El anuncio fue realizado esta semana y, de acuerdo con el Ministerio, las personas podrán realizar estas denuncias de forma anónima. Los interesados solo deben ingresar a un enlace a través de un código QR y completar un formulario. No obstante, el Ministerio de Trabajo aún no ha dejado claro qué acciones específicas se tomarán contra las empresas reportadas.

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— MinTrabajo (@MintrabajoCol) January 19, 2026

Actualización 29/01/2026: al momento de publicación de este artículo el enlace del formulario no está funcionando. Al intenta ingresar se lee un mensaje que dice “este formulario se ha bloqueado por motivos de privacidad o seguridad“. 

¿Están obligadas las empresas a pagar el nuevo salario mínimo?

La respuesta varía dependiendo de a quién se le pregunte. El principal argumento actual para posponer el incremento se basa en la demanda en curso para revocar el decreto a través del cual se fijó el salario mínimo legal vigente.

El pasado 14 de enero, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó una demanda ante el Consejo de Estado con la intención de suspender dicho decreto. A esta acción legal se han sumado otras organizaciones del país, como Asocapitales.

Según denuncias en redes sociales, algunas compañías han aplazado el incremento argumentando que estos cambios podrían generar traumatismos administrativos en caso de que el Consejo de Estado le dé la razón a Fenalco. Estas empresas aseguran que, si la demanda es negada, se realizaría el pago retroactivo una vez se confirme de manera definitiva el aumento.

Sin embargo, para el Ministerio de Trabajo, la existencia de una demanda no es causal ni justificación para que las empresas dejen de cumplir con la ley. “El Ministerio del Trabajo siempre está vigilante en materia de realización de derechos y protección de las garantías que emanan del ordenamiento laboral”, declaró el viceministro Iván Daniel Jaramillo Jassir.

Denuncias por incumplimiento con el salario mínimo y reacciones divididos

Las reacciones ante esta medida de vigilancia han sido diversas y reflejan la polarización económica del país. Por un lado, los sindicatos y las centrales obreras han celebrado la apertura de este canal de denuncias, calificándolo como una herramienta necesaria para frenar lo que consideran una “arbitrariedad patronal”. Para estos sectores, el salario mínimo es un derecho irrenunciable que no puede quedar sujeto a las expectativas de un fallo judicial, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue presionando el bolsillo de los hogares colombianos.

Por otro lado, desde el sector gremial persiste una preocupación profunda sobre la viabilidad financiera de muchas pequeñas y medianas empresas (pymes). Algunos analistas sugieren que forzar el pago de un incremento que está bajo revisión judicial podría llevar a despidos preventivos o a un aumento de la informalidad si el flujo de caja de las empresas no soporta el ajuste.

Mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo, el clima laboral se mantiene tenso, dividido entre la exigencia del cumplimiento inmediato de la ley y la cautela de quienes temen un retroceso jurídico.

Imágenes: Carlos Andrés Ruiz Palacio from Pixabay

Los datos revisados abarcan más de dos décadas y distintos contextos económicos. En Brasil, por ejemplo, durante los primeros años del gobierno de Lula da Silva, el salario mínimo creció 20 % en 2003, mientras la inflación cerró en 9,3 %. En los años siguientes, los ajustes continuaron por encima del IPC en varios periodos, sin que se produjera un desborde inflacionario estructural. Entre 2006 y 2013, hubo aumentos salariales de dos dígitos con inflaciones anuales cercanas o incluso inferiores al 6 %.

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Bolivia ofrece otro caso ilustrativo. Durante el gobierno de Evo Morales, el salario mínimo tuvo alzas del 20 % en 2011 y 2013. En ambos años, la inflación se ubicó en 6,9 % y 6,5 %, respectivamente. En otros periodos, incluso con incrementos salariales relevantes, el país registró inflaciones por debajo del 3 %. El dato clave es que el aumento del ingreso laboral no se tradujo automáticamente en una espiral de precios.

En México, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo acumuló incrementos históricos: 22 % en 2022 y 20 % en 2023 y 2024. Aunque la inflación repuntó en 2022 y 2023, ese fenómeno estuvo asociado en gran parte al choque global de precios tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Aun así, la inflación mexicana se mantuvo por debajo de los aumentos salariales, y en 2024 cerró en 4,88 %, con un nuevo incremento del mínimo.

Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, también mostró una dinámica similar. En 2008, el salario mínimo subió 17,65 % y la inflación fue de 8,83 %. En los años posteriores, los ajustes continuaron mientras la inflación tendía a la baja, llegando incluso a 0,10 % en 2017. El contexto dolarizado del país introduce particularidades, pero refuerza la idea de que el salario mínimo no es, por sí solo, el motor de la inflación.

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El caso argentino es más complejo. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el salario mínimo tuvo aumentos muy elevados —50 % en 2003 y más del 25 % en varios años— con inflaciones de un dígito durante buena parte de la década. Sin embargo, a partir de 2014, la inflación se aceleró con fuerza, influida por desequilibrios fiscales, controles de precios y distorsiones estadísticas. Aun así, el repunte inflacionario no puede explicarse únicamente por el salario mínimo.

El punto central que deja este comparativo es que el impacto del salario mínimo sobre la inflación depende del contexto macroeconómico, la productividad, la política fiscal y el manejo monetario, no solo del porcentaje del aumento. En varios países de la región, los incrementos buscaron recomponer el poder adquisitivo perdido, dinamizar el consumo interno y reducir la desigualdad, sin provocar el colapso inflacionario que suelen anticipar los sectores más críticos.

Para el debate colombiano, esta evidencia regional resulta clave. No demuestra que subir el salario mínimo sea una receta infalible, pero sí cuestiona la idea de que cualquier aumento significativo conduce, inevitablemente, a inflación descontrolada. La experiencia latinoamericana muestra que el salario mínimo puede ser una herramienta económica y social, siempre que esté acompañada de políticas coherentes y sostenibles.