En ENTER.CO hemos decidido resumir algunas de las preguntas clave que pueden tener los ciudadanos sobre el impacto de esta medida.

¿Qué significa la suspensión del decreto de aumento del salario mínimo?

Lo primero es aclarar que la suspensión no significa que se haya anulado el decreto de fondo, pero a efectos prácticos implica que el incremento no se aplicará como estaba previsto. Dicho de otra manera, se le está dando al Gobierno la posibilidad de ajustar el aumento, bajo la premisa de que un incremento del 23% no tiene bases sólidas en la realidad económica.

¿La suspensión tiene efecto inmediato?

Sí y no. La orden de suspensión tiene efecto inmediato, pero el Consejo de Estado le ha dado al Gobierno un plazo de 8 días para expedir un nuevo decreto que defina el salario mínimo para 2026.

Esto es fundamental, porque significa que durante estos 8 días (es decir, hasta el 21 de febrero), en términos legales, el salario mínimo sigue aplicándose por encima de los dos millones de pesos.

¿Significa esto que la quincena de febrero llegará con el aumento?

Sí. La primera quincena de febrero de 2026 se pagará con el salario mínimo que estaba decretado antes de la suspensión.

¿En cuánto debería incrementarse entonces el salario mínimo de 2026?

No existe un número exacto. Lo que indica el documento expedido por el Consejo de Estado es que el nuevo decreto debe ser acorde a la productividad e inflación, dos indicadores que no se habrían tenido en cuenta adecuadamente. Esto sugeriría que el punto ideal del incremento debería situarse cerca al 9%.

¿Qué pasa si el Gobierno no presenta un nuevo decreto?

Este es un punto complicado. Estrictamente hablando, el Gobierno podría optar por no presentar un nuevo documento; sin embargo, el efecto de la suspensión es inmediato. Si tras los 8 días no se expide un nuevo decreto, se tendría que aplicar el último salario con respaldo jurídico vigente. Esto implicaría que el incremento sería igual al de 2025, que fue del 9,54%.

También es importante mencionar que el Consejo de Estado aseguró que el Gobierno está sujeto a sanciones si no acata la orden de emitir este nuevo acto administrativo.

¿Qué pasará con los arriendos, servicios y otros costos indexados al SMMLV?

Esta es una de las preguntas más críticas y, por desgracia, no tiene una respuesta clara todavía. La principal duda radica en que los ajustes de precios por inflación rara vez son retroactivos. El incremento en el SMMLV terminó afectando costos como por ejemplo el arriendo, arriendos, las tasas de interés o el pasaje de Transmilenio.

Dicho de otra manera, la historia económica nos dice que, cuando se incrementan servicios o costos debido a la inflación o al salario mínimo, es poco común que estos valores disminuyan, incluso si la causa original del incremento desaparece o se ajusta a la baja.

Imágenes: 

El anuncio fue realizado esta semana y, de acuerdo con el Ministerio, las personas podrán realizar estas denuncias de forma anónima. Los interesados solo deben ingresar a un enlace a través de un código QR y completar un formulario. No obstante, el Ministerio de Trabajo aún no ha dejado claro qué acciones específicas se tomarán contra las empresas reportadas.

¿No te pagan el Salario Vital Digno?

¡Tu trabajo vale!

📲 Escanea el código QR y denuncia.

En el Gobierno del Cambio, el trabajo se defiende con dignidad.🇨🇴 pic.twitter.com/wChE9fo0Jo

— MinTrabajo (@MintrabajoCol) January 19, 2026

Actualización 29/01/2026: al momento de publicación de este artículo el enlace del formulario no está funcionando. Al intenta ingresar se lee un mensaje que dice “este formulario se ha bloqueado por motivos de privacidad o seguridad“. 

¿Están obligadas las empresas a pagar el nuevo salario mínimo?

La respuesta varía dependiendo de a quién se le pregunte. El principal argumento actual para posponer el incremento se basa en la demanda en curso para revocar el decreto a través del cual se fijó el salario mínimo legal vigente.

El pasado 14 de enero, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó una demanda ante el Consejo de Estado con la intención de suspender dicho decreto. A esta acción legal se han sumado otras organizaciones del país, como Asocapitales.

Según denuncias en redes sociales, algunas compañías han aplazado el incremento argumentando que estos cambios podrían generar traumatismos administrativos en caso de que el Consejo de Estado le dé la razón a Fenalco. Estas empresas aseguran que, si la demanda es negada, se realizaría el pago retroactivo una vez se confirme de manera definitiva el aumento.

Sin embargo, para el Ministerio de Trabajo, la existencia de una demanda no es causal ni justificación para que las empresas dejen de cumplir con la ley. “El Ministerio del Trabajo siempre está vigilante en materia de realización de derechos y protección de las garantías que emanan del ordenamiento laboral”, declaró el viceministro Iván Daniel Jaramillo Jassir.

Denuncias por incumplimiento con el salario mínimo y reacciones divididos

Las reacciones ante esta medida de vigilancia han sido diversas y reflejan la polarización económica del país. Por un lado, los sindicatos y las centrales obreras han celebrado la apertura de este canal de denuncias, calificándolo como una herramienta necesaria para frenar lo que consideran una “arbitrariedad patronal”. Para estos sectores, el salario mínimo es un derecho irrenunciable que no puede quedar sujeto a las expectativas de un fallo judicial, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue presionando el bolsillo de los hogares colombianos.

Por otro lado, desde el sector gremial persiste una preocupación profunda sobre la viabilidad financiera de muchas pequeñas y medianas empresas (pymes). Algunos analistas sugieren que forzar el pago de un incremento que está bajo revisión judicial podría llevar a despidos preventivos o a un aumento de la informalidad si el flujo de caja de las empresas no soporta el ajuste.

Mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo, el clima laboral se mantiene tenso, dividido entre la exigencia del cumplimiento inmediato de la ley y la cautela de quienes temen un retroceso jurídico.

Imágenes: Carlos Andrés Ruiz Palacio from Pixabay

El concepto de salario vital, vigente en la Constitución de 1991 pero que no se había implementado en 34 años, busca garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias, reconociendo que la remuneración mínima no solo debe cubrir necesidades individuales, sino también las del núcleo familiar. Petro explicó que esta medida contempla los principios de igualdad de oportunidades, estabilidad laboral, irrenunciabilidad de beneficios y seguridad social, todos previstos en el artículo 53 de la Carta Magna.

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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un salario vital debe incluir componentes esenciales como alimentación suficiente y nutritiva, vivienda digna y servicios públicos, acceso a salud y educación, transporte y otros gastos cotidianos. En este marco, el salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, destinada a mejorar las condiciones de vida de los hogares trabajadores y a garantizar acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.

El presidente Petro enfatizó que el nuevo salario vital no afectará negativamente a las empresas ni al empleo, como algunos críticos han advertido. “Estas medidas buscan reducir la pobreza, aumentar el empleo y dinamizar la economía.

Si la población tiene mayor poder adquisitivo, la demanda se incrementa, las empresas venden más y necesitan más trabajadores”, señaló. Según el mandatario, el aumento real de 18,7 % supera lo logrado en los últimos tres años de gobierno y es un esfuerzo por democratizar la riqueza, alejándose de la concentración en grupos privilegiados.

El impacto sobre los trabajadores será significativo. Para quienes reciben el salario mínimo, el incremento garantiza un mejor acceso a bienes y servicios básicos, mayor estabilidad económica y capacidad de planificación familiar. Además, al integrar el auxilio de transporte dentro del salario vital, se busca reducir la presión financiera de los desplazamientos diarios, especialmente en áreas urbanas.

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Para las empresas, el gobierno ha indicado que no se trasladará el aumento salarial al consumidor a través de mayores precios. En cambio, se espera que los negocios se beneficien del aumento de la productividad y del consumo interno, generando un círculo virtuoso que fortalezca la economía y el empleo formal.

Petro concluyó que los dos millones de pesos representan “vida y dignidad” para los trabajadores y enfatizó que el salario vital es una medida histórica, que consolida un enfoque de justicia social y bienestar familiar en Colombia.

Con esta decisión, el país da un paso hacia una política laboral más equitativa, en la que el ingreso mínimo ya no solo cubre subsistencia individual, sino que busca garantizar condiciones de vida dignas para toda la familia, fortaleciendo tanto la economía como la cohesión social.