Rappipay, que nació en 2019, ya ofrecía servicios de billetera digital realizando más de 20 millones de transacciones entre los cerca de 730.000 clientes suscritos. Ahora está emitiendo tarjetas de crédito llamadas Rappicard que son respaldadas por Rappipay y que ya cuentan con 200.000 personas inscritas.

Con el aval de la Superintendencia Financiera, Rappi espera ampliar su abanico de productos financieros. “La evolución de RappiPay a entidad financiera vigilada, es un gran paso hacia un mundo financiero más simple, accesible y humanizado. Esto es posible por el ADN de RappiPay que hereda de Davivienda: la solidez y experiencia en el sector bancario; de Rappi: la obsesión por el usuario y liderazgo en tecnología; y de su equipo ejecutivo: la larga experiencia en empresas de alto crecimiento y del sector financiero en varios países”, explicó Gabriel Migowski, CEO de RappiPay Colombia.

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Para celebrar la autorización de la Superintendencia, Rappipay ofreció a sus usuarios de Rappicard un beneficio de cashback del 5% en el botón de viajes de la plataforma conocido como Rappitravel.

Rappipay sigue creciendo en la región

Pero además de la autorización que recibió en Colombia, Rappi también inscribió la marca RappiBank ante el Instituto de Propiedad Industrial (Inapi) de Chile. Esto como resultado de su alianza con el banco Itaú del país austral, con la que espera ofrecer 100.000 tarjetas de crédito durante su primer año de operación.

Rappi es la primera startup latinoamericana presente en 9 países y en más de 250 ciudades de la región. Además Rappipay ya ofrece servicios financieros en 4 países: Colombia; Perú, de la mano de  Interbank; en México, asociado con Banorte y en Brasil, con su fondo de inversión RappiCapital.

La startup colombiana sigue apostando por ganar terreno e importancia como fintech en Colombia y la región, en un sector cada vez más competitivo, pero que impulsa la modernización de los productos y servicios bancarios.

Del total del proyecto, se alcanzaron a pagar $70.000 millones de pesos al consorcio Centro Poblados con cero puntos instalados, mientras que Claro, que también se ganó la otra mitad de la licitación, lleva 700. De acuerdo con la ministra TIC, Karen Abudinen, el anticipo se rastreó a una fiducia de Delaware, Estados Unidos, y otra parte en el banco de BBVA en Colombia, pero seamos honestos, por más de que ministra aseguré que no va a permitir que se pierda este dinero, muy probablemente así será.

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Más allá de las promesas que esté haciendo la ministra TIC el verdadero problema está en la licitación, pues la empresa presentó desde pólizas falsas hasta certificados del banco Itaú que la entidad nunca emitió, y que al parecer nadie se ocupó en verificar. Llama la atención que en este punto Abudinen ha dicho a varios medios que se están haciendo las investigaciones para determinar dónde estuvo el error y tomar los correctivos necesarios. Pero de acuerdo con los manuales del Estado, la persona que firmó el contrato puede enfrentarse a varios meses de cárcel y tener que pagar una multa de 66,66 a 30 salarios mínimos legales vigentes.

Por ahora, el Ministerio TIC dio lectura del acto administrativo que declara la caducidad sobre el contrato 1043 de 2020, una de las sanciones más fuertes que se puede ejecutar contra un contratista, y de ser aprobado, después del tiempo que se la da a la empresa para interponer un recurso de reposición, se podrían tomar las medidas necesarias para exigir el dinero de vuelta o por lo menos $43.000 millones. Pero los documentos falsos podrían en duda que esto se pueda hacer. La audiencia para esto se llevará a cabo mañana, miércoles 11 de agosto.

Imagen: MinTIC.