Gaitana se presenta en redes sociales como “una congresista que no necesitará sueldo ni privilegios y que trabajará 24 horas para ti”. Su figura, representada como una mujer de piel azul con vestimenta tradicional y tocado de plumas, busca conectar con símbolos culturales indígenas y con causas como la protección del medioambiente y los derechos de los animales.

El proyecto fue impulsado por Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico y también aspirante al Congreso. Según ha explicado, la iniciativa nació del trabajo conjunto de jóvenes interesados en inteligencia artificial pertenecientes a distintas etnias del país. La idea, dicen sus creadores, es utilizar la tecnología como herramienta para ampliar la participación de los pueblos originarios en las decisiones legislativas.

¿Cómo funcionará la candidatura digital?

Aunque en la boleta figurará identificada como “IA”, la Registraduría aclaró que jurídicamente el inscrito es un ciudadano que hace campaña apoyado en una plataforma tecnológica. Gaitana opera como una interfaz digital que interactúa con los votantes, recoge propuestas y comunica posturas políticas.

Su funcionamiento se basa en un sistema que recibe inquietudes ciudadanas a través de plataformas en línea, procesa la información y la organiza para convertirla en iniciativas legislativas. La propuesta se apoya en lo que denominan “democracia digital participativa”: un modelo en el que las comunidades pueden enviar ideas, debatirlas virtualmente y priorizarlas antes de que sean llevadas al Congreso.

Entre las principales iniciativas que promueve está el fortalecimiento de la soberanía digital comunitaria. Esto incluye el desarrollo de tecnología propia para sectores como la banca, el emprendimiento y la innovación, con herramientas que reflejen la diversidad cultural y lingüística del país. También plantea que las propuestas legislativas estén respaldadas por análisis de datos y consultas comunitarias.

Te puede interesar:“La IA lo cambiará todo”: Bill Gates advierte qué puede salir mal a partir de 2026

La candidatura sostiene que, en caso de resultar elegida, las decisiones no dependerían de una sola persona, sino de la información recolectada y validada con las comunidades indígenas. La inteligencia artificial actuaría como un canal permanente de comunicación, disponible sin restricciones de horario, capaz de procesar grandes volúmenes de información.

El surgimiento de Gaitana introduce un elemento inédito en la política colombiana. Si bien el respaldo legal recae en un candidato humano, el protagonismo de una plataforma de inteligencia artificial abre preguntas sobre la representación, la responsabilidad y los límites tecnológicos en los procesos democráticos. Para sus promotores, se trata de una herramienta para ampliar la voz colectiva; para otros, el debate apenas comienza.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Gaitana IA (@gaitana_ia)

¿De qué va la iniciativa?

El proyecto de ley que desde el día de ayer está siendo estudiado por el Congreso de Colombia busca ampliar las vacaciones de 15 días hábiles al año a 20 días de descanso. Tal y como afirma Juan Carlos Vaca, uno de los representantes de las curules de paz, si el proyecto es aprobado, Colombia entraría en el promedio de las vacaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Aunque no se revelaron mayores detalles del documento, se espera que, al igual que en el artículo 186, el trabajo remoto entre dentro del nuevo proyecto de ley.

¿Quiénes presentaron la propuesta?

Germán Gómez, representante a la cámara, es el promotor principal de la iniciativa. Con la presentación del proyecto, Gómez afirmó que esto no solo sería una ventaja para los empleados, sino para los jefes y dueños de las empresas. “Van a tener un trabajador que emocionalmente estará bien, concentrado en sus labores, propositivo y mucho más productivo”, aseguró el congresista.

Te puede interesar: ¿Qué dice (y qué tan viable) es el proyecto para traer de regreso el fútbol colombiano a TV abierta?

¿Qué tan viable es el proyecto?

La respuesta es bastante ambigua. Podemos centrarnos en que esta es la primera vez que el proyecto de ley se presenta, por lo que no tenemos un antecedente que nos indique si tendría posibilidades de ser aprobado. Sin embargo, ya hemos visto que el sector comercial no está muy de acuerdo con la propuesta.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que no se puede comparar a Colombia con otros países con niveles de desarrollo más altos. “Supondría muchos más costos, afecta la productividad y la competitividad. El argumento de que otros países de la OCDE lo hacen, es porque ellos tienen niveles de productividad y competitividad muy altos. Colombia todavía no lo tiene. Lo más nocivo es pretender reformar a retazos la legislación laboral vigente en Colombia”, dijo Cabal.

Imagen: Pexels

Después de 30 minutos de votación, solo se recibieron 86 votos; 56 en favor de la moción de censura y 30 en contra. Pero al no cumplir la mayoría absoluta, la moción de censura fue negada por la cámara de representantes. Jorge Eliecer Salazar como vocero del Partido de la U aseguró que sus representantes decidieron no participar en la votación porque la ministra había renunciado y se atendrían a las consecuencias legales. El Centro Democrático, por su parte, aseguró que veía como innecesaria una votación contra una funcionaria pública que ya no se encontraba en el cargo.

También te puede interesar: Una cronología del caso de Centros Poblados y la exministra Abudinen.

¡VERGÜENZA ABSOLUTA!

🚨Moción Censura 🚨

Se registran para cobrar el día del sueldo, pero no votan en la moción de censura para que no prospere. pic.twitter.com/fNHyDrYvEe

— Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 10, 2021

Después de que la oposición asegurará que la moción de censura fue irregular, se hizo un llamado a la presidenta de Cámara, Jennifer Arias, a que repitiera la votación. Otros representantes aseguraron que aquellos que se presentaron para permitir el quorum de la sesión y que llevará a cabo la votación, pero decidieron abstenerse lo hacían con fines políticos. Temían a la opinión pública, especialmente ahora que están empezando las elecciones.

A las 4:45 p.m., Arias levantó la sesión después de afirmar que no hubo irregularidades y que el procedimiento se llevó a cabo como lo exige la Ley quinta del Congreso. Con estos resultados, si el presidente Duque no le hubiera solicitado la renuncia a Abudinen, la exministra podría haber seguido en su cargo.

Imagen: Cancillería de Colombia. 

La reforma tributaria en Colombia es inminente y el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no se quedaría por fuera en este ‘revolcón’ de impuestos que alista el Ministerio de Hacienda.

Si bien el proyecto del Gobierno Nacional con el cual quiere reformar la estructura tributaria en el país aún no ha sido presentado, desde hace meses se conocen algunas de las recomendaciones que una Comisión de Expertos hizo al Ejecutivo, recomendaciones que son el punto de partida para el proyecto que será llevado al Congreso de la República. 

En lo relacionado con tecnología y servicios de comunicaciones, las recomendaciones hechas por este grupo de expertos han generado nerviosismo al interior de la industria TIC, la cual, desde diferentes frentes, ha empezado a advertir los efectos negativos que traería aumentar los impuestos y crear nuevos gravámenes atados a la tecnología.

Uno de los llamados más recientes fue el que hizo la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), gremio que conforman algunas de las empresas más representativas de la industria, y que mediante una extensa carta le pidió el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, que tenga en cuenta que una mayor carga impositiva podría acarrear “algunas amenazas” para el desarrollo de la economía digital en Colombia.

IVA para los computadores

En Colombia los computadores personales y de escritorio de menos de 2.439.746 pesos (82 UVT) están exentos de IVA. Esta medida, que entró en vigencia en 2007, ha llevado a que el país se pueda dar el lujo de ofrecer los computadores más baratos de Latinoamérica.

Una de las propuestas de la Comisión de Expertos es reversar esta medida y gravar todos los computadores que se vendan en Colombia con un IVA equivalente al 10 por ciento. Para la CCIT, este cambio tendría efectos como reducción en la adquisición de computadores en hogares y empresas del país, al igual que un estancamiento en la cobertura de acceso a internet.

Celulares y tabletas, en el limbo

Las recomendaciones de la Comisión de Expertos frente a celulares y tabletas son que estos dispositivos queden gravados con un IVA del 10 por ciento. Por cuenta de la Ley 1607 de 2012, los celulares y tabletas de menos de 1.279.379 pesos no deberían tener IVA, sin embargo, la DIAN ha venido aplicando este beneficio sólo para las tabletas.

El gremio asegura que eliminar este beneficio tributario para las tabletas afectaría aún más la demanda de este tipo de dispositivos, que ya se han visto afectados por cuenta de la devaluación del peso.

En lo que respecta a teléfonos inteligentes el panorama es incluso más complejo. Aunque estos dispositivos están exentos de IVA (cuando valen menos de 1,2 millones de pesos), por cuenta del ajuste normativo hecho por la DIAN en agosto de 2013, todos los celulares pagan un 16 por ciento más por cuenta de este impuesto.

“Dada la ambigüedad vigente en relación con los smartphones, es incierto si la propuesta de la Comisión de Expertos es bajar el IVA de teléfonos móviles inteligentes al 10 por ciento o elevarlos al 19 por ciento”, señala la carta de la CCIT, en la que se agrega que gravar los celulares con cualquier impuesto adicional es “totalmente contraproducente para el desarrollo del mercado y la renovación y adopción de nuevas tecnologías”.

Hablar y navegar saldría más caro

Los nuevos impuestos no solo incrementarían el valor de los dispositivos. Los servicios de voz e internet móvil, al igual que el internet fijo, también terminarían subiendo de precio.

Para los servicios de datos y voz móviles la propuesta es incrementar el IVA del 16 por ciento a 19 por ciento, sumado a un incremento en el impuesto al consumo en los servicios de voz, el cual pasaría de cuatro por ciento a nueve por ciento.

Las recomendaciones frente al internet fijo son: gravar con un IVA de 10  por ciento el servicio en los estratos 1, 2 y 3, e incrementar ese mismo impuesto del 16 por ciento a 19 por ciento en estratos 4, 5 y 6.

En datos y voz móviles el IVA pasaría de 16 % a 19 %

“Hay que asegurar la masificación y buen uso de las TIC y la mejor forma de desarrollar esa inversión social es seguir facilitando el acceso a la tecnología a los colombianos de menores ingresos por medio de beneficios tributarios”, aseguró Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT.

Si bien el panorama para empresas y usuarios de tecnología en Colombia no parece el más alentador, los gremios del sector y el mismo Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ya trabajan para hacer contrapeso a algunas de estas propuestas.

Las recomendaciones de la Comisión de Expertos van en contravía de planteamientos como el expresado recientemente por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, que propone la reducción de impuestos y el subsidio a equipos como la fórmula contra la brecha digital América Latina.

Recientemente el ministro TIC, David Luna, aseguró que desde su cartera se trabaja con el Ministerio de Hacienda en el análisis de los beneficios tributarios que el Gobierno ha otorgado al sector TIC. Esperemos que estas negociaciones lleguen a buen puerto y no permitan que nuevos impuestos se conviertan en una barrera para que más colombianos accedan a la tecnología.

Imagen: cofano, Intel Free Press (vía Flickr)

Tras la firma de un decreto de taxis de lujo que no solucionó la situación legal de Uber en Colombia, las esperanzas de la compañía están cifradas en un proyecto de Ley que presentó el año pasado ante el Congreso de la República. Ese proyecto crearía una nueva categoría de transporte que es compatible con la manera en la que Uber opera hoy en el país. Sin embargo, una consulta realizada por ENTER.CO a varias fuentes cercanas al proceso deja claro que el trámite de ese proyecto está bastante enredado.

Para convertirse en Ley, el proyecto debe pasar por cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado; y al menos uno de esos debates debe darse antes de que termine la actual legislatura, es decir, el 20 de junio. Hasta ahora, como informó la compañía, hay en la agenda una audiencia pública el próximo 9 de junio, pero no hay fecha definida para el primer debate.

Al proyecto le queda menos de un mes para pasar su primer debate, y no tiene fecha programada

Voceros de Uber en Colombia nos confirmaron que la compañía “tiene un equipo que sostiene conversaciones con las autoridades y los reguladores para explicar su modelo de negocio“, y que ese equipo tiene entre sus tareas hacerle ‘lobby’ a la iniciativa en el legislativo. A pesar de eso, no parece que haya ambiente en el Congreso para hacer avanzar el proyecto de Ley. El problema es que, para el Gobierno, el Decreto es la decisión definitiva sobre el tema, y “es difícil que los congresistas que escogió Uber para representarlos le vayan a llevar la contraria al ministerio“, según nos dijo una fuente cercana al trámite, que pidió reserva de su nombre.

Ese no es el único obstáculo que tiene el proyecto. Algunos congresistas temen meterse en problemas disciplinarios si ayudan a impulsar la iniciativa. Cuando fue radicada el año pasado, el senador Jorge Pedraza, de la Comisión Sexta, había dicho que en el proyecto de Ley “habría la defensa de un interés privado“, por lo que quien lo apoye podría “incurrir en una dificultad que podría acarrear pérdida de investidura“.

De hecho, ENTER.CO pudo conocer que la Procuraduría General de la Nación está estudiando una petición dirigida a que investigue a varios senadores que han apoyado el proyecto. Eso no quiere decir que hayan cometido algo irregular, o ni siquiera que vayan a ser investigados; pero la sola perspectiva de que los ojos de esa autoridad están puestos en un tema tan polémico podría disuadir a algunos parlamentarios de apoyarla.

Por todo eso, el mejor camino para Uber es impulsar su proyecto de Ley por medio de una recolección de firmas, como lo ha venido haciendo. Si lograra recoger el equivalente al 5% del censo electoral –poco más de 1.557.000 firmas– el trámite de la iniciativa tendría prioridad en el Congreso. La obtención de las firmas comenzó después de Semana Santa y la compañía espera terminarla antes del fin de la legislatura.

Con respecto al trámite del proyecto de Ley, Uber prefirió no pronunciarse.

Imagen: montaje ENTER.CO.

La historia comienza hace cerca de cuatro años, cuando se aprobó el PND del primer periodo del presidente Juan Manuel Santos. En su artículo 56, el documento le pide a la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) –la máxima autoridad de telecomunicaciones en Colombia– regular la neutralidad en la red. Además, prohibe “bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de internet”.

Para quienes no sepan, el PND es el documento rector de la política pública en Colombia. Cada presidente debe presentárselo al Congreso máximo seis meses después de su posesión. En él se consignan los grandes objetivos del país en los cuatro años en los que el mandatario estará a cargo y se imponen las obligaciones que deben cumplir las entidades del Estado para llevar a cabo esos fines.

Al poco tiempo, la CRC expidió la resolución 3502 de 2011, en la que cumple con esa exigencia pero también les permite a los operadores “ofrecer planes de acceso a Internet donde se limite el acceso a tipos genéricos de servicios, contenidos o aplicaciones“.

En su momento, el Gobierno puso esa resolución como un país pionero –el segundo en Latinoamérica, después de Chile– sobre regulación de la neutralidad en la red. El entonces director ejecutivo de la CRC, Carlos Andrés Revellón Villa, aseguró en su momento que “Colombia se posiciona como país líder en la región en materia de construcción de un entorno normativo propicio para el desarrollo del ecosistema digital”.

Cuatro años después, con el nuevo periodo presidencial, llegó un nuevo PND (PDF). En su artículo 206, este nuevo documento deroga el artículo 56 del pasado Plan. Hay que tener en cuenta que el documento puede sufrir cambios en su paso por el Congreso y no es seguro que vaya a ser aprobado sin modificaciones.

La pregunta es: si esto queda así, ¿se acaba la neutralidad de la red en Colombia?

Lo que dice el gobierno

ENTER.CO le preguntó al Ministerio TIC y a la CRC si esto invalida la regulación que protege la neutralidad en la red en nuestro país. En su respuesta, la CRC aseguró que “el [nuevo] Plan Nacional de Desarrollo no modifica la regulación sobre la neutralidad en la red“.

“El Plan Nacional de Desarrollo no modifica la regulación sobre la neutralidad en la red”: Gobierno

A juicio de la Comisión, el cambio en el PND no interfiere en la vigencia de sus decisiones, pues “las facultades de la CRC para regular el sector de telecomunicaciones fueron establecidas por la Ley 1341 del 2009, o Ley TIC“. En efecto, esa ley inviste a la CRC con la facultad de expedir regulación sobre “el régimen de acceso y uso de redes“.

Además, lo que exigía el artículo 56 del anterior Plan de Desarrollo era que la CRC regulara la neutralidad. Como eso se hizo, el Gobierno juzga que dicho artículo ya no es necesario.

Hay dudas

El temor de algunos activistas es que la neutralidad en la red pierda el ‘blindaje’ que tenía y que, con este cambio, sea más fácil crear nueva regulación que atente contra ella. Para Carolina Botero, de la Fundación Karisma, con el nuevo PND “quedamos con una regulación de la CRC sobre neutralidad que es de un nivel mucho más bajo que el de una ley”. A causa de eso, a juicio de Botero, la norma que obliga a los operadores a ser neutrales “podría ser modificada o derogada”.

Si no es una ley, la neutralidad “podría ser modificada o derogada“: Carolina Botero

A juicio de Botero, la medida “no manda un buen mensaje“, pues “Colombia fue una pionera en su reconocimiento en la región” y está trabajando por regular y adoptar el principio de neutralidad en la red. “En lugar de derogar la ley, el Gobierno debería abrir un debate sobre cómo mejorarla, pues lo que hay es insuficiente“, añade.

Todo esto –que fue descubierto por Emmanuel Vargas, de la Fundación para la Libertad de Prensa, y revelado en Twitter por el abogado Carlos Cortés– ocurre en un momento en el que la neutralidad ha estado en medio del debate en Colombia y otros países.

En nuestro país, la llegada de Internet.org –la iniciativa de Mark Zuckerberg para llevar Facebook y otros servicios sin cargo– levantó cuestionamientos en varios frentes sobre la supuesta violación a la neutralidad en la red en la que incurre el programa. Y en Estados Unidos, la FCC –el homólogo de la CRC– está a punto de tomar una decisión que protege este principio, con lo que se ganó el aplauso de la industria digital de ese país pero encendió una tormenta de críticas y ataques de parte de los operadores y algunos políticos conservadores.

Los defensores de la neutralidad en la red argumentan que preservarla es vital para mantener un internet diverso, en el que todos los actores tengan las mismas oportunidades de competir y difundir sus contenidos y productos. Entre quienes sostienen estas posturas están los activistas de la red y la mayoría de las empresas tecnológicas. Sus detractores aseguran que la regulación de internet elimina oportunidades de negocio y atenta contra la libertad de empresa de operadores y negocios digitales. En su mayoría, quienes tienen esa posición son muchas de las grandes ISP –no todas– y algunos políticos conservadores.

Imagen: Miguel Olaya (vía Flickr)