El caso surgió durante la sustentación de un recurso extraordinario de revisión. En su demanda inicial, el abogado transcribió normas con contenidos que no correspondían a su texto real y citó sentencias que nunca fueron proferidas. Las referencias tenían numeración precisa y redacción convincente, pero carecían de sustento en los repositorios oficiales.

Tras detectar las inconsistencias, la Sala inadmitió el escrito y advirtió posibles consecuencias disciplinarias. Lejos de corregir de manera rigurosa, el apoderado presentó una subsanación que repitió el patrón: nuevas citas apócrifas y tergiversaciones normativas. La Relatoría de la Corporación confirmó que las providencias mencionadas no existían.

El propio jurista reconoció que utilizó una herramienta de inteligencia artificial para agilizar la elaboración del documento. El tribunal no cuestionó el uso de tecnología como tal. Lo que reprochó fue la omisión del deber de verificación. Para los magistrados, citar una norma o una sentencia implica garantizar su autenticidad.

La decisión se sustentó en la figura de la temeridad procesal, que sanciona a quien litiga sin la diligencia mínima exigible. Puede configurarse por dolo o por culpa grave. En este caso, la Sala consideró que hubo negligencia inexcusable, agravada por la reiteración de errores después de una advertencia formal.

Inteligencia artificial y responsabilidad profesional

La multa de quince salarios mínimos y el envío de copias a la autoridad disciplinaria no solo tienen efectos individuales. El fallo envía un mensaje a la comunidad jurídica: la automatización no sustituye la responsabilidad del abogado.

Los sistemas de IA generativa pueden producir textos coherentes, estructurados y con apariencia técnica sólida. Sin embargo, también pueden “alucinar”, es decir, crear datos inexistentes con absoluta naturalidad lingüística. En el ámbito judicial, donde cada referencia puede incidir en la decisión final, esa falla adquiere otra dimensión.

El caso evidencia que el riesgo no está en la herramienta, sino en el uso acrítico de sus resultados. Delegar la fundamentación jurídica sin contrastar fuentes oficiales expone al litigante a sanciones y compromete la credibilidad del proceso.

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El precedente obliga a repensar la incorporación de inteligencia artificial en despachos y firmas. La eficiencia que promete debe ir acompañada de protocolos estrictos de revisión. Consultar bases de datos oficiales, verificar numerales y leer las sentencias completas siguen siendo tareas indelegables.

La decisión no cierra la puerta a la innovación tecnológica en la jurisprudencia colombiana. Más bien fija un límite: la IA puede asistir, pero no reemplazar el juicio profesional. El abogado continúa siendo el responsable directo de lo que firma y presenta ante el tribunal.

A futuro, el debate no girará en torno a si se debe usar inteligencia artificial, sino a cómo integrarla sin afectar la calidad del debate jurídico. Este caso deja una advertencia concreta: la confianza en la justicia depende, también, del rigor con el que se utilicen las nuevas herramientas digitales.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Todo comenzó cuando Chadid demandó a Dina Paola Encina en un proceso ejecutivo. El caso parecía resuelto, pero en 2025 el Tribunal de Sincelejo decidió terminarlo por “desistimiento tácito”, argumentando que la demandante no había movido el proceso durante dos años. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que el Tribunal basó su decisión en jurisprudencias citadas de manera incorrecta —e incluso inexistentes—, presuntamente elaboradas o alteradas por un sistema de inteligencia artificial.

Según el alto tribunal, el Tribunal de Sincelejo mencionó dos sentencias (STC13560-2023 y STC4734-2025) que, al ser verificadas, no contenían las frases ni los fundamentos jurídicos atribuidos. Es decir, se trató de “alucinaciones” jurídicas: textos creados o distorsionados por herramientas tecnológicas que fueron incorporados en la providencia sin verificación.

La Corte fue enfática en que esta práctica vulnera el derecho fundamental al debido proceso y pone en riesgo la confianza en la justicia. “El juez que incorpora datos o argumentos contrarios a la realidad, producto de herramientas tecnológicas, incumple su responsabilidad en la motivación de la decisión”, advierte el fallo, citando además una sentencia previa de la Corte Constitucional (T-323 de 2024), que ya alertaba sobre el uso irresponsable de la IA en la administración de justicia.

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El caso deja ver cómo la inteligencia artificial, usada sin control, puede alterar el sentido de una decisión judicial. En este proceso, la Corte comprobó que las citas supuestamente extraídas de su propia jurisprudencia eran falsas. El error no fue menor: a partir de esas frases inventadas, el Tribunal de Sincelejo terminó un proceso y afectó directamente a una de las partes.

Por esa razón, la Corte Suprema revocó el auto del 25 de agosto de 2025 y ordenó al Tribunal de Sincelejo volver a decidir la apelación, esta vez con una revisión exhaustiva y sin basarse en información generada de forma automática o sin sustento verificable.

El fallo también ordena al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla difundir la decisión entre los jueces del país, como una advertencia sobre los límites del uso de la IA en las labores judiciales. La Corte recordó que las herramientas tecnológicas pueden apoyar la redacción de fallos o la búsqueda de jurisprudencia, pero no reemplazan el deber humano de verificar, razonar y motivar cada decisión con base en hechos reales y derecho vigente.

El mensaje es claro: la justicia no puede apoyarse en información generada por sistemas automáticos sin supervisión. Cada cita, argumento o precedente usado en una providencia debe ser comprobado por el funcionario judicial y su equipo.

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Este pronunciamiento marca un precedente histórico en Colombia. No solo protege el caso particular de Chadid Urueta, sino que envía una señal contundente al sistema judicial sobre la responsabilidad que implica incorporar inteligencia artificial en la toma de decisiones.

Más allá de un error técnico, la Corte advierte que estos fallos “automatizados” erosionan la credibilidad institucional. En palabras del propio pronunciamiento, la justicia debe ser “una realidad viviente para todos” y no una decisión basada en datos falsos o sin fundamento.

Con este caso, el máximo tribunal colombiano sienta una pauta ética: la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa, pero su uso irresponsable puede vulnerar derechos fundamentales y alterar el curso de la justicia. En adelante, los jueces deberán actuar con mayor diligencia y verificar cada fuente, recordando que detrás de cada fallo hay personas, no algoritmos.

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El fallo alega que la demanda de los taxistas fue presentada fuera de plazo y que la supuesta competencia desleal había comenzado en 2012, mientras que la demanda se radicó en 2016. A pesar de este fallo puntual, la Corte aprovechó la ocasión para resaltar la transformación de la competencia económica impulsada por las economías colaborativas.

La Corte afirmó que estas nuevas formas de competencia no solo involucran a actores que utilizan técnicas disruptivas para competir con empresas tradicionales, sino también a plataformas que adoptan diferentes modelos de negocio. Además, enfatizó que el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no puede considerarse en sí mismo como competencia desleal.

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El fallo también llamó la atención sobre los desafíos que plantean las economías colaborativas en términos de derechos laborales, el pago de impuestos y la competencia justa. Los jueces fueron instados a considerar la complejidad técnica subyacente en la prestación de estos servicios al evaluar posibles reclamos en dichas áreas.

Uber respondió a la decisión con respeto y acatamiento de las instituciones colombianas, y destacó que la Corte Suprema de Justicia reconoció que el uso de avances tecnológicos no equivale a competencia desleal para desviar clientes. La plataforma de transporte subrayó que estos modelos de economía colaborativa, basados ​​en plataformas TIC, plantean desafíos que incluyen derechos laborales, pago de impuestos y competencia justa.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia brinda a Uber un respiro legal en el país y subraya la evolución de la competencia económica en un entorno digital. La decisión se suma a una serie de resoluciones judiciales relacionadas con la regulación de servicios de transporte basadas en aplicaciones en todo el mundo.

Imagen: Paul Hanaoka