La medida fue adoptada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones mediante la Resolución 817 del 17 de marzo de 2026. Con esta normativa, el regulador introduce cambios para facilitar la relación entre usuarios y operadores, en un país que suma más de 69 millones de líneas móviles activas.

El cambio más visible es la obligación para las compañías de habilitar un canal digital exclusivo. A través de esta plataforma, los clientes podrán gestionar la cancelación o modificación de sus servicios de manera directa, sin intermediarios. Esto elimina la necesidad de interactuar con asesores comerciales, una de las principales barreras señaladas por los usuarios.

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Además, el canal deberá estar disponible de forma permanente, es decir, las 24 horas del día, los siete días de la semana. La única condición que se mantiene es el plazo de solicitud: el trámite debe hacerse con al menos tres días de anticipación a la fecha de corte para evitar cobros adicionales en el siguiente ciclo de facturación.

Cambios en facturación y libertad del usuario

La resolución también introduce ajustes en la forma en que se presentan los cobros. A partir de su implementación, las facturas deberán detallar el valor de cada servicio incluido en los paquetes, lo que permitirá a los usuarios identificar con mayor precisión por qué están pagando.

Otro de los cambios es la posibilidad de cancelar servicios de manera individual, incluso cuando hacen parte de un plan empaquetado. Esto significa que un usuario podrá, por ejemplo, retirar un componente específico sin necesidad de terminar todo el contrato.

En cuanto a la portabilidad, la norma establece un periodo mínimo de 30 días antes de cambiar nuevamente de operador o regresar al anterior. La medida busca evitar decisiones impulsivas motivadas por promociones temporales.

Para quienes deseen aplicar a estas nuevas condiciones, el proceso será completamente digital. Bastará con ingresar al canal habilitado por su operador, seleccionar la opción de cancelación o modificación y registrar la solicitud dentro del plazo establecido. Si se cumplen estos requisitos, la empresa deberá hacer efectiva la petición sin trabas.

Con estas disposiciones, el regulador apunta a que la competencia en el sector se base en la calidad del servicio y no en las dificultades para abandonar un contrato, al tiempo que refuerza el control de los usuarios sobre sus decisiones.

El encuentro, de acceso gratuito, también analizará la proyección del país en políticas públicas, inclusión tecnológica y desarrollo de capacidades para inteligencia artificial en Colombia. En este contexto, se busca consolidar a Colombia como referente regional en marcos regulatorios modernos, así como en la promoción de entornos que impulsen la innovación, la inversión y el crecimiento del ecosistema digital.

Colombia Digital Summit 2026: conectividad e inteligencia artificial

Bajo el eslogan “La era de la inclusión, innovación e inteligencia artificial”, el Summit reunirá autoridades ministeriales, reguladores, legisladores, líderes empresariales y expertos internacionales. La apertura contará con la participación de la ministra TIC, Carina Murcia Yela, junto a autoridades como Felipe Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.

La primera jornada estará centrada en infraestructura y conectividad, con un panel sobre el futuro digital del país y la participación de actores como Tigo, América Móvil y Ufinet. También se presentará el estudio de la OCDE sobre conectividad en Colombia y se abordarán temas como inversión público-privada, regulación convergente y cierre de brechas digitales.

Asimismo, se discutirán experiencias internacionales de regulación inteligente con autoridades de Brasil, España, Uruguay y Perú, junto con sesiones sobre inteligencia artificial, computación en la nube y modelos de infraestructura para la innovación. El día cerrará con un espacio legislativo centrado en nuevos marcos normativos para la sociedad digital en Colombia.

La segunda jornada abordará desafíos como fraude y ciberseguridad, así como el papel de la inteligencia artificial en la economía digital productiva. También se tratarán contenidos digitales, educación, plataformas tecnológicas y desarrollo regional, con participación de compañías como Google, TikTok y DiDi.

El programa incluirá además discusiones sobre movilidad, logística, derechos digitales e industrias tecnológicas, así como integridad informativa en contextos electorales. El cierre estará marcado por la presentación del estudio “Colombia 2026-2030: Políticas para la revolución digital” de GSMA y un panel sobre el futuro digital del país.

El registro se encuentra disponible en www.colombiadigitalsummit.com, donde los interesados pueden consultar la agenda completa y asegurar su participación.

Imagen: Colombia Digital Summit

El problema no aparece cuando se solicita el cambio. Surge después. Es ahí cuando llegan las facturas finales con valores más altos, aparecen cobros que no estaban en el radar o se activan procesos de cancelación más largos de lo previsto.

La situación revela una tensión persistente. Por un lado, existe el derecho a cambiar de operador. Por otro, hay condiciones contractuales que terminan limitando esa decisión en la práctica.

Buena parte de esas fricciones está en los detalles que pasan desapercibidos al momento de contratar. Muchos planes incluyen financiación de equipos que amarran al usuario durante meses. Otros incorporan servicios adicionales o beneficios que, con el tiempo, se traducen en cargos extra.

A eso se suma el lenguaje de los contratos. Extensos, técnicos y poco amigables, suelen dejar zonas grises que solo se entienden cuando el usuario decide irse. La información está, pero no siempre es comprensible.

Las dificultades también se reflejan en los procesos de cancelación. En algunos casos, lo que debería resolverse en pocos pasos termina convirtiéndose en un recorrido más largo, con validaciones adicionales o canales limitados.

El costo de no leer la letra pequeña

Antes de cambiar de operador, hay decisiones que pueden evitar dolores de cabeza. Una de ellas es revisar si el celular está financiado. Ese detalle, que suele pasar desapercibido, puede implicar pagos pendientes al momento de cancelar el servicio.

También conviene identificar si el plan incluye algún tipo de permanencia, incluso cuando no se presenta de forma evidente. Promociones, descuentos o paquetes pueden estar condicionados a quedarse cierto tiempo.

El precio es otro punto engañoso. La tarifa que se promociona no siempre refleja el valor final. Impuestos, servicios adicionales o ajustes en la facturación pueden modificar el monto que paga el usuario mes a mes.

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Y está el proceso de salida. Saber cómo cancelar, por qué canales hacerlo y cuánto tarda puede marcar la diferencia entre un trámite rápido y una experiencia desgastante.

Mientras estas situaciones persisten, empiezan a aparecer alternativas que intentan simplificar la relación con el cliente. Operadores como Swift Móvil han optado por esquemas sin cláusulas de permanencia y con procesos digitales, en los que el usuario puede activar o cancelar el servicio sin trámites presenciales.

El cambio responde a una demanda cada vez más evidente. Los usuarios no solo buscan precio o datos. También quieren entender qué están firmando y tener control sobre cuándo quedarse o irse.

La portabilidad, en teoría, garantiza libertad. En la práctica, esa libertad sigue dependiendo de qué tan claras sean las condiciones desde el inicio. Hasta que eso no cambie, cambiar de operador seguirá siendo una decisión menos simple de lo que parece.

Imagen: Archivo de ENTER.CO

La decisión se da tras la firma del Decreto 0150, mediante el cual la Presidencia declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional. La norma faculta al Ejecutivo para adoptar medidas legales urgentes que permitan recuperar y mantener la prestación del servicio público de telecomunicaciones, afectado por el frente frío.

La mesa estará integrada por MinTIC, Claro, Tigo, Movistar, ETB y el gremio Asomóvil. Su función será evaluar en terreno el estado de las redes, priorizar municipios críticos y coordinar acciones para restablecer la comunicación en las zonas más aisladas. Santa Cruz de Lorica y Tierralta figuran entre los puntos con mayores afectaciones, por lo que allí podría concentrarse inicialmente el trabajo técnico.

La ministra TIC, Carina Murcia, señaló que la conectividad cumple un papel decisivo en medio de la tragedia. Más allá de garantizar llamadas o acceso a internet, permite coordinar rescates, ubicar personas desaparecidas, articular albergues y canalizar ayudas humanitarias. Desde el Gobierno se insiste en que mantener activas las redes puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo.

Reorganización de infraestructura y apoyo a instituciones educativas

El Decreto 0150 autoriza medidas como el otorgamiento de subsidios, así como el despliegue o reubicación ágil de infraestructura de telecomunicaciones. En la práctica, esto significa que antenas, equipos o capacidades técnicas podrán trasladarse hacia los municipios con mayores daños para asegurar cobertura mínima mientras se estabiliza la situación climática.

La mesa técnica también realizará seguimiento constante al comportamiento de las redes y analizará la necesidad de dotación tecnológica en instituciones educativas afectadas. La intención es que, aun en medio de la emergencia, se mantenga algún nivel de conectividad que facilite la comunicación institucional y el acceso a información oficial.

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El rol de MinTIC será el de articulador y coordinador. La cartera liderará la evaluación técnica, canalizará decisiones regulatorias que se requieran y facilitará la cooperación entre operadores para optimizar recursos. Además, hará seguimiento a los compromisos adoptados mientras se mantenga la declaratoria de emergencia.

Desde Asomóvil, su presidente Samuel Hoyos aseguró que los operadores ya trabajan en la priorización de sitios estratégicos y están listos para reforzar labores donde sea necesario. La coordinación público-privada busca evitar interrupciones prolongadas que compliquen la atención humanitaria.

Más allá de la contingencia inmediata, la iniciativa pretende dejar capacidades instaladas en territorios vulnerables. El frente frío evidenció la fragilidad de algunas infraestructuras frente a fenómenos climáticos extremos. Con esta intervención, el Gobierno y el sector buscan fortalecer la resiliencia digital de la región y reducir el impacto de futuras emergencias.

A partir de esa fecha, Movistar deja de operar como una empresa autónoma, aunque mantiene su marca, su portafolio comercial y su relación directa con los clientes. Tigo asume la dirección de las decisiones técnicas, financieras y operativas, marcando el comienzo de una transición que, por ahora, ocurre puertas adentro y no en la experiencia del usuario final.

Por ahora,  para los usuarios  de Movistar no hay cambios inmediatos; los contratos, planes, precios, condiciones de permanencia, facturación y canales de atención continúan exactamente igual. Tampoco hay migraciones automáticas, cambios de red ni modificaciones unilaterales en los servicios móviles, de internet fijo o de televisión.

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El proceso que se activa desde febrero está concentrado en la reorganización interna. La nueva estructura contempla la unificación de áreas administrativas y técnicas, la integración gradual de plataformas operativas y redes, la reorganización de sedes en distintas ciudades y la eliminación de duplicidades en cargos y procesos. El objetivo es reducir costos, ganar eficiencia y liberar capacidad de inversión en infraestructura y cobertura.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar y cómo se reorganiza el mercado?

Cualquier ajuste que pueda impactar a los usuarios deberá darse más adelante, de forma progresiva, con comunicación previa y bajo las reglas del regulador. En ese sentido, el corto plazo se caracteriza por estabilidad para los clientes y ajustes silenciosos en la operación.

El último paso pendiente para cerrar el capítulo societario es la venta de la participación del Gobierno Nacional en la compañía. Según el decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Estado fijó el precio de las acciones en 772 pesos por título. De concretarse la operación, el Gobierno recibiría al menos 855.000 millones de pesos, sin que esto afecte la prestación del servicio, pero sí complete la salida del Estado del nuevo esquema empresarial.

Desde la perspectiva del mercado, el impacto es más profundo. Hoy, tres operadores concentran cerca del 90 % del sector. Claro mantiene el liderazgo con una participación superior al 52 %, seguido por Movistar y Tigo de forma separada. Sin embargo, una vez se materialice la integración, el bloque Tigo-Movistar alcanzaría cerca del 38 % del mercado, consolidándose como el segundo jugador y reduciendo la distancia frente al operador dominante.

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En un país con 92 millones de líneas móviles activas, donde la cobertura de telecomunicaciones llega al 92 % del territorio, el nuevo escenario plantea un reacomodo competitivo relevante. Claro seguiría siendo el líder, pero enfrentaría a un competidor con mayor escala, músculo financiero y capacidad de inversión, mientras que operadores más pequeños deberán adaptarse a un entorno más concentrado.

Más que un cambio inmediato para los usuarios, lo que comienza el 4 de febrero es una reconfiguración estructural del mercado, cuyos efectos reales se medirán en los próximos meses en términos de competencia, inversión y calidad del servicio.