La famosa ley francesa Hadopi, que fue la pionera en la adopción del sistema de los tres ‘strikes’ o advertencias previas antes de desconectar a un usuario de Internet, está a punto de morir. Pero antes de que eso ocurriera, dejó su primera víctima.

Se trata de un usuario que, según reportes franceses citados por TorrentFreak, “compartió uno o dos archivos” y no respondió a los avisos previos enviados por las autoridades. Una corte de Saint-Denis, a las afueras de París, emitió la orden de desconexión por 15 días y una multa de 600 euros para el supuesto infractor, quien tiene 10 días para recurrir la decisión.

La ley francesa prevé que la ISP que ejecuta el castigo debe garantizar que los servicios en línea del usuario, como su correo electrónico, sigan funcionando. Además, si tiene contratado un paquete que incluye TV y teléfono fijo, estos no deberán ser cortados.

La multa fue impuesta pocos días después de que el Gobierno francés se comprometiera a anular la iniciativa. El ministro francés de Cultura, Aurélie Fillippetti, dijo a finales de mayo que la ley sería invalidada “en el próximo mes“.

Es que Hadopi fue un fracaso. Desde hace dos años, las autoridades encargadas del sistema habían advertido que el proceso era lento, “rústico y poco automatizado”. Al final, le costó millones de euros al fisco francés, a cambio –según ZDNet– de dos multas: esta y otra por 150 euros. Según TorrentFreak, la ley causó la migración de los piratas franceses a otros servicios no vigilados por el sistema Hadopi –que se concentraba en el intercambio de archivos a través de torrents–, como los cyberlockers y las descargas directas. De hecho, un reporte mostró que su aplicación no sirvió para parar el declive de las ventas de la industria musical de ese país.

Sin embargo, el gobierno francés comenzará a probar con una nuevo sistema de sanciones antipiratería, parecido al de las infracciones de tránsito. Quienes compartan archivos serán sancionados con multas emitidas automáticamente, que comienzan por 60 euros pero aumentan si se trata de infractores reincidentes.

La ley antidescargas Hadopi, también conocida como ‘ley de los tres avisos’, ya hizo desconectar de Internet al primer usuario que supuestamente violó de manera continuada los derechos de autor en la Red. Después de recibir varios avisos del gobierno francés, a finales de julio Robert Tollot, un profesor de 54 años de edad, se quedó sin el derecho de usar Internet.

Tollot es acusado de bajar canciones de David Guetta y Rihanna a través de la Red de forma ilegal. El profesor asegura ser una víctima de la ley, pues asegura ante el gobierno que alguien ha estado robando su conexión Wi-Fi. Este hecho pone en evidencia la difícil tarea de la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet (Hadopi) para llegar a tener el control sobre las descargas en Internet.

Y es que a pesar de que hace algunos meses el mismo presidente Nicolás Sarkozy reconociera el fracaso de la ley, manifestando su interés por corregir e incluso anular esta ley antidescargas en caso de que llegara a presentarse una mejor alternativa para combatir la piratería en Francia, esta sigue vigente.

Sin embargo, los problemas de la regulación siguen manifestándose, pues la agencia encargada de aplicar la ley reconoce que ha recibido más de 18 millones de quejas, de las que solo 470.000 han sido respondidas, 20.000 han recibido un segundo aviso y solo 10 han llegado a recibir una tercera advertencia. (Esto no cambia la tendencia que se dio con la Ley Hadopi desde sus comienzos).

¿Merecía este profesor –diga la verdad de que no hizo las descargas, o las haya hecho– perder el ‘derecho humano’ a conectarse a Internet para informarse, comunicarse y entretenerse?

Por lo pronto, no hay noticias de que alguna apelación o reposición de Robert Tollot haya dado sus frutos, por lo que podría considerársele como el primer ‘desterrado de Internet’, al menos en el mundo occidental. Veremos si vienen más en camino.

Más allá de Hadopi.

No obstante, Francia no es el único país que ha implementado una ley para combatir la piratería en Internet. En España, la ley Sinde busca dejar en manos de una comisión especializada (elegida por el gobierno español) la posibilidad de bloquear o cancelar en un plazo de 48 horas el servicio de los sitios web que tengan archivos digitales protegidos por derechos de autor.

El gobierno español ha mostrado su satisfacción con la Ley Sinde, pues Carlos Cuadros, director general de Cine del Ministerio de Cultura de ese país, aseguró en una entrevista de concedida al medio Europa Press que el gobierno está feliz de que la Ley Sinde se esté convirtiendo en referente en el plano internacional.

“Esta ley va contra los que roban, esos intermediarios que se están forrando con productos robados para ponerlos a disposición de forma presuntamente gratuita ante los ciudadanos. En los próximos meses, con la puesta en marcha del Reglamento, se podrán dar los primeros pasos y esperemos que con ello se acaben esas páginas que roban”, dijo Cuadros.

Colombia tampoco se queda atrás, pues en el mes de junio se aprobó en primer debate en el Senado el proyecto de ley que busca proteger los derechos de autor en Internet, conocido como ‘Ley Lleras‘. La radicación del proyecto es el resultado de una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, además de ser un requisito para la firma de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que algunos países hayan evidenciado su interés por ejercer un mayor control sobre la protección de los derechos de autor en Internet, entidades independientes e incluso organizaciones globales como la ONU señalan que la libertad de expresión está por delante de otros derechos.

El relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, dijo en junio que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia. Tim Berners-Lee, el ‘padre’ de  la Web, también señaló que “es un derecho básico de la humanidad”, comparable incluso con el derecho universal del acceso al agua.

Notas relacionadas:

• Ecos del e-G8: gobiernos quieren limitar Internet.
• Hadopi, en Francia, recibe 25.000 denuncias diarias de piratería.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.
• “El acceso a la Web es un derecho humano”, dice su creador.

En Francia, la lucha contra la piratería la lidera Hadopi, la organización que busca proteger los derechos del Internet en el país y que administra la ley antipiratería del mismo nombre, que ha tenido tantos detractores y que ha obtenido tan pobres resultados. Esta organización realizó un estudio sobre el consumo de bienes culturales, tanto de manera legal e ilegal, y encontró lo que no esperaba: las personas que descargan contenidos sin pagar a los dueños de los derechos de autor –que la industria cataloga como piratas– son a la vez los mayores consumidores legales de estos contenidos.

El estudio, publicado en enero de este año, fue analizado y simplificado para la mayoría de usuarios por Joe Karaganis, director de medios y democracia de Social Science Research Council, concluye que el 7% de los encuestados gasta más de 100 euros en bienes culturales en Internet, y el 64% de ellos acepta que realiza un ‘uso ilícito’ de redes. El 17% de estos gasta de 31 a 99 euros al mes y de ellos, el 57% admite ser ‘pirata’.  Entre los que dicen no gastar nada, solo 36% son ‘piratas’.

Cuando se habla del declive de la industria audiovisual y musical, la piratería puede tener mucho que ver al respecto, pues se dice que esta disminuye las ventas legales. Pero las cifras del estudio son dignas de verse con cuidado: este fenómeno que muestra el estudio puede deberse a que la piratería funciona como una forma de acceso a la información antes de tomar una decisión de compra.

Este descubrimiento de Hadopi pudo causar sorpresa en Francia, pero no es una excepción pues antes se encontraron resultados similares. Esto sucedió al cerrarse el sitio alemán Kito.co que publicaba enlaces de películas para su descarga ilegal. Se realizó una investigación para conocer los hábitos de consumo de quienes utilizaban el servicio y se encontró algo muy similar a lo que encontró Hadopi: los llamados ‘piratas’ son los más altos consumidores de películas legales.

El estudio realizado por un cliente de la consultora Gfk, fue ocultado, pues lo que se buscaba era demostrar que los ‘piratas’ son los responsables del declive de la industria audiovisual. Además, El País agrega que antes de este estudio se realizó otro en el año 2009 con similares resultados. La pregunta que queda en el aire es: si la responsabilidad no es de los usuarios ilegales, ¿entonces de quién?

Es importante analizar el caso de América Latina y en especial Colombia, donde la oferta de contenidos legales en línea es aún mejor y comprar películas originales en discos tiene un alto costo. ¿Hasta qué punto estas cifras pueden corresponder a nuestra realidad?

¿Los ‘piratas’ latinoamericanos también realizan compras legales? Si ustedes hacen descargas de contenidos protegidos por derechos de autor sin pagar por ellos, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por una película o una canción en línea, o por un DVD original?

Notas relacionadas:

• Ley antipiratería Hadopi sigue demostrando su ineficacia.
• Hadopi, en Francia, recibe 25.000 denuncias diarias de piratería.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Libertad de expresión e Internet dan un paso gigante.

En los últimos meses muchas noticias relacionadas con Internet se han referido a restricciones a los usuarios de Internet, la vigilancia de la Red con el argumento de proteger la seguridad de los países o de combatir el delito, la suspensión del acceso por parte de regímenes en crisis, y los encuentros de líderes políticos y empresariales mundiales para regular o ‘civilizar’ Internet.

Esto, sin contar con la legislación establecida o por establecer relacionada con derechos de autor e Internet: las famosas leyes Sinde (España), Hadopi (Francia) y el proyecto de Ley colombiano que los internautas han bautizado como ‘Ley Lleras‘, normas que buscan defender los derechos de autor, aunque han generado debates en sus países entre sus defensores y quienes aseguran que no tienen en cuenta la evolución tecnológica y cultural.

Por estos retos y amenazas que se ciernen sobre la Red –sin contar los de seguridad informática, causados por mafias y delincuentes–, el 31 de diciembre pasado en ENTER.CO publicamos nuestros 17 deseos tecnológicos para 2011, el primero de los cuales dice: “Que Internet siga siendo Internet, y no su sombra”.

Y en estos primeros meses del año, hasta el encuentro del e-G8, las noticias no habían sido muy alentadoras. Líderes internacionales han hecho declaraciones en favor de Internet, como el propio creador de la Web, Tim Berners-Lee, quien afirmó que “el acceso a la Web es un derecho humano”, pero estas palabras no habían trascendido ni tenido acogida en ámbitos en los que se toman decisiones. Pero ahora la ONU, la OEA y gobiernos de Europa y África envían un mensaje contundente en defensa de la libertad de expresión en Internet.

Esta declaración, emitida desde Budapest, va en una dirección distinta a la de las normas internacionales mencionadas, por lo que a los debates nacionales se sumarán ahora los argumentos presentados en ella.

Pedro Less, responsable de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, compartió en el blog oficial de la compañía un resumen de los principios de la declaración y su visión acerca de este importante hecho. Reproducimos el texto por ser de interés general.

Un gran día para Internet y la libertad de expresión.

Por Pedro Less Andrade.

Hoy, los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y organizaciones gubernamentales de Europa y Africa emitieron una declaración conjunta de carácter global estableciendo principios internacionales para la promoción de la libertad de expresión y el libre flujo de información e ideas a través de Internet.

En un documento que consideramos histórico, este grupo de organizaciones reconoció que ”la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”. A su vez, reconocieron la importancia de defender la libertad de expresión mediante protecciones a los intermediarios prestadores de servicio de Internet (ISP, hosting, cache, buscadores y plataformas), limitaciones sobre los alcances del filtrado y bloqueo de contenidos, delimitación de responsabilidades penales y civiles, neutralidad en la red y acceso a Internet.

La Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión e Internet, firmada por los relatores de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (ACHPR) consagra los siguientes principios:

Restricciones a la Libertad de Expresión en Internet.

• Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional.
• Debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos que se adapten a las características singulares de Internet, destacando el importante rol de la autorregulación como herramienta efectiva para abordar éstos problemas.

Responsabilidad de Intermediarios de Internet.

• Se consagra el principio por el cuál ningún prestador de servicios de Internet que ofrezca únicamente servicios técnicos (como acceso e interconexión a Internet, alojamiento, procesamiento, referencia, búsquedas o conservación de contenidos) pueda ser considerado responsable por los contenidos nocivos o ilícitos generados por terceros.
• No se les deberá exigir a los intermediarios controlar los contenidos generados, transmitidos o almacenados por sus usuarios.
• Su responsabilidad nacerá únicamente cuando intervengan específicamente en la generación de contenidos o incumplan una orden judicial que exija la eliminación de un contenido ilícito siempre y cuando estén en condiciones de hacerlo.

Filtrado y bloqueo.

• El bloqueo obligatorio de sitios web, direcciones IP, puertos y protocolos de red constituye una medida extrema –análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión– que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.

Responsabilidad penal y civil.

• La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí o este se dirige específicamente al Estado en cuestión.
• Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como ‘turismo de la difamación‘).

Neutralidad de la Red.

• El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación.
• Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información.

Acceso a Internet.

• Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión como así también el de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.
• La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.

Celebramos los principios contenidos en esta declaración y felicitamos a los relatores de Libertad de Expresion firmantes por éste gran aporte a la comunidad de Internet, reconociendo particularmente el gran trabajo realizado por la Relatoria de Libertad de Expresión de la OEA en materia de protección de la libertad de expresión en Latinoamérica.

Creemos que estos principios son esenciales para garantizar que Internet continúe siendo un ámbito libre y abierto, de intercambio de ideas y opiniones.

LaDeclaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet fue firmada el primero de junio de 2011 por:

Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión;

Catalina Botero Marino, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos;

Faith Pansy Tlakula, Relator Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos; y

Dunja Mijatović, Representante para la Libertad de Medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Notas relacionadas:

• e-G8: ¿encuentro o desencuentro tecnológico?
• Cubrimiento de ENTER.CO sobre ‘Ley Lleras’.
• El acceso a la Web es un derecho humano, dice su ‘padre’.
• 17 deseos tecnológicos para 2011.

La guerra contra la piratería, como cualquier conflagración, genera daños colaterales. En Francia, gracias a las maniobras legales del gobierno Sarkozy, la batalla está particularmente caliente y como consecuencia hay más personas involucradas.

De acuerdo con Billboard (inglés), en el país galo diariamente son denunciadas 25.000 personas ante la Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet (Hadopi, por su sigla en inglés) por usar servicios de P2P (es decir, compartir archivos directamente usando servicios de ‘torrents’ o programas como LimeWire) de manera ilegal.

La agencia Hadopi nació el año pasado, cuando el gobierno francés decidió atacar con fuerza el problema de piratería en línea por medio de una nueva legislación muy agresiva. La ley también se llama ‘de los 3 avisos’ porque establece que, después de ser denunciados por descargar contenido pirata usando P2P, quienes sean sorprendidos 3 veces en ese plan perderán acceso a Internet por hasta un año.

Con 25.000 denuncias diarias, son muchos quienes han sido investigados por Hadopi (si el organismo está haciendo su trabajo). Por desgracia, no existen cifras sobre cuántas reciben un seguimiento juicioso por parte de la agencia y se cree que la cantidad de denuncias ha desbordado la capacidad de la agencia. Con tantas quejas simultáneas, es difícil creer que lo está logrando sin tomar uno que otro atajo (y los atajos normalmente terminan perjudicando más a quienes son acusados que a quienes acusa).

Quizás los problemas con Hadopi han llevado al gobierno francés a revaluar su estrategia contra la piratería. La semana pasada, Francia comenzó a cambiar sus tácticas con una ley que, en lugar de castigar a los criminales, premia a los usuarios responsables con un subsidio. Los defensores de la libertad en Internet esperan que esta legislación sea aprobada y entre en vigor pronto, pues ante los fracasos de la represión en línea –incluida la Ley Hadopi–, es una solución creativa y proactiva que, de dar buenos resultados, podría ser imitada en varios países.