio de información en los plazos definidos. Por su parte, las compañías no vigiladas que deseen acceder a datos deberán cumplir requisitos técnicos, operativos y de seguridad, además de formalizar su vinculación dentro del sistema.

El decreto también establece límites sobre los costos. Las entidades podrán cobrar por el uso de su infraestructura, pero no por los datos en sí, y estos cobros deberán responder a criterios objetivos y verificables .

Con este marco, el Gobierno busca promover la innovación, facilitar la entrada de nuevos competidores y ampliar las opciones para los consumidores. La expectativa es que, con más información disponible y en condiciones equitativas, aumente el acceso a productos financieros y se mejoren las condiciones para quienes hoy tienen mayores barreras para acceder al sistema.

Nubank obtiene aval para operar como banco en EE. UU. con David Vélez como fundador y CEO global

Digna Irene Urrea — Fri, 30 Jan 2026 15:52:17 +0000

127 millones de clientes respaldan hoy a Nubank, la plataforma financiera digital que acaba de recibir la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos para establecer un banco nacional. La decisión, anunciada el 29 de enero de 2026, marca un avance relevante en la estrategia de expansión internacional de la compañía.

La autorización permite al neobanco iniciar el proceso para crear una entidad bancaria propia bajo regulación federal estadounidense. Aunque todavía no se trata de una licencia definitiva, sí habilita a la empresa a avanzar en la organización de un banco que, una vez aprobado por completo, podrá ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.

El anuncio se inscribe dentro de una estrategia de largo plazo. Nubank ha señalado que sus mercados principales continúan siendo Brasil, México y Colombia, donde concentra la mayor parte de sus clientes y operaciones. Sin embargo, el paso hacia Estados Unidos responde a la intención de ampliar su presencia operativa y desarrollar nuevos productos en uno de los sistemas financieros más regulados del mundo.

Uno de los fundadores de del banco digital es David Vélez, colombiano antioqueño y actual director ejecutivo de Nu Holdings. Bajo su liderazgo, la compañía fundada en 2013 en São Paulo logró consolidarse como una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del planeta y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2021.

La aprobación también refuerza el posicionamiento institucional de la empresa. Nubank no solo busca operar en Estados Unidos, sino hacerlo bajo un marco regulatorio completo, con supervisión federal y exigencias similares a las de la banca tradicional. Esto implica mayores responsabilidades en materia de capital, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

¿Cómo funcionará el proceso para abrir el banco?

Tras recibir la aprobación condicional, Nubank entra en la fase de organización bancaria. En esta etapa debe cumplir una serie de condiciones impuestas por la OCC, además de obtener las autorizaciones pendientes de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y de la Reserva Federal.

La compañía tiene un plazo de hasta 12 meses para capitalizar completamente la institución y hasta 18 meses para iniciar operaciones, según lo establecido por los reguladores. Durante este periodo, el foco estará en estructurar el banco y preparar su entrada formal al mercado estadounidense.

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La unidad de negocio en Estados Unidos estará liderada por Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, quien se trasladó al país para dirigir el desarrollo y crecimiento del banco. El consejo de administración estará presidido por Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, una figura con amplia experiencia en regulación financiera.

El proceso regulatorio en Estados Unidos se suma a la trayectoria de Nubank en otros mercados. En México, la compañía recibió autorización para convertirse en institución bancaria en 2025 y espera la aprobación operativa final. En Brasil, opera como institución financiera regulada desde 2016 y anunció su intención de obtener una licencia bancaria completa en 2026.

Más allá de la expansión geográfica, la aprobación refleja la capacidad del neobanco para adaptarse a marcos regulatorios exigentes. Para una empresa nacida en América Latina, avanzar en el sistema financiero estadounidense representa un paso relevante en su consolidación global, sin alterar su enfoque digital ni su operación en la región.