A partir de esa fecha, Movistar deja de operar como una empresa autónoma, aunque mantiene su marca, su portafolio comercial y su relación directa con los clientes. Tigo asume la dirección de las decisiones técnicas, financieras y operativas, marcando el comienzo de una transición que, por ahora, ocurre puertas adentro y no en la experiencia del usuario final.

Por ahora,  para los usuarios  de Movistar no hay cambios inmediatos; los contratos, planes, precios, condiciones de permanencia, facturación y canales de atención continúan exactamente igual. Tampoco hay migraciones automáticas, cambios de red ni modificaciones unilaterales en los servicios móviles, de internet fijo o de televisión.

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El proceso que se activa desde febrero está concentrado en la reorganización interna. La nueva estructura contempla la unificación de áreas administrativas y técnicas, la integración gradual de plataformas operativas y redes, la reorganización de sedes en distintas ciudades y la eliminación de duplicidades en cargos y procesos. El objetivo es reducir costos, ganar eficiencia y liberar capacidad de inversión en infraestructura y cobertura.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar y cómo se reorganiza el mercado?

Cualquier ajuste que pueda impactar a los usuarios deberá darse más adelante, de forma progresiva, con comunicación previa y bajo las reglas del regulador. En ese sentido, el corto plazo se caracteriza por estabilidad para los clientes y ajustes silenciosos en la operación.

El último paso pendiente para cerrar el capítulo societario es la venta de la participación del Gobierno Nacional en la compañía. Según el decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Estado fijó el precio de las acciones en 772 pesos por título. De concretarse la operación, el Gobierno recibiría al menos 855.000 millones de pesos, sin que esto afecte la prestación del servicio, pero sí complete la salida del Estado del nuevo esquema empresarial.

Desde la perspectiva del mercado, el impacto es más profundo. Hoy, tres operadores concentran cerca del 90 % del sector. Claro mantiene el liderazgo con una participación superior al 52 %, seguido por Movistar y Tigo de forma separada. Sin embargo, una vez se materialice la integración, el bloque Tigo-Movistar alcanzaría cerca del 38 % del mercado, consolidándose como el segundo jugador y reduciendo la distancia frente al operador dominante.

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En un país con 92 millones de líneas móviles activas, donde la cobertura de telecomunicaciones llega al 92 % del territorio, el nuevo escenario plantea un reacomodo competitivo relevante. Claro seguiría siendo el líder, pero enfrentaría a un competidor con mayor escala, músculo financiero y capacidad de inversión, mientras que operadores más pequeños deberán adaptarse a un entorno más concentrado.

Más que un cambio inmediato para los usuarios, lo que comienza el 4 de febrero es una reconfiguración estructural del mercado, cuyos efectos reales se medirán en los próximos meses en términos de competencia, inversión y calidad del servicio.

Desde una perspectiva empresarial, la adquisición de Telefónica Colombia por parte de Millicom parece una jugada estratégica para consolidar su presencia en el mercado colombiano y fortalecer su capacidad financiera para inversiones en infraestructura y espectro. Sin embargo, el hecho de que la transacción se haya negociado en mercados internacionales deja abierta la pregunta sobre la independencia de las autoridades colombianas para evaluar y aprobar la operación en función del interés nacional.

Uno de los puntos clave es el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que deberán analizar si la fusión podría generar una concentración de mercado perjudicial para la libre competencia. De aprobarse, Millicom controlaría una porción significativa del sector, lo que podría reducir la diversidad de opciones para los usuarios.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?

Para los más de 20 millones de clientes de Movistar en Colombia, esta transacción trae incertidumbre. Por un lado, una empresa fortalecida podría traducirse en mejores inversiones en tecnología, cobertura y calidad de servicio. Millicom ha enfatizado su compromiso con la expansión digital, lo que podría significar una mejora en la conectividad y en la velocidad del internet móvil y fijo.

Ahora bien, la reducción de competidores podría derivar en menor presión para ofrecer tarifas competitivas y en una menor diversidad de ofertas para los usuarios. Además, el proceso de integración podría generar inconvenientes en la transición, desde fallos en la migración de servicios hasta cambios en planes tarifarios que podrían afectar a los clientes actuales de Movistar.

Otro aspecto crucial es la posible alteración de los acuerdos de roaming y compartición de infraestructura que Movistar mantenía con otros operadores. Si estos acuerdos cambian, algunos usuarios podrían experimentar modificaciones en la cobertura y calidad del servicio.

¿Competencia para Claro?

El mercado de telecomunicaciones colombiano ha experimentado en los últimos años un dinamismo importante con la llegada de nuevos actores y cambios en las participaciones de mercado. Mientras operadores como WOM han intentado introducir competencia con tarifas agresivas, Movistar y Tigo han enfrentado desafíos financieros para sostener sus operaciones.

Con esta transacción, Millicom podría posicionarse como un jugador dominante, pero también podría enfrentarse a mayores exigencias regulatorias. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) podría imponer condiciones para equilibrar la competencia, como la obligación de mantener ciertos planes y beneficios para los usuarios actuales de Movistar por un periodo determinado.

El discurso de Millicom sobre la “inclusión digital” y el “rejuvenecimiento del sector” suena atractivo, pero la realidad podría ser más compleja. Si bien la transacción podría traer beneficios en infraestructura y cobertura, también podría limitar la competencia, lo que afectaría la capacidad de los usuarios de elegir entre varias opciones.

El reto ahora está en las manos del regulador colombiano, que debe garantizar que esta compra no se convierta en un monopolio disfrazado. Las próximas decisiones definirán si el usuario colombiano gana con esta transacción o si, por el contrario, verá restringidas sus opciones en un mercado cada vez más concentrado.

Imagen: Archivo ENTER.CO

¿Qué es lo que está ocurriendo?

Básicamente, Millicom y Telefónica han presentado un documento con la intención de realizar una fusión de sus negocios en Colombia. Esto se realizaría a través de la compra de acciones que Telefónica tiene en empresas como Coltel y TigoUne.

¿Coltel?

Sí. Para aquellos con mala memoria: en 2006, durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe, se creó esta empresa para reemplazar a Telecom (siendo el resultado de la fusión de Colombia Telecomunicaciones y Movistar Colombia). Al momento de la creación de esta nueva empresa Telecom quedó con una participación del 50% y una acción, mientras que el Gobierno de Colombia se quedó con un 32,49% (1.108.269.271 de acciones).

Ahora, lo interesante es que el operador de Movistar hoy funciona bajo la marca de Telefónica y Coltel. Lo que está ofertando Millicom es comprar las acciones antes mencionadas.

¿Y el gobierno sí está de acuerdo con esto?

No hay una respuesta oficial, pero en 2018 el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anticipó la intención de vender este porcentaje. No podemos confirmar si la administración actual tiene objetivos similares.

¿Y qué pasa con TigoUne?

Dentro del memorando, también se menciona la intención de comprar el 50% de participación de las Empresas Públicas de Medellín en TigoUne. Millicom ya tiene una participación en la compañía, pero sus anteriores intentos por quedarse con la totalidad de la empresa no habían sido exitosos… al menos hasta la llegada de Federico Gutiérrez, el actual alcalde de Medellín. Gutiérrez se ha mostrado dispuesto a vender la participación de EPM en la empresa después de considerar que esta es una inversión poco rentable.

¿La oferta es final? ¿Ya hay trato?

No. Para nada. De hecho, es importante mencionar que el memorando es ‘no vinculante’ lo que significa que alguna de las dos partes puede retirarse en el momento en el que así lo desee. Citando el documento:

“La concreción de esta transacción está sujeta a la negociación y firma de acuerdos definitivos con todas las partes implicadas, así como a la obtención de aprobaciones regulatorias y antimonopolio, y el cumplimiento de otras condiciones previas. No se puede garantizar que la transacción se lleve a cabo“, asegura el comunicado.

¿Qué significa esto para los usuarios de Movistar o de Tigo?

Por ahora, nada. De nuevo estamos frente a un documento no vinculante lo que significa que existe la intención de compra, pero no algún proceso en movimiento. También es importante conocer la respuesta por parte de EPM y del gobierno frente a la intención de Millicom.

Dicho esto, si el acuerdo llega a cumplirse, estaríamos frente a la formación de una de las compañías más fuertes en el sector de telecomunicaciones del país. No es la primera vez que ambas compañías cooperan (por ejemplo, optando por compartir la banda de 5G al momento de pujar por el espectro) y el objetivo ha sido claro: buscar una manera de competir contra Claro, que durante años ha dominado el mercado en el país.

Imágenes: Archivo ENTER.CO

El objetivo principal de esta capitalización es reforzar la estructura financiera de la compañía y permitir un crecimiento sostenible en un mercado altamente competitivo. Para lograrlo, se prevé la emisión de 22.058.767 acciones ordinarias, con un valor individual de 2.644 pesos. Esto, en teoría, permitiría a Tigo-UNE contar con los recursos necesarios para afrontar nuevos retos y oportunidades en el sector de las telecomunicaciones.

Sin embargo, la noticia también ha desencadenado una serie de polémicas. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció públicamente que durante la reunión de la asamblea de accionistas se habría forzado una votación que afectaría significativamente la participación de EPM (Empresas Públicas de Medellín) en Tigo-UNE. Según Quintero, esta votación podría dejar a EPM con tan solo un 2 por ciento de participación, lo que beneficiaría enormemente a Millicom, la empresa que cuenta con la otra mitad de Tigo-UNE.

Quintero argumenta que esta maniobra sería contraria a un acuerdo de accionistas que establece que se necesita el voto de EPM y la aprobación del concejo de Medellín para tomar una decisión de tal envergadura. Estas afirmaciones han generado un debate sobre la legalidad y la ética de la votación, lo que lleva a la necesidad de una intervención de las autoridades pertinentes, incluyendo la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y las superintendencias de Sociedades y Financieras.

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Por su parte, Millicom ha emitido su propio comunicado en respuesta a las acusaciones de Quintero. La empresa sostiene que la votación en la asamblea de accionistas reafirma la necesidad de la capitalización de Tigo-UNE por 150 millones de dólares y que esta medida no diluiría la participación de EPM. Según Millicom, la decisión de capitalizar o no recae en cada accionista individualmente, y EPM aún mantiene la posibilidad de aportar su parte y mantener su participación accionaria.

La polémica en torno a esta situación tiene en vilo a millones de usuarios de Tigo-UNE, ya que la incertidumbre sobre el futuro de la empresa genera preocupación. A pesar de esto, Tigo-UNE ha asegurado que no se verá afectada la prestación del servicio, destacando mejoras en el tráfico de datos, voz y solución de fallas de red en el último mes. La empresa también ha realizado inversiones significativas, superando los 100 millones de dólares en despliegue y mantenimiento de redes durante el año en curso.

La situación entre Millicom y EPM parece estar lejos de resolverse, y el futuro de Tigo-UNE sigue siendo incierto. Los próximos pasos en este enfrentamiento tendrán un impacto significativo en el mercado de las telecomunicaciones y, sobre todo, en los usuarios que dependen de los servicios de esta compañía.

Imagen: montaje ENTER

La liquidez que necesita TIGO-UNE suman alrededor de 150 millones de dólares, lo que significa que cada una de las empresas accionistas deberá poner 75 millones de dólares. De ser así, la compañía de telecomunicaciones tendría la posibilidad de mantenerse en operación. En todo caso, la decisión final se conocerá el próximo 9 de octubre.

El gobierno, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, puso como fecha a Millicom y EPM para ponerse de acuerdo sobre lo que sucederá con TIGO-UNE. En este caso, se plantean tres soluciones: que ambas partes accionistas pongan la mitad del dinero para la capitalización de la empresa. En un principio, desde EPM contemplaron la idea de apoyar con la mitad del dinero correspondiente. “Necesitamos que nos den la seguridad de que el dinero público se va a usar bien y no se va a perder, EPM pondría 300,000 millones de pasos para apoyar el proceso de capitalización”, comentó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

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La segunda solución la propuso Millicom, la cual consiste en que ellos capitalizarían la  empresa con los 150 millones de dólares que necesita. Si se tomara esta decisión, EPM pasaría a tener tan solo el 2% de las acciones en TIGO-UNE. Ante esta propuesta, como era de esperarse, desde EPM se oponen. Pues de esta manera Millicom dejaría prácticamente sin voz, ni voto a la compañía de Empresas Públicas de Medellín.

Y la tercera solución es que se diluya la compañía de telecomunicaciones, pues financieramente no tienen como sostenerse. Y es que la empresa de telecomunicaciones lleva tres años consecutivos en pérdidas. Durante el 2022 hubo una pérdida neta de 447 mil millones de pesos, mientras que el primer trimestre de este año, las pérdidas de TIGO-UNE ascendieron a los 148 mil millones de pesos.

Imagen: Página web TIGO